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Política

Pobladores de Canta acusan inacción del Es tado ante desastre ambiental

Mientras la transnacional Glencore, confesa corrupta ante la justicia de EE.UU., judicializa las multas impuestas por la OEFA, el zinc vertido en el río Chillón ya empieza a causar estragos en la población intoxicada.

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Pobladores de Canta acusan inacción del Es tado ante desastre ambiental

El derrame de 34 toneladas de concentrado de zinc provenientes de la empresa minera Volcan, propiedad de la trasnacional Glencore, ha causado un desastre ecológico en las comunidades y poblaciones de la cuenca del río Chillón.

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció el martes a través de sus redes sociales que, luego del derrame de zinc se ha evaluado la calidad del agua en siete puntos, tras lo cual se ha detectado que en Cullhuay hubo un incremento de 70.8 veces más la concentración del mineral en la zona.

“El análisis del segundo punto (Cullhuay) reveló un incremento de 70.8 veces más la concentración de zinc, en comparación a 500 metros antes del punto de la contaminación”, precisó la entidad en un comunicado.

Asimismo, se informó que el 16 de junio el Equipo de Gestión Integral de Plantas de Sedapal realizó el monitoreo en dichos puntos a lo largo de 100.5 kilómetros del río Chillón para determinar la afectación por el mencionado derrame.

Sedapal también detalló que la presencia del mineral disminuye desde el puente Chaperito en el km 71.5 de la carretera Lima – Canta, y al llegar a la bocatoma de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Chillón “no se evidencia la afectación del agua por el derrame del mineral”, y que la empresa “garantiza la calidad del agua potable“.

No obstante, desde el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú señalaron en un pronunciamiento que “la respuesta ante esta emergencia requiere sentido de urgencia, la aplicación de tecnologías apropiadas, seguimiento contínuo y transparencia en la comunicación”.

En el comunicado indicaron que el zinc se bioacumula en la cadena alimenticia. Como ejemplo, recordaron que días atrás se reportó la grave afectación que el derrame ha tenido en piscigranjas, generando la muerte de miles de truchas (equivalentes a 600 toneladas), por lo que concluyeron que es casi segura la afectación al ecosistema del río Chillón.

En esa línea, el CIP señaló que “es fundamental que se evalúe con más profundidad el nivel de afectación a las actividades agrícolas y ganaderas que se desarrollan aguas abajo”.

Finalmente, pidieron a las autoridades evaluar las sanciones de ley contra los responsables del desastre ecológico, y a generar una cultura preventiva y no solo correctiva frente a las emergencias ambientales.

 

PROTESTA DE POBLADORES

El lunes, pobladores de Canta bloquearon carreteras y exigieron a las autoridades que atiendan sus demandas, limpien efectivamente el valle y protejan los recursos hídricos.

Específicamente, exigieron al Ministerio de Energía y Minas que recupere el total de las 34 toneladas del mineral vertido, ya que hasta el momento apenas se han recogido cuatro toneladas.

“Esta no es una afectación pequeña, es una afectación a toda una cuenca, la cuenca del Chillón. Por eso, en el Frente de Defensa participamos dueños de piscigranjas, juntas de riego y alcaldes y presidentes de comunidades. Somos todo un pueblo que no quiere que envenenen más a Canta”, precisó Elmer Páez, secretario general del Frente de Defensa de Canta.

También criticó que del lugar del derrame (zona de Cullhuay) solo se haya logrado recoger 5 toneladas de las 34 que cayeron al río Chillón. “¿Y el resto dónde está? Es claro que ha seguido su curso, poniendo en riesgo a las demás zonas de Lima norte”, agregó.

Al respecto, el Ministerio de Salud emitió esta semana una alerta epidemiológica disponiendo que la Diresa Lima y la Diris Lima Norte deberán difundir al personal de salud los síntomas por exposición a zinc para la identificación oportuna, atención médica y otros.

Según consignó la Red Muqui, los pobladores también advirtieron que ya se presentan casos con síntomas de intoxicación por el metal, los que podrían empeorar si las autoridades no toman las medidas pertinentes ya que las aguas del río Chillón son utilizadas para consumo humano, piscicultura, agricultura, ganadería y turismo.

Hay que mencionar que el mineral concentrado de zinc produce toxicidad irreversible en el agua por la exposición prolongada en los ambientes acuáticos y terrestres que conducen a la liberación de los metales que causan efectos tóxicos en los organismos. Además, los riesgos de exposición o inhalación de altas concentraciones del mineral concentrado de zinc pueden causar irritación del tracto respiratorio superior de las personas y puede generar fiebre por los humos metálicos y escalofríos, náuseas y vómitos.

Cabe recordar que el sistema de transporte de minerales desde las unidades mineras se realiza a través de camiones que no tienen los protocolos de seguridad y tampoco un Plan de Contingencia para evitar esta tragedia ambiental. Esto ocasiona que incidentes de este tipo se produzcan frecuentemente.

TRANSNACIONAL CONTAMINADORA

En cuanto a la empresa transnacional Glencore, propietaria de la minera Volcan y de su unidad Alpamarca, propietaria de las 30 toneladas de concentrados de zinc derramados en el río Chillón, este no es el primer incidente en el que ocasiona graves daños al medio ambiente en el Perú.

CooperAcción recordó que sus operaciones en el proyecto Antapaccay, ubicado en Espinar (Cusco), mantiene “serios cuestionamientos por una serie de problemas con el convenio marco que tienen con la provincia cusqueña, y tensiones permanentes con las comunidades a causa de la contaminación por metales tóxicos existente en el entorno”.

Y en Cerro de Pasco, la empresa minera Volcan, de su propiedad, también ha sido seriamente cuestionada por la contaminación ambiental generada, siendo acusada por decenas de familias como la responsable de la contaminación de plomo en la sangre de sus hijos.

Eso no es todo. Glencore, que semanas atrás fue noticia a nivel mundial tras haber admitido ante la justicia de Estados Unidos haber montado un esquema internacional de sobornos y manipulación de precios al más puro estilo Lava Jato, mantiene en el Perú una serie de procesos judiciales que tienen como objetivo la anulación de multas por infracciones ambientales que alcanzan los 19,6 millones de soles.

“La compañía minera Volcan, que pertenece al conglomerado Glencore, es reincidente en infracciones y es la que más multas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha judicializado. Según el Registro Único de Infractores Ambientales Sancionados por el OEFA (RUIAS), ha cometido 225 infracciones desde el 2010, principalmente por haber excedido los límites máximos permisibles de emisiones mineras, estándares que de ser sobrepasados pueden causar daños a la salud y al ambiente. Otros de los motivos son no cumplir con compromisos o normas ambientales, y no adoptar medidas de previsión y control ambiental”, consignó la semana pasada el portal Salud con lupa.

Tal como refiere el informe, en el Perú, judicializar las multas es una estrategia muy común que emplean las empresas de toda índole. Esto significa llevarlas a un proceso judicial que puede tardar varios años, todo con el fin de retrasar el desembolso del dinero mientras siguen operando.

 

DATO

A través de un comunicado, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo informó que el director general de Políticas de Desarrollo Turístico, José Espinoza, y funcionarios del sector, se reunieron con los operadores turísticos de Canta para coordinar acciones de apoyo.

Así, se estableció que el Mincetur gestionará la implementación de empleos temporales a través del programa Lurawi Perú, a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

Política

Candidata a municipio de Pueblo Libre es deudora morosa

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En redes sociales han cuestionado que Tello haya mezclado campañas de salud con la actividad proselitista.

La improvisación en su máxima expresión. La aspirante de Renovación Popular al sillón municipal del distrito de Pueblo Libre, Mónica Tello, ha realizado su campaña electoral asegurando contar con la experiencia necesaria para realizar una gestión exitosa, pero contradictoriamente su nombre figura en el Registro de Deudores Morosos del Poder Judicial.

Una simple búsqueda en la plataforma del Servicio de Consulta en el mencionado registro del Poder Judicial, arroja como resultado la ficha de la candidata de Renovación Popular, que de acuerdo a la ejecución de laudo arbitral dispuesta por el 16 Juzgado Civil Comercial de Lima,  aún consigna una deuda por 26 mil dólares.

Sendas resoluciones emitidas por este juzgado en el 2019 (Expediente N° 09084-2018-0-1817-JR-CO-16) determinaron la existencia de una deuda por alquileres por más de 44 mil dólares, el desalojo de la hoy candidata de un inmueble ubicado en la calle Galicia, de Pueblo Libre, la asistencia policial de ser el caso y la inscripción de la deudora Tello en el Registro de Deudores Morosos del Poder Judicial.

Como dato adicional, cabe mencionar que el domicilio fiscal de la Cámara de Turismo de Pueblo Libre, de la cual Tello afirma ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) mantener la representación, tiene la misma dirección del inmueble del que fuera desalojada tras la decisión judicial.

IMPROVISACIÓN POPULAR

Por si fuera poco, la candidata Tello tampoco ha sido muy prolija en la conformación del equipo con el que pretende ser elegida alcaldesa de Pueblo Libre. Tras la exclusión de Fabiola Lucero Silva Montero como candidata a teniente alcaldesa, quien hoy es el candidato a teniente alcalde y sucederá a Tello ante una eventual remoción del cargo o viaje fuera de la jurisdicción distrital, es un adolescente de 19 años sin estudios concluidos ni experiencia laboral alguna.

Pablo Manuel Núñez del Río, estudiante de IV ciclo de derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, se convertiría así no solo en el alcalde más joven del Perú sino en la prueba viva de la improvisación y la precariedad institucional que desbordan la política local.

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Política

El Callao no se merece seguir gobernado por autoridades corruptas

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Dante Alfaro Fontaine

Tal vez ninguna ciudad como el Callao, para describir el colapso de los partidos políticos en el Perú, que desde fines del siglo pasado en los procesos electorales llevó como favoritos a candidatos de movimientos regionales, que salieron electos en la gobernación y en las municipales.

Para el domingo 2 de octubre las encuestas dan como favorito a candidatos de movimientos regionales, que llevan a la cabeza a antiguos miembros o colaboradores del movimiento Chimpum Callao que gobernó por casi dos décadas a la región y cuyos principales líderes terminaron en prisión, como su fundador Alex Kouri, quien después de cumplir 5 años de cárcel, pretendió postular a la gobernación sin cumplir con el pago de la reparación civil.

Sin embargo, la nefasta herencia de Chimpum, continua en el Callao y personajes que fueron parte de dicho movimiento pretenden ahora ser elegidos en listas que son digitadas por antiguos miembros de la cúpula de esa organización criminal como Omar Marcos (Más Callao), Patricia Chirinos (Avanza País) y Pedro Spadaro (Contigo Callao), entre otros.

Omar Marcos

Ex alcalde de Ventanilla que luego del derrumbe de Chimpum formo su movimiento Fuerza Chalaca y en el 2018 llevó a Spadaro a la alcaldía de Ventanilla. Ahora cambió el nombre a Más Callao y lleva a la Región al médico Ciro Castillo, quien en las últimas elecciones ha postulado por distintas agrupaciones a congresista o gobernador. Estuvo en la Diresa durante el gobierno del encarcelado Félix Moreno y nunca ha denunciado la corrupción del hospital Carrión, lugar donde trabaja. Otros que candidatean en su movimiento son el excongresista Paul García (vinculado a Moreno), quien quedó fuera por omitir declaración y Carlos Valdivia, el sobrinísimo de el ex juez “Cuello Blanco” Julio Gutiérrez, quien le pide en el 2018, a César Hinostroza que interceda por su “sobrino” para que vaya en la lista del otro reo chimpunero Juan Sotomayor. Ambos candidatos tienen denuncia por omisión de alimentos.

En estos días se propaló por las redes, el cariñoso reencuentro que tuvieron Alex Kouri y Omar Marcos, durante una caravana de campaña, también circula la inminencia de la sentencia del juicio que se le sigue a Omar Marcos, acusado de pertenecer a la organización criminal los “Zetas de Ventanilla”.

Avanza País

El partido fundado por el fallecido Pedro Cenas, y que terminó apropiándose Pati Chirinos (ex Chimpum), lleva en el Callao a conocidos operadores de la época de Chimpum, como Aldo Lama a Bellavista y Daniel Malpartida, quien, como alcalde, pretendió durante la pandemia, comprar a sobreprecio contenedores de basura y no la planta de oxigeno que le pedía la población.

Muchos de los candidatos en el Callao tienen vínculos con la corrupción y están acusados de diversos delitos, el gobernador Mandriotti que terminará su gestión, a pesar de estar acusado y con pedido de 15 años de prisión, tiene la esperanza de que lo suceda en el cargo su amigo Miguel Cordano quien va con Spadaro. Y Alex Kouri le ha dado un público apoyo a su ex consejero Eugenio Córdova quien postula en Somos Perú.

Tras los desastres de los gobiernos de Chimpum, con Kouri, Moreno, Sotomayor, Pati Chirinos, Omar Marcos y sus sucesores, Pedro López, Mandriotti y Spadaro, los chalacos merecen autoridades con manos limpias y que trabajen por el desarrollo de la región.

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Política

La responsabilidad de un padre no puede aparecer solo en campaña electoral

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Para Patricia Soto, resulta sospechoso que Uceda haya asumido su responsabilidad en tiempos de campaña.

Luego de que se conociera que el candidato a la alcaldía de La Molina por Renovación Popular, Diego Uceda, realizó un pago de deuda alimentaria más de dos décadas después de haber concebido a su hijo, la aspirante al municipio del mencionado distrito limeño por Juntos por el Perú, Patricia Soto, cuestionó este peculiar evento en la trayectoria de su contendor electoral, y advirtió sobre un posible oportunismo y falta de ética.

Como publicó Diario Uno en su edición del último jueves, el candidato de Renovación Popular canceló una deuda alimentaria luego de 25 largos años y, además de haber realizado esta acción por presión de una resolución judicial, el pago realizado entre marzo y abril de este año coincide con el inicio de la campaña electoral.

Al respecto, Patricia Soto sostiene que “las responsabilidades de un padre se tienen que dar desde el momento en que se concibe a un hijo, y no necesariamente cuando se está frente al inicio de una campaña electoral”. Para la candidata, este hecho podría bastar para evidenciar que Uceda “todo lo va a hacer bajo un interés”.

Además, la representante de Juntos por el Perú alertó a los vecinos de La Molina, en tanto estos no podrían sentirse “protegidos” por un alcalde que ha tardado 25 años en mostrar interés por cumplir con sus obligaciones de padre.

“Si no sabes proteger a un hijo desde el inicio, ¿cómo puedes proteger a los vecinos o al distrito de La Molina?. No me parece ético ni íntegro de una persona”, indicó.

 

POLÍTICA PRECARIA

Por otro lado, Soto afirmó que de acuerdo a conversaciones sostenidas con allegados a Renovación Popular, varios de sus interlocutores le indicaron que debían tener determinada cantidad de dinero para poder postular.

En cuanto a la falta de filtros que se observan en distintas organizaciones políticas al momento de elegir a sus candidatos, Soto consideró que el origen de la crisis política está precisamente en cómo se conforman los partidos.

“Yo he estudiado el tema de democracia interna y la verdad es que los partidos políticos en el Perú están en decadencia; se han alejado de las universidades, no practican democracia interna ni forman gente. El problema grande del Perú es que tenemos partidos políticos coyunturales o clubes de amigos conformados para repartirse el poder entre ellos”, dijo.

En esa línea, reiteró que “improvisar no es hacer vida política”.

INSEGURIDAD EN LA MOLINA

En cuanto al diagnóstico realizado sobre el distrito al cual postula, la candidata expresó que “en La Molina existe una grave falta de liderazgo, falta de planificación y organización, y conocimiento sobre lo que sucede en el distrito”.

Asimismo, cuestionó que La Molina haya perdido “el sentido de la residencialidad”. “Las construcciones han proliferado de manera desordenada, no se ha hecho un plan urbano que es básico para ordenar el distrito, no tenemos adecuada señalización, las pistas están deterioradas”, denunció.

“El distrito ha perdido residencialidad y además ha crecido la percepción de inseguridad. Los vecinos también perciben falta de transparencia y urge sincerar la gestión”.

Indicó también que otro de los problemas graves que aquejan al distrito capitalino es el relacionado a la seguridad ciudadana. “Nosotros hemos realizado un diagnóstico sobre la seguridad, hemos encontrado que los serenos no tienen capacitación, les faltan implementos de seguridad, perciben salarios por debajo de lo que se gana en distritos aledaños, lo que genera falta de motivación. Tampoco hay un liderazgo para conducir a este equipo”, dijo.

De igual modo, criticó que en la gestión hay exceso de “coordinadores”, lo cual genera malestar y desorden, e incluso habrían casos de maltrato al personal. “Para nosotros es preocupante el trato al personal, que es básico para enfrentar cualquier problema de seguridad”.

En caso de ser elegida, aseguró que orientará su gestión en lograr que La Molina se consolide como un distrito ecológico, moderno y donde la seguridad esté garantizada.

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