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Política

Procuraduría tras Álvarez

Lo investiga para ver si tiene testaferros, pues no existen propiedades a su nombre.

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Procuraduría tras Álvarez

El procurador Anticorrupción, Christian Salas, dijo ayer a LA PRIMERA que su despacho prosigue las investigaciones al presidente regional de Áncash, César Álvarez, para indagar si usa testaferros para ocultar propiedades y dinero, puesto que no se le ha encontrado bienes ni cuentas bancarias a su nombre.

“Ya existen dos investigaciones abiertas a Álvarez para ver si ha incurrido en lavado de activos o en el uso de testaferros. Por parte de la Procuraduría estamos investigando indicios de una red criminal ante las denuncias que están en trámite. Tenemos dos investigaciones abiertas en Santa y cinco en Áncash”, subrayó.

El procurador manifestó que Áncash vive un ambiente de inseguridad y mucha incertidumbre y temor ante la ola de casos de violencia y corrupción que deben ser investigados.

“Ya tenemos claro que muchos de los asesinatos a opositores están vinculados justamente al entorno del gobierno regional y a denuncias de actos ilícitos que son materia de investigación”, sostuvo.

NO LE CREEN A RAMOS
Mesías Guevara, congresista de Acción Popular – Frente Amplio, dijo a LA PRIMERA que el fiscal supremo Carlos Ramos Heredia, acusado de formar parte de la red de impunidad de César Álvarez, habría enviado 17 fiscales a Áncash para distraer la atención de la opinión pública y estaría intentando “lavarse la cara” con sus declaraciones.

“Enviar 17 fiscales está bien, pero habría que ver a quién está enviando, si tienen todas las facultades y la logística, a no ser que sea solamente un pantallazo y una distracción. Por los precedentes que hay deberíamos dudar de su accionar”, sentenció.

MODESTO JULCA

Por otro lado, el congresista de Perú Posible Modesto Julca dijo a LA PRIMERA que el fiscal de la Nación, José Peláez, es cómplice de la impunidad y por eso será denunciado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, por encubrimiento, negligencia y abuso de autoridad al haber permitido la remoción de once fiscales que investigaban el caso La Centralita y presuntos delitos de corrupción imputados al presidente regional, César Álvarez.

Indicó que Peláez permitió que sean expulsados en el 2011 los fiscales César Jiménez Rodríguez, Javier Estrada Rodríguez, Cristian Aceijas y Miguel Vilca por el caso de La Centralita. Agregó que no se justifica que otros siete fiscales tuvieran que ser sancionados por investigar las supuestas irregularidades de la gestión de Álvarez.

“Peláez actuó en contra de los fiscales que estaban investigando la corrupción y el chuponeo en el gobierno regional de Áncash como fue el caso de los fiscales Jiménez, Estrada y Checa. Los sacó con pretextos absurdos y eso trabó las investigaciones, lo cual ha favorecido a apañar a autoridades intocables”, subrayó.

Agregó que estos cambios y expulsiones de fiscales que promovió el Ministerio Público generaron “un manto de impunidad por no haber permitido que las investigaciones contra la gestión de Álvarez lleguen a buen puerto, pues aquí hay mal olor de encubrimiento que el Parlamento no puede permitir”.

PELÁEZ ACLARA
Peláez aclaró que la remoción de fiscales fue justificada y él nunca fue informado de las amenazas contra la vida del asesinado consejero regional Ezequiel Nolasco.

Esos fiscales recibieron autorización judicial para hacer un allanamiento, pero se extralimitaron e ingresaron a domicilios de personas ajenas a la investigación, recalcó.

Peláez sostuvo que la investigación preliminar a César Álvarez por enriquecimiento ilícito fue archivado porque no se le encontró ningún bien registrado a su nombre. “El fiscal tiene que ser objetivo y no puede decir que hay un desbalance cuando no tenemos pruebas para concluir”, aseveró.

Aclaró que “Álvarez no registra ni ahorros ni vehículos ni nada, aparentemente es un pobrecito. Hoy necesito elementos que me hagan pensar que este señor tiene testaferros o, de lo contrario, saber cómo esconde sus bienes”.

Javier Solís
Redacción

Política

30 muertos y todo sigue igual

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Explosión de camión cisterna de gas licuado de petróleo tragedia

Indiferencia ante el dolor. A un mes del siniestro de un camión cisterna que transportaba Gas Licuado de Petróleo (GLP) mientras cruzaba la intersección de las avenidas Villa del Mar con Pastor Sevilla, en el distrito de Villa El Salvador, sigue sin reconocerse responsabilidades mayores por el trágico incidente que hasta la fecha ya ha cobrado la vida de 30 víctimas.

Más allá de la remoción del directorio de Osinergmin, y del inicio de una investigación penal por parte del Ministerio Público, no solo no se ha advertido una voluntad política desde el Ejecutivo -considerando las facultades que tiene para legislar hasta hoy – sino que incluso la empresa dueña del camión siniestrado ha venido operando en la clandestinidad.

El investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jorge Manco Zaconetti, señaló semanas atrás en este diario que el origen del problema es el modelo neoliberal impuesto por décadas en nuestro país. “El capitalismo secreta informalidad, y es el punto de partida y de llegada en este problema … Y si bien la informalidad es transversal a una serie de sectores en la economía peruana, al punto que de cada cien trabajadores setenta son informales, en el sector de hidrocarburos lamentablemente nos cuesta vidas, como hemos visto en Villa El Salvador”, afirmó entonces.

LA CORRUPCIÓN NOS MATA

En efecto, tras el trágico evento, un informe de la Contraloría advirtió que en el empalme de las vías donde ocurrió el accidente había un desnivel con una pendiente de 27%, cuando según el Reglamento Nacional de Edificaciones las pendientes entre las calzadas no pueden ser superiores al 12 %.

En sintonía con dicho informe, peritos de la Dirección de Seguridad del Estado de la Policía Nacional concluyeron que fueron tres los factores determinantes que confluyeron: el desnivel de la vía, la falta de mecanismos de seguridad en el vehículo y la imprudencia del chofer.

Consultado por la responsabilidad del municipio distrital sobre el mal estado de las vías, el alcalde de Villa El Salvador, Kevin Iñigo, declaró que la obra había sido realizada por la anterior gestión, aunque sin aclarar que el alcalde que lo precedió en el cargo es su hermano Guido Iñigo.

Según un informe del diario El Comercio, en la obra ejecutada por el municipio distrital, no se habría cumplido con la nivelación de suelos, entre otras irregularidades, algo indispensable cuando se construyen vías sobre pendientes.

Del lado de la empresa Transgas, dueña del camión siniestrado, esta semana personal policial en conjunto con Osinergmin intervinieron la empresa Colca Gas perteneciente a la primera. “Se ha podido verificar, confirmar que se ha estado operando de manera clandestinamente en este lugar. Está clausurado y a pesar de ello se han hecho de la vista gorda y se ha seguido operando. Cuando ingresamos encontramos que todos son elementos indicativos de una acción informal”, indicó el oficial de la PNP José Gutierrez Morí.

A pesar de la responsabilidad en la muerte de 30 personas, a los dueños de Transgas o le habría importado mantener más de 2 mil cilindros de gas de diferentes marcas con mínima seguridad a su alrededor.

LA RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO

Para Manco Zaconetti, el universo a supervisar por Osinergmin rebasa su capacidad y requiere una participación mayor del Ejecutivo para dar solución a las carencias existentes. En ese sentido, recordó que “el problema para supervisar, en general, no se evidencia solo en Osinergmin sino también en Sunafil, el Estado finalmente demuestra su precariedad y debilidad ante el mundo del mercado”.

Como ejemplo, hay que recordar que el camión siniestrado en Villa El Salvador tenía 40 años de antigüedad, y no estaba diseñado originalmente para transportar combustibles de alto peligro. “A pesar de eso, el ministerio de Transporte le dio el visto bueno, y el consultor independiente de Osinergmin aprobó su calificación. El dueño de esta empresa tiene otras cinco empresas autorizadas por el ministerio de Energía y Minas, es decir, el señor puede ir a la cárcel por homicidio pero sus empresas quedan vivitas y coleando”, comentó.

Pero la indolencia ha ofrecido más de un ejemplo a la opinión pública. El periodista Christian Sotomayor, de Radio Capital, dio a conocer detalles del media training que brindó la empresa Otrosí al Osinergmin, por un monto superior a S/ 34 mil. De acuerdo con la información, los funcionarios que recibieron la capacitación para desenvolverse ante medios de comunicación “en situaciones adversas”, fueron Daniel Schmerler, expresidente del organismo estatal, Jose Carlos Velarde, Renzo Rojas Jimenez, Gustavo Castillo Ojeda, Jesús Samames y 8 jefes regionales más.

DÓNDE MUEREN LOS POBRES

Por su parte, la expresidenta del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, María del Pilar Tello, escribió en el diario Correo que “los más de 30 muertos necesitaron sangre y medicación especializada sin encontrarlas”. En una denuncia que desnuda la indiferencia del Ejecutivo con las víctimas de la tragedia, Tello señaló que “los Bancos de Sangre están desabastecidos y las Emergencias sin las condiciones especiales para no contaminarse y morir”. “Por esto la urgencia de mejorar la Unidad de Quemados en el Hospital Loayza del MINSA, que recibió varios de los grandes quemados sin brindarles el aislamiento indispensable ya que la pérdida de piel los expone a enormes riesgos”, advirtió.

Al respecto, cabe precisar que según una lista difundida por el periodista Juan Pablo León, de las 30 víctimas mortales hasta la fecha, una falleció en el lugar de los hechos, seis en Instituto Nacional de Salud del Niño, en San Borja, seis en el Hospital Almenara, seis en el Hospital Hipólito Unanue, tres en Hospital de Emergencias de Villa el Salvador, tres en el Hospital Loayza, dos en el Hospital Dos de Mayo, y uno en el Hospital de la Fuerza Aérea del Perú.

Finalmente, el testimonio de Juan Díaz, miembro del cuerpo de bomberos voluntarios de Villa El Salvador, describe el olvido y falta de previsión por parte de las autoridades. “Hace más de cinco años que no renovamos nuestros equipos contra incendios. Nuestra indumentaria, incluyendo los zapatos especiales que usamos, también están en malas condiciones. . En Villa EL Salvador somos 60 voluntarios activos, aunque en el registro figuran 130. No tenemos camión contra incendios; solo contamos con un camión de rescate y una ambulancia. Solo tenemos dos choferes, y se necesitan tres para que se turnen”, sostuvo al programa radial “Tu seguridad está primero” del Colectivo de Seguridad Ciudadana de Villa El Salvador.

 

José Alfredo Madueño

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Política

Somos Perú no será confrontacional

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GUILLERMO ALIAGA

El virtual congresista de Somos Perú, Guillermo Aliaga, aseguró que este grupo político no llega al Parlamento Nacional con la finalidad de ser confrontacional con el Poder Ejecutivo, sino para aprobar reformas necesarias como la política y judicial.

Indicó que como parte de la lista multipartidaria expusieron estas prioridades a los integrantes de Alianza para el Progreso, Acción Popular y Podemos Perú, con quienes buscan llegar a la Mesa Directiva.

“Llegar a un Congreso para comenzar a ser confrontacional con el Ejecutivo no vendría al caso. Como bancada hemos tomado una decisión y es que vamos a pronunciarnos cuando escuchemos al premier en el acto protocolar de la solicitud de confianza, pronunciarnos antes sería un error político”, señaló en Radio Nacional.

En ese sentido, recordó la invitación realizada por el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos y de la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, donde se expusieron los decretos de urgencia de materia económica emitidos por el Poder Ejecutivo.

“Los recibimos, fue una reunión muy cordial y alturada, donde se expresaron algunas discrepancias respecto a algunos de los decretos. Con esta cita lo que hacemos es dar un mensaje a la población de que no se trata de voltearnos desde el día uno”, refirió.

Aliaga agregó que la reunión fue bastante pertinente y oportuna, acordando volver a sostener otra reunión junto con los asesores parlamentarios y del Ministerio de Economía y Finanzas, para absolver algunos alcances de los decretos de urgencia.

“Eso lo vemos como un gesto democrático, porque abrimos un debate para modificar algunas de esas normas”, añadió.

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Política

Congreso anterior no fiscalizaba, perseguía

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Mesías Guevara

El actual presidente de Acción Popular (AP), Mesías Guevara, afirmó ayer que el Congreso anterior no hacía labores de fiscalización sino que por el contrario, su accionar era una “persecución” pues en diversas oportunidades se dedicaban a “atacar” a todos sus opositores por lo que habría que marcar las “diferencias”.

“Lo que pasa es que en el Congreso anterior no era fiscalización. Eso era persecución. Lo cual es muy distinto. Incluso veíamos como prácticamente se distorsionó lo que es el tema de proceso de fiscalización para favorecer a unos y a otros atacar. Por eso lado, si debemos diferenciar entre fiscalización y persecución.”, manifestó Guevara durante una entrevista en Radio Nacional.

Por otra parte, el también excongresista aseguró que respetará todas las decisiones que tome su bancada en el nuevo Parlamento y que también será “autónoma” para elegir a los integrantes de la Mesa Directiva, así como para la selección del vocero.

El partido tiene su propia dinámica y somos muy respetuosos de las decisiones que tome la bancada, en el plenario hemos dado unos lineamientos generales, pero ellos son autónomos de elegir a quienes van a ir en la mesa directiva y a los voceros”, expresó.

De igual manera, ratificó su posición de defender al Estado y la gobernabilidad ya que la gestión en el Legislativo debe ser eficaz debido al corto periodo que estará en funciones.

Además, saludó el trabajo de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que inició su plan de trabajo de 180 días abriendo procesos disciplinarios a siete magistrados del sistema de justicia.

“Hay que saludar el inicio de las actividades de la Junta Nacional de Justicia, porque los jueces y fiscales se habían quedado a su libre albedrío, tengo información que indica que hay más de 200 casos acumulados que tiene que resolver la Junta”, agregó.

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