Esta acción que consiste en tomar control absoluto de los lotes petroleros de Loreto, es parte de una medida de lucha tras 100 días de espera sin resultados concretos en la atención a la población indígena en la región.

“En los centros de salud dónde se encuentras las comu­nidades indígenas ni siquiera hay medicamentos y no cuen­tan con infraestructura bási­ca para ser atendidos” dice el comunicado oficial de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO).

A los problemas de logís­tica antes mencionados, se suman la falta de oxígeno, lo­gística fluvial y terrestre para que la atención sea inmediata y efectiva, del mismo modo, una preocupación colectiva es que las atenciones de los PIAS no se han programado acorde a la realidad de del problema.

Trascendió que la or­ganización indígena regional demandó que hay un intento de “invisibilizar magnitud del impacto del Covid-19 en las co­munidades de muestra región, es decir, nuestros cálculos so­brepasan los 10 mil contagiados al interior de las comunidades, mientras que los números de DIRESA y MINSA informan que son sólo 3 mil. NO es así” de­nunció el presidente de ORPIO, Jorge Pérez Rubio.

Finalmente, a raíz de toda esta situación y como una acción desesperada tras las continuas muertes de pobladores indíge­nas, las comunidades han decido dar un ultimátum al gobierno de 72 horas para dar respuesta a la atención de la emergencia indígena, de lo contrario, estarán efectuando el control territorial absoluto en los lotes 95, Estación 5, Lote 192, Lote 8, así como im­pedir cualquier tipo de activi­dad petrolera en la Amazonía de nuestra región.

Es injusto e inhumano vivir en las peores condiciones, a pesar de haber dado tanta riqueza a las arcas del Estado.

El jefe del Gabinete Ministerial, Vicente Zeballos Salinas, reconoció el “denodado esfuerzo” que realizan los maestros para fortalecer el sistema educativo nacional que nos permita contar con un país mejor de cara al bicentenario de la independencia.

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el responsable del sector Educación, Martín Benavides, visitaron la I.E. Santa Cruz en Tambopata, Madre de Dios, para conocer la estrate gia televisiva regional ‘Mi casa, mi escuela’.

Los funcionarios conversaron con los docentes que forman parte de la producción de esta iniciativa departamental, que complementa a la estrategia nacional Aprendo en Casa.
Los profesores efectuaron, además, una demostración de las clases virtuales que se imparten a miles de estudiantes de la región Madre de Dios.

“Desde el Gobierno, les hacemos llegar nuestro reconocimiento por su denodado esfuerzo por fortalecer nuestro sistema educativo, permitiéndonos contar con mejores niños y jóvenes, que nos garantiza un país diferente y mejor de cara al Bicentenario”, sostuvo Zeballos.

El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) convocó para el pasado 27 y 28 de junio, en plena emergencia nacional, a una Audiencia Pública No Presencial para la aprobación de la “Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (MEIA-d) de la Etapa 1 del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay”.

Frente a ello, las organizaciones locales agrupadas en la Coordinadora en defensa de los Intereses de Chancay expresaron su rechazo a esta audiencia virtual, señalando que con ello el SENACE “reduce los mecanismos de participación (talleres informativos), acelera el “proceso participativo” de la Audiencia Pública (recortando plazos) y restringe la participación de la ciudadanía”.

“La empresa y las autoridades nacionales, regionales y locales, bajo el pretexto de promover la reactivación económica, tratan de imponer por todos los medios la construcción del Megapuerto en nuestro distrito, recurriendo al atropello y prepotencia, como sucedió en la Audiencia Pública del año 2013 para aprobar el primer Estudio de Impacto Ambiental de TPCH, evento donde no permitieron ingresar a los pobladores directamente afectados por el proyecto. Ahora la Audiencia Pública será sin la presencia de la población afectada”, señala la Coordinadora en un comunicado.

El megaproyecto portuario está a cargo de la empresa china Cosco Shipping Ports.