Tras la suspensión dispuesta por el Colegio de Abogados de Lima, y al margen de una eventual apelación, las exigencias de ciudadanos y analistas se dirigen hacia la JNJ, que a partir de febrero deberá evaluar la remoción del fiscal supremo Pedro Chávarry.

Luego de la suspensión por 18 meses dispuesta por el Colegio de Abogados de Lima (CAL) en contra del fiscal supremo y presunto integrante de la red criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, Pedro Chávarry, diversos analistas han dirigido sus miradas hacia la Junta de Fiscales Supremos y hacia la Junta Nacional de Justicia (JNJ), como los organismos que deberían concluir la separación del cuestionado magistrado del cargo que hoy ostenta.

El exprocurador anticorrupción, Antonio Maldonado, sostuvo en Ideeleradio que “la colegiatura es un elemento importante para el ejercicio de la profesión”, y en tanto ésta haya sido suspendida genera un impacto directo y concreto en el ejercicio de la abogacía. En esa línea, consideró que la Junta de Fiscales Supremos “debe valorar y analizar cuál es la dimensión y los efectos concretos de esta decisión”. “Concretamente, el que no tiene un ejercicio profesional acreditado por el colegio de abogados no puede ejercer la profesión”, manifestó.

Por su parte, el exministro de Justicia, Diego García-Sayán, cuestionó la tardía resolución del CAL tras más de un año de haber recibido la denuncia contra Chávarry, lo que a su criterio podría revelar una posible complicidad. García Sayán consideró que la JNJ, en el ejercicio de sus funciones, podría suspender al fiscal supremo.

Hay que indicar que según el plan de trabajo aprobado por la JNJ, en febrero ya se tendrá listo el reglamento para iniciar la evaluación de los nombramientos, ratificaciones y procesos disciplinarios de jueces y fiscales.

LA ÉTICA EXISTE

El secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), y uno de los firmantes de la solicitud para la suspensión de Chávarry, Jorge Bracamonte, indicó que la presidenta de la Junta de Fiscales Supremos – la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos – debe tomar acciones a partir del “mecanismo de control sobre el comportamiento ético del abogado, ya determinado”.

Bracamonte destacó la decisión adoptada por el CAL, en tanto sienta un precedente sobre la importancia del comportamiento ético en el desempeño de los abogados. “Tenemos un antecedente previo porque la comisión de ética del CAL ya se había pronunciado por el caso del CNM, y esto es importante porque el comportamiento ético estaba pasando como un elemento secundario y no como un elemento fundamental en el desempeño profesional de los abogados, más cuando estos asumen responsabilidades en instancias públicas del Estado”, afirmó. En ese sentido, remarcó que en el contexto que atraviesa el país, en el que se torna habitual observar cómo se “saca la vuelta a la ley para robar, mentir y actuar con impunidad”, la importancia la resolución del CAL en el caso Chávarry radica en que se vuelve a colocar el valor ético sobre el tapete.

Bracamonte resaltó que en la democracia peruana “finalmente, y aunque no parezca” hay mecanismos que permiten que la ciudadanía pueda actuar para que la impunidad no se consagre ni se legitime. “Esto es muy importante en una democracia, aún en una democracia débil como la nuestra”, añadió.

En cuanto al estado de las cosas que no ha variado con la suspensión inicial dispuesta por el CAL contra Chávarry, invocó a la ciudadanía a realizar una exigencia firme al Ministerio Público, a la JNJ y al próximo Congreso, que tendría que cumplir un rol diferente al disuelto Parlamento que blindó al fiscal supremo en reiteradas oportunidades. “A esos tres mecanismos hay que exigir que se actúe para que las faltas éticas del señor Chávarry no se mantengan de manera impune”, finalizó.

REFORMA DE JUSTICIA DEBE SER REAL

De otro lado, el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y también firmante de la denuncia contra Chávarry ante el CAL, Gerónimo López, cuestionó que Pedro Chávarry todavía se mantenga en el cargo de fiscal supremo. “Desde el momento en que se ha designado a la JNJ, son ellos quienes deben asumir sus funciones y como primera medida evaluar la destitución de este señor, no se puede seguir permitiendo la presencia de Chávarry en la Junta de Fiscales Supremos cuando está seriamente involucrado en actos de corrupción”, alegó.

El líder sindicalista también se refirió a las responsabilidades asumidas por la JNJ y al marco de transparencia necesario para que la ciudadanía vuelva a confiar en el sistema de justicia. “Recordemos que ellos tienen la gran responsabilidad de cumplir con los objetivos de la reforma de justicia, que no se trata de cambiar las siglas CNM por JNJ, sino principalmente de remover a los jueces y fiscales vinculados a la corrupción”. En consecuencia, afirmó que Chávarry tendría que ser removido del cargo “lo antes posible”.

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

Dirigente del Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil de Lima y Balnearios (STCCLB), Félix Ocampo es candidato en Lima Metropolitana por el frente político Juntos por el Perú con el número 9, y quiere llevar la experiencia de sus logros al Congreso de la República en beneficio de los peruanos.

—¿Qué podemos aprender de los éxitos de construcción civil?

—Varias cosas, sobre todo la unidad y lucha en defensa de nuestros derechos. Mucha gente no sabe que en construcción civil se aumentan los salarios cada año y se obtienen beneficios diversos, además de que se apuesta por la capacitación de los trabajadores y la lucha contra la violencia infiltrada en obras.

Esto es gracias a la negociación colectiva por rama en construcción civil, derecho que permite obtener beneficios para todos los trabajadores del sector construcción en el país, estén afiliados o no. Conseguimos logros para todos. Esa experiencia debe replicarse en los demás sectores económicos.

—¿Qué opinan del aumento del salario mínimo anunciado por el Gobierno?

—El peón de construcción, que es la categoría más baja, gana más de dos salarios mínimos del régimen general. Consideramos que 930 soles solo sirve para sobrevivir y mal.

La canasta básica está por encima de los 2400 soles. La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) ha dicho que debe subirse escalonadamente empezando por los 1500 soles hasta llegar a la canasta básica familiar. Somos de la misma opinión. Además, el salario mínimo es el salario con el que va a negociar todo joven que inicie en un trabajo.

Es el salario de las trabajadoras del hogar, de los vigilantes y guardianes en todo el Perú, de los trabajadores de los supermercados y tiendas por departamento, de las cadenas de comida rápida, de los motorizados que trabajan con aplicaciones, de los muchachos teleoperadores en empresas como Atento y otros.

Son millones a los que se les condena a la pobreza. Y los que deciden cuánto es el salario mínimo son gente que cobra 15 o 30 veces más. Los empresarios de la CONFIEP, el presidente Vizcarra y sus ministros deberían aprender a vivir con un salario mínimo, a ver si les alcanza.

—Entre sus propuestas están el trabajo con derechos y pensiones dignas. ¿Cuánto es la pensión de un obrero actual?

—Es miserable, como todos. No llega a un sueldo mínimo e incluso muchos no llegan a jubilarse pues no pueden acumular 20 años de aportes, porque en construcción el trabajo dura lo que dura la obra. El obrero, en promedio, trabaja formalmente 4 meses al año.

Bajo esa estadística, debería trabajar 60 años para jubilarse con 20 años de aportes. Es imposible. Incluso, el peón, por el salario que tiene, aporta en 10 años lo que el trabajador que gana salario mínimo aporta en 20 años; y el oficial y el operario, de mayores rangos, aportan mucho más.

Nosotros, por eso, teníamos una jubilación con 15 años de aportes, pero Alberto Fujimori, criminal de lesa humanidad que esperamos termine sus días en la cárcel, no solo ordenó matar a nuestro líder Pedro Huilca, sino también eliminó muchos derechos laborales, entre ellos nuestra jubilación con 15 años de aportes.

Debemos recuperar ese derecho conculcado por la dictadura fujimorista, lo que beneficiará al millón de trabajadores de la construcción que calcula el INEI existen en el país.

—Entre sus propuestas está “No al robo de las AFP”. Puede hablarnos al respecto.

—Pues las AFP generan ganancias para sus dueños aun cuando genere pérdidas para los pensionistas. Este es un robo descarado. Y usan nuestro dinero para generar esas ganancias. Esos depósitos millonarios son la caja fuerte de los ricos.

Por eso se necesita mayor fiscalización de los aportes a las AFP, del uso que le dan a nuestro dinero. Las AFP ganaron desde el primer día que se instalaron en el país, pero los pensionistas deben esperar veinte años para ver la miseria de pensión que se recibe ahora.

—Los trabajadores exigen nueva Constitución. ¿Usted qué opina?

—Los trabajadores exigimos en las calles una asamblea constituyente y una nueva Constitución para cambiar el rumbo del país desde la Carta Magna y también exigimos que se vayan todos los corruptos y explotadores del Gobierno. No se ha podido lograr todo, pero ha habido un avance. La nueva Constitución debe ser elaborada para colocarla al servicio de los peruanos, porque actualmente beneficia a los intereses del gran capital.

Ha fracasado política neoliberal de masificación del gas natural domiciliario en Lima y Callao, impuesta por el Gobierno

Los usuarios del servicio público del gas natural domiciliario, hoy miran con cólera como el recibo de pago mensual aumenta cada vez, esos aumentos son aprobados por Osinergmin entidad que depende directamente de la Presidencia del Consejo de Ministros, a propuesta de la colombiana Calidda y con el visto bueno del Ministerio de Energía y Minas.

Es la demostración del fracaso de un modelo privatista del servicio del gas natural que no soluciona el grave problema del servicio caro, más del 80% de los hogares de Lima y Callao siguen comprando el gas GLP en balones, más caro de América Latina, que solo permite grandes utilidades para la española Repsol, la mexicana Zeta Gas y la chilena Lipigas, quienes incluso concertan precios de manera ilegal para aumentar sus ganancias en desmedro del bolsillo popular.

Ha llegado el momento de que digamos, hasta aquí llegó Calidda y sus implementadores, hoy las razones sobran para decirle al gobierno que Calidda debe irse y permitir que el Perú de manera soberana produzca, transporte y distribuya el gas natural para el bienestar de los peruanos y no para llenar los bolsillos de transnacionales. Veamos:

CALIDDA CON MASIFICACIÓN ESTANCADA

Es decir, un promedio de 46 mil conexiones al año. Con esa tendencia, en Lima y Callao con más de 2.5 millones de hogares, Calidda culminaría la masificación en el año 2063. Esta situación significa una vulneración flagrante del derecho ciudadano al servicio de gas domiciliario.

CALIDDA APLICA MODELO TECNOLÓGICO OBSOLETO

Calidda no ha previsto que existen pueblos con miles de hogares en zonas de expansión y laderas de cerros, donde debe tender red de ductos con tecnologías de presión y de redistribución del gas. Su sistema de tendido de redes no ha previsto la demanda de largo plazo de la metrópoli de Lima. De esta manera sin inversión tecnológica, Calidda anula el derecho de millones de hogares que necesitan del servicio.

MEDIDAS DE EXCLUSIÓN EN TENDIDO DE REDES DE DUCTOS

Su incapacidad tecnológica y su afán de lucro, no le permite a Calidda aplicar tecnologías como las que existen en Bolivia, para llevar el gas a las partes de las Laderas de Lima, donde viven más de 1 millón de habitantes sin el servicio. Calidda conscientemente y por su propia decisión ha excluido del servicio precisamente a los hogares más pobres. Esta es una de las peores violaciones de los derechos ciudadanos. En San Juan de Lurigancho el 100% de Laderas no han sido atendidas.

CALIDDA NO APLICÓ MECANISMOS DE PROMOCIÓN EN CONEXIONES DOMICILIARIAS.

Calidda se burla del Estado Peruano, se burla de los peruanos y nos somete a sus propias reglas. Entre 2014 y 2016 Calidda anuló el derecho al mecanismo de promoción en las instalaciones internas domiciliarias a 172,000 hogares, a quienes cobró 1990 soles por una conexión de gas. Calidda sustrajo de los bolsillos de los hogares la suma de 55 millones de dólares, que luego el Estado Peruano tuvo que solventar para devolver a cada “estafado” la suma de 322 dólares.

Ni Osinergmin, ni el Ministerio de Energía y Minas se dieron cuenta de tan nefasta medida, ni hicieron valer el derecho de los peruanos. Se impusieron algunas multas, Calidda las judicializó para no pagarlas. Se informó al Ministerio de Energía y Minas para que en su calidad de concedente aplique las cláusulas de rescisión del contrato de concesión, pero nunca lo hizo. El lobby del gas siempre se impuso y se sigue imponiendo. Fue el pueblo movilizado quien logró que se restituyera los mecanismos de promoción mediante los DS 010, DS 012-2016 – EM y la devolución del dinero cobrado indebidamente por Calidda mediante DS 04 y DS 017-2017-Em.

INVERSIÓN EN MECANISMO DE PROMOCIÓN DISMINUYÓ AFECTANDO A LOS POBRES.

La tendencia de crecimiento de los montos de dinero destinados a los mecanismos de promoción que sirven para subsidiar los costos de las instalaciones de gas domiciliario bajaron ostensiblemente (45%) y con ello el número de hogares beneficiarios de los estratos socioeconómicos bajos, medio bajo y medio disminuyeron.

CALIDDA BAJÓ INVERSIONES EN INSTALACIÓN DE REDES DE DUCTOS

Las inversiones en redes de ductos en material de plástico y acero aprobadas en el Plan quinquenal 2018-2022 han bajado en un 40% respecto a las inversiones del Plan quinquenal 2014-2018. Sin incremento real de las inversiones, la masificación está estancada y condenada a su postergación.

FONDO DE INCLUSIÓN SOCIAL ENERGÉTICA FISE GENERA GANANCIAS PARA BANCOS PRIVADOS

Mientras se reduce el monto destinado al mecanismo de promoción para los pobres, el dinero del Fondo FISE destinado para la masificación del gas, se ha constituido en un fondo para el lucro y la corrupción. Este fondo que estaba en el Banco de la Nación, paso de la noche a la mañana a los bancos privados, como Crédito, BBVA, Interbank, Banbif.

Estos bancos manejan a su interés un promedio de 1,223 millones de soles de masificación en cuentas a plazo fijo cuando este dinero debe servir a la masificación del servicio del gas. La Contraloría General de la República en su Informe de Auditoría a la Cuenta General de la República 2016 descubre respecto al fondo FISE que “dichos fondos no vienen siendo ejecutados para los fines establecidos en la citada norma (Ley del Fise) y no cuenta con una política contable para el registro de dicho fondo que asciende a 1,229 millones de soles”.

CALIDDA NO INVIERNE EN LA MASIFICACIÓN, LO HACE CON DINEROS QUE RECAUDA POR TARIFAS Y TARIFAZOS

La tendencia de crecimiento de las inversiones en tendido de red de ductos tiene una tendencia decreciente. Las inversiones previstas en el Plan quinquenal 2018-2022 han bajado en más del 40% respecto a las inversiones del Plan quinquenal 2014-2018.

Para incrementar estas escuálidas inversiones, Calidda en concordancia con OSINERGMIN y el MINEM, presenta “actualizaciones del plan quinquenal” que no es más que una estrategia comercial para sacar dinero a los usuarios del gas natural.

Como lo ocurrido con el último Plan actualizado mediante el cual están extrayendo de los usuarios mediante el incremento de las tarifas la suma de 159 millones de dólares para que “inviertan “en la masificación. Esto se ve reflejado en el TARIFAZO que hoy resisten los usuarios (RCD Nº 129-2019- OS/CD). En dichos incrementos de tarifa, pese a la oposición de los usuarios, estos no tienen ni arte ni parte, sus opiniones no valen, no son vinculantes.

CALIDDA IMPONE TARIFAZO A USUARIOS DE LOS HOGARES POBRES.

A través de los planes quinquenales Calidda propone y logra que el estado peruano le acepte el cobro de Tarifas cada vez elevadas, la opinión de los usuarios no sirve. Hoy las grandes industrias y generadoras eléctricas pagan $ 0.14 por m3, mientras que los hogares pagamos $ 0.47 por m3, es decir nosotros pagamos tres veces más.

En la tarifa le pagamos a la extranjera Consorcio Camisea el costo de la molécula del gas (32% del recibo), a la extranjera Transportadora de Gas del Perú un “costo de Transporte” (13% del recibo) y a la extranjera Calidda la tajada más grande por costo de distribución que representa el 55% del recibo. Calidda se lleva más de la mitad de lo que pagamos por recibo de gas natural. Los peruanos con nuestro gas, recurso natural de todos los peruanos, enriquecemos todos los días a empresas extranjeras.

CALIDDA NO DA SERVICIO CON PROMOCIÓN, NI TARIFAS JUSTAS A MICROEMPRESARIOS.

La pequeña y micro empresa (pymes) es uno de los más importantes sectores económicos del país, pues representa el 96.5% de las empresas que existen en el Perú dando empleo a más de 8 millones de peruanos. Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2016), el 50.1% de las micro y pequeñas empresas se concentra en el sector servicios, el 33.8% al comercio y la diferencia (16.1%) se dedica a actividades relacionadas con la extracción y producción.

Estado no cumple con la Ley 28015 Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa y la Ley Nº 29073 Ley del Artesano y del Desarrollo de la Actividad Artesanal, que ordenan la promoción de estas actividades. Las MYPEs que dan empleo a 8 millones de peruanos están excluidas del gas natural accesible, con promoción y tarifas justas. Esto solo favorece a Calidda.

CALIDDA EXCLUYE A PROGRAMAS E INSTITUCIONES DE ALIMENTACIÓN POPULAR

Según el Registro Nacional de Municipalidades 2016, existen 16,461 comedores populares y 63,474 comités de vaso de leche. Estado no cumple la Ley 30790 y Ley 25307 que promueve a los comedores populares como unidades de emprendimiento. Calidda en 15 años de concesión solo ha instalado gas natural a 719 comedores populares de Lima. El gas no llega a quienes lo necesitan.

CALIDDA NO INVIERTE SU CAPITAL, TRABAJA CON DINERO DE USUARIOS

Mientras a los pobres se les sube la tarifa, los fondos FISE van a parar a los bancos privados para su lucro, las Utilidades Netas de la Empresa Calidda siguen creciendo. En los últimos años (2016, 2017 y 2018) han tenido un valor de 180 Millones de Dólares, los cuales representan el 53% de las Utilidades Netas Acumuladas desde el 2005 hasta la fecha, es decir en los últimos años el monopolio Calidda ha obtenido grandes utilidades que salen de las tarifas. Calidda aumenta sus utilidades netas año a año, entre 2005 y 2018 acumuló 350 millones de dólares las que estaría logrando de manera irregular con cobros indebidos de tarifazos.

Caliddaha fracasado con la masificación, no con sus ganancias, a vulnerado derechos de los peruanos, ha incumplido con el contrato de concesión y por ello ante esta situación, el Ministerio de Energía y Minas tiene que tomar decisión, se debe auditar a la concesión con Calidda y proceder a rescindir el contrato de concesión por evidencias de causales configuradas respecto al contrato BOTT.

Calidda actúa ilegalmente, inconstitucionalmente, ha vulnerado la ley de defensa del consumidor, ha cobrado indebidamente a miles de usuarios, excluye a usuarios, no invierte en la masificación, ha fracasado en sus responsabilidades del contrato de concesión, aplica tarifazos y comisiones ilegales para enriquecerse. Calidda ha caído en causales de rescisión de la concesión.

Por ello la exigencia ciudadana no cesará hasta que el gobierno asuma su responsabilidad de defender los intereses del país y de los peruanos y rescate soberanamente nuestro recurso de gas natural como renta estratégica para el bienestar y el desarrollo de los peruanos.

MANUEL DAMMERT

JORGE CHUMPITAZ PANTA