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Política

Partida de defunción del congreso mafioso

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Martín Vizcarra Cornejo

El reciente fallo del Tribunal Constitucional que ha declarado infundada la demanda competencial presentada por Pedro Olaechea, ha significado el cierre de la crisis política que mantuvo en jaque al país en el periodo 2016-2019 y culminó como debía culminar: con la disolución constitucional del Congreso de la República.

Esta sentencia constituye también un fastuoso acto de pedagogía jurídica e institucional, a un año de celebrarse el Bicentenario de la Independencia y de instauración del régimen republicano en nuestro país, lo cual nos debe mover a ciertas reflexiones ciudadanas por varias razones que pasamos a comentar:

Bancada fujimoristas Fuerza Popular

FORTALECIMIENTO DEL EQUILIBRIO DE PODERES

Es la primera sentencia de esta magnitud emitida en un altísimo tribunal constitucional del Perú presidido por una mujer de reconocida trayectoria jurisdiccional, como es la doctora Marianella Ledesma Narváez; y, significa también una decisión histórica y de fortalecimiento de nuestro sistema de libertades, en un contexto en que América Latina vive momentos críticos y de alta movilización social, como sucede en Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile.

Tenemos el primer fallo constitucional que dirime una contienda electrizante entre los más altos poderes del Estado, y que se resuelve en favor del Ejecutivo declarando constitucional el cierre del Congreso, en aplicación de las reglas de equilibrio de poderes del sistema democrático. Por lo tanto, ha quedado entonces muy en claro que el cierre no fue un acto antidemocrático, sino todo lo contrario.

Ha quedado sentado también que el sistema de libertades tiene las herramientas constitucionales para sobreponerse a cualquier intento malévolo de obstrucción y demolición, como vimos en ese periodo con la censura al ministro Saavedra, el rechazo a la cuestión de confianza de Alfredo Thorne, la censura al gabinete de Fernando Zavala, las dos mociones de vacancia presidencial a PPK, el archivamiento malicioso de la propuesta legislativa del Ejecutivo de adelanto de elecciones generales, entre otras perlas, que han sido reseñadas en la ponencia del magistrado Carlos Ramos.

Desde el punto de vista estrictamente jurídico, ha quedado meridianamente establecido que la Constitución Política del País contiene en sus artículos 132 y 133 la posibilidad de plantear la cuestión de confianza facultativa de manera abierta, libre y sin limitaciones con la finalidad de brindar al Poder Ejecutivo amplias posibilidades de obtener respaldo político de parte del Congreso para llevar a cabo sus políticas de gestión, entre las que se encuentra la de procurar la transparencia de las entidades, en aras de fortalecer la gobernabilidad; como está previsto en el DS 056-2018-PCM, que aprueba la Política General del Gobierno al 2021.

Queda ya para los anales constitucionales que la cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo, relativa a transparentar la elección de los magistrados del TC, fue motivada por una grave preocupación de la sociedad peruana en su conjunto, y de los fueros internacionales, como lo expresó en su momento tanto la Defensoría del Pueblo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tal necesidad se vio corroborada después, cuando se descubrió el vil afán de imponer nada menos que la elección del primo de Olaechea para obtener una mayoría favorable en ese Tribunal.

Pedro Olaechea juramenta a Mercedes Aráoz

DISOLUCIÓN CONSTITUCIONAL

Dicha cuestión de confianza -y este es el fundamento central de la sentencia- sí se encuentra dentro del ámbito de las competencias del Poder Ejecutivo, por tratarse de un asunto de gran interés nacional, por lo que al interponerla el Ejecutivo no incurrió en ninguna lesión al cuerpo normativo constitucional. Por lo tanto, al continuar el Congreso con la cuestionada elección de los magistrados, pese a habérsele planteado también la postergación de tal acto, expresó categórica y objetivamente su no aceptación, con lo cual optó por rechazar la referida cuestión.

Ante tal rechazo que configuraba el segundo, después de la confianza denegada al gabinete de Fernando Zavala, el presidente de la República aplicó inexorablemente la facultad prevista en el artículo 134 de la Carta Magna y procedió a disolver constitucionalmente el Congreso. A estas alturas ya sabemos que, si no optaba por esa salida constitucional, en los minutos siguientes la mayoría fujiaprista daba el golpe de estado de la vacancia presidencial, entronizando en el cargo a Mercedes Aráoz, con lo que, en las siguientes 24 horas enfilaban contra el sistema anticorrupción y la Fiscalía de la Nación, así como a desmontar el Equipo Especial Lava Jato.

Naturalmente, y es lo que corresponde en cualquier Estado de Derecho, el próximo Congreso a ser elegido el 26 de enero próximo, deberá encargarse de formular las acusaciones constitucionales respectivas contra los autores de esa tentativa de golpe que no debe quedar impune, más allá del mamarracho que hizo Aráoz al juramentar como presidenta un día y renunciar al siguiente.

Finalmente, esta sentencia competencial permitirá superar no solo la situación de obstrucción sistemática y política de demolición contra el Ejecutivo y las instituciones democráticas que hemos padecido, y de la que nos hemos librado ad portas del Bicentenario de nuestra Independencia, sino que también, y sobre todo, constituye la partida de defunción de esta aciaga fase de vida institucional en que hemos visto convertido al Congreso de la República en execrable madriguera de ladrones de gasolina, de encubridores de cuellos blancos y cobradores de cupos, lavadores de activos, falsificadores de títulos, trabajadores fantasmas, presuntos integrantes de organizaciones criminales, bandas de matones y cuerpos de choque del fujiaprismo.

Nunca olvidaremos que en ese periodo se blandía el dedo amenazador diciéndole en mancha a un valeroso fiscal: “usted no sabe con quién se está metiendo”, o, refiriéndose al mismo funcionario: “tenemos que joderlo, chancar y matarlo”. Y no son palabras obtenidas mediante requisa policial del whatsaap de algún grupo de reos del Penal “San Pedro”, de San Juan de Lurigancho, o similares.

 

ANTONIO CASTILLO
Abogado

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Política

Millonarios al margen de la ley

Publicado

en

Ollanta Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcón

Mediante documentos del servidor My Web Day, miembros del Equipo Especial Lava Jato corroboraron que la constructora brasileña Odebrecht realizó 11 desembolsos hasta completar la suma de US$ 2’999.898, destinados a financiar la campaña de Ollanta Humala para las elecciones presidenciales del 2011.

Para realizar la operación, Odebrecht utilizó la offshore Kleinfeld, desde donde se derivó el dinero a la empresa Construmaq, de Gonzalo Monteverde, en el Credicorp Bank de Panamá.

De acuerdo a la información recogida por El Comercio, el codinome “Italo Italiano Eleicao Perú” correspondería al financiamiento de la campaña 2011 de Ollanta Humala y el Partido Nacionalista. Además, habría sido el propio Marcelo Odebrecht quien autorizó las transferencias a quien sería presidente de la República entre 2011 y 2016.

Al respecto, hay que recordar que en 2017 Marcelo Odebrecht declaró ante el fiscal Germán Juárez que el primer contacto que tuvo con Humala y Heredia fue en Brasil, en 2011, poco después de ser electo presidente.

“(Humala y Heredia) visitaron a Lula, agradecieron el apoyo, visitaron a la presidenta Dilma (Rousseff) y, en ese momento, hubo la oportunidad en mi casa, tuvimos una cena… En esa cena, ellos en realidad agradecieron también el apoyo que les habíamos dado”, señaló el exCEO de Odebrecht.

En aquella oportunidad, Marcelo Odebrecht refirió que delegó a Jorge Barata la tarea de entregar el dinero, notando que este se sintió incómodo pues compartía con el empresariado una mala percepción sobre Humala. “Él (Barata) creía que quien iba a ganar, si no me equivoco, era Keiko Fujimori. Y le dije: mira, decide tú, si crees que hay riesgo de represalias, apóyala a ella más”, recordó.

OAS TAMBIÉN “APORTÓ”

Pero Odebrecht no fue la única compañía brasileña que aportó a la campaña presidencial de Ollanta Humala. Según un colaborador eficaz, en los primeros meses de 2009, Leo Pinheiro, presidente de OAS, buscó un acercamiento con Ollanta Humala a través de Valfredo de Assís, exgerente general de la constructora en Perú. El primer contacto se dio en una cena en Miraflores, en la que De Assís deslizó la sugerente frase de que “en Brasil, los partidos de izquierda solo llegaron al gobierno cuando entendieron que el empresariado no era su enemigo”.

Según el colaborador, esa misma noche, al concluir la cena, Nadine Heredia pidió ayuda económica para financiar la campaña al 2011, acordando ambas partes un aporte mensual de US$ 10 mil, los que serían canalizados mediante un contrato ficticio entre OAS y Rocío Calderón, íntima amiga de Heredia. El aporte se habría extendido durante 18 meses, sumando en total US$ 180 mil.

CLUB DE MILLONARIOS

El panorama para Ollanta Humala y Nadine Heredia, si ya es complicado por la presunta recepción de aportes no declarados por la campaña electoral 2011, se torna todavía más oscuro a partir del testimonio de un colaborador eficaz que, según se reveló la semana pasada, las empresas constructoras que integraban el “Club de la Construcción” pagaban el 3% por cada obra pública obtenida, del cual el 2% habría ido directamente a manos del expresidente Ollanta Humala.

A partir de estos testimonios, el Ministerio Público estima que el dinero ilegal recibido por Humala habría oscilado entre US$ 16 y US$ 18 millones, siempre en efectivo y dentro de maletines para ser entregados en Palacio de Gobierno e incluso en su domicilio. Según el relato del colaborador, en una oportunidad el expresidente habría recibido el maletín con dinero y lo habría entregado a su esposa Nadine Heredia.

El colaborador también consignó que el expresidente se refería a su esposa como su “mejor primer ministro”. Precisamente, a Heredia se le ha cuestionado el poder político que ostentó sin ejercer cargo formal de funcionaria pública, al punto que también está investigada en el caso Gasoducto por presuntamente haber participado de las negociaciones para la adjudicación de obras.

DESBALANCE PATRIMONIAL

De otro lado, la Fiscalía reveló la semana pasada que la exprimera dama Nadine Heredia, presenta un desbalance patrimonial que asciende a S/1′231.195. Durante la audiencia de control de acusación, el fiscal del Equipo Lava Jato, Germán Juárez indicó que entre el 14 de noviembre del 2005 y el 9 de diciembre del 2016 los ingresos de Heredia ascendieron a S/1’439.865 mientras que sus gastos llegaron a S/2’671.060. Por ello, se acreditaría un desbalance patrimonial y a criterio del Ministerio Público dicho incremento de patrimonio no tendría un origen lícito.

Cabe recordar que el Ministerio Público ha solicitado 26 años y seis meses de prisión para Nadine Heredia y 20 años de prisión contra el expresidente Ollanta Humala por el delito de lavado de activos y por liderar una organización criminal. Según la Fiscalía, en las campañas del 2006 y 2011 el Partido Nacionalista habría sido instrumentalizado por la pareja Humala-Heredia para lavar dinero.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Vicente Zeballos invoca a realizar obras de prevención planificadas

Publicado

en

Vicente Zeballos

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, invocó a las autoridades del país, en todos sus niveles, a realizar obras de prevención planificadas y ordenadas frente al riesgo de los desastres naturales.

Señaló que en una época de cambio climático es sumamente importante contar con un plan integral de drenaje fluvial, tras recordar que a la fecha son escasas las ciudades peruanas que lo tienen.

“Esperamos que los alcaldes no tomen la emergencia como una cuestión secundaria sino de prioritaria atención. Cuando revisamos presupuestos, le asignan el presupuesto más modesto o insignificante, pero cuando se declara la emergencia o viene un nivel de afectación grave, recién se reacciona”, indicó en TV Perú.

“Esto tiene que tomarse con mucha seriedad y responsabilidad “, puntualizó el jefe del Gabinete Ministerial.

Zeballos declaró tras sostener una reunión con las autoridades de la región Moquegua, cita que calificó de positiva al permitir que las autoridades locales transmitan sus necesidades, carencias y diagnóstico de afectación al cual están sujetos por las lluvias.

Sostuvo que es pertinente para el Ejecutivo salir a las provincias, pues según información meteorológica las lluvias persistirán hasta el próximo jueves y se hace necesario actuar con predictibilidad y de manera articulada.

Recordó que en diciembre 15 regiones fueron declaradas en emergencia por la presencia de lluvias, cifra que fue ampliada en enero pasado.

La medida, explicó, implica flexibilidad administrativa y agilidad en gastos, pero estos deben ser transparentes, por lo cual sugirió el acompañamiento de la Contraloría y la Fiscalía de Prevención del Delito.

A manera de ejemplo, mencionó que en Moquegua se han invertido más de 300 millones de soles en distintos proyectos de prevención que no han permitido solidez en infraestructura.

“Hacemos la invocación para que se haga inversiones técnicamente sustentables”, añadió Zeballos.

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Política

Educación inclusiva es vital para forjar ciudadanía

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Derrama Magisterial

La educación inclusiva es una herramienta importante para forjar ciudadanía, un tema que está contemplado en el currículo nacional, pero en el que necesitamos avanzar más. Así lo resaltó el Ministro de Educación, Martín Benavides, durante su participación en la ceremonia de clausura del X Congreso Internacional de Educación Encinas 2020 – Educación inclusiva y diversa para un Perú moderno.

“La inclusión educativa y el respeto a la diversidad son temas que han estado muy desvinculados. Por ello es importante que sean tratados en este tipo de eventos”, manifestó el ministro ante los cientos de docentes que congregó el congreso organizado por Derrama Magisterial.

Señaló también que en su gestión se dará énfasis a mejorar los métodos de aprendizaje, a través de un enfoque integrado, que facilite la medición de la calidad en todos los niveles de educación.

Entre las principales conclusiones del Congreso Encinas, desarrollado del 19 al 21 de febrero, se destacó la necesidad de brindar autonomía a las regiones para descentralizar la gestión educativa. Una de las propuestas postuladas fue la flexibilización curricular para las escuelas que estén en capacidad de hacerlo. Ello con la finalidad de facilitar la extensión de prácticas de innovación pedagógica, de acuerdo con el contexto social de los alumnos.

Según señaló el presidente de la Derrama Magisterial, Luis Espinoza Tarazona, “las regiones deben ser más escuchadas dada la gran diversidad cultural y geográfica que albergan, y porque presentan bajos índices socioeconómicos que dificultan el rendimiento escolar”.

Señaló también que el currículo nacional presenta una gran cantidad de competencias, que es necesario simplificar a través de un proceso de integración de áreas pedagógicas, reducción significativa del número de competencias y cambios metodológicos para lograr más y mejores aprendizajes en los estudiantes.

De igual manera, se mostraron las experiencias pedagógicas innovadoras e inclusivas de cuatro ganadores del Premio de Educación Horacio 2019, como una forma de valorar el trabajo de los maestros en las escuelas.

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