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Política

Nuevos testigos confirman relato de Nava

En el caso de los bienes adquiridos con presunto dinero ilícito por el expresidente Alan García, el Ministerio Público ha obtenido dos nuevos testimonios que corroboran la versión del exsecretario de Palacio de Gobierno. Roxanne Cheesman es sindicada como cómplice por la Fiscalía.

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Jorbe Barata y Alan García Pérez

Dos nuevos testigos corroboraron las declaraciones de Luis Nava Guibert respecto a la compra de dos inmuebles que el expresidente Alan García habría realizado con dinero presuntamente ilícito.

Según la información difundida por El Comercio, se trata del técnico en edificaciones Luis Guzmán Quispe y del ingeniero civil Luis Luy Chung, quienes detallaron ante el Equipo Especial Lava Jato cómo fueron contactados por José Antonio Nava Mendiola a fin de que trabajen en el proyecto que el fallecido exmandatario pensaba construir en Las Casuarinas.

Guzmán Quispe relató que Nava Mendiola le dijo que irían a “ver un terreno” en Las Casuarinas. Eran los primeros meses del 2013. “Era un terreno en la cima del cerro”, narró el testigo, quien por esa época ya trabajaba con el hijo de Nava Guibert. Lo que no esperaba era encontrar al expresidente en la misma camioneta en que llegó Nava Mendiola.

“Bajó el señor Alan García Pérez, para luego este mirar también el terreno. En ese momento, García le dice a Nava Mendiola que dicho terreno era de su propiedad, que se lo había comprado y que en el mismo quería construir un edificio”, indicó. Además, detalló que José Antonio Nava le pidió que evaluara qué tipo de trabajos se tenía que hacer antes de empezar la construcción. Luego, le aseguró que le entregarían los planos para evaluar los gastos a realizar.

Guzmán Quispe también aseguró que García le señaló a Nava Mendiola que desde ese lugar “podría mirar a su pueblo”, y que se refirió al ‘Cristo blanco’ ubicado en Chorrillos, al cual podía divisar desde allí, como un regalo que le habían hecho sus “amigos de Brasil”.

Por su parte, el ingeniero Luy Chung declaró que una tarde “del 2012 o 2013” acudió en el auto de Nava Mendiola al terreno para dar una opinión técnica. “Se encontraba en una pampa inclinada sin ninguna construcción”, afirmó. Aunque Luy Chung consignó solo haber estado con el hijo de Nava Guibert aquella vez, sí recordó el comentario acerca de que “el presidente Alan García quería hacerse una casa allí”.

Hay que indicar que según lo declarado por Luis Nava Guibert ante la Fiscalía, entre el 2012 y el 2013 Alan García compró un predio en Las Casuarinas con presunto dinero ilícito de Odebrecht. Sin embargo, luego de haber concretado la compra del predio, desistió de la construcción al destaparse el caso “Ecoteva” y la adquisición de una casa por parte del expresidente Alejandro Toledo.

SE VA CERRANDO EL CÍRCULO

Las declaraciones de los testigos corroboran las afirmaciones de Luis Nava sobre el interés real de Alan García de construir una casa en el terreno de Las Casuarinas, y contradicen las versiones que Roxanne Chessman dio a IDL-Reporteros. Según ese testimonio, a inicios del 2013 García no era dueño del predio, sino la compañía MAK JAI SAC. Sin embargo, Guzmán Quispe indicó que fue durante esos días que vio al expresidente en el inmueble.

Y aunque el abogado de la familia de García, Erasmo Reyna, señaló a El Comercio que según Roxanne Cheesman en esa época ya no había cercanía con los Nava, lo cierto es que la última pareja sentimental del expresidente ya ha sido incluida en las investigaciones del Equipo Especial Lava Jato.

La tesis sostenida por el fiscal José Domingo Pérez refiere que Cheesman Rajkovic fue una pieza importante en el enriquecimiento ilícito de expresidente, ya que se habría encargado de los detalles y estaría involucrada en la compra de predios en Las Casuarinas y la adquisición de otro inmueble en el Club Lima Marina.

“Se tiene que la persona Roxanne E. Cheesman Rajkovic habría tenido participación en la perpetración del delito de Lavado de Activos, en la modalidad de actos de conversión, toda vez que coadyuvó o cooperó con su conducta sin la cual no habría sido posible convertir el activo ilícito (…) por lo cual resulta necesario abrir investigación preliminar en (su) contra y los que resulten responsables”, indica el informe fiscal.

Política

Fiscal de la Nación presentó denuncia constitucional contra Becerril

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Fiscal de la Nación presentó denuncia constitucional contra Becerril

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó ante el Congreso dos denuncias constitucionales contra el excongresista de Fuerza Popular (FP) Héctor Becerril, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y organización criminal.

La primera denuncia está referida a un supuesto aprovechamiento del cargo como parlamentario para la gestión de presupuesto para la municipalidad distrital de Aucallama, a cambio de que la comuna cumpla con el pago de una deuda pendiente a una empresa que estaría vinculada a uno de sus hermanos.

La segunda denuncia es por su presunta vinculación con la organización los Temerarios del Crimen, liderada por el exalcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel.

Se le atribuye al exparlamentario fujimorista haber gestionado la asignación presupuestal, que era captada por la organización criminal, a cambio de beneficios patrimoniales como la compra de porcelanato para su vivienda.

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Política

Decisión sobre caso Mercedes Aráoz es un lavado de manos

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Decisión sobre caso Mercedes Aráoz es un lavado de manos

El líder del Frente Amplio, Marco Arana dijo, en ese senti­do, que será el Frente Amplio quien presente la denuncia constitucional respectiva, porque no se puede avalar a los que intentaron dar un golpe de Estado al país.

Lo resolución de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que archiva la denuncia pre­sentada contra la exvicepresi­denta Mercedes Aráoz, es una especie de lavado de manos al ampararse en la decisión del Tribunal Constitucional y señalar que lo de la jura­mentación como presidenta, ocurrida el 30 de septiembre de 2019, es un hecho de sig­nificación política, aseveró Marco Arana, líder del Frente Amplio.

Fue al cuestionar la deci­sión de la titular del Ministe­rio Público que sostiene que no existen méritos para de­sarrollar una investigación preliminar contra Aráoz Fer­nández y refiere que los actos políticos en los que incurrió la entonces vicepresidenta no tuvieron efecto jurídico alguno.

“Hemos recibido la reso­lución del Ministerio Público. Nosotros habíamos esperado que califique la responsabili­dad penal […], pero la resolu­ción de la fiscal dice, ampa­rándose en la resolución del TC, de que este sería un hecho de significación política”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Arana Zegarra cuestionó que el Ministerio Público no haya valorado que en esa jura­mentación se preparó incluso un Mensaje a la Nación, y que hubo un oficio y una comunica­ción notarial al diario El Peruano sobre lo que había decidido el Parlamento.

“No los ha valorado porque son elementos concomitantes. La resolución de la fiscal de la Nación no los ha querido valorar [los elementos que había en el caso]. En realidad, lo que ha he­cho es una especie de lavado de manos [al no abrir investigación]. El Tribunal Constitucional dijo que es un hecho político y ahí lo han dejado”, señaló.

“[…] Llama la atención que para la fiscal de la Nación tal hecho solo sea una especie de conato político, de mal humor político. No es así. Estuvo en pe­ligro la democracia. Recordemos que ellos [los denunciados] in­tentaron llamar incluso a las fuerzas armadas y policiales”, recordó.

FRENTE AMPLIO PRESENTARÁ DENUNCIA

Arana Zegarra dijo, en ese sentido, que será la bancada del Frente Amplio quien presente la denuncia constitucional respec­tiva en este caso. Mencionó que si la propia resolución de la Fis­calía de la Nación “dice que son hechos de naturaleza eminen­temente política”, la instancia que debe hacer esa valoración es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

“[¿El Frente Amplio presenta­rá una acusación constitucional contra Mercedes Aráoz, Pedro Olaechea y la Mesa Directiva y to­dos los congresistas que avalaron la decisión?] Sí. Efectivamente la decisión política es que hay que defender la democracia y hay que investigar y sancionar aque­llos que creen que con algún tipo de poder pueden generar golpes de Estado en el Perú. Ese es un tema fundamental que el Frente Amplio y otras fuerzas políticas debieran valorar para el presente y futuro del país”, remarcó.

“[…] En ese caso, la acusa­ción en realidad no debiera ser solo contra la Mesa Directiva del Congreso, sino contra todos los congresistas que avalaron esos actos ilegales antidemocráticos que, por lo demás, debiera con­ducir a una sanción, y la sanción debería ser una inhabilitación”, expresó.

LA TAREA DEL CONGRESO

Arana Zegarra refirió, fi­nalmente, que el Poder Legis­lativo no debería rehuir a su responsabilidad de proteger al Perú de cualquier “intentona golpista”.

“Es decir, el Congreso actual, con todo lo que podría tener de controvertido, no debiera rehuir su responsabilidad de proteger al país de cualquier intentona golpista que quisieran hacer militares y civiles”, enfatizó.

 

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Política

Por una ley de monitoreo y vigilancia ambiental comunitaria

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Por una ley de monitoreo y vigilancia ambiental comunitaria

Esta semana el Congreso de la República y el Ejecutivo han iniciado nuevamente un enfren­tamiento político muy “conve­niente” para ambos poderes, centrando la atención pública en las reformas que debieron o no hacerse en años pasados y sobre quiénes son los abanderados de la lucha contra la corrupción.

No decimos que estos temas no sean importantes, pero hacerlo en este contexto de la pandemia, en medio de una crisis sanitaria y económica, sin la claridad sobre cómo se garantizará la atención a la salud en las semanas venide­ras, sin siquiera haber contenido la propagación del virus y con hospitales casi colapsados, fran­camente, es muy irresponsable y le hace mucho daño al país.

En medio de esta situación hay algunos avances de apoyo en el sector agrario, se acaba de aprobar el Decreto de Urgencia Nº 082-2020, publicado en el Dia­rio Oficial El Peruano, que dicta “Medidas complementarias des­tinadas al financiamiento de los pequeños productores agrarios del sector agrario para la reduc­ción del impacto del Covid-19 y otras medidas” y que consiste en otorgar “créditos de manera ex­clusiva para capital de trabajo del agricultor, a efecto de garantizar la campaña agrícola 2020-2021, incidiendo en el abastecimiento de alimentos a nivel nacional”.

El fondo asignado es de 2 mil millones de soles y se va a imple­mentar a través del programa de Garantía del Gobierno Nacional para el Financiamiento Agrario Empresarial (FAE-Agro).

Si bien es importante la apro­bación de este fondo, lo que se estaba pidiendo desde los gremios agrarios es un fondo se salvata­je mayor, así como el subsidio a los pequeños agricultores y, sobre todo, la compra directa de su producción por el Estado en sus diferentes niveles para los programas sociales que impulsan y las canastas que se han estado entregando a las poblaciones. Es una primera acción positiva y vamos a ver como se implementa.

De otro lado, se ha retomado la discusión en el Congreso de la Republica en la Comisión de Pue­blos Andinos, Amazónicos y Afro-Peruanos, Ambiente y Ecología, la propuesta de “Ley Marco sobre Monitoreo y Vigilancia Ambiental Indígena y Ciudadana”. La discusión de la norma lleva un poco más de dos semanas en esta Comisión y hay algunos avances al respecto.

Como era previsible la propues­ta legislativa ha generado diversas posiciones y opiniones, como las del Ministerio de Ambiente, de Energía y Minas, de Agricultura, el Organismo de Evaluación y Fis­calización Ambiental (OEFA), y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), entre otros; a la par la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) también ha seña­lado su oposición a la propuesta de ley.

La principal observación de estos sectores es que actualmente ya se reconoce la participación ciudadana en los procesos de monitoreo ambiental a cargo del OEFA y la ANA y que plan­tear una nueva ley implicaría duplicar esta función, entre otras observaciones.

Desde las organizaciones sociales indígenas, los comités de vigilancia ambiental comu­nitaria, y representantes de la sociedad civil se reconoce y valora la importancia de esta norma, y mucho más en este contexto de la pandemia, ya que las denun­cias de las comunidades andinas y amazónicas sobre impactos ambientales en los territorios y cuencas y de modo particular en las zonas extractivas es cada vez más fuerte y es necesario tomar acciones.

De otro lado, sobre las ob­servaciones de los ministerios y la SNMPE, las organizaciones de la sociedad civil han seña­lado que la propuesta de ley no duplica competencias, por el contrario, los complemen­ta y garantiza una real par­ticipación ciudadana. Desde Red Muqui saludamos que se haya retomado esta discusión y creemos que es urgente la aprobación de esta norma porque garantiza una real participación de las pobla­ciones y comunidades para vigilar y proteger su territorio y medio ambiente.

* Jaime Borda / Secretario Eje­cutivo de la Red Muqui

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