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Política

Quieren desaparecer al Equipo Especial Lava Jato

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Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez

El exfiscal Avelino Guillén lanzó la advertencia: “La mayoría de la Junta de Fiscales Supremos tendría el objetivo de retirar a corto plazo a los miembros del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez”.

Subrayó que “la sanción contra Pérez y los procedimientos disciplinarios seguidos contra Vela, están entre de las funciones de la junta para ver dichos temas, por lo que corresponde estar alertas”.

Vela dijo, en la víspera, que en la junta ya se ha solicitado su salida y existe un voto contrario hacia él por parte de tres de sus cinco integrantes: Pedro Chávarry, Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez Monteza.

Para Guillén la multa impuesta contra Pérez constituye una medida abusiva y arbitraria que no tiene sustento con lo señalado en la Ley de Carrera Fiscal y la Ley Orgánica del Ministerio Público.

“Se le sanciona por declarar en una entrevista que si perdemos los juicios frente a la gran corrupción los perjudicados seremos los ciudadanos, y que si se afecta lo avanzado, la ciudadanía tiene que estar alerta, ¿pero qué contenido político hay ahí? Ninguno”, objetó Guillén.

CAMBIO DE ESTRATEGIA

Luis Purizaga, abogado de IDL-Justicia Viva, afirmó que los jueces supremos Pedro Chávarry, Tomás Aladino Gálvez y Víctor Rodríguez Monteza han cambiado de estrategia. “Se han dado cuenta que un mecanismo efectivo sería el proceso sancionador”, precisó.

“Dentro de este componente la última instancia sería la Junta de Fiscales Supremos Chávarry, Gálvez y Rodríguez. Después de la multa impuesta al fiscal Pérez, Vela ha revelado que tiene cinco procesos sancionadores y si apela el caso pasa a manos de los fiscales supremos mencionados”, resaltó.

“La Fiscal de la Nación -agregó- tiene competencias muy claras, que es formar o destituirde un equipo especial de investigación a fiscales. Por ello la estrategia de los fiscales supremos es no ir por ese lado, sino ir por el factor de las sanciones, donde la última palabra la tienen los fiscales supremos. Eso es legal, solo que se está utilizando para movimientos turbios”.

FALTA LA JNJ

“Desgraciadamente esto sucede por la inexistencia de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que podría juzgar y sancionar a estos fiscales. Porque hay informes de las fiscales del Callao, de que Chávarry, Gálvez y Rodríguez serían parte de los ‘Cuellos Blancos’. Sin embargo pasa el tiempo y estos señores siguen desempeñándose como fiscales supremos. Pasa el tiempo y se siguen quedando en sus cargos y mejorando sus estrategias para poder fortalecerse”, explicóPurizaga.

Finalmente, señaló que en la Comisión Especial que elige a los miembros de la JNJ, sigue Lecaros, presidente del Poder Judicial, que fue denunciado por un colaborador eficaz de formar parte del engranaje de los “Cuellos Blancos”, de una red de tráfico de favores, que coordinó con Walter Ríos el beneficio al narcotraficante Boris Foguel.

“Hubo un proceso para elegir a la JNJ que fue turbio. Ahora pasaría lo mismo debido a la presencia de Lecaros quien dijo que no se va a retirar pese a la grave denuncia en su contra”, señaló.

“Esto es peligroso porque no puede haber independencia de criterios y pueden ser elegidos personajes controvertidos. La pregunta es ¿cómo el señor Lecaros va a poder elegir a los miembros de la JNJ? Hay un conflicto de intereses gravísimo. Por ello el presidente Gutiérrez, el Defensor del Pueblo tienen que pronunciarse ya”, concluyó el abogado Luis Purizaga.

LA CORRUPCIÓN SE FORTALECE

Miguel Jugo, analista político, señaló su preocupación porque “en el Ministerio Público hay un conjunto de fiscales ligados a la corrupción y obviamente la presencia de los fiscales supremos Chávarry, Gálvez y Rodríguez hacen ver de que son personas que continúan con poder”, opinó.

“La opinión pública debe estar alerta y debe apoyar firmemente la lucha que se está librando contra la corrupción, que parece fortalecerse. Lamentablemente creo que la corrupción es endémica, sistemática y permanente. Y eso se ve en el Ministerio Público, en el Poder Judicial y en la misma Policía Nacional, por las noticias que nos llegan”, comentó.

Planteó que la solución venga desde arriba, “porque los peruanos y peruanas no podemos dormirnos en nuestros laureles, porque la corrupción campea y el enemigo es muy grande y poderoso”.

ALGO MÁS

“Cuando se forme la Junta Nacional de Justicia (JNJ), debe de hacer algo al respecto. En los postulantes hay personajes cuestionados y eso fue lo que motivó el fracaso de la primera elección. Ojalá que las actuales personas que postulan sean las mejores, pero hay que estar alertas porque la corrupción no duerme”, concluyó Jugo

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

Política

Matanza de El Frontón no debería quedar impune

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Matanza de El Frontón

Luis Nava, exhombre de confianza de Alan García, corroboró ante la Fiscalía el testimonio de un colaborador eficaz que relató cómo el expresidente sobornó al fiscal a cargo del caso El Frontón para lograr el archivamiento de las investigaciones.

El exsecretario general de la Presidencia durante el gobierno de Alan García, Luis Nava, confirmó ante el Ministerio Público los hechos revelados por un colaborador eficaz sobre cómo García se habría librado de ser investigado por el caso El Frontón mediante un presunto soborno.

Según informó IDL-Reporteros, los hechos corroborados por Nava se remontan al año 2004, antes del inicio de la campaña presidencial del 2006. Por esos días, gracias a una gestión del abogado de García, Genaro Vélez, se realizó una reunión en la casa del fiscal Mario Gonzales Díaz, a cargo de las investigaciones del caso El Frontón.

Alan García Pérez

A la cita acudieron Alan García, Vélez y Luis Nava Guibert. IDL-Reporteros da cuenta de la relación cercana que existía entre los tres personajes: Un año antes, en 2003, Luis Nava Guibert fundó un estudio de abogados en sociedad con Genaro Vélez y otro militante aprista, Nestor Walqui. Para esa fecha, Vélez ya había defendido a García en los casos de El Frontón, Accomarca y Cayara, y más tarde sería su asesor legal durante las investigaciones de la Megacomisión, presidida por Sergio Tejada.

De acuerdo al relato del colaborador eficaz, durante la reunión el fiscal Mario Gonzales Díaz ofreció archivar el caso, pero admitió tener miedo a las consecuencias y por tanto solicitó ayuda a sus interlocutores. En esas circunstancias, García habría llevado a Vélez a un ambiente apartado, y le habría entregado US$ 25 mil para que este a su vez le entregue el dinero a Gonzales. Según el colaborador, Vélez cumplió con el encargo con la misma discreción con que recibió el dinero, aunque todos los presentes quedaron al tanto de la entrega.

Minutos después, Gonzales indicó que, pese a todo, seguía temiendo por su futuro tras el archivamiento del caso. Ante esto, García le habría indicado que no se preocupe, pues él lo iba a ayudar.

El 30 de noviembre de 2004, Mario Gonzales Díaz, entonces fiscal provincial de la “fiscalía especializada para desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales y exhumación de fosas clandestinas”, archivó la investigación contra Alan García por los presuntos delitos de homicidio calificado, delito contra la seguridad pública, y delito contra la administración pública. Tras ello, Alan García solo fue incluido en el proceso en calidad de testigo, y Gonzales pasó a trabajar a otra entidad estatal, quizás como parte de la “protección” ofrecida.

Para el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, el archivamiento de las investigaciones contra García ya era algo claro antes de su formalización. “A mí me queda súper claro que antes de que emita su disposición, sabíamos que el fiscal no iba a denunciar a García. Así de contundente era el asunto, él lo había expresado con todas su palabras. Me dijo más de una vez que él tenía una disposición de no denunciar y no involucrar a García”, recordó.

IMPUNIDAD GARANTIZADA

Sin embargo, a pesar de la gravedad de los hechos revelados por el colaborador eficaz y corroborados por Luis Nava, Rivera aclaró que el suicidio de Alan García puso fin a cualquier posibilidad de investigación y proceso en su contra.

En cuanto al caso del exfiscal aludido, Mario Gonzales, el abogado indicó que si bien la acusación podría ameritar una investigación por parte del Ministerio Público, también es un hecho que el caso ha prescrito al cumplirse en noviembre el plazo máximo de 15 años.

Y a pesar de tratarse de hechos directamente vinculados a encubrir un crimen de lesa humanidad, no serían alcanzados por la imprescriptibilidad que se confiere a este tipo de crímenes y correspondería tratarlo solo como un caso de corrupción.

De otro lado, recordó que desde hace dos años se viene desarrollando la etapa de juicio oral contra 34 militares imputados por la matanza de El Frontón. “Aunque estamos evaluando el modo de introducir este elemento nuevo en el proceso, el problema es que García no era acusado, sino testigo, debido al archivamiento que ahora sabemos que fue por un presunto soborno”, indicó.

Finalmente, concluyó que “este acto corrupto del año 2004 fue determinante para garantizar impunidad a favor de García, a pesar de que él debió ser acusado, procesado y condenado como autor mediato del crimen”.

ALGO MÁS

Por su parte, el exabogado de Alan García, Genaro Vélez, calificó de “bajeza” las revelaciones sobre el presunto soborno, y que todas las personas que han intervenido para lograr la declaración del colaborador eficaz “dan asco, porque un hombre no debe mentir para agraviar a una persona que está muerta”.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Barata nuevamente sera interrogado

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Jorge Barata

El fiscal coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, informó que el exsuperintendente de la empresa Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, será sometido a nuevos interrogatorios programados para el 30 y 31 de enero del próximo año.

En ese sentido, el fiscal manifestó que para lograr esta nueva diligencia con el exdirectivo de la empresa brasileña, se tuvo que suscribir un acta de compromiso con el procurador federal de Brasil, Orlando Martello.

“Ya se está coordinado la entrevista con Jorge Barata para el 30 y 31 de enero y no se descarta que puedan haber otros interrogatorios durante esa semana y la siguiente, aunque eso dependerá de las decisiones de estrategia de los fiscales del equipo especial”, precisó en la ciudad de Curitiba, Brasil.

Al término de las diligencias con los exdirectivos Luiz Antonio Mameri, Luiz Da Rocha Soarez y Renato Ribeiro Bortolletti, explicó que esta nueva ronda de declaraciones permitirá dilucidar todo lo concerniente a la información obtenida en los servidores Drowsys y My Web Day.

“Tenemos un compromiso de entrega de información quincenal del proveedor GR Compliance que va a ser canalizado a través de Odebrecht. Luego del ingreso de esa información que será procesada por los fiscales del equipo especial, ellos determinarán todos los niveles de preguntas y quizás también qué otras personas involucradas en el tramado de estas investigaciones puedan ser citadas en su oportunidad”, refirió.

Como se recuerda, la entrega de nuevo material así como la programación de interrogatorios con exfuncionarios de Odebrecht, forma parte de la firma del acuerdo de colaboración eficaz suscrito con la empresa brasileña.

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Política

Denuncian campaña de desprestigio contra la ONPE

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Organismo Nacional de Procesos Electorales (ONPE)

Fuentes allegadas al Organismo Nacional de Procesos Electorales (ONPE), denunciaron una presunta campaña de desprestigio emprendida contra el ente estatal a partir de cartas difamatorias que habrían sido distribuidas por el director ejecutivo de Medios Perú, Edgar Guevara Soto.

Así, se buscaría generar un manto de sospecha respecto a la distribución de la franja electoral de las elecciones extraordinarias 2020, exigiendo la intervención de la ONPE y de la Contraloría de la República cuando se trata de un tema que compete a empresas privadas.

Asimismo, las fuentes señalaron que estas acciones estarían motivadas por una suerte de “celos e intereses comerciales”, por lo que se estaría evaluando el inicio de las acciones legales correspondientes.

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