El coordinador del Equi­po Especial Lava Jato, Rafael Vela, reveló en una entre­vista concedida a La Repú­blica que los magistrados que ordenaron la libertad de Keiko Fujimori actuaron con parcialidad y que ha­brían tomado la decisión de liberarla incluso antes de la audiencia.

“La decisión judicial ilegal de favorecer a la señora Keiko Fujimori comienza cuando se le extiende el plazo para la apelación, mientras que para cualquier ciudadano es distinto: y se le negóal Ministerio Publico poder defenderse cuando expre­samos nuestra voluntad de participar en la audiencia y pedimos la postergación hasta que se levante el aisla­miento obligatorio. Por eso pensamos que la decisión de liberar a Keiko Fujimori ya estaba tomada antes de la audiencia. La decisión judicial se tomó́ solo es­cuchando a una parte y eso se llama desigualdad”, manifestó.

Por otro lado, Vela de­nunció que se habría lle­vado a cabo un “trámite parcializado para resolver la apelación”. Según indicó, “se buscóla excarcelación a todo trámite y en el menor tiempo posible”.

El fiscal también indi­có que los representantes del Ministerio Público no pudieron expresar en au­diencia ninguna posición de defensa. “Nosotros pe­dimos la postergación de la audiencia hasta que se levantara el aislamiento social obligatorio, porque no teníamos acceso a la car­peta de investigación como Fiscalía Superior. Sin embar­go, la misma se llevóa cabo solo con la presencia de la defensa de la investigada”, señaló.

Por ello, de acuerdo a lo revelado por el fiscal, el Mi­nisterio Público se vio privado de ejercer el derecho a defen­der su posición institucional. “Por esa razón interpretamos claramente que se trata de una decisión absolutamente parcializada”, acotó.

Ya no es una especulación, sino es una posición de la Sala y eso revela para nosotros una serie de actos concatenados o relacionados que nos hacen claramente deducir que la Sala estaba actuando con ab­soluta parcialidad a favor de la señora Keiko Fujimori.

Esto se suma no solamen­te al hecho de que no nos hayan permitido defendernos procesalmente dentro de la audiencia, sino también se hizo una interpretación del plazo para apelar exclusiva­mente a favor de la señora Keiko Fujimori.

Para el fiscal, la resolu­ción judicial favorable a la lideresa de Fuerza Popular se debe a una “interpretación particular” de los jueces Ró­mulo Carcausto y Sonia Torre, la que calificó de arbitraria e ilegal.

ANTECEDENTES CUESTIONABLES

Respecto a los jueces Ró­mulo Carcausto y Sonia Torre, Diario Uno advirtió el 5 de marzo sobre los polémicos antecedentes de ambos ma­gistrados, quienes contaban en su haber diferentes sen­tencias favorables a investi­gados en casos de corrupción emblemáticos, como son los de la red Orellana, el caso Odebrecht, Los Cuellos Blan­cos del Puerto y el Club de la Construcción.

A criterio del exprocu­rador anticorrupción, Julio Arbizu, el cuestionamiento hacia los miembros de la sala debió ser materia de atención por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), dada la “con­formación contraria a una situación de imparcialidad”. “Creo que la JNJ tiene que to­mar en cuenta cuando una de las partes pone de manifiesto sospechas respecto a la par­cialidad de los magistrados, y esto lo expresó el Ministerio Público”, indicó.

Arbizu remarcó que si bien el tema de la pande­mia exige de parte del Po­der Judicial una evaluación rigurosa de cómo se afecta las condiciones de la prisión preventiva, el caso de Keiko Fujimori no tiene nada que ver con este contexto, por lo que calificó de “una locura” la resolución favorable a sus argumentos de fondo para pedir el cese de la prisión pre­ventiva. “Porque habría que hacer un análisis jurídico para determinar si los elementos que ameritaron dicha prisión preventiva han cesado. Esto es sumamente preocupante porque hablamos de un caso contundente con elementos de convicción en cuanto a la afectación permanente del proceso, y genera un prece­dente nefasto para la lucha anticorrupción”, apuntó.

PRIVILEGIOS PARA INVESTIGADOS POR CORRUPCIÓN

Por su parte, el abogado del Instituto de Defensa Le­gal (IDL), Juan José Quispe, advirtió sobre presuntos favoritismos al interior del Poder Judicial para los inves­tigados por casos de corrup­ción. “Hubo una resolución del Poder Judicial, presidido por el señor José Luis Lecaros, que exhortaba a los jueces a que revisarán de oficio las prisiones preventivas por medidas alternativas, como comparecencia o arresto domiciliario. Pero extraña y curiosamente solamente el sistema anticorrupción que ve casos de corrupción de funcionarios es el úni­co, aparte de los juzgado

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO
Redactor Política