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Editorial

¡Que la historia lo juzgue!

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Razón no le falta al exprocurador Julio Arbizu al decir que la muerte de Alan García no puede ser usada para “tirarse abajo” la lucha contra la corrupción ni las investigaciones en torno al caso Lava Jato que ingresarán a una fase crítica con las próximas declaraciones de Jorge Barata. En efecto, hay muchos personajes involucrados y más de uno quisiera ver fuera a los fiscales del equipo especial que investiga el sonado caso. Sin embargo, ninguna conexión existe entre la autoeliminación del expresidente aprista y la investigación fiscal.

El Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, ha opinado que la lucha contra la corrupción en el Perú es un proceso que no puede ni debe detenerse, pues de este depende que el país salga por fin del subdesarrollo y se fortalezcan las bases de la cultura democrática. Además, ha considerado que sería trágico que “la labor de aquellos jueces y fiscales se viera interrumpida o saboteada, y los contados periodistas que los apoyan fueran silenciados.

En tanto, un programa periodístico dominical que se emite por Latina ha difundido anoche declaraciones de Ricardo Pinedo, que fue secretario y amigo de Alan García, quien revela que él recibió la carta del mandatario con la consigna de entregársela a sus hijos, en el momento que él le iba a indicar. En todo caso es un elemento más para presumir que fue una decisión muy personal de Alan García, planificada con mucha anticipación. ¿Por qué, entonces, tratar de culpar al Ministerio Público para frenar el combate a la corrupción?

En las próximas horas hablará el exfuncionario de la constructora Odebrecht Jorge Barata, quien tendrá que decir toda la verdad, pues de lo contrario corre el riesgo de perder los beneficios de la confesión premiada a la que se acogió en Brasil. Es por ello que no podrá cambiar su versión cuando declare ante los fiscales peruanos. De lo que declare Barata depende que muchos funcionarios y políticos de los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala desfilen por el banquillo. A García que la historia lo juzgue.

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Editorial

El Gobierno debe dejar economía sana

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La convocatoria a elecciones hecha por el pre­sidente Martín Vizcarra, para el 11 de abril de 2021, ratifica su voluntad política y compromi­so con el país, ha dicho el jefe del Gabinete Mi­nisterial, Vicente Zeballos. Por un lado, el mandatario ya había adelantado que cumpliría cabalmente con el mandato constitucional de convocar a elecciones en los plazos que la ley señala; de otro, el panorama político y el económico siguen sin aclararse y todavía no se puede vislumbrar la luz al final del túnel.

En efecto, el mismo jefe del Gabinete ministerial re­cordó que el presidente Vizcarra ha manifestado en rei­teradas oportunidades su decisión de convocar a elec­ciones democráticas en el marco de la Constitución, lo que está cumpliendo al firmar el decreto supremo a través del cual dispuso la convocatoria a comicios gene­rales el próximo año. Además, el anuncio deja sin piso a los opositores que pre­tendían mostrarlo como dictador.

Pero más allá de eso, el proceso electoral se realizará en medio de muy difíciles condiciones, pues la incertidumbre económica y los enfrenta­mientos políticos al pare­cer continuarán durante los siguientes meses. No obstante, el mandatario ha emplazado a los parla­mentarios a trabajar jun­to con el Ejecutivo para concluir la reforma política al igual que la reforma del sistema de justicia. Si hay tiempo para hacerlo, hagá­moslo bien”, ha remarcado, en alusión a los últimos su­cesos protagonizados por los legisladores en respuesta al pedido del Ejecutivo de eliminar la inmunidad par­lamentaria.

Ojalá que todo no quede en palabras, pues a pesar del corto tiempo –algo más de nueve meses– Vizcarra tiene que Gobernar hasta el último día y le espera un gran trabajo para aliviar el difícil momento económi­co que los sectores más vulnerables están pasando. Muchos emprendedores han anunciado su decisión de cerrar sus negocios por no poder pagar los alquileres pendientes. La recaudación reflejará esta desacelera­ción de la economía a consecuencia de la pandemia del Covid-19, y el Ejecutivo tiene que mostrar la luz al final del túnel, dejando una economía sana.

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Editorial

Congresistas deben pensar en el país

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El expresidente del Consejo de Ministros, Pe­dro Cateriano, y los constitucionalistas Cé­sar Landa Arroyo y Javier de Belaunde, han presentado su renuncia al consejo consultivo de la Comisión de Constitución tras expresar su des­acuerdo con la decisión del Congreso referida a la inmunidad parlamentaria y el antejuicio para altas autoridades del Estado. También ha hecho lo propio el expresidente del Tribunal Constitucional (TC) Ós­car Urbiola. En sus cartas, los cuatro expresan las ra­zones de peso que motivan su alejamiento.

Landa, expresidente del TC, advierte que la deci­sión tomada por el Congreso “es una grave involu­ción al fortalecimiento de nuestra democracia repre­sentativa en la lucha contra la corrupción política”. De veras que eso resulta grave para la salud de nues­tro sistema democráti­co, máxime cuando la pandemia del Covid-19 llegó al Perú justo cuan­do se venía librando una lucha sin cuartel contra la corrupción rampante enquistada hasta en las altas esferas de los pode­res del Estado.

Por su parte, el tam­bién expresidente del TC Óscar Urbiola, en carta enviada al presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade, seña­la que en su condición de expresidente del TC y ex magistrado no puede avalar estos hechos con su pre­sencia en el consejo consultivo. Advierte en su carta, además, que la decisión del Congreso altera las bases del sistema democrático que se basa en la división de poderes y el sistema de pesos y contra pesos.

En tanto, el constitucionalista Javier de Belaunde sostiene que la reciente aprobación de esa reforma constitucional contraviene los parámetros básicos de una debida deliberación, y eso supone una grave afectación a los principios constitucionales de demo­cracia, gobernabilidad, balance y control de poderes. Por todas las razones esgrimidas por los constitucio­nalistas al dimitir al consejo consultivo, el Congreso debe dar marcha atrás y dejar sin efecto, en segunda votación, esa reforma constitucional que en verdad no reforma sino deforma nuestra Carta Magna.

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Editorial

Congresistas de espaldas al país

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Al hacer un balance de la primera legislatura, el pre­sidente del Congreso, Manuel Merino, ha afirmado que el Parlamento no ha obstaculizado la labor del Poder Ejecutivo y ha dicho que el Legislativo ha te­nido la capacidad de aprobar normas importantes. Pero, además, ha saludado la aprobación del levantamiento de la inmunidad parlamentaria y los cambios en el tratamiento a altos funcionarios públicos, entre ellos, el presidente de la República.

Con esto último nos deja más que preocupados el titular del Legislativo, pues al parecer cree que los peruanos somos tontos. Lo que han hecho los congresistas es reaccionar ante una nación del Ejecutivo, pero al mismo tiempo han pasa­do por encima de la lógica parlamentaria. En primer lugar, una reconsideración de votación no se hace sobre una norma diferente; en segundo término, los parlamentarios pudieron haber dialogado con el Ejecutivo sobre el particular.

Nadie en su sano juicio puede pensar que en este momen­to el levantamiento de inmu­nidad a los congresistas sea una medida beneficiosa de por sí. Ocurre que el Congre­so viene de cayendo de error en error y por eso la opinión pública piensa que eso se debe a un blindaje. Los par­lamentarios sin inmunidad quedarían expuestos a accio­nes judiciales que les atarían de manos cuando se requiera legislar en tal o cual sentido. Recordemos que no tenemos un sistema de justicia como debería ser y como lo es en los países desarrollados.

En todo caso debería empezarse por una reforma judicial a fondo, para que los peruanos podamos contar con un siste­ma judicial de la más alta calidad, que nos garantice que la justicia no siga caminando a paso de tortuga. Pero nuestro Congreso no ha sido capaz de tomar el toro por las astas. Has­ta el momento no hemos visto una reforma judicial como la que se necesita, y como la viene reclamando hace mucho tiempo la ciudadanía. Ese es uno de los grandes escollos para pensar en que deba quitarse la inmunidad.

Lejos de convencer de eso a los ciudadanos, nuestros pa­dres de la patria aprueban dejar si prerrogativas al presiden­te de la República y a los ministros, así como al defensor del pueblo y a otros altos funcionarios del Estado. Eso también está mal. El Congreso de la República no puede seguir hacien­do las cosas de espaldas al país. Nadie es dueño de su curul, tampoco para aferrarse a los cargos y menos para defender intereses particulares como se ha hecho antaño. No señores congresistas, el balance no es altamente positivo. Sería bueno que reflexionen, que enmienden rumbos y se pongan a traba­jar por los ciudadanos, por el país y por la democracia

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