Política
Policía golpea y detiene a fotógrafo Raúl Arriarán
Reportero del diario UNO cubría la marcha juvenil
Al cierre de la edición el reportero gráfico del diario UNO, Raúl Arriarán, continuaba detenido en la comisaría de Alfonso Ugarte, donde los policías lo acusan por resistencia y violencia contra la autoridad, por el hecho de impedir que le quiten su credencial de prensa y su cámara fotográfica, tal como lo confirman una decena de testigos.
Arriarán refirió que un grupo de policías, al verlo que tomaba fotos de los incidentes registrados anoche, le exigieron que se identifique con su credencial de prensa y cuando lo hizo intentaron quitársela y arrebatarle la cámara, a lo que se resistió, por lo que fue rodeado por una veintena de uniformados que lo golpearon, lo tiraron al suelo y lo cargaron en vilo para detenerlo. El ministro Urresti, en su balance de los incidentes, omitió mencionar el abuso contra Raúl Arriarán.
El comandante a cargo de la comisaría, Jhon Becerra, no permitió que Arriarán hable con su abogado y se limitó a informar que estaban esperando a un supuesto capitán agraviado quien debía dar su manifestación de los hechos, dejando entrever que nuestro reportero gráfico, quien apenas pudo proteger su cámara, agredió a uno de los policías.
El ministro Urresti dijo anoche que los policías actuaron pacíficamente, sin embargo las imágenes dan cuenta de un grave exceso policial.
Política
PJ admite a trámite hábeas corpus a favor de Yenifer Paredes
El Segundo Juzgado Constitucional de Lima admitió a trámite la demanda de hábeas corpus que presentó el abogado Marco Riveros Ramos a favor de la cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes. La pretensión del letrado es que se declare la nulidad del proceso seguido contra la hermana de la primera dama Lilia Paredes, incluyendo la orden de prisión preventiva por 30 meses.
Riveros Ramos requiere a la justicia constitucional anular las disposiciones dictadas por el juez Johnny Gómez Balboa, del Tercer Juzgado de investigación Preparatoria, debido a que, según considera, el proceso contra Paredes Navarro se debería tramitar ante la Corte Suprema.
Política
Exigen al Gobierno que no se inicie proyecto minero Pukaqaqa Sur
Tras agotarse todas las vías administrativas por parte del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), al haber denegado el recurso de nulidad interpuesto por la Municipalidad Provincial de Huancavelica y el Frente de Defensa de la provincia hace un año, el 7 de julio del 2021, en contra de la aprobación irregular de la Declaratoria de Impacto Ambiental del proyecto minero Pukaqaqa Sur; el secretario general del Frente de Defensa, Miguel Cárdenas, anunció días atrás que presentarán un recurso de amparo para detener el inicio de operaciones del proyecto minero de la empresa Nexa Resources en la cabecera de la microcuenca de Callqui, del distrito de Ascención, en Huancavelica.
La regidora Elsa Benavente recordó que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero que fue aprobado por el MINEM, plantea realizar 20 plataformas y 40 perforaciones o sondajes, de 100 a 1000 metros de profundidad en plena cabecera de microcuenca, en un ecosistema frágil donde nace el agua. “El riesgo de la contaminación de las aguas subterráneas con arsénico y otros metales pesados es inminente, lo que contaminaría la quebrada Callqui y por lo tanto la captación de agua de la que se abastece la Empresa EMAPA Huancavelica, que tendría que cerrar esa captación perjudicando a más de 50 mil pobladores que se quedarían sin agua potable, poniendo en riesgo su salud”, señaló.
Por su parte, el monseñor Carlos Salcedo, obispo de Huancavelica, indicó que “en este caso se está priorizando un interés económico en desmedro de más de 50 mil personas”. “Esto no se ha consultado a ninguna persona de Huancavelica. La decisión solo la tomó el MINEM con la empresa minera. Pedimos que se nos escuche y el gobierno no autorice este proyecto minero Pukaqaqa Sur”, exigió.
Política
Histeria derechista contra la memoria en el conflicto armado interno
Ante un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para declarar el Día Nacional de las Personas Desaparecidas, los congresistas Muñante y Cavero expresaron su rechazo a reconocer los crímenes cometidos desde el Estado.
Mediante un proyecto de ley presentado al Congreso, el Ejecutivo propuso declarar el 30 de agosto como el ‘Día Nacional de las Personas Desaparecidas durante el período de Violencia 1980-2000’, lo que pese a que aún falta ubicar a más de 16 mil de los 21 mil desaparecidos en dicho periodo de tiempo, desató la ira de congresistas de la ultraderecha local.
“Se dice terrorismo, señor Castillo. Llame a las cosas por su nombre. Además, este proyecto de Ley es una ofensa al querer reemplazar el día de la gloriosa Policía Nacional del Perú y de Santa Rosa. No pasará“, publicó en sus redes sociales el congresista de Avanza País, Alejandro Cavero.
Su colega de Renovación Popular, y tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante, opinó por su parte que el presidente debe llamar a “las cosas por su nombre”. “Nada de ‘periodo de violencia’ o ‘conflicto armado’, es terrorismo. Esta iniciativa, más que tratar una problemática real, es la instrumentalización legal de una consigna política-ideológica”, expuso en Twitter.
Al respecto, la exministra de Cultura y familiar de una de las víctimas en el caso La Cantuta, Gisela Ortiz, manifestó que “lo peor es que muchos hablan desde la ignorancia”. “No saben, no conocen, y les gusta descalificar o adjetivar. En primer lugar, el Día Internacional de los Desaparecidos lo conmemora la Organización de Naciones Unidas cada 30 de agosto, y en nuestro país esto coincide con el día de la PNP. de Santa Rosa y de la enfermera”, señaló a Diario Uno.
Indicó que esta coincidencia “a veces es un obstáculo porque se invisibiliza un dia que podría servir para reconocer que hay peruanos y peruanas desaparecidos, no solamente por el periodo de la violencia del ‘80 al 2000 por las desapariciones forzadas con responsabilidad del Estado, sino también por la desaparición como tal que es un delito actual. ¿Cuántas mujeres son víctimas de feminicidio y desaparecidas cada año? Esto nos podría ayudar a pensar en el tipo de políticas necesarias para prevenir estos delitos”, dijo.
Acerca del proyecto presentado por el Ejecutivo, señaló que este se ajusta a la exigencia de los familiares de desaparecidos que han planteado declarar un día para conmemorar a las víctimas. “Y aunque es un tema que pueda ser estigmatizado y no ser aprobado en el Congreso, esto no significa que no existan desaparecidos y que los familiares de las víctimas no tengan derechos”, apuntó.
IGNORANCIA Y NEGACIÓN
Ortiz también cuestionó el rechazo de los congresistas Muñante y Cavero, los que atribuyó a la ignorancia sobre el tema. “Es gente negacionista que sigue negando los crímenes del Estado. Cuando quieres simplificar el periodo de violencia que hemos vivido a solamente terrorismo, estás hablando de la responsabilidad de Sendero Luminoso y del MRTA, que sin duda son grupos terroristas que han cometido una serie de crímens que todos tenemos que condenar; pero no significa que no haya habido una respuesta violenta desde el Estado que derivó en la comisión de crímenes y violaciones a derechos humanos”.
En esa línea, advirtió que “de nada ayuda desconocer los hechos, por el contrario debemos tener la madurez política para conversar sobre el tema y no dejar de reconocer que existen las víctimas y que tienen derecho a la memoria, a la justicia y a la búsqueda de sus cuerpos, más allá de que esto guste a los congresistas o no”. “Además, estos son derechos internacionales reconocidos por la convención de desapariciones forzadas de la ONU y también por el propio sistema interamericano mediante sus diversas sentencias”, agregó.
Por otro lado, acusó que no solamente desde el fujimorismo se ha advertido un sistemático sabotaje a eventos relacionados a la construcción de la memoria sobre este periodo, sino que esto también se presenta en sectores “desde el Apra y Acción Popular que tienen responsabilidades políticas por crímenes cometidos entre el ‘80 y 2000, y siguen tratando de cambiar la historia y las responsabilidades”.
“Los crímenes existieron, y son historias que no se pueden negar más allá del gusto o no de los congresistas. Hay que denunciar la manipulación de esa historia. Los familiares somos los principales defensores de nuestra memoria”, dijo.
CRÍMENES SIN CASTIGO
La exministra de Cultura señaló que “no hay en el Perú una política de búsqueda de personas desaparecidas; existe una ley dada el 2016 para impulsar esto pero seguimos siendo un Estado desarticulado para buscar una respuesta”. “La principal cantidad de información la tienen las fuerzas armadas y policiales, porque los desaparecidos forzados son víctimas de crímenes cometidos por agentes del Estado. No ha habido un nivel de colaboración para el esclarecimiento de estos crímenes, y el Estado tendría que articularse para tener una respuesta única y de una vez terminar con este periodo de violencia que sigue causando dolor a los familiares”.
Finalmente, cuestionó que “tenemos un sistema de justicia sin capacidad de respuesta para condenar a los responsables”. “Tenemos procesos lentos, que no avanzan, y los pocos que llegan al sistema judicial lo hacen luego de 30 años, como el de la periodista Melissa Alfaro que aun no empieza el juicio oral, o el propio caso de La Cantuta, en el que todavía no inicia el juicio contra Montesinos y Hermosa Ríos. 30 años después qué sentido de justicia puede tener todo esto”, lamentó.
EL DATO
La Defensoría del Pueblo requirió que el Estado brinde el presupuesto necesario “para realizar la búsqueda de las más de 16 000 personas desaparecidas que aún faltan recuperar y la identificación de los más de 1000 restos que se encuentran en el Instituto de Medicina Legal.
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