Cuando empezó el estado de emergencia en el Perú, en las cárceles del país había 97.345 internos pero el sistema penitenciario tiene capacidad para menos de la mitad es decir, 40.463 presos.

El Sombrero consultó a especialistas en el tema que señalaron que en su mayoría, la población penal no tiene sentencia y cambiar esa realidad sería el inicio de la solución que pasa necesariamente por el ministerio de Justicia, con el doctor Aníbal Torres a la cabeza.

La pandemia del coronavirus agravó la crisis del hacinamiento ya que mantener la distancia en las prisiones y evitar los contagios del COVID-19 era y sigue siendo muy difícil.

Hasta inicios de este año la cifra de internos bajó a 92.815. Esto quiere decir que el hacinamiento pasó de 141% a 129%. Sin embargo, no todos los 5.979 reclusos dejaron las cárceles como consecuencia de las políticas de deshacinamiento del Ejecutivo. La mayoría lo hizo porque cumplió su condena o porque se venció el plazo de sus prisiones preventivas. Iban a salir de todas maneras, sin ninguna norma específica.

El sistema penitenciario peruano, atraviesa una grave crisis, la cual viene arrastrándose durante las últimas décadas. Ello, ha generado por parte del Estado Peruano, la adopción de diversas medidas aplicando diversas políticas penitenciarias; las mismas, que no han tenido éxito a la fecha.

El Gobierno prorrogó por 31 días calendario, a partir del viernes 1 de octubre del 2021, el estado de emergencia nacional debido a las circunstancias que afectan al país a consecuencia del covid-19.

La norma señala que el toque de queda seguirá siendo de 1 a 4 de la mañana y en casi la totalidad del país. La medida se oficializó mediante Decreto Supremo 152-2021-PCM, publicado ayer en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Durante la presente prórroga del estado de emergencia nacional queda restringido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio. Asimismo precisa que en todos los casos es obligatorio el uso de mascarilla para circular por las vías de uso público; así como el uso de doble mascarilla para el ingreso a establecimientos con riesgo de aglomeración.

La teniente alcaldesa de Chilca, Aida Victoria Cantú de Falcón, demandó que el Jurado Nacional de Elecciones fije fecha para la audiencia pública de apelación planteada por el cuestionado alcalde de la Municipalidad Distrital de Chilca, Alfredo Rosas Chauca Navarro, quien apeló ante el máximo organismo electoral luego de que los regidores de esa comuna lo suspendieran por haber cometido una serie de irregularidades durante su gestión edil.

Cantú de Falcón dijo que de acuerdo a lo estipulado en el Expediente N*JNE.2021077218, fecha 7 de Junio del 2021, el Jurado Nacional de Elecciones luego de la denuncia presentada por el gobernador de Chilca Francisco Rubén Ruiz Gonzales, recomendó que los regidores de esa comuna actúen de acuerdo a los lineamientos de la ley electoral.

Explicó que la suspensión del alcalde del lugar Chauca Navarro, se dio por mayoría de los regidores en sección de concejo de Chilca, por no instalar ni convocar por lo menos una vez cada dos meses al Comité de Seguridad Ciudadana, dispuesto en la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

“La Municipalidad de Chilca procedió de acuerdo a ley con el envío del acta de suspensión de la primera autoridad edil de este distrito ante el JNE. Sin embargo en clara maniobra dilatoria Chauca Navarro, apeló ante el JNE en su desesperado intento de aferrarse al sillón municipal de Chilca” dijo Cantú de Falcón.

JNE DEBE FIJAR FECHA

“Ahora el JNE no puede caer en el juego del alcalde suspendido en sus funciones y deberá fijar fecha para la próxima audiencia pública para ver la apelación. Lo legal es que el JNE resuelva por la ratificación de la suspensión del citado burgomaestre de Chilca, quien tendrá que ser sucedido en el cargo por la declarante”, sostuvo la teniente alcaldesa.

En tanto, fuentes del Ministerio Público informan sobre la existencia de otra denuncia ante la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios contra el alcalde Chauca Navarro y otros 15 funcionarios por los siguientes delitos: Organización criminal, colusión agravada, falsificación de documentos, falsedad ideológica, abuso de autoridad, cobro indebido, peculado, malversación , negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, omisión de actos funcionales y usurpación de función pública, entre otros.

POLICÍA INVESTIGA

Por su parte los efectivos policiales de la Dirección de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAT), la Dirección Nacional Contra la Corrupción (DICORCOR) y la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, (DIGIMIN), vienen investigado al suspendido burgomaestre de Chilca.