Política
Misión de la ONU concluye que la policía incurrió “uso innecesario y excesivo de la fuerza” durante las protestas contra Merino
La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, señaló que “el Estado debe defender el derecho de las víctimas y sus familias a la justicia, la verdad y la reparación, incluida la no repetición”.
Ricardo Milla Toro
Editor Digital de Diario Uno
Desde Ginebra se dio a conocer el martes las conclusiones realizadas por la misión de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esta misión investigó los incidentes ocurridos en las protestas de finales de 2020 en Perú contra el gobierno del expresidente Manuel Merino.
Concluyó que la policía peruana “hizo un uso innecesario y excesivo de la fuerza” y se incumplieron los estándares internacionales de derechos humanos.
“El derecho internacional es claro: las personas tienen derecho a reunirse pacíficamente y las reuniones solo pueden ser dispersadas en casos excepcionales”, aseguró en un comunicado Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los derechos humanos.
“La policía disparó perdigones con escopetas de calibre 12 y cartuchos de gas lacrimógeno directamente contra la cabeza y la parte superior del cuerpo de los manifestantes, de manera indiscriminada y a corta distancia”, señala el comunicado.
Según el informe de la ONU, las fuerzas del orden no distinguieron entre manifestantes pacíficos, a los cuales llama como “la mayoría”, y aquellos que “presuntamente” actuaron de forma violenta.
Otros de los incumplimientos apuntados son la falta de identificación de los policías vestidos de civil al realizar arrestos; la ausencia de asistencia legal de los detenidos, algunos de los cuales se autoinculparon bajo presión; y las condiciones degradantes de detención.
“Diez detenidos relataron a la misión de la ONU haber sufrido abusos físicos y ocho señalaron presuntos abusos psicológicos”, destaca el comunicado de la oficina.
También se le informó a la misión de la ONU de “ocho casos de violencia sexual y de género contra mujeres y hombres”.
“Es fundamental que el mando policial también reconozca que se cometieron violaciones de derechos humanos”, agregó la alta comisionada, que también expresó su preocupación por los “patrones de violencia institucional” durante las recientes protestas de los trabajadores agrarios.
Política
Sigue la huelga médica

Ayer continuó la huelga indefinida convocada por la Federación Médica del Perú. Integrantes del gremio médico y un nutrido grupo de obstetras de la red de hospitales del Minsa, se manifestaron frente al Congreso, y posteriormente en los exteriores del Ministerio de Economía y Finanzas, demandando el cumplimiento de los compromisos adoptados respecto al aumento de la escala salarial, y al pago del bono COVID, además de solicitar mayores partidas para atender la emergencia.
Política
Elice puede ser censurado

Luego que el ministro del Interior confirmara ante la Comisión Permanente que en las marchas de trabajadores agrarios en La Libertad, el joven Jorge Muñoz murió por disparo efectuado por un suboficial PNP José Hoyos, el defenestrado Manuel Merino de Lama advirtió que podría ser censurado.
Las afirmaciones del ministro fueron criticadas por Manuel Merino, quien indicó que Elice no estaba capacitado para ejercer el cargo. “Por el bien del país. Está acabando con la Policía. (José Elice) debe poner un paso al costado”, dijo durante la sesión. Además, Merino de Lama sostuvo que el ministro puede pasar por una censura. “Creo que el camino al que va es el de ser censurado”, dijo.
Elice informó que sobre el suboficial Hoyos pende una orden de detención preliminar.
Política
Dos ministros acusados por no devolver aportes de la ONP

El vocero de la bancada de Podemos Perú, Arón Espinoza, presentó una denuncia constitucional contra la jefa del Gabinete Ministerial, Violeta Bermúdez, y el ministro de Economía, Waldo Mendoza, por la no devolución de su dinero a los aportantes y exaportantes a la Oficina de Normalización Previsional (ONP).
Espinoza señaló que ambos ministros son pasibles de acusación de los presuntos delitos contra la administración pública, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y resistencia o desobediencia a la autoridad.
Espinoza recordó que el pasado 3 de diciembre el Congreso aprobó por insistencia la autógrafa de ley que plantea la devolución de los fondos administrados por la ONP a los aportantes del sistema nacional de pensiones, creado por el Decreto Ley 19990.
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