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Política

Reforma política a regañadientes

El Congreso aprobó la eliminación de la inmunidad parlamentaria, aunque con modificaciones que podrían motivar que la norma se declare inconstitucional. Al cierre de esta edición, aún se debatía la prohibición de postulaciones de delincuentes con sentencia en primera instancia.

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Reforma política a regañadientes

En las últimas horas de la primera legislatura ordi­naria, el Congreso aprobó la eliminación de la inmuni­dad parlamentaria, aunque con una modificación que a criterio de algunos analistas podría esconder una trampa a fin de que la norma sea de­clarada inconstitucional.

Ante la reacción de re­chazo general por parte de la ciudadanía a la negativa de algunas bancadas para aprobar las reformas cons­titucionales sobre la elimina­ción de la inmunidad parla­mentaria y la prohibición de candidaturas a sentenciados en primera instancia con pe­nas mayores a cuatro años, el presidente de la Repúbli­ca Martín Vizcarra, emitió un mensaje a la nación exhortando al Congreso a reconsiderar su posición, y anunciando que el Ejecutivo presentaría un proyecto de ley para impedir las candi­daturas de sentenciados a cargos públicos.

Acto seguido, el presiden­te del Congreso, Manuel Me­rino, convocó a un Pleno de urgencia para reconsiderar la votación sobre la eliminación de la inmunidad parlamenta­ria, la prohibición de postular a sentenciados en primera instancia y la ampliación del presupuesto para el sector Educación.

REFORMA DEFORMADA

Durante el debate de la propuesta de eliminación de la inmunidad parlamentaria, el legislador Ricardo Burga de Acción Popular presentó un nuevo texto para que ade­más se elimine el antejuicio político del presidente de la República, ministros, fiscales supremos y miembros del TC, Corte Suprema, de la JNJ, y líderes de la Contraloría y Defensoría.

La modificación a la pro­puesta legislativa fue cuestiona­da ampliamente ya que podría ser observada por inconstitucio­nal. Así lo consideró la excon­gresista Indira Huilca: “Vamos ver cuántas bancadas les siguen el juego a este despropósito, que probablemente sea declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. El Presidente no tiene inmunidad, goza de antejuicio. Ese párrafo no solo cambia un artículo, altera todo el régimen presidencial”, escri­bió en Twitter.

De hecho, los congresistas de las bancadas del Partido Mo­rado y del Frente Amplio, que habían mostrado mayor interés en lograr la eliminación de la inmunidad parlamentaria, fi­nalmente mostraron votaciones divididas.

En tanto, el abogado cons­titucionalista Omar Cairo ad­virtió que el artículo 117 de la Constitución no contiene inmunidad presidencial, sino “prohibición de procesar al Pre­sidente. “Debería ser eliminada, pero no en la sesión de hoy, porque el objeto de esta es úni­camente la reconsideración de la inmunidad parlamentaria”, advirtió. Pese a ello, pasadas las 9 de la noche se aprobó la eliminación de la inmunidad parlamentaria con 110 votos a favor.

REACCIÓN CIUDADANA

Para el exparlamentario Alberto Quintanilla, resulta evi­dente que la primera intención de la mayoría de bancadas en el Congreso fue ir en contra de la reforma política y no realizar ningún cambio significativo en las reglas de juego. “Las fuer­zas políticas que han votado en contra de la prohibición de la candidatura de sentenciados buscan mantener las mismas reglas para cuidar sus propios intereses. Están votando por un cálculo personal o de grupo, y no pensando en el bienestar del país”, señaló.

Por su parte, el excongre­sista Juan Pari, destacó la res­puesta de la ciudadanía ante los intentos del Congreso por boico­tear la reforma política. “Se ha sentido el rechazo de la gente sobre esta intención de permi­tir que los corruptos puedan postular, y ha sido sumamente importante al punto que ha generado las reacciones tanto del Ejecutivo y del Congreso. Ahora, que quieran barnizar un poco el discurso ambos poderes ya es un tema más bien como de un juego político frente a un hecho lamentable. Pero hay que afirmar el reconocimiento a la ciudadanía de protesta ante esta intención y que haya presionado a la clase política en su conjunto”, señaló.

Pari advirtió la necesi­dad de recuperar “el honor en la política” y la enorme contradicción de permitir las candidaturas de personas con participación compro­bada en actos delictivos. “La política peruana no puede estar mediada por manchas de ese tipo”, acusó.

CONFRONTACIÓN FORZADA

Por otro lado, Pari advir­tió que el escenario político actual presenta una “falsa polarización” entre el presi­dente Vizcarra y las fuerzas allegadas al fujimorismo. “Pensar que las contradic­ciones se dan solamente entre esas dos instancias, y que el país deba decidir su futuro solo entre estas dos instancias, es sumamente peligroso. Porque no nos permite ver en su conjunto las voluntades y alternativas políticas que existen en el país, en algunos casos em­brionariamente y en otros con mayor evolución”, in­dicó.

En ese sentido, conside­ró que “no es el momento de introducirse a esa pola­rización intencionada, como si quisieran que la lectura sea solo mirar hacia esos dos lados”. “Hay que mirar mucho más arriba de esto”, apuntó,

Al respecto, el exparla­mentario Quintanilla opinó que “ambas alternativas, la de Vizcarra y la del fujimo­rismo, son variables de una posición neoliberal”. “Una es más utilitarista y pragmáti­ca, y la otra es más corrupta y mercantilista, pero ambas son neoliberales. Lamenta­blemente le faltan fuerzas a otras alternativas que apuesten por una nueva constitución, por un estado de bienestar, más fraterno y solidario”, concluyó

 

ALGO MÁS

Al cierre de esta edición, aún se debatía la reforma política sobre la prohibición de candidaturas de delincuentes con sentencia judicial en primera instancia. Algo que debió debatirse con la debida anticipación y que sin embargo el Congreso prefirió correr para los últimos minutos de la legislatura, con el riesgo de que la reforma no sea aprobada en el tiempo requerido.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO
Redactor Política

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Urge claridad y rapidez en el nuevo gabinete

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Urge claridad y rapidez en el nuevo gabinete

Durante la presentación del nuevo gabinete de mi­nistros, el presidente de la República, Martín Vizcarra, refirió que en los próximos días se llevará a cabo la pri­mera reunión del Pacto Perú, para lo cual invocó a la “vo­luntad y desprendimiento de todos”, dada la grave crisis sanitaria y económica que atraviesa el país.

De acuerdo a lo señala­do por Vizcarra, el Ejecutivo propondrá la construcción de un sistema unificado de salud, garantizar la calidad educativa eliminando la brecha entre la educación urbana y rural, y promover el crecimiento económico sos­tenible y las inversiones.

REPLANTEAR LA ESTRATEGIA

Pero mientras el discurso oficial aborda medidas gene­rales, algunos especialistas proponen acciones más espe­cíficas para ponerle un freno a la grave crisis generada por la pandemia.

Para el director del Centro de Salud Ex Fundo Naranjal, Jorge Escobar Chu­quiray, la cifras mostradas por el Ministerio de Salud (Minsa) son tan crudas que es imposible negar que vi­vimos un momento crítico de la pandemia. “Y si no se prevé los protocolos y con­troles, podemos tener un problema con un margen aún mayor. Estamos viendo un incremento con relación a la semana pasada de 20% de asistencia por casos de Covid-19”, advirtió.

El galeno acusó una falta de autocrítica en el Ejecutivo y cuestionó la decisión de iniciar la lucha contra el coronavirus prescindiendo del primer ni­vel de atención. “Fue un error fatal, aunque después se haya justificado esta medida en la falta de Equipos de Protección Personal (EPP), medicinas y pruebas rápidas”, agregó.

“Los países que han podido soportar mejor la pandemia han sido quienes iniciaron ac­tividades en primer nivel de atención y luego trasladaron los casos al plano hospitalario. Acá fue desde el inicio de modo hospitalario, y los hospitales fueron un foco infeccioso”, ma­nifestó, por lo que consideró una medida urgente reforzar el primer nivel de atención y dejar de congestionar los hos­pitales ya colapsados.

SEGUIMIENTO A PACIENTES COVID

Además, cuestionó la nor­ma que dispone la reserva de identidad de los pacientes con Covid-19. “Eso en pandemia no tiene sentido. Nosotros pedimos los nombres de los pacientes para complemen­tar con llamadas telefónicas para monitorear, hacerles seguimiento y realizar la teleconsulta”, apuntó, desta­cando además que este tipo de acciones no requieren de grandes presupuestos, sino solo de decisión política.

Escobar invocó además a la “resiliencia” del personal mé­dico en general. “Estamos en una situación de catás­trofe, y hay que trabajar en las circunstancias que nos tocan para poder cumplir el rol de ayudar a la pobla­ción. La falta de EPP no es motivo para quedarnos de brazos cruzados, hay formas de implementar protocolos de protección con distancia social y cuidando el flujo de los centros de atención”, indicó.

BONOS E INVERSIÓN PÚBLICA

Por su parte, el inves­tigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jorge Manco Zaco­netti, advirtió un escenario sumamente crítico a partir de los actuales indicadores económicos. “En mayo, el INEI daba cuenta de una caída del PBI de 30%, y de seguir así la tendencia de 12.7% a diciembre va a ser mayor”, alertó.

Remarcó también que hay 13 millones de peruanos subempleados, empleados en trabajos informales o que no en­cuentran respuesta en el mercado laboral. En países como Chile o Colombia la situación es menos dra­mática porque se han entregado bonos que fi­nalmente sirvieron para recuperar la economía, porque la gente gasta ese dinero y esa es la forma más segura de reactivar la economía. En nuestro país hubo un bono para 4 meses, y se evidencia que no hay una preocupación central por recuperar la demanda en los sectores populares y el empleo”, sostuvo.

En ese sentido, con­sideró que el Gobierno debería implementar un nuevo bono mensual que reactive la demanda y en consecuencia el em­pleo. Además, destacó la necesidad de programas de inversión pública a fin de generar puestos de tra­bajo, mediante la reacti­vación de las industrias en Pymes y Mypes.

“Lima concentra el 50% del PBI y un 60% de su economía está comprendi­da en servicios, y ahí hay un fuerte desempleo que en la práctica lo vemos en sectores como Gamarra, que puede estar lleno de gente pero pocos son los que compran”, agregó.

 

MEDIOCRIDAD ESPANTOSA

“Lo que está fallando es el diagnóstico del presidente y de su equipo, que ha demostrado una mediocridad espantosa. Y lo peor, teniendo recursos. Una muestra es que no se ha escuchado cómo se va a resolver el problema de los hospitales y la falta de oxígeno, que en dos meses no ha sido resuelto”, cuestionó.
Finalmente, Manco Zaconetti refirió que “una medida de emergencia para romper el cogollo especulativo financiero, es que el Banco de la Nación se levante como un banco público y preste dinero no solo a los empleados del Estado sino a todos los usuarios, es la única forma de bajar la tasa de interés”.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO
Redactor Política

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Más comunidades originarias se suman a la huelga en Espinar

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Más comunidades originarias se suman a la huelga en Espinar

Cada vez más comuni­dades originarias se unen a la huelga indefinida de la provincia de Espinar que hoy cumple 23 días en pleno estado de emergencia por el Covid-19. Esta vez, Bajo Huancané y Antaccollana respaldan la entrega del bono solidario de S/ 1000, así como la reformulación del Convenio Marco, el ac­ceso a la justicia ambiental, la atención inmediata a los afectados y afectadas por me­tales tóxicos y el respeto a los derechos de las comu­nidades originarias.

Estas poblaciones origi­narias se ubican alrededor de la empresa Antapaccay, por lo que padecen los im­pactos de la actividad mi­nera, según el dirigente del Comité de Lucha de Bajo Huancané, José Leónidas Merma Puma. “La minería no es una bendición, la minería es una maldición. Más que traer desarrollo y oportunidades; ha traído la contaminación, pobreza, en­fermedades, los conflictos y criminalización a los territorios de las comunidades origina­rias”, expresó.

Son casi 40 años de convi­vencia con la minería. A parte de los impactos ambientales como afectación al paisaje natural comprometiendo a las especies nativas, contami­nación al aire, tierra y agua, también se ha afectado la salud humana con metales tóxicos. A ello se suma la alta morbili­dad, mortandad y abortos en los animales generándoles grandes pérdidas a las fami­lias campesinas.

Además, los impactos so­ciales como la alta fragmenta­ción social, la conflictividad, la vulneración de los derechos de las comunidades y la crimina­lización de los defensores han sido evidentes, así lo precisó el dirigente. “La empresa minera nos ha dividido, nos hace pe­lear entre nosotros, corrompe a nuestras autoridades y diri­gentes, persigue y criminaliza a los defensores”, manifestó José Leónidas Merma.

La expectativa de desa­rrollo sostenible ha provoca­do frustración colectiva. De acuerdo a Merma, no hay un solo proyecto de gran enverga­dura ejecutado por la empresa minera y/o Convenio Marco. Tampoco las comunidades tienen saneamiento básico, no tienen una buena escuela, una buena posta medica ni una infraestructura de riego.

Tampoco se ha atendido de manera prioritaria y diferencia­da la salud de las comunidades por ser directamente afectadas por la minería. De igual ma­nera, no existiría oportunidad laboral para los jóvenes de las comunidades originarias ni siquiera para que hagan sus prácticas profesionales en la empresa Antapaccay.

GARANTIZAN PAZ SOCIAL

De otro lado, las autorida­des y sociedad civil del distrito de Condorama como el al­calde, regidores, dirigentes acordaron en una reunión garantizar la paz social y tranquilidad en la víspera y durante la visita de la Comisión de Alto Nivel de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para restablecer el diálogo en Espinar.

Como es público, de acuerdo al último comunica­do de la PCM, dicha comitiva arribaría al distrito de Yauri hoy 7 de agosto, aunque tras la negación del voto de con­fianza al jefe del Gabinete Ministerial, Pedro Cateriano, no se ha confirmado si se instalará la mesa de diálogo en la fecha establecida.

También las autoridades y las organizaciones sociales del distrito de Alto Pichigua aceptaron la propuesta de mantener la paz social a par­tir de ayer. En caso la comi­sión no llegue a un acuerdo, se continuará con la medida de fuerza. (Derechos Huma­nos Sin Fronteras)

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