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Política

Presupuesto exiguo, primer problema

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Jorge Muñoz Wells

Al 91,92% de las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el candidato de Acción Popular, Jorge Muñoz, alcanza 36,19% de los votos válidos convirtiéndose en el virtual alcalde de Lima Metropolitana y comenzará el primer día del próximo año, cuando la escasez de recursos financieros con que recibirá la comuna limeña se presenta como primera traba a superar.

MENOS RECURSOS

De acuerdo al Proyecto de la Ley de Presupuesto Público para el 2019, elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas, para el próximo año el presupuesto total de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), se reducirá de S/ 1,755 millones a S / 1,442 millones, es decir, un monto menor en -18.84% con respecto al presupuesto asignado para este año.

En cuanto al presupuesto para gastos de capital, es decir el dinero que tendrá para realizar obras, Muñoz contará con la mitad de lo que dispuso Castañeda Lossio este año. Los gastos de capital pasaron de S/ 621 millones 155 mil a S/ 307 millones 601 mil, cifra menor en -50.47%.

Es decir, aproximadamente del total del presupuesto, el 75% estaría comprometido en gastos corrientes.

Asimismo, la comuna que dirigirá Muñoz recibirá el próximo año un municipio 15.42% más endeudado. Estos compromisos pasan de S/ 160 millones 848 mil a S/ 185 millones 658 mil.

Pero, además, el presupuesto de personal y obligaciones sociales, es decir para pagar las planillas de la comuna capitalina, subió en 7.98%, al pasar de S/ 172 millones 613 mil a S/ 186 millones 390 mil.

REUNIÓN CON VIZCARRA

Consultado sobre el tema de presupuesto Jorge Muñoz afirmó que hoy se reunirá con el presidente Martín Vizcarra y que le gustaría poder hablar con él, entre otros temas, sobre el exiguo presupuesto que tiene la comuna limeña en comparación a otras importantes ciudades de la región.

“Porque el presupuesto de la Municipalidad de Lima es seis veces menor que el de Bogotá. Es también menor que el de Guayaquil, increíble, aunque pueda parecer mentira, y eso que ahí hay un tercio de la población que hay acá. Cosas por el estilo que hay que poner sobre la mesa. Hay que hacer que las cosas se puedan dar. Necesitamos tener mejores recursos para hacer cosas, sobre todo por las personas más necesitadas”, manifestó Muñoz.

El presupuesto de la Municipalidad de Lima proviene de recursos ordinarios, recursos directamente recaudados, recursos por operaciones oficiales de crédito, donaciones y transferencias, entre otros.

TRANSPORTE

Otro de los temas que conversarán Muñoz y el presidente Vizcarra es el complejo tema del transporte.

“Quiero conversar con el Presidente para sacar un teleférico desde la estación de San Carlos hasta la zona alta de San Juan de Lurigancho y que esto luego baje a la zona de Independencia, en Naranjal […]. Esto sería una obra de gran importancia para la zona norte de Lima y la zona este”, agregó.

Asimismo, Muñoz se mostró a favor de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). “El gran problema que tiene Lima es que tienes 42 alcaldes, con el del Cercado de Lima 43, además de las autoridades provinciales. Tienes facultades dispersas en el MTC, en la autoridad del tren eléctrico […] Pero si tienes una sola cabeza, puedes poner más orden”, indicó.

La ATU, que fue aprobada por el Congreso en setiembre, plantea la unificación de las gerencias de transporte de las municipalidades de Lima y Callao junto a representantes del tren eléctrico, Pro Transporte, y demás autoridades que tienen competencia en el sector, en un solo sistema que será encabezado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

PUENTES

Consultado sobre la instalación de dos nuevos puentes con arcos amarillos en la Vía Expresa de Paseo de la República, obra que fue iniciado por Luis Castañeda Lossio hace dos meses, Jorge Muñoz sostuvo que debe de analizarse el funcionamiento de los arcos, pues no están en armonía con el diseño original de dicho eje vial.

Política

Usurpadores deberán ser investigados

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Pedro Olaechea - Mrcds Aráoz

Excongresistas que tras la disolución del Congreso suspendieron irregularmente al presidente Vizcarra, y nombraron a Mercedes Aráoz como presidenta del Perú, podrían ser acusados por el próximo Parlamento y recibir condenas de hasta 7 años de cárcel.

Tras conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaró infundada la demanda competencial presentada por el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, quedó flotando una duda que hasta ahora no ha sido resuelta. ¿Qué sucederá con los excongresistas acusados de cometer el presunto delito de usurpación de funciones?

Como se recuerda, el 30 de septiembre de 2019, minutos después de que el presidente de la República, Martín Vizcarra, declarara la disolución constitucional del Congreso, la bancada fujimorista y sus aliados políticos “suspendieron” irregularmente a Vizcarra por supuesta incapacidad moral, y en acto seguido nombraron y tomaron juramento a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como “nueva presidenta” del Perú.

Además de generar diversas críticas por la flagrante usurpación de funciones, esto motivó que el excongresista Marco Arana interpusiera una denuncia ante el Ministerio Público por el presunto delito cometido.

En los días posteriores a la disolución del Congreso, el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, presentó al TC la demanda competencial y una solicitud de medida cautelar firmando como “presidente del Congreso de la República”. A raíz de esto, el procurador de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Carlos Cosavalente Chamorro, presentó una denuncia contra Olaechea y quienes resulten responsables por el presunto delito de usurpación de funciones. Ello, debido a que el único cargo que ostentaba y ostenta Olaechea a la fecha es el de presidente de la Comisión Permanente.

DELITOS DEBEN INVESTIGARSE

A criterio de Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), los presuntos delitos cometidos por los excongresistas del fujiaprismo “no se pueden borrar”. “Tras la disolución del Congreso ellos quisieron revertir este acto y terminaron cometiendo un delito. Actuaron de manera dolosa al nombrarla como presidente de la República y tener así un campo político abierto para ellos”, afirmó.

El jurista consideró que los actos posteriores a la disolución del Congreso que pretendieron omitir la disposición del presidente Vizcarra “tienen un contenido penal y deben ser investigados por la Fiscalía y sancionados por el Poder Judicial”.

“Será competencia del próximo Congreso realizar las denuncias constitucionales a estos congresistas de Fuerza Popular, el Apra, Contigo y todos los que avalaron esta pantomima. No puede quedar en borrón y cuenta nueva, el delito se cometió y debe investigarse.”, agregó.

Finalmente, Quispe advirtió que “la ley es igual para todos”, y que se sentaría un mal precedente si una actuación como la producida al cierre del Congreso queda sin investigación ni sanción alguna. “Que una actuación así quede en nada sería una verguenza para el país”.

Hay que indicar que por la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de usurpación de funciones, las penas privativas de la libertad son desde 4 hasta 7 años.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Fiscal de la Nación investigará a Lecaros por 60 días

Publicado

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José Luis Lecaros

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, dispuso el inicio de una investigación preliminar contra el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, por una presunta “omisión de denuncia”.

Ávalos abrió la investigación por un plazo de 60 días, luego de que se revelara la existencia de diálogos telefónicos del actual jefe del Poder Judicial con dos miembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Según consignó el diario Peru21, son dos las ocasiones en que ex miembros del CNM realizan pedidos ilegales al presidente del Poder Judicial sin que este denunciara el hecho.

En 2017, el exconsejero Julio Gutiérrez Pebe le pidió a Lecaros, entonces presidente de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, que fallara a favor de una casación interpuesta por el exgobernador de Áncash Enrique Vargas.

Meses después, el también exconsejero Iván Noguera llamó a Lecaros para pedirle que en su condición de miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial contratara a una persona que estaba recomendando, pero el magistrado no aceptó su solicitud.

Al sustentar la apertura de la investigación preliminar, Ávalos sostuvo que “los hechos tendrían relevancia penal y podrían subsumirse en el delito de omisión de denuncia”, que contempla hasta 4 años de cárcel, ya que Lecaros no denunció esos pedidos ilícitos.

Por su parte, Lecaros indicó que Ávalos “de repente está mal asesorada” y que la investigación “se archivará en su momento”. También señaló que Noguera no le llegó a dar el nombre del trabajador al que recomendaba.

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Política

EEUU admite que entrega $ 467 millones a golpistas en Venezuela

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Juan Guaidó

De acuerdo con un informe en el portal oficial de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), desde 2017 este organismo ha pagado 467 millones de dólares a los opositores de Venezuela bajo el pretexto de “asistencia humanitaria”.

El documento expresa que tras un acuerdo firmado en octubre de 2019, la USAID ha comprometido 128 millones de dólares para “ayudar” al líder opositor Guaidó y también para la Asamblea Nacional con el objetivo del supuesto “desarrollo de planes para recuperar la economía e implementar servicios sociales durante una transición a la democracia”.

En el texto, publicado en diciembre, la agencia estadounidense revela asignar dinero para “compensación, costos de viaje y otros gastos para algunos asesores técnicos de la Asamblea Nacional y la administración interina de Guaidó a través de fondos de asistencia”.

En otra parte del documento se lee que Estados Unidos está apoyando los esfuerzos de respuesta en 16 países, incluyendo a Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.

Asimismo, el informe remarca que USAID en Venezuela no proporciona fondos directamente a los miembros electos de la AN y a los funcionarios de la Administración de Guaidó, aunque alega que se otorgó fondo de manera competitiva a organizaciones privadas a través de contratos, donaciones o acuerdos de cooperación.

Venezuela sufre en los últimos años una aguda crisis económica, como resultado de un interminable hostigamiento de EE.UU. que ha usado las sanciones económicas para afectar la vida cotidiana del pueblo venezolano, con una escasez grave de alimentos y medicinas.

Además, desde enero de 2019, cuando el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció al golpista Guaidó como presidente interino de Venezuela, Washington ha endurecido su campaña de presión económica e incluso ha llegado a amenazar a la nación sudamericana con una intervención militar.

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