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Política

Nada dura para siempre

Quedaron atrás los tiempos en que la bancada de Fuerza Popular metía debajo de la alfombra los casos de congresistas fujiapristas involucrados en delitos comunes, con lo cual estos se escabullían de la justicia por un buen tiempo.

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Nada dura para siempre

La Subcomisión de Acu­saciones Constitucionales del Congreso declaró procedente la denuncia constitucional contra el exparlamentario de Fuerza Popular, Héctor Becerril, por presunta orga­nización criminal, cohecho pasivo impropio y tráfico de influencias. El informe de calificación de la denuncia fue aprobado por unanimi­dad con 12 votos a favor. La denuncia contra Héctor Bece­rril fue presentada el pasado 10 de julio por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

Al excongresista se le atribuye una presunta vin­culación con la organización criminal Los Temerarios del Crimen, liderada por el exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel. La Fiscalía considera que habría gestio­nado la asignación presupues­tal, captada por la referida organización, a cambio de beneficios como la compra de porcelanato para su vi­vienda.

RECIBIRÍA 30 AÑOS

El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) Juan José Quispe, destacó que la Fis­calía de la Nación esté hacien­do su trabajo, “aunque en un momento parecía que estaba quedándose dormida con la cuarentena y la pandemia del coronavirus pero ya le llegó la hora a este señor Héctor Becerril Rodríguez, excon­gresista de Fuerza Popular, que es uno de los casos más avanzados de investigación de una organización criminal denominada Los Temerarios del Crimen, liderada por Cor­nejo Chinguel en Chiclayo, que pronto debe llegar a juicio oral”.

Aunque recién ha pasa­do el primer tamiz que es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que de algu­na manera da el visto bueno para que ingrese al circuito del Congreso, va a pasar por la Comisión Permanente y luego será el Pleno el que determine si finalmente se le levanta toda la inmunidad y va a afrontar su juicio a Chiclayo como debería ocurrir con cualquier ciudadano común y corriente.

“Para este caso Becerril afronta 3 delitos que sumados llegan a más de 30 años que podría recibir. Y será la justicia de Chiclayo que determine si es responsable de esos delitos, sobre todo del más grave que es organización criminal”, aseveró Quispe.

HECHO HISTÓRICO PARA LUCHA ANTICORRUPCIÓN

—¿Qué significado tiene este caso de un integrante de Fuerza Popular, partido político que tiene otras investigaciones?

—El precedente es importan­te en la medida que cuando el pleno le dé luz verde y establezca que se le quite la inmunidad a Becerril por una organización criminal. Es que servirá como un símbolo para los demás ca­sos de congresistas o de altas autoridades como Los Cuellos Blancos del Puerto investigados por organización criminal, tam­bién puedan ser pasibles de que se les quite la inmunidad y no como en el anterior Congreso que ni si quiera pasaba la Sub­comisión de Acusaciones Cons­titucionales, ahí lo archivaban y quedaba olvidado.

Entonces, el trabajo que está realizando el actual Con­greso, a partir de la presión de los medios de comunicación, de la población, de las organiza­ciones sindicales, de las ONGs, ha servido para que despierte este Parlamento y vea que an­teriormente, básicamente en Fuerza Popular y Los Cuellos Blancos del Puerto han existido organizaciones criminales, los cuales la Fiscalía y el Poder Ju­dicial merece investigar. Y que no se archive.

Es un aspecto muy impor­tante en cuanto a la lucha contra la corrupción pero sobre todo en que este Congreso más allá de las irregularidades que tie­ne, porque todavía quiero ver lo que decida el Pleno, porque estamos en la primera etapa de calificación.

Por eso, si el Pleno aprueba que se le elimine la inmunidad esto será un hecho histórico para la lucha contra la corrupción. Y demostrará que dentro del partido Fuerza Popular hay per­sonas vinculadas a organizacio­nes criminales como así lo está investigado, el fiscal José Pérez del Equipo Especial Lava Jato, a la señora Keiko Fujimori.

Es decir, ese partido habría estado formado por personas vinculadas a organizaciones criminales y eso es gravísimo, porque en una democracia no de­berían existir partidos políticos relacionados con estas organi­zaciones o con delitos de lavado de activos. Porque estaríamos estableciendo que están llegando al Congreso personas que tienen una mochila con delitos graves y utilizan al Parlamento para tener una inmunidad que no les correspondería.

DELITO COMÚN DE CONGRESISTAS

Para el abogado de IDL, no es coincidencia que básicamente los excongresistas son los que están siendo investigados por tráfico de influencias. Y refie­re el caso del aprista Aurelio Pastor, “quien finalmente ter­minó limpiado por Javier Vi­lla Stein en la Corte Suprema de Justicia”, afirmó.

“Hay otros casos en los que miembros de organiza­ciones políticas llegaron al Congreso y terminaron sien­do denunciados, entonces podría decir que el delito común que cometerían los congresistas es tráfico de in­fluencias y cohecho activo”, agregó.

Según Quispe, este caso servirá para que se dé una mirada en un segundo pun­to que le corresponde a este Congreso, “y esperemos lo haga, que amplíe la base de los delitos por los cuales los altos funcionarios o las per­sonas elegidas por elección popular, investigadas por estos delitos tan graves no deberían postular al Parla­mento”.

Asimismo, resaltó que no solamente quien tiene una primera sentencia, sino que si tiene una investigación preli­minar “tampoco debería per­mitírsele postular porque esa investigación sigue su curso y cuando son elegidos por el pueblo, tienen inmunidad y no le pueden hacer nada por cinco años. Eso no debería existir, y más bien toda perso­na que está siendo investiga­da por el Ministerio Público no debería tener el derecho a participar en las elecciones, más allá de la presunción de inocencia”.

El letrado señaló: “Va­mos establecer que hay una casuística de que a personas que están siendo investigadas con pruebas contundentes finalmente terminan amparándose en la inmunidad a través de una elección donde invierten una gran cantidad de dinero y no sabemos de dónde proviene ese dinero”.

 

ALGO MÁS

La Subcomisión de Acusaciones también votó por unaminidad declarar procedente la denuncia constitucional contra el exparlamentario Roberto Vieira. Sobre quien pesan los presuntos delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias agravado e infracciones constituciones.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL
lacheca@yandex.com

Política

Presenta proyecto para el retorno a la bicameralidad

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La bancada de Acción Popular presentó un proyecto de reforma constitucional que plantea el retorno de la bicameralidad en el Congreso, con una Cámara de Diputados de 100 miembros y una Cámara de Senadores con 30 integrantes. La iniciativa N° 6281/2020-CR plantea que para ser elegido senador se requiere de ser peruano de nacimiento, haber cumplido 35 años, gozar del derecho a sufragio y acreditar haber terminado estudios superiores. Para ser diputado se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido 25 años y gozar de derecho de sufragio. El proyecto de ley señala además que corresponderá a la Cámara de Senadores aprobar el presupuesto anual del sector público, evaluado y debatido previamente por la Comisión de Presupuesto, integrada por igual número de diputados y senadores. Precias también que la Cámara de Senadores designará al contralor general de la República, a propuesta del Legislativo; a tres miembros del Banco Central de Reserva (BCR), y ratificará al superintendente de banca seguros y AFP designado por el Ejecutivo. Elegirá también a defensor del pueblo y a los magistrados del Tribunal Constitucional. Entre las funciones que le asigna el proyecto de ley a la Cámara de Senadores, está la de recibir la acusación de la Cámara de Diputados al presidente de la República, congresistas, ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros de la JNJ, vocales y fiscales supremos, defensor del pueblos y al contralor por infracción a la Constitución y delitos. Le corresponderá, asimismo, aceptar la renuncia del presidente de la República, otorgar permiso al presidente para salir del país y declarar la vacancia por permanente incapacidad moral o física del jefe del Estado, tras la decisión de la Cámara de Diputados. El presidente del Senado, además, asumirá la presidencia de la República por impedimento temporal o permanente del mandatario, en caso no haya primer ni segundo vicepresidente de la República.

La bancada de Acción Popular presentó un proyecto de reforma constitucional que plantea el retorno de la bicameralidad en el Congreso, con una Cámara de Diputados de 100 miembros y una Cámara de Senadores con 30 integrantes.

La iniciativa N° 6281/2020-CR plantea que para ser elegido senador se requiere de ser peruano de nacimiento, haber cumplido 35 años, gozar del derecho a sufragio y acreditar haber terminado estudios superiores.

Para ser diputado se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido 25 años y gozar de derecho de sufragio.

El proyecto de ley señala además que corresponderá a la Cámara de Senadores aprobar el presupuesto anual del sector público, evaluado y debatido previamente por la Comisión de Presupuesto, integrada por igual número de diputados y senadores.

Precias también que la Cámara de Senadores designará al contralor general de la República, a propuesta del Legislativo; a tres miembros del Banco Central de Reserva (BCR), y ratificará al superintendente de banca seguros y AFP designado por el Ejecutivo. Elegirá también a defensor del pueblo y a los magistrados del Tribunal Constitucional.

Entre las funciones que le asigna el proyecto de ley a la Cámara de Senadores, está la de recibir la acusación de la Cámara de Diputados al presidente de la República, congresistas, ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros de la JNJ, vocales y fiscales supremos, defensor del pueblos y al contralor por infracción a la Constitución y delitos.

Le corresponderá, asimismo, aceptar la renuncia del presidente de la República, otorgar permiso al presidente para salir del país y declarar la vacancia por permanente incapacidad moral o física del jefe del Estado, tras la decisión de la Cámara de Diputados.

El presidente del Senado, además, asumirá la presidencia de la República por impedimento temporal o permanente del mandatario, en caso no haya primer ni segundo vicepresidente de la República.

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Tomás Gálvez seguirá con impedimento de salida

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Tomás Gálvez seguirá con impedimento de salida

El Poder Judicial rechazó la solicitud del suspendido fiscal supremo Tomás Gálvez para anular el mandato de impedimento de salida del país que rige en su contra hasta julio de 2021.

La medida fue establecida por el juez supremo Hugo Núñez, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Tomás Gálvez había solicitado la nulidad de la resolución que declaró consentida prolongación de impedimento de salida del país en la investigación que se le sigue por organización criminal y otros.

En julio, pasado, el juez supremo Hugo Núñez Julca amplió por 12 meses la medida de impedimento de salida del país contra Tomás Gálvez, en la investigación por el caso Cuellos Blancos del Puerto.

El juez justificó la medida al señalar que la investigación es de una especial dificultad por comprender a una presunta organización criminal y a un funcionario que cuenta con la prerrogativa de un antejuicio político, así como a las circunstancias propias del coronavirus.

Sostuvo, además, que la suspensión de Tomás Gálvez, adoptada por la Junta Nacional de Justicia, implica una variación respecto a su arraigo laboral y evidencia que a la fecha no cuente con vínculo laboral.

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Declaran procedente denuncia por tráfico de influencias agravado

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Declaran procedente denuncia por tráfico de influencias agravado

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso declaró procedentes una denuncia constitucional contra el exparlamentario de Fuerza Popular, Héctor Becerril, por presunto delito de tráfico de influencias agravado.

La denuncia fue presentada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, solicitando el respectivo antejuicio político.

Como se recuerda, la denuncia está referida a un supuesto aprovechamiento del cargo como parlamentario para la gestión de presupuesto para la municipalidad distrital de Aucallama, a cambio de que la comuna cumpla con el pago de una deuda pendiente a una empresa que estaría vinculada a uno de sus hermanos.

También se presentó otra denuncia constitucional por su presunta vinculación con la organización los Temerarios del Crimen, liderada por el exalcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel.

El informe 22 de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sobre el caso de Héctor Becerril obtuvo 11 votos a favor y una abstención.

De otro lado, el subgrupo de trabajo archivó una denuncia constitucional contra el excongresista de Fuerza Popular, Moisés Mamani, por el presunto delito de falsedad genérica. La decisión se tomó por la reciente muerte del exlegislador.

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