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Editorial

¡Que la historia lo juzgue!

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Razón no le falta al exprocurador Julio Arbizu al decir que la muerte de Alan García no puede ser usada para “tirarse abajo” la lucha contra la corrupción ni las investigaciones en torno al caso Lava Jato que ingresarán a una fase crítica con las próximas declaraciones de Jorge Barata. En efecto, hay muchos personajes involucrados y más de uno quisiera ver fuera a los fiscales del equipo especial que investiga el sonado caso. Sin embargo, ninguna conexión existe entre la autoeliminación del expresidente aprista y la investigación fiscal.

El Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, ha opinado que la lucha contra la corrupción en el Perú es un proceso que no puede ni debe detenerse, pues de este depende que el país salga por fin del subdesarrollo y se fortalezcan las bases de la cultura democrática. Además, ha considerado que sería trágico que “la labor de aquellos jueces y fiscales se viera interrumpida o saboteada, y los contados periodistas que los apoyan fueran silenciados.

En tanto, un programa periodístico dominical que se emite por Latina ha difundido anoche declaraciones de Ricardo Pinedo, que fue secretario y amigo de Alan García, quien revela que él recibió la carta del mandatario con la consigna de entregársela a sus hijos, en el momento que él le iba a indicar. En todo caso es un elemento más para presumir que fue una decisión muy personal de Alan García, planificada con mucha anticipación. ¿Por qué, entonces, tratar de culpar al Ministerio Público para frenar el combate a la corrupción?

En las próximas horas hablará el exfuncionario de la constructora Odebrecht Jorge Barata, quien tendrá que decir toda la verdad, pues de lo contrario corre el riesgo de perder los beneficios de la confesión premiada a la que se acogió en Brasil. Es por ello que no podrá cambiar su versión cuando declare ante los fiscales peruanos. De lo que declare Barata depende que muchos funcionarios y políticos de los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala desfilen por el banquillo. A García que la historia lo juzgue.

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Editorial

¿Aprenderemos la lección algún día?

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Después de 50 años no hemos aprendido nada. Hace cinco décadas se registró uno de los sismos más destructivos y letales de los que recordemos en el país. Algunos minutos faltaban para las 3 y30 de la tarde, cuando la tierra comenzó a temblar en Huaraz y la magnitud fue tal, que se produjo un aluvión que sepultó Yungay y Ranrahirca. El Callejón de Huaylas parecía venirse abajo. En menos de un minuto, el devasta­dor movimiento telúrico dejó más de 20 mil muertos, aun­que no hay acuerdo en la cifra porque se estima que sería mucho mayor. Una verdadera tragedia que enlutó al Perú.

La catástrofe movilizó la ayuda internacional. La en­tonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas movilizó ayuda humanitaria para los damnificados del terremoto de 7.9 grados en la escala de Ritcher, pero lamentablemen­te, la fatalidad se volvió a hacer presente y el enorme avión soviético cayó al mar cuando volaba sobre el océano Atlán­tico. Un grupo de médicos cubanos llegó al país y se pudo a disposición del Perú para atender a las personas heridas.

Actualmente, los niveles de riesgo para las personas en caso de desastres natu­rales no ha disminuido, a pesar de los avances de la ciencia y la tecnología, por el contrario se ha incremen­tado, según la opinión de los expertos. De un lado, en nuestro país se ha produci­do una explosión demográ­fica; de otro, la corrupción o la desidia de autoridades han permitido que se construya viviendas en zonas de riesgo. Peor aún, existe un gran porcentaje de autocons­trucción; es decir, sin ningún tipo de asesoría técnica. A ello se suma la pobreza que empuja a muchos pobladores a construir en las faldas de los cerros.

Pero son las autoridades las que, en vez de tomar cartas en el asunto, se dedican a expedir títulos de propiedad en las invasiones porque saben que eso les significará votos para repetir el plato dentro de algunos años. En nuestro país no solo tenemos sismos o terremotos, sino que hay huaicos, desbordes de ríos, lluvias intensas y heladas, entre otros fenómenos naturales que para muchas autoridades es mejor ignorarlos. Ahora, con la globalización, se suman las pandemias. Lo que no saben esas autoridades que ha­cen de la vista gorda es que tarde o temprano, la natura­leza nos pasará la factura. La legislación debería contem­plar cárcel para aquellas autoridades que no cumplen sus funciones a cabalidad. La pregunta es: ¿aprenderemos la lección algún día?

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Editorial

Más transparencia y menos corrupción

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Como parte de las medidas de emergencia para en­frentar la pandemia de coronavirus, el Gobierno ha modificado el Reglamento de la Ley de Con­trataciones del Estado para impedir, durante los próximos tres meses, que los participantes puedan elevar al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) los cuestionamientos que tengan al pliego de abso­lución de consultas y observaciones.

Al respecto, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) ha advertido que esta disposición excepcional dispuesta por el Poder Ejecutivo abre una puerta a posibles casos de corrup­ción. Y, lo que es peor, si la norma tenía por objeto agilizar el proceso de contratación pública, el efecto será contrario a los fines que debería cumplir.

Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), ello se debe a que los participantes afectados ante una decisión arbitraria, ilegal o antitécnica de parte de los comités de selección estarían habilita­dos para interponer el re­curso de apelación una vez otorgada la buena pro, alar­gando así con creces el pro­cedimiento y dificultando la contratación de bienes, servicios y obras.

Asimismo, la CCL ha se­ñalado que el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece que los participantes en una licita­ción y concurso público pue­den cuestionar el pliego de absolución de consultas y observaciones, así como las bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones.

Para el presidente de la Comisión de Contrataciones del Estado, Raúl Barrios, con estas modificaciones se contravie­ne los principios de competencia e integridad y se favorece la impunidad y corrupción en las contrataciones públicas. Esta modificación a la norma permite que se den actos de corrupción ya que se podría direccionar las licitaciones a un determinado postor sin que el OSCE pueda intervenir.

Sería bueno que el gobierno tome debida nota de es­tas observaciones para no dejarle una puerta abierta a la corrupción. Es por ello que se requiere de la mayor trans­parencia en estos procesos con la finalidad de promover la participación de más empresas nacionales y extranjeras, a través de medidas que permitan fortalecer la potestad fisca­lizadora del OSCE y su rol como ente rector en los procesos de contratación pública. Hace falta, pues, más transparen­cia y menos corrupción.

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Editorial

Urgen medidas eficaces

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Según el último reporte del Ministerio de Salud, el número de casos positivos del nuevo coronavirus Covid-19 asciende a 141,779 y la cifra de fallecidos se elevó a 4,099. En la víspera la cifra de contagios as­cendía a 135,905 y la de decesos a 3,983, es decir, en las últi­mas 24 horas se procesaron 5,874 casos nuevos y fallecieron 116 personas. Los nuevos registros ponen de manifiesto la precariedad de nuestro sistema de salud que no puede ser achacada a este Gobierno, pues el problema viene de hace más de 25 años.

La verdad es que nuestros hospitales, tanto del Minsa como de EsSalud ya estaban colapsados desde hace mucho tiempo. Solo hay que recordar las colas que se producían años atrás en los nosocomios de la seguridad social para in­tentar conseguir una cita y cuando un suertudo por fin lo conseguía era para ser atendido dentro de tres o cuatro me­ses. Asimismo, las farmacias de hospitales del Minsa desa­bastecidas de medicinas. Los pacientes siempre se han quejado de ello, y siempre se ha ofrecido solucionar el problema, pero nada se ha hecho al respecto.

Epidemias y pandemias siempre las hubo, pero la población del Perú ahora es mucho mayor que antes y las viviendas se construyen cada vez más pequeñas. Las familias numerosas, en los niveles socioeconómicos D y E viven prácticamente ha­cinadas. Una buena parte de la población carece de los ser­vicios de agua y desagüe. Cómo entonces se puede esperar que sigan el consejo de lavarse las manos a cada momento. En nuestro país hay más del 70 por ciento de informalidad; son pocos los que contribuyen con sus impuestos, y después de la pandemia del nuevo coronavirus muchos puestos de trabajo habrán desaparecido.

El problema se va a agravar porque los sectores informa­les de nuestra economía, aquellas personas que viven del día a día, ya se están desbordando y el Gobierno no va a poder obligarlos a quedarse en casa porque a un número importante de familias aún no les ha llegado el bono, ni las canastas, ni ningún otro incentivo, mientras los pagos de alquileres y los servicios de luz, agua, pago de arbitrios municipales y otras tasas se les están acumulando, sin que nadie les garantice a esas familias que dentro de uno o dos meses van a tener ingresos. Al gobierno no le queda otra que amarrarse bien los pantalones y tomar medidas verda­deramente eficaces.

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