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Política

Otra vez denuncian a la ONPE

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Organismo Nacional de Procesos Electorales (ONPE)

Organismo Nacional de Procesos Electorales habría llevado a cabo un proceso de selección arbitrario e irregular con el fin de favorecer a la empresa GTD PERÚ S.A., a pesar de que no cumplir con los requisitos de la convocatoria.

Mediante una carta dirigida al jefe del Organismo Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Manuel Francisco Cox Ganoza, representantes de la empresa Bitel denunciaron presuntas irregularidades cometidas por el órgano electoral en la contratación de servicios de telecomunicaciones. Según la documentación, la empresa GTD Perú S.A. no habría cumplido con los requisitos necesarios para ser elegida en un concurso público, y a pesar de ello terminó siendo favorecida en el proceso de selección.

Las irregularidades denunciadas consisten en siete vicios sustanciales que debieron ameritar la descalificación de GTD Perú. Entre ellos se cuenta que la empresa postulante no cumplió con acreditar la capacitación de sus profesionales como era requerido por las bases del concurso. Además, habría presentado información “vencida e inexacta”, incluyendo documentos en inglés que no estaban acompañados de sus respectivas traducciones, conforme lo establece el artículo 59 del Reglamento de la Ley Nº 3022, “Ley de Contrataciones del Estado”.

Otro de los vicios denunciados en el proceso de selección que favoreció a GTD Perú, es que dicha empresa no habría acreditado el tiempo mínimo de experiencia para algunos cargos claves, solicitada en los términos de referencia. Esto habría sucedido con los casos del ingeniero residente Jaime Huayllani Guerra, y del Jefe de Proyecto, cargo para el cual fue presentado Ángel Alejandro Sánchez Ramos.

En el caso de Sánchez Ramos, destaca que este habría acreditado experiencia por cinco años en una empresa que, según información de Sunat, no brinda servicios de telecomunicaciones ni informática. Además, la empresa donde Sánchez Ramos habría acumulado experiencia laboral se hallaba en condición de “no habido” en el período en que supuestamente el trabajador prestaba servicios.

Por lo detallado anteriormente, los denunciantes consideran que la acreditación de la experiencia laboral para este cargo debió ser observada y anulada por el comité de selección de la ONPE, y en consecuencia, la empresa GTD Perú debió ser descalificada.

Además, según la denuncia de Bitel, toda la documentación presentada por GTD Perú se encuentra a nombre de una persona jurídica diferente: Wigo S.A. Esto habría generado incongruencias en el proceso de selección, pues la postulante es GTD Perú y no Wigo S.A.

Todo esto acreditaría, según los denunciantes, la arbitrariedad, ilegalidad e inconsistencia del comité de selección de la ONPE. Cabe indicar que el monto adjudicado a GTD PERÚ es de S/ 5 millones 860 mil, y el acta de adjudicación consta de una sola hoja, firmada por el representante de la Sub Gerencia de Logística EdyberIvanny Navarro Venegas (designado el 15 de noviembre), el representante de la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral Marco Antonio Urday Chávez (designado el 23 de octubre), dos representantes de la Oficina de Control Interno de la ONPE y el notario público César Fernando Loayza.

Carta de Bitel a la Organismo Nacional de Procesos Electorales (ONPE)

SOSPECHAS NO SON DE AHORA

Estas acusaciones sobre el procedimiento irregular en las contrataciones de servicios por parte de la ONPE se vienen realizando desde hace algunas semanas. A inicios de noviembre, la Gerente de Administración el ente electoral, Janina Huamán Chappa, fue acusada por presuntamente haber colocado proveedores sin experiencia en las licitaciones con mayor presupuesto, lo que podría llevarla a disponer irregularmente de S/ 41 millones del presupuesto que maneja la ONPE para las elecciones del 2020.

Precisamente, según informaron trabajadores de la entidad electoral, los proveedores sin experiencia presuntamente favorecidos por Huamán Chappa, serían colocados en las licitaciones con mayor presupuesto. Entre ellas, el servicio de telecomunicaciones (TELCO) por el cual se estimó un gasto total de S/ 9 millones.

Política

Usurpadores deberán ser investigados

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Pedro Olaechea - Mrcds Aráoz

Excongresistas que tras la disolución del Congreso suspendieron irregularmente al presidente Vizcarra, y nombraron a Mercedes Aráoz como presidenta del Perú, podrían ser acusados por el próximo Parlamento y recibir condenas de hasta 7 años de cárcel.

Tras conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaró infundada la demanda competencial presentada por el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, quedó flotando una duda que hasta ahora no ha sido resuelta. ¿Qué sucederá con los excongresistas acusados de cometer el presunto delito de usurpación de funciones?

Como se recuerda, el 30 de septiembre de 2019, minutos después de que el presidente de la República, Martín Vizcarra, declarara la disolución constitucional del Congreso, la bancada fujimorista y sus aliados políticos “suspendieron” irregularmente a Vizcarra por supuesta incapacidad moral, y en acto seguido nombraron y tomaron juramento a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como “nueva presidenta” del Perú.

Además de generar diversas críticas por la flagrante usurpación de funciones, esto motivó que el excongresista Marco Arana interpusiera una denuncia ante el Ministerio Público por el presunto delito cometido.

En los días posteriores a la disolución del Congreso, el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, presentó al TC la demanda competencial y una solicitud de medida cautelar firmando como “presidente del Congreso de la República”. A raíz de esto, el procurador de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Carlos Cosavalente Chamorro, presentó una denuncia contra Olaechea y quienes resulten responsables por el presunto delito de usurpación de funciones. Ello, debido a que el único cargo que ostentaba y ostenta Olaechea a la fecha es el de presidente de la Comisión Permanente.

DELITOS DEBEN INVESTIGARSE

A criterio de Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), los presuntos delitos cometidos por los excongresistas del fujiaprismo “no se pueden borrar”. “Tras la disolución del Congreso ellos quisieron revertir este acto y terminaron cometiendo un delito. Actuaron de manera dolosa al nombrarla como presidente de la República y tener así un campo político abierto para ellos”, afirmó.

El jurista consideró que los actos posteriores a la disolución del Congreso que pretendieron omitir la disposición del presidente Vizcarra “tienen un contenido penal y deben ser investigados por la Fiscalía y sancionados por el Poder Judicial”.

“Será competencia del próximo Congreso realizar las denuncias constitucionales a estos congresistas de Fuerza Popular, el Apra, Contigo y todos los que avalaron esta pantomima. No puede quedar en borrón y cuenta nueva, el delito se cometió y debe investigarse.”, agregó.

Finalmente, Quispe advirtió que “la ley es igual para todos”, y que se sentaría un mal precedente si una actuación como la producida al cierre del Congreso queda sin investigación ni sanción alguna. “Que una actuación así quede en nada sería una verguenza para el país”.

Hay que indicar que por la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de usurpación de funciones, las penas privativas de la libertad son desde 4 hasta 7 años.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Fiscal de la Nación investigará a Lecaros por 60 días

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José Luis Lecaros

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, dispuso el inicio de una investigación preliminar contra el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, por una presunta “omisión de denuncia”.

Ávalos abrió la investigación por un plazo de 60 días, luego de que se revelara la existencia de diálogos telefónicos del actual jefe del Poder Judicial con dos miembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Según consignó el diario Peru21, son dos las ocasiones en que ex miembros del CNM realizan pedidos ilegales al presidente del Poder Judicial sin que este denunciara el hecho.

En 2017, el exconsejero Julio Gutiérrez Pebe le pidió a Lecaros, entonces presidente de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, que fallara a favor de una casación interpuesta por el exgobernador de Áncash Enrique Vargas.

Meses después, el también exconsejero Iván Noguera llamó a Lecaros para pedirle que en su condición de miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial contratara a una persona que estaba recomendando, pero el magistrado no aceptó su solicitud.

Al sustentar la apertura de la investigación preliminar, Ávalos sostuvo que “los hechos tendrían relevancia penal y podrían subsumirse en el delito de omisión de denuncia”, que contempla hasta 4 años de cárcel, ya que Lecaros no denunció esos pedidos ilícitos.

Por su parte, Lecaros indicó que Ávalos “de repente está mal asesorada” y que la investigación “se archivará en su momento”. También señaló que Noguera no le llegó a dar el nombre del trabajador al que recomendaba.

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Política

EEUU admite que entrega $ 467 millones a golpistas en Venezuela

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Juan Guaidó

De acuerdo con un informe en el portal oficial de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), desde 2017 este organismo ha pagado 467 millones de dólares a los opositores de Venezuela bajo el pretexto de “asistencia humanitaria”.

El documento expresa que tras un acuerdo firmado en octubre de 2019, la USAID ha comprometido 128 millones de dólares para “ayudar” al líder opositor Guaidó y también para la Asamblea Nacional con el objetivo del supuesto “desarrollo de planes para recuperar la economía e implementar servicios sociales durante una transición a la democracia”.

En el texto, publicado en diciembre, la agencia estadounidense revela asignar dinero para “compensación, costos de viaje y otros gastos para algunos asesores técnicos de la Asamblea Nacional y la administración interina de Guaidó a través de fondos de asistencia”.

En otra parte del documento se lee que Estados Unidos está apoyando los esfuerzos de respuesta en 16 países, incluyendo a Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.

Asimismo, el informe remarca que USAID en Venezuela no proporciona fondos directamente a los miembros electos de la AN y a los funcionarios de la Administración de Guaidó, aunque alega que se otorgó fondo de manera competitiva a organizaciones privadas a través de contratos, donaciones o acuerdos de cooperación.

Venezuela sufre en los últimos años una aguda crisis económica, como resultado de un interminable hostigamiento de EE.UU. que ha usado las sanciones económicas para afectar la vida cotidiana del pueblo venezolano, con una escasez grave de alimentos y medicinas.

Además, desde enero de 2019, cuando el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció al golpista Guaidó como presidente interino de Venezuela, Washington ha endurecido su campaña de presión económica e incluso ha llegado a amenazar a la nación sudamericana con una intervención militar.

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