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Política

Miles de indígenas quedan abandonados a su suerte

La propagación del coronavirus en la región Amazonas amenaza la vida de 43 mil indígenas que a la precariedad y las dificultades geográficas deben sumarle el abandono del Estado aún durante la pandemia. El Ejecutivo debe tomar medidas inmediatas.

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Miles de indígenas quedan abandonados a su suerte

“Que se suspenda todo tipo de pago de cualquier programa social, que se pos­tergue inmediatamente. Esa es la mayor forma de pro­pagar la enfermedad en las comunidades indígenas, ya tenemos demasiados conta­giados, el personal de salud está infectado, no tenemos oxígeno y no tenemos perso­nal médico. Suspendan estas actividades e intervengan a estas comunidades que están en abandono. Por favor evite­mos una tragedia más grande”, clamaba al Gobierno a través de un video difundido ayer en redes sociales Evelio Paz, obstetra del Centro de Salud del Cenepa, y contagiado tam­bién de Covid-19.

El dramático pedido es uno entre tantos difundidos en redes sociales durante los últimos días, acusando el escenario desolador que enfrentan las comunidades indígenas en Amazonas, donde se denuncia ya no solo la falta de infraestructura y equipamiento adecuado para el tratamiento del Covid-19, sino incluso la escasez de medicamentos elementales como el paracetamol.

INACCIÓN ESTATAL

El viernes 26, un comu­nicado de la Defensoría del Pueblo advirtió que la rápida propagación del Covid-19 en Amazonas pone en “grave riesgo la salud y la vida de aproximadamente 43 mil ciu­dadanas y ciudadanos que se autoidentifican como parte de los pueblos indígenas awajún, quechua y wampis”, quienes habitan territorialmente en 389 comunidades ubicadas en 7 de los 84 distritos de dicha región.

La Defensoría del Pueblo refirió que a pesar de haberse aprobado desde hace un mes un Plan de Intervención para la lucha contra el Covid-19 en la región Amazonas, todavía no se advierten para su implementa­ción. Además, señaló que aunque el reporte de la Diresa Amazonas del 25 de junio identificó a 2,162 casos confirmados, 63 fallecidos y 33 personas hospitalizadas, no se cuenta con información sobre el número de comunidades afec­tadas y personas indígenas conta­giadas, recuperadas y fallecidas a causa de la pandemia, por lo que no se estaría garantizando la protección de la salud de la pobla­ción indígena en la región.

Por ello, se pidió mejorar la calidad de la información de los reportes de Diresa Amazonas, sin la cual las autoridades no podrán tomar decisiones eficaces y oportunas para el tratamiento de la pandemia.

CENTROS DE SALUD COLAPSADOS

En tanto, un informe elabo­rado por el Observatorio Amazó­nico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y publicado en Servindi, da cuenta que, de acuerdo al personal de salud en la región Amazonas, “el contagio se encuentra en fase de transmisión comunitaria y para enfrentarlo cuentan con limitados recursos; además, las autoridades sanitarias no han fortalecido los establecimientos de salud y ahora se encuentran completamente colapsados”.

El estudio señala que, hasta la fecha, las organizaciones in­dígenas han registrado la muer­te de 17 grandes pensadores y luchadores del pueblo awajún: el profesor Gerardo Shimpukat, el exconsejero Antum Kuji, el comunicador Hernán Kinin y el reconocido líder, Arturo Kinin, entre otras víctimas del abando­no sistemático del Estado.

Además, se señala que las políticas del Gobierno Central dictadas desde Lima, “sin un entendimiento de las particu­laridades locales de Amazonas, se han convertido en los princi­pales vectores de contagio del Covid-19”.

En ese sentido, se pone en cuestión que mientras el virus avanzaba raudamente entre los awajún y wampis, el gobierno no consideraba a la población indígena de esta región como potencialmente en riesgo. Así lo indicaría la Resolución Ministe­rial N° 361-2020, aprobada el 5 de junio, y que no consideró a la provincia de Condorcanqui como de alto riesgo de trans­misión de Covid-19 a pesar de que el personal de salud venía alertando sobre el aumento de contagios.

GOBIERNO RECORTA Y RETIENE PRESUPUESTO

Finalmente, el informe consigna que el Gobierno lleva más de un mes demo­rando la transferencia del presupuesto para el Plan de Intervención del Ministerio de Salud para Comunidades Indígenas y Centros Poblados Rurales de la Amazonia frente a la emergencia del Covid-19, aprobado el 21 de mayo me­diante Resolución Ministerial 308-2020 MINSA. Ello, a pesar de haber recortado el presu­puesto inicial de 88 426 254 soles a 74 558 670 millones, sin ninguna explicación. Al cierre de esta edición el Ejecutivo anunció la transferencia de más de 7 millones de soles.

“Estamos cansados de diagnósticos. ¡Exigimos aten­ción inmediata! Nosotros no vamos a morir por falta de me­dicinas, vamos a morir por el abandono del Estado”, refirió el líder awajún Zebelio Kayap. Acaso resulte una ironía que el Ejecutivo haya denominado al 2020 como “el año de la universalización de la salud en el Perú”.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO
Redactor Política

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Este Congreso parece ser la continuidad o peor que el anterior

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Este Congreso parece ser la continuidad o peor que el anterior

Estamos ante un Congreso de la República que parece ser la continuación del anterior o hasta peor, afirmó el exprocurador Julio Arbizu, al referir que se esperaba que se corrigieran los errores cometidos en la gestión parlamentaria.

Fue al cuestionar la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de rechazar el pedido para revisar las imputaciones contra el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

“Este Congreso parece ser la continuación del anterior o quizá uno todavía peor. Esperábamos que este Congreso corrigiese algunas de las atrocidades que hizo el anterior, y una de esas era precisamente pelear con estas organizaciones criminales que se instalaron con el Ministerio Público. Acá tenemos a tres miembros en la cúpula, que fueron defendidos por el Congreso anterior y que están siendo protegidos por este. Estoy hablando de Pedro Chávarry, Víctor Rodríguez Monteza y Tomás Gálvez Villegas”, in­dicó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Con esa composición, la Junta de Fiscales puede tomar decisiones, que serían incon­venientes para el sistema electoral, pero ¿qué podemos esperar si este Congreso ha asumido lo peor del anterior en términos de cómo termina su gestión parlamentaria?”, aseveró.

EN CONTRA DEL INTERÉS COLECTIVO

El exprocurador refirió que resulta lamentable que el Congreso y otras instancias aprovechen de la pandemia del coronavirus para tomar decisiones que van en contra del interés colectivo.

“Es lamentable porque el Congreso, entre otras instancias, están aprovechando la pandemia para que pasen piola algunas decisiones tomadas en contra del interés colectivo. También ha pasado que el Poder Judicial ha demorado mucho tiempo para tramitar casos a diferencia de otros países”, aseveró.

“En Perú ha habido un parón impidiendo el acceso a la justicia de los más vulnera­bles. Está el tema de los focos de corrupción de compras con insumos para resguardo del con­tagio. Qué terrible constatar que desde la administración pública se pueda estar bajo el servicio de la corrupción”, anotó.

ESTE CONGRESO ES TODAVÍA MÁS BAJO

Insistió en referir que este Parlamento resulta ser muy similar al anterior o parecido. En ese sentido, cuestionó también el papel del excontralor Édgar Alarcón presidiendo la Comisión de Fiscalización y del congresista Omar Chehade.

“Parece ser este un Con­greso si no es la continuación del anterior es uno muy pa­recido, muy similar, con un nivel incluso todavía más bajo si se quiere por estos últimos casos que observamos. Un ex­miembro de la Procuraduría favoreciendo la corrupción de un lado, y, por otro lado, un sujeto imputado por graves delitos de corrupción sentán­dose en la mesa principal de la Comisión de Fiscalización, que tendría que atender casos graves de corrupción que se es­tán produciendo hoy en otras instancias”, cuestionó.

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Aprueba dictamen para eliminar inmunidad parlamentaria

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Aprueba dictamen para eliminar inmunidad parlamentaria

La Comisión de Constitu­ción y Reglamento aprobó en su décima sesión ordinaria y por mayoría (17 votos a favor, 6 en contra y una abstención) la eliminación total de la inmu­nidad parlamentaria mediante la modificación del artículo 93 de la Constitución Política del Estado.

Con esa decisión, el mencionado artículo cons­titucional solo establece que “los congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación”; y “no son res­ponsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones”.

Durante el debate, el con­gresista Robinson Gupioc Ríos (PP) propuso incluir un tercer párrafo que especifica: “Los procesos penales contra con­gresistas por delitos comunes cometidos durante su mandato son de competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justi­cia”. Propuesta que fue acogida inmediatamente por el titular de la Comisión, Omar Chehade Moya (APP).

En el inicio del debate, el congresista Gino Costa Santola­lla (PM) sugirió volver a debatir los predictamenes anteriores, y poner las cartas sobre la mesa sobre el voto de las bancadas, ya que su preocupación se ba­saba en la votación posterior del actual y su respectivo ar­chivamiento. Al respecto, Luis Roel Alva (AP) dijo que ya no valen ver matices: estamos o no contra la corrupción.

Los dos integrantes del Frepap: Isaías Pineda Santos y María Retamozo Lezama, plan­tearon su adhesión al presente predictamen, que va al fondo del asunto. «Si no se aprueba, quedará claro que con el voto de algunos grupos parlamentarios se mantendrá la inmunidad y la ciudadanía los conocerá”, sostuvo Retamozo.

Rennán Espinoza Rosales (SP) señaló estar complacido con este predictamen que recoge el sentir de muchas bancadas. Y Carlos Almerí Veramendi (PP) indicó que el predictamen “está claro, los argumentos se han esgrimido, si el Pleno aprueba el texto vamos a te­ner grandes problemas, pero lo aceptamos”.

La legisladora Mirtha Vás­quez Chuquilín (FA) reafirmó su preocupación por este predic­tamen que cambia de manera radical las propuestas que bus­caban utilizar coherentemente la figura de la inmunidad, que “no es un privilegio, es una ga­rantía corporativa del Poder Le­gislativo y lo han dicho todos los constitucionalistas”.

Vásquez Chuquilín enfa­tizó el hecho de que con esta decisión “no se va acabar con la corrupción”. La inmunidad “fa­cilita el trabajo independiente y lo protege. Esto, más bien, pasa porque los partidos políticos tengan los filtros necesarios para elegir los representantes más idóneos. Las consecuen­cias van a verse a lo largo del tiempo”.

Jim Mamani Barriga, tam­bién de UPP, dijo que el predicta­men que se plantea no resuelve el problema de la lucha contra la corrupción: “no se trata de petardear una reforma”. Y plan­teó la presentación de un dicta­men en minoría que incluya la eliminación de la inmunidad de otros altos funcionarios del Estado.

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