El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del Poder Judicial declaró infundada la cuestión previa planteada por el expresidente Pedro Castillo para anular la investigación en su contra por el presunto delito de rebelión. En su pedido, Castillo alegaba que no se le había realizado antejuicio político para fines del mencionado proceso.
El Congreso de la República ha dispuesto levantar la prerrogativa de antejuicio político a Castillo por la comisión flagrante de delitos y ha declarado haber lugar a la formación de causa penal.
La resolución legislativa lo señala como presunto coautor de los delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional por los hechos del 7 de diciembre, cuando anunció un gobierno de emergencia excepcional y disolución del Congreso.
Actualmente, Castillo es investigado por el presunto delito de rebelión y, alternativamente, conspiración, y se encuentra recluido en el penal de Barbadillo, en Ate.
