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Editorial

Más de lo mismo en el Congreso

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Por mayoría, la Comisión de Ética del Congreso de la República rechazó iniciar investigación preliminar contra su presidenta, Janet Sánchez (PPK), por haber cobrado gastos de representación a pesar de encontrarse fuera del país, y contra seis legisladores más por el mismo caso.

Entre los suertudos congresistas que no serán investigados figuran Segundo Tapia, Karina Beteta, César Segura, Mario Mantilla y Fredy Sarmiento (Fuerza Popular), y el no agrupado Jorge Castro. Siete miembros de ese grupo de trabajo –cinco en contra y dos abstenciones– salvaron a Sánchez.

La presidenta de la Comisión de Ética ejerció su derecho a defensa tras la denuncia formulada el domingo en el programa periodístico Cuarto Poder. Según la denuncia periodística, Janet Sánchez cobró en noviembre de 2017 S/ 2,800 por gastos de representación, a pesar de que estuvo en Brasil los mismos días en que debió ejercer sus funciones representativas en el Perú.

La presidenta de la Comisión de Ética atribuyó a un error administrativo del Parlamento la entrega del citado monto de dinero. Dijo, además, que ella no ha cometido falta alguna al Código de Ética Parlamentaria porque en el mes de febrero devolvió el dinero.

Aquí hay por lo menos una situación poco ética, pues Janet Sánchez sabía que el grupo de trabajo que ella preside debía ver el caso de los seis parlamentarios que habían cobrado gastos de representación a pesar de encontrarse fuera del país y su titular no tuvo la delicadeza, por decir lo menos, de informar en esa comisión que ella estaba en la misma situación. ¿Podría ocurrir un caso similar en otros países? La verdad que es de Ripley y pinta de cuerpo entero a muchos de nuestros parlamentarios.

Ahora sí podemos entender por qué la reforma política no prosperará en nuestro devaluado poder Legislativo, cuya aprobación raya en cifras de un solo dígito. La población ya está harta de estos congresistas que gastan presupuestos muy elevados y son incapaces de realizar un trabajo que esté a la altura de sus responsabilidades.

Por lo ocurrido en la Comisión de Ética parece que tenemos que esperar que San Pedro baje el dedo para que se apruebe una reforma política con todas las de la ley. Mientras tanto seguiremos viendo más de lo mismo en nuestro Perú que ya se acerca al Bicentenario de su Independencia.

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Editorial

No por mucho madrugar…

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No por mucho madrugar amanece más tem­prano, dice un viejo refrán harto conocido en nuestro medio, y que bien podría aplicarse a lo que ha ocurrido en varias regiones de nuestro país, después de que se relajaron las medidas de biosegu­ridad y que ahora tienen colapsado su sistema de salud. Según anunció el ministro de Defensa, Walter Martos, en estos momentos, con el incremento de contagios por el coronavirus (covid-19) en diversas partes del país, no es una prioridad la implementación de las actividades de la cuarta fase de reactivación económica, referidas a entre­tenimiento.

Le faltó manejo al Gobierno y quizá no debió dejarse presionar por un sector del empresariado que reclamaba el reinicio de las actividades productivas para evitar el cie­rre de negocios en determinados sectores. También, debió tenerse en cuenta que todo es una cadena y que si se au­toriza, por ejemplo, reabrir talleres de confecciones, és­tos no pueden operar si no funcionan otros servicios, como la venta de los insu­mos que requieren para su producción, el transporte para trasladar sus mercade­rías, entre muchos otros.

Al autorizarse el inicio de los viajes interprovinciales, las empresas formales tu­vieron que implementar una serie de medidas de biosegu­ridad que elevaron los costos, mientras que el transporte informal podía ofrecer precios menores, pero con un alto riesgo para los pasajeros. Finalmente, el control fue más difícil para las autoridades y como la necesidad de trasla­darse a sus lugares de origen era grande, muchos optaron por el servicio menos seguro. Las consecuencias se están viendo ahora y el Gobierno ha tenido que suspender el transporte terrestre y aéreo a diez las regiones donde el número de casos va en aumento y por ello retornaron a la cuarentena.

Se trata de Madre de Dios, Áncash, Moquegua, Tacna, Cusco, Puno, Huancavelica, Cajamarca, Amazonas y Apu­rímac, las mismas que se suman a las que ya estaban en cuarentena: Arequipa, Ica, Junín, Huánuco y San Martín. Hablando en buen romance, todo lo avanzado en el tema del reinicio de las actividades económicas está sufriendo un retroceso. Ojalá que en lo sucesivo el Ejecutivo evalúe con más detenimiento las cosas antes de que se produz­can nuevos aumentos de casos de Covid-19. No hay que olvidar la dramática advertencia de que a fin de año la mitad de la población podría estar infectada.

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Editorial

Las bases del cambio

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Debido al creciente nivel de contagios de coronavirus que se ha presentado en diversas jurisdicciones del país, el Gobierno se ha visto obligado a prorrogar el Estado de Emergencia nacional y a mantener la inmovilización social en 63 provincias de 15 regiones del país, donde el toque de queda será desde las 20:00 horas has­ta las 04:00 horas del día siguiente. Las medidas extremas no habrían sido necesarias si la presión popular no hubiera des­bordado las disposiciones sanitarias que dio inicialmente el Ejecutivo.

Aún tenemos latentes las imágenes transmitidas por la televisión de decenas de personas que pretendían llegar ca­minando hasta sus pueblos en la sierra central o en la selva, ni bien se relajaron en Lima las medidas de la cuarentena. El clamor era unánime: “Ya no tenemos para pagar un alquiler y nos han desalojado de la habitación en que nos encontrá­bamos”, decían algunos, mientras otros argumentaban que ya no tenían dinero para dar de comer a sus hijos y que si iban a morir de hambre no les importaba contagiarse del Covid-19.

Hay que recordar al res­pecto que todo esto sucedió porque el Gobierno fracasó en su intento de distribuir víveres y llegar con un bono de ayuda económica a los sec­tores más vulnerables de la población. Por eso, la cuaren­tena obligatoria no sirvió de mucho. Fueron pocas las per­sonas que acataron la disposi­ción de no salir de sus casas, pues la mayoría de esos ciu­dadanos vive del día a día. La informalidad, en nuestro país, afecta al 72% de la población, pero a ello hay que agregarle el alto grado de desigualdad que obliga a muchos peruanos a vivir hacinados en pequeñas habitaciones, sin ventilación adecuada.

Lamentablemente, esa es la triste realidad de nuestro país. Los Gobiernos se han preocupado solo mantener en azul las cifras macroeconómicas, sin importar el elevado costo social que eso significaba. Sin embargo, la pandemia llegó al Perú para denudar la cruda realidad de lo que pasa en los cinturo­nes de pobreza. Algo así como limpiar nuestra casa y esconder el desorden debajo de la alfombra. Ojalá que el Gobierno del presidente Martín Vizcarra se ponga a trabajar para dejar las bases de un cambio, de una reforma, que desde hace mucho tiempo vienen reclamando todos los peruanos. Mientras que no se acabe con la informalidad y con la desigualdad, nuestra economía estará sujeta a los vaivenes del contexto internacio­nal y lo que es peor a los precios de los minerales.

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Editorial

La prueba de fuego

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El próximo lunes 3 de agosto, el jefe del Gabinete Ministerial, Pedro Cateriano, se presentará ante el pleno del Congreso para exponer la política general del Gobierno y solicitar el voto de confianza. La ex­posición ha despertado expectativas en las esferas políticas, empresariales y sindicales, porque el pasado 28 de julio el presidente Martín Vizcarra en su Mensaje a la Nación con motivo de las Fiestas Patrias desaprovechó la oportunidad de presentar propuestas concretas para enfrentar a la pan­demia del Covid-19 y a la recesión que además de golpear a las empresas está dejando sin empleo a más de dos millones y medio de trabajadores.

Ya lo había anticipado el presidente del Parlamento Na­cional, Manuel Merino de Lama, al anunciar la fecha acor­dada para la exposición de Pedro Cateriano. Sostuvo que se concordó en que lo mejor era escuchar al presidente Martín Vizcarra y que Cateriano Bellido desarrolle las propuestas del Poder Ejecutivo, conside­rando que se ingresa al últi­mo año del gobierno y por la crisis que ha generado la pandemia del Covid-19. Ha­blando en buen romance, el Jefe del Gabinete no la ten­drá fácil, pues el presidente Martín Vizcarra se dedicó más a hacer un recuento de lo hecho por su Gobierno hasta ese momento en los diferentes sectores, como una lar­ga lista de lavandería.

El Congreso quiere escuchar, por ejemplo, como hará el Ejecutivo para enfrentar la pandemia, primero, y reacti­var la economía, después. Ya el director de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mike Ryan, ha descartado que haya una segunda ola de coronavirus, pues el virus emerge en momentos que se relajan las medidas sanitarias de prevención. En el mismo sentido apunta un informe conjunto de la Cepal y la OPSUn informe de la Co­misión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que alerta que no se puede no puede plantear la recuperación econó­mica sin antes controlar la pandemia de Covid-19. En otras palabras, el Gobierno tendrá que hilar fino.

Ocurre, además, que nuestro país presenta caracterís­ticas muy sui géneris, pues mantiene altos índices de des­igualdad y de informalidad, y eso es lo que no ha permitido que las medidas sanitarias hayan dado mejores resultados como sí ha pasado en otros países. Ojalá que al presidente del Consejo de Ministros se le prenda el “foquito” y el próxi­mo lunes anuncie al detalle las acciones que está conside­rando el Gobierno para enfrentar el coronavirus, reactivar la economía y ayudar a más de 2.5 millones de trabajadores que se encuentran en el más cruel desempleo. El premier tendrá una prueba de fuego el lunes en el Congreso.

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