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Política

Podrían pedir la disolución de Fuerza Popular

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Keiko Fujimori, fujimoristas Fuerza Popular

El Poder Judicial aceptó el pedido fiscal para incorporar a Fuerza Popular a las investigaciones por lavado de activos en el caso Cócteles. Próxima acusación del Ministerio Público podría solicitar la suspensión del partido y hasta su disolución.

El Poder Judicial decidió declarar fundado el requerimiento del Ministerio Público para incorporar a Fuerza Popular como persona jurídica en el proceso de investigación por el caso Cócteles, donde se habría cometido el delito de lavado de activos a partir de la recepción de dinero ilegal de la empresa brasileña Odebrecht.

Según la resolución del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Crimen Organizado, el juez Víctor Zúñiga determinó aceptar el pedido fiscal por considerar que la organización política Fuerza Popular se encuentra conectada con el delito de lavado de activos a partir de la recepción del dinero ilegal.

La autoridad judicial indicó en el documento que, con la emisión de la resolución, no se afecta la democracia en el país en tanto las consecuencias que pudiera tener la persona jurídica no convierte a todos sus integrantes, miembros o votantes en responsables de lo que hayan podido realizar algunas personas, ya que de acuerdo a la Fiscalía “se instrumentalizó al partido político para satisfacer los fines delictivos de la organización criminal”.

La decisión del Poder Judicial de incorporar a Fuerza Popular en la investigación por lavado de activos podría traer como consecuencia que en la acusación fiscal el fiscal José Domingo Pérez se incluya el pedido de disolución de la persona jurídica, de acuerdo al artículo 105 del Código Penal. Otras consecuencias accesorias podrían ser eventualmente una suspensión temporal del partido político, o una multa que podría llegar hasta S/ 1 millón 260 mil.

Cabe recordar que la solicitud para incluir a Fuerza Popular en las investigaciones por lavado de activos fue presentada por el fiscal Pérez el 31 de julio, y se sustentó en Acuerdo Plenario 1-2017 en materia penal para sostener que “sí constituye una organización criminal en tanto los dirigentes se aparten del derecho y creen una organización criminal con estructura propia, con cobertura de la estructura partidaria”.

ACUSACIÓN ANTES DE FIN DE AÑO

A criterio del abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, la acusación que debe presentar la Fiscalía podría darse incluso antes de fin de año, tomando en cuenta el tiempo que ya lleva la investigación y la acumulación de posibles medios probatorios.

“Ahora hay la obligación legal de la empresa y de sus funcionarios, porque están actuando de manera corporativa, de brindar toda la información que resta para que ocurra algo que va a ser importante que comience a ocurrir desde fines de este año e inicios del próximo: la formulación de las acusaciones”, afirmó en entrevista con Radio Nacional.

Rivera indicó que el tiempo de las investigaciones en promedio son dos años y que, aparte del caso de Toledo y el de Humala-Heredia donde ya está discutiendo la acusación, en el resto ameritaría que ya la fiscalía entre ya al terreno de cerrar la investigación y formular acusación. Eso ayudaría a colocar los casos en otra dimensión, en otra etapa procesal”, apuntó.

NUEVA PRISIÓN PREVENTIVA

En tanto, tras las declaraciones que el excongresista Daniel Salaverry y el empresario Antonio Camayo brindaron al Ministerio Público, a criterio del exmagistrado del Tribunal Constitucional, Fernando Calle, el fiscal Pérez podría solicitar nuevamente la prisión preventiva para Keiko Fujimori, ya que existirían “hechos nuevos”.

“Domingo Pérez ha cuestionado la decisión del TC respecto al caso de Keiko Fujimori. Yo le diría que pida la detención preventiva de nuevo porque hay hechos nuevos, porque aquí se está buscando ir al fondo” manifestó en entrevista con Radio Nacional.

Según lo afirmado por Calle, se podría pedir la prisión preventiva siempre y cuando no sea por hechos ya juzgados. Respecto a los testimonios aludidos por el exmagistrado, hay que indicar que el empresario automotriz e implicado en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, Antonio Camayo, reafirmó el viernes ante el fiscal Pérez que utilizó el apelativo de Señora K para referirse a Keiko Fujimori en una conversación con el exjuez César Hinostroza.

Para Carlos Rivera, era claro que Camayo cumplía con un papel de bisagra y operador a la vez. “Es una persona con un vínculo directo y amical con personajes de Fuerza Popular o vinculados al partido, y juega como bisagra o puente con César Hinostroza para facilitar encuentros ilegales e indebidos y luego facilitar actos de corrupción”, señaló.

Por su parte, el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, utilizó sus redes sociales para cuestionar cómo fue que Keiko Fujimori llegó a acceder a la agenda personal del expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, como afirmó el excongresista Daniel Salaverry al Equipo Especial Lava Jato. “La señora K ejerció su poder, desde el Congreso que controló, sin limitación legal y sin pudor. En ese sentido fue una alumna aplicada de su padre y Montesinos, agregó.

Como se recuerda, Salaverry relató que Keiko Fujimori le había entregado un sobre cerrado con documentos para que sea entregado al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry. Sin embargo, el sobre nunca llegó a su irregular destinatario y fue entregado por Salaverry a un equipo de fiscales.

 

José Alfredo Madueño

Política

Usurpadores deberán ser investigados

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Pedro Olaechea - Mrcds Aráoz

Excongresistas que tras la disolución del Congreso suspendieron irregularmente al presidente Vizcarra, y nombraron a Mercedes Aráoz como presidenta del Perú, podrían ser acusados por el próximo Parlamento y recibir condenas de hasta 7 años de cárcel.

Tras conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaró infundada la demanda competencial presentada por el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, quedó flotando una duda que hasta ahora no ha sido resuelta. ¿Qué sucederá con los excongresistas acusados de cometer el presunto delito de usurpación de funciones?

Como se recuerda, el 30 de septiembre de 2019, minutos después de que el presidente de la República, Martín Vizcarra, declarara la disolución constitucional del Congreso, la bancada fujimorista y sus aliados políticos “suspendieron” irregularmente a Vizcarra por supuesta incapacidad moral, y en acto seguido nombraron y tomaron juramento a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como “nueva presidenta” del Perú.

Además de generar diversas críticas por la flagrante usurpación de funciones, esto motivó que el excongresista Marco Arana interpusiera una denuncia ante el Ministerio Público por el presunto delito cometido.

En los días posteriores a la disolución del Congreso, el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, presentó al TC la demanda competencial y una solicitud de medida cautelar firmando como “presidente del Congreso de la República”. A raíz de esto, el procurador de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Carlos Cosavalente Chamorro, presentó una denuncia contra Olaechea y quienes resulten responsables por el presunto delito de usurpación de funciones. Ello, debido a que el único cargo que ostentaba y ostenta Olaechea a la fecha es el de presidente de la Comisión Permanente.

DELITOS DEBEN INVESTIGARSE

A criterio de Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), los presuntos delitos cometidos por los excongresistas del fujiaprismo “no se pueden borrar”. “Tras la disolución del Congreso ellos quisieron revertir este acto y terminaron cometiendo un delito. Actuaron de manera dolosa al nombrarla como presidente de la República y tener así un campo político abierto para ellos”, afirmó.

El jurista consideró que los actos posteriores a la disolución del Congreso que pretendieron omitir la disposición del presidente Vizcarra “tienen un contenido penal y deben ser investigados por la Fiscalía y sancionados por el Poder Judicial”.

“Será competencia del próximo Congreso realizar las denuncias constitucionales a estos congresistas de Fuerza Popular, el Apra, Contigo y todos los que avalaron esta pantomima. No puede quedar en borrón y cuenta nueva, el delito se cometió y debe investigarse.”, agregó.

Finalmente, Quispe advirtió que “la ley es igual para todos”, y que se sentaría un mal precedente si una actuación como la producida al cierre del Congreso queda sin investigación ni sanción alguna. “Que una actuación así quede en nada sería una verguenza para el país”.

Hay que indicar que por la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de usurpación de funciones, las penas privativas de la libertad son desde 4 hasta 7 años.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Fiscal de la Nación investigará a Lecaros por 60 días

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José Luis Lecaros

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, dispuso el inicio de una investigación preliminar contra el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, por una presunta “omisión de denuncia”.

Ávalos abrió la investigación por un plazo de 60 días, luego de que se revelara la existencia de diálogos telefónicos del actual jefe del Poder Judicial con dos miembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Según consignó el diario Peru21, son dos las ocasiones en que ex miembros del CNM realizan pedidos ilegales al presidente del Poder Judicial sin que este denunciara el hecho.

En 2017, el exconsejero Julio Gutiérrez Pebe le pidió a Lecaros, entonces presidente de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, que fallara a favor de una casación interpuesta por el exgobernador de Áncash Enrique Vargas.

Meses después, el también exconsejero Iván Noguera llamó a Lecaros para pedirle que en su condición de miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial contratara a una persona que estaba recomendando, pero el magistrado no aceptó su solicitud.

Al sustentar la apertura de la investigación preliminar, Ávalos sostuvo que “los hechos tendrían relevancia penal y podrían subsumirse en el delito de omisión de denuncia”, que contempla hasta 4 años de cárcel, ya que Lecaros no denunció esos pedidos ilícitos.

Por su parte, Lecaros indicó que Ávalos “de repente está mal asesorada” y que la investigación “se archivará en su momento”. También señaló que Noguera no le llegó a dar el nombre del trabajador al que recomendaba.

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Política

EEUU admite que entrega $ 467 millones a golpistas en Venezuela

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Juan Guaidó

De acuerdo con un informe en el portal oficial de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), desde 2017 este organismo ha pagado 467 millones de dólares a los opositores de Venezuela bajo el pretexto de “asistencia humanitaria”.

El documento expresa que tras un acuerdo firmado en octubre de 2019, la USAID ha comprometido 128 millones de dólares para “ayudar” al líder opositor Guaidó y también para la Asamblea Nacional con el objetivo del supuesto “desarrollo de planes para recuperar la economía e implementar servicios sociales durante una transición a la democracia”.

En el texto, publicado en diciembre, la agencia estadounidense revela asignar dinero para “compensación, costos de viaje y otros gastos para algunos asesores técnicos de la Asamblea Nacional y la administración interina de Guaidó a través de fondos de asistencia”.

En otra parte del documento se lee que Estados Unidos está apoyando los esfuerzos de respuesta en 16 países, incluyendo a Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.

Asimismo, el informe remarca que USAID en Venezuela no proporciona fondos directamente a los miembros electos de la AN y a los funcionarios de la Administración de Guaidó, aunque alega que se otorgó fondo de manera competitiva a organizaciones privadas a través de contratos, donaciones o acuerdos de cooperación.

Venezuela sufre en los últimos años una aguda crisis económica, como resultado de un interminable hostigamiento de EE.UU. que ha usado las sanciones económicas para afectar la vida cotidiana del pueblo venezolano, con una escasez grave de alimentos y medicinas.

Además, desde enero de 2019, cuando el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció al golpista Guaidó como presidente interino de Venezuela, Washington ha endurecido su campaña de presión económica e incluso ha llegado a amenazar a la nación sudamericana con una intervención militar.

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