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Editorial

Por el camino de las decisiones

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Una gran expectativa han motivado los anuncios gubernamentales de nuevas medidas en materia de seguridad, principalmente en el terreno del tránsito y el transporte de pasajeros, ya puestas en vigencia, así como en el ámbito del combate a la criminalidad que casi a diario genera zozobra en los hogares peruanos.

Una primera impresión de la ciudadanía de a pie es que son positivas la simplificación de los procedimientos de sanción a las infracciones del tránsito y las normas que hacen más contundentes esos castigos, al igual que la idea –que aún no es un proyecto concreto- de aplicar en la lucha contra la delincuencia el método de las recompensas a quienes ayuden a identificar y capturar a cabecillas, que dio resultados en el combate al terrorismo.

Aunque el éxito de las medidas referidas está pendiente de comprobar en la práctica su efectividad para hacer retroceder a la cada vez más peligrosa delincuencia organizada y al crimen en general, y de otro lado a disciplinar y poner orden en las calles y las carreteras, a la opinión pública le ha parecido, siempre como impresión inicial, que de cualquier manera el gobierno escucha su clamor de decisiones en ese terreno y las ha comenzado a tomar, demostrando que no es indiferente a la exigencia ciudadana ni impasible ante la gravedad de esos problemas.

Nadie puede sostener con seriedad que los anuncios son la panacea que convertirá a nuestras ciudades en serenas urbes en las que el tránsito discurre plácido y sereno, sin siquiera bocinazos, como en países desarrollados o con mayor orden y disciplina que el nuestro, o que los criminales van a alzar las manos y entregarse o van a salir huyendo del país solo porque se le ponga precio a sus cabezas.

Pero esas medidas iniciales, siendo positivas y saludables, deben complementarse con otras acciones de carácter preventivo y formativo. Y también de mayor alcance, como políticas que mejoren la oferta de empleo para que no haya por ejemplo tanto desocupado que encuentre formas de supervivencia en actividades más o menos marginales, como conducir una combi asesina o convivir casi en la complicidad con el crimen organizado.

También es ciertamente indispensable que se busque y se propicie, construyendo credibilidad y canales, la participación masiva y organizada de la ciudadanía, en las tareas de la seguridad ciudadana y del ordenamiento del tránsito y el transporte.

Es tiempo también que todos los sectores converjan en el impulso a esos objetivos, al margen de pasiones y mezquindades políticas, como la de políticos mediocres y medios de prensa fanatizados que, en el caso del tránsito y el transporte de Lima, se dedican a boicotear la reforma emprendida por el municipio solo porque la Alcaldesa de la ciudad, que se ha echado encima ese esfuerzo, o el gobierno nacional, que ha comenzado a tomar medidas, no son de su predilección.

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Editorial

Más transparencia y menos corrupción

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Como parte de las medidas de emergencia para en­frentar la pandemia de coronavirus, el Gobierno ha modificado el Reglamento de la Ley de Con­trataciones del Estado para impedir, durante los próximos tres meses, que los participantes puedan elevar al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) los cuestionamientos que tengan al pliego de abso­lución de consultas y observaciones.

Al respecto, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) ha advertido que esta disposición excepcional dispuesta por el Poder Ejecutivo abre una puerta a posibles casos de corrup­ción. Y, lo que es peor, si la norma tenía por objeto agilizar el proceso de contratación pública, el efecto será contrario a los fines que debería cumplir.

Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), ello se debe a que los participantes afectados ante una decisión arbitraria, ilegal o antitécnica de parte de los comités de selección estarían habilita­dos para interponer el re­curso de apelación una vez otorgada la buena pro, alar­gando así con creces el pro­cedimiento y dificultando la contratación de bienes, servicios y obras.

Asimismo, la CCL ha se­ñalado que el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece que los participantes en una licita­ción y concurso público pue­den cuestionar el pliego de absolución de consultas y observaciones, así como las bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones.

Para el presidente de la Comisión de Contrataciones del Estado, Raúl Barrios, con estas modificaciones se contravie­ne los principios de competencia e integridad y se favorece la impunidad y corrupción en las contrataciones públicas. Esta modificación a la norma permite que se den actos de corrupción ya que se podría direccionar las licitaciones a un determinado postor sin que el OSCE pueda intervenir.

Sería bueno que el gobierno tome debida nota de es­tas observaciones para no dejarle una puerta abierta a la corrupción. Es por ello que se requiere de la mayor trans­parencia en estos procesos con la finalidad de promover la participación de más empresas nacionales y extranjeras, a través de medidas que permitan fortalecer la potestad fisca­lizadora del OSCE y su rol como ente rector en los procesos de contratación pública. Hace falta, pues, más transparen­cia y menos corrupción.

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Editorial

Urgen medidas eficaces

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Según el último reporte del Ministerio de Salud, el número de casos positivos del nuevo coronavirus Covid-19 asciende a 141,779 y la cifra de fallecidos se elevó a 4,099. En la víspera la cifra de contagios as­cendía a 135,905 y la de decesos a 3,983, es decir, en las últi­mas 24 horas se procesaron 5,874 casos nuevos y fallecieron 116 personas. Los nuevos registros ponen de manifiesto la precariedad de nuestro sistema de salud que no puede ser achacada a este Gobierno, pues el problema viene de hace más de 25 años.

La verdad es que nuestros hospitales, tanto del Minsa como de EsSalud ya estaban colapsados desde hace mucho tiempo. Solo hay que recordar las colas que se producían años atrás en los nosocomios de la seguridad social para in­tentar conseguir una cita y cuando un suertudo por fin lo conseguía era para ser atendido dentro de tres o cuatro me­ses. Asimismo, las farmacias de hospitales del Minsa desa­bastecidas de medicinas. Los pacientes siempre se han quejado de ello, y siempre se ha ofrecido solucionar el problema, pero nada se ha hecho al respecto.

Epidemias y pandemias siempre las hubo, pero la población del Perú ahora es mucho mayor que antes y las viviendas se construyen cada vez más pequeñas. Las familias numerosas, en los niveles socioeconómicos D y E viven prácticamente ha­cinadas. Una buena parte de la población carece de los ser­vicios de agua y desagüe. Cómo entonces se puede esperar que sigan el consejo de lavarse las manos a cada momento. En nuestro país hay más del 70 por ciento de informalidad; son pocos los que contribuyen con sus impuestos, y después de la pandemia del nuevo coronavirus muchos puestos de trabajo habrán desaparecido.

El problema se va a agravar porque los sectores informa­les de nuestra economía, aquellas personas que viven del día a día, ya se están desbordando y el Gobierno no va a poder obligarlos a quedarse en casa porque a un número importante de familias aún no les ha llegado el bono, ni las canastas, ni ningún otro incentivo, mientras los pagos de alquileres y los servicios de luz, agua, pago de arbitrios municipales y otras tasas se les están acumulando, sin que nadie les garantice a esas familias que dentro de uno o dos meses van a tener ingresos. Al gobierno no le queda otra que amarrarse bien los pantalones y tomar medidas verda­deramente eficaces.

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Editorial

A ponerse las pilas

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Pérdidas por 3,000 millones de soles viene causando en el emporio industrial y comercial de Gamarra el nuevo coronavirus Covid-19. Por lo menos esa es la cifra que estima la Escuela de Negocios Internacio­nales de una universidad privada. Al igual que los empresa­rios gamarrinos, en el Perú actual hay cientos de miles de micro y pequeñas empresas que han estado esperando que pase la pandemia para abrir nuevamente sus puertas como si nada hubiera ocurrido, como si todo fuera solo cuestión de tiempo para que los compradores regresen nuevamen­te.

Sin embargo, la realidad es otra y muy diferente. Nada volverá a ser como en febrero del presente año, como lo aseguran los expertos y lo repite el presidente Martín Viz­carra en sus ya clásicas conferencias de prensa. Una de las alternativas para quienes deseen poner manos a la obra es la implementación del comercio electrónico, pues de otra manera van a estrellarse contra la pared. No puede haber aglomeraciones de público por ningún motivo y es por ello que las empresas deben cumplir con protocolos que les demandarán costos adi­cionales.

Esta situación se man­tendrá en tanto no haya una vacuna contra el Covid-19 y, de hecho, los científicos han aclarado que eso podría ocu­rrir la próxima semana o de aquí a dos años. Por el mo­mento todo es incierto. Los microempresarios, así como las pequeñas, medianas y grandes empresas, por lo pronto deben ir pensando en reinventarse porque de lo contrario estarían condenados al fracaso. De qué serviría que los ne­gocios se endeuden con los bancos para obtener créditos que nadie sabe si les servirán para volver a levantar cabeza.

La coordinadora de Empresarios de Gamarra, Susana Saldaña, ha expresado su preocupación por el crítico mo­mento por el que atraviesa nuestra economía y ha anuncia­do el lanzamiento oficial de Gamarraperu.pe lo que se espe­ra concretar en la quincena de junio, con una dinámica de marketplace, la cual albergará diversas marcas y productos, como ropa, calzado, accesorios, maquinarias y demás; pero para hacerlo más atrayente tendrán su propio servicio deli­very/courier, así como un sistema de pago en línea dónde se aceptarán todas las tarjetas, e incluso transferencias. Solo faltaría que el Gobierno se ponga las pilas para ayudar a este sector que da ocupación en forma directa a por lo me­nos 100 mil personas.

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