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Política

Los retos de la Autoridad Autónoma del Transporte

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Transporte informal por cerros y pistas

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) fue creada el 26 de diciembre del 2018 (Ley N° 30900). Su creación fue largamente esperada debido al desorden, e incluso corrupción, que generaba la superposición de dos municipalidades provinciales (Lima y Callao) en torno a una única ciudad conurbanizada desde la década de 1970. Su objetivo es lograr un sistema de transporte de calidad en la capital.

La ATU tiene diversas funciones como ser ente supervisor de los contratos de concesión de los diferentes servicios de transporte urbano (Metropolitano, corredores viales y líneas del Metro), garantizar un Sistema de Transporte Integrado en Lima y Callao, encargarse del Sistema de Recaudo Único, elaborar diversos planes (Plan de Movilidad Urbana para Lima y Callao, Plan Maestro de Transporte y el Plan Regulador de Rutas de los servicios de transporte, entre otros.

El presidente del Consejo Directivo de la ATU ha anunciado algunas modificaciones tales como que los documentos de licitación exijan que exista una flota estándar de vehículos de transporte de mediana o de gran capacidad, que las empresas estén bien constituidas “y no solo sean de papel”, que los trabajadores se encuentren en planilla para evitar el correteo por el pasajero.

Con relación a los autos colectivos informales, destacó que ya se están aplicando algunas medidas, como el control que establece la Municipalidad de Lima en zonas de la avenida Arequipa.

Lo retos que la ATU deberá enfrentar son de diversa índole y aquí subrayaremos algunos relacionados con niveles de rentabilidad y de mercado de los agentes.

En primer lugar, conviene indicar lo que no puede resolver la ATU. Un postulado básico de la planificación estratégica sostiene que un problema es aquello que una gestión puede resolver.

Aquello que no se puede resolver no constituye un problema en tanto objeto de atención pública. Este es el caso del propio crecimiento de la ciudad. Ante la clásica pregunta “¿Quién manda en la ciudad?”, pudieran existir complejas respuestas, pero resulta obvio que pocos responderán que quien manda en la ciudad son las autoridades, la regulación o el Estado.

En un país de libre mercado y en que la informalidad campea en diversas áreas de la vida económica y social, Lima crece como ciudad difusa, una mancha de aceite, ocupando periferias dominadas por los extremos crudos de la desigualdad social: condominios de lujo y asentamientos precarios en áreas de riesgo, habilitados estos últimos por mafias delictivas.

En contraste, Lima tiene pocas centralidades, siendo que la mayor parte de la masa laboral se desplaza diariamente al Centro histórico, Gamarra, San Isidro y Miraflores. Estas desigualdades y contradicciones se expresan también en la movilidad, correlato de una ciudad que no fue hecha para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos o habitantes. Lo cual no niega ni invalida los esfuerzos por una mejora de las condiciones de vida de la población y por un Derecho a la Ciudad.

El crecimiento segregado, fragmentado y desigual es generado por fuerzas económicas que el Estado (incluyendo a la ATU o las municipalidades) no pueden controlar y, ante las cuales, la ATU tendrá que adecuar su gestión en la medida de sus posibilidades.

Existen retos a la ATU que le plantea el transporte informal. Podría, tal vez, considerarse un milagro que en una ciudad difusa exista un mercado que, de una manera u otra, movilice a la población desde sus lugares de origen a sus destinos. El mercado de transporte público en su variante informal ha encontrado nichos de rentabilidad.

Bus del Metropolitano Corredor azul

Es una historia conocida y forma parte de la narrativa de la informalidad urbana: pequeños propietarios o empresarios de origen andino acometieron el reto de movilizar a la población hacia los extremos de una ciudad que se expande interminablemente. La historia podría ser actualizada con las aventuras de combis, mototaxis, motos y triciclos que llevan y traen a la población pobre desde las arterias metropolitanas hacia los cerros o arenales en que habitan, un recurso multi modal que incluye la caminata.

El punto es, desde la perspectiva de la gestión pública, que estos nichos de rentabilidad se ubican en la informalidad, y representa un enorme reto lograr que la empresa formal encuentre rentabilidad parar atender a la población pobre y a los lugares inhóspitos en que habita. La ATU tendrá que atender ese punto negro que es el traslado de los pobres hacia los sistemas integrados de transporte y arterias principales.

Las primeras declaraciones de los funcionarios de la ATU expresan la concepción de lo informal y lo formal como estancos separados y el inevitable tránsito de un punto a otro. Lamentablemente la realidad es diferente y, por lo común, lo formal y lo informal interactúan y se superponen. El mismo poblador que toma el Metropolitano, “bajó” a la estación en un mototaxi.

¿Podrá la ATU prescindir de la informalidad? Observemos el caso de los colectiveros “pirata” que cubren rutas en las avenidas Arequipa, Javier Prado, Wiesse, Túpac Amaru, entre otras. En este caso, la informalidad no sirve a la población pobre, sino a una clase media que encuentra allí la comodidad y rapidez que no encuentra en el transporte formal.

Es el caso de la señora que en la avenida Arequipa negocia con el colectivero un traslado de 10 cuadras a 1.50 soles, y el colectivero le dice que con esa tarifa debe tomar el “corredor azul”; y la señora le responde que ese “corredor” no pasa nunca y cuando lo hace “está lleno”; y el colectivero le retruca: “ese es el problema”. Un problema que las autoridades podrían comprender si se animaran a hacer “trabajo de campo” en las calles.

El transporte formal y el informal compiten, y es la demanda la que opta, como dicen los economistas neoclásicos. Si la demanda observa rapidez y comodidad en el colectivero informal, el servicio existirá, a pesar del control. Por lo demás, la respuesta del control por parte de las autoridades podría bien figurar en la novela Un Señor muy Respetable del escritor egipcio Naguib Mahfuz. Es la respuesta fácil.

La difícil es hacer que el corredor azul tenga más unidades y circule cada 8 minutos, pero ello podría implicar la afectación de los nichos de rentabilidad de los operadores y gatillar la larga historia conocida de acusaciones mutuas.

La visión dicotómica entre lo formal y lo informal puede ocultar ciertas deficiencias de la formalidad. Hoy se puede hablar del transporte formal porque se ha superado la larga década del fuerte libre mercado (1990), en que la liberalización de rutas y unidades llevó al transporte público a su máxima degradación, algo que la ciudadanía y los medios de comunicación caracterizaron con expresiones como “combi asesina” o “cultura combi”.

El reto de la ATU es que el metro (con subsidio público), los corredores y el Metropolitano no son cómodos (y en algunos casos tampoco rápidos) y, antes bien, son incómodos (largas colas de espera, unidades hacinadas), y esta situación parece responder a los nichos de rentabilidad de los operadores. El reto de la ATU es encontrar el punto medio entre la rentabilidad de la oferta y la comodidad de la demanda, bajo la limitante de un mandato constitucional de Estado facilitador y empresa privada ejecutora.

 

JULIO CALDERÓN COCKBURN
SOCIÓLOGO URBANO. PROFESOR DE LA UNMSM | IDEELE REVISTA Nº 286

Política

Fiscal de la Nación presentó denuncia constitucional contra Becerril

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Fiscal de la Nación presentó denuncia constitucional contra Becerril

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó ante el Congreso dos denuncias constitucionales contra el excongresista de Fuerza Popular (FP) Héctor Becerril, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y organización criminal.

La primera denuncia está referida a un supuesto aprovechamiento del cargo como parlamentario para la gestión de presupuesto para la municipalidad distrital de Aucallama, a cambio de que la comuna cumpla con el pago de una deuda pendiente a una empresa que estaría vinculada a uno de sus hermanos.

La segunda denuncia es por su presunta vinculación con la organización los Temerarios del Crimen, liderada por el exalcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel.

Se le atribuye al exparlamentario fujimorista haber gestionado la asignación presupuestal, que era captada por la organización criminal, a cambio de beneficios patrimoniales como la compra de porcelanato para su vivienda.

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Política

Decisión sobre caso Mercedes Aráoz es un lavado de manos

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Decisión sobre caso Mercedes Aráoz es un lavado de manos

El líder del Frente Amplio, Marco Arana dijo, en ese senti­do, que será el Frente Amplio quien presente la denuncia constitucional respectiva, porque no se puede avalar a los que intentaron dar un golpe de Estado al país.

Lo resolución de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que archiva la denuncia pre­sentada contra la exvicepresi­denta Mercedes Aráoz, es una especie de lavado de manos al ampararse en la decisión del Tribunal Constitucional y señalar que lo de la jura­mentación como presidenta, ocurrida el 30 de septiembre de 2019, es un hecho de sig­nificación política, aseveró Marco Arana, líder del Frente Amplio.

Fue al cuestionar la deci­sión de la titular del Ministe­rio Público que sostiene que no existen méritos para de­sarrollar una investigación preliminar contra Aráoz Fer­nández y refiere que los actos políticos en los que incurrió la entonces vicepresidenta no tuvieron efecto jurídico alguno.

“Hemos recibido la reso­lución del Ministerio Público. Nosotros habíamos esperado que califique la responsabili­dad penal […], pero la resolu­ción de la fiscal dice, ampa­rándose en la resolución del TC, de que este sería un hecho de significación política”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Arana Zegarra cuestionó que el Ministerio Público no haya valorado que en esa jura­mentación se preparó incluso un Mensaje a la Nación, y que hubo un oficio y una comunica­ción notarial al diario El Peruano sobre lo que había decidido el Parlamento.

“No los ha valorado porque son elementos concomitantes. La resolución de la fiscal de la Nación no los ha querido valorar [los elementos que había en el caso]. En realidad, lo que ha he­cho es una especie de lavado de manos [al no abrir investigación]. El Tribunal Constitucional dijo que es un hecho político y ahí lo han dejado”, señaló.

“[…] Llama la atención que para la fiscal de la Nación tal hecho solo sea una especie de conato político, de mal humor político. No es así. Estuvo en pe­ligro la democracia. Recordemos que ellos [los denunciados] in­tentaron llamar incluso a las fuerzas armadas y policiales”, recordó.

FRENTE AMPLIO PRESENTARÁ DENUNCIA

Arana Zegarra dijo, en ese sentido, que será la bancada del Frente Amplio quien presente la denuncia constitucional respec­tiva en este caso. Mencionó que si la propia resolución de la Fis­calía de la Nación “dice que son hechos de naturaleza eminen­temente política”, la instancia que debe hacer esa valoración es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

“[¿El Frente Amplio presenta­rá una acusación constitucional contra Mercedes Aráoz, Pedro Olaechea y la Mesa Directiva y to­dos los congresistas que avalaron la decisión?] Sí. Efectivamente la decisión política es que hay que defender la democracia y hay que investigar y sancionar aque­llos que creen que con algún tipo de poder pueden generar golpes de Estado en el Perú. Ese es un tema fundamental que el Frente Amplio y otras fuerzas políticas debieran valorar para el presente y futuro del país”, remarcó.

“[…] En ese caso, la acusa­ción en realidad no debiera ser solo contra la Mesa Directiva del Congreso, sino contra todos los congresistas que avalaron esos actos ilegales antidemocráticos que, por lo demás, debiera con­ducir a una sanción, y la sanción debería ser una inhabilitación”, expresó.

LA TAREA DEL CONGRESO

Arana Zegarra refirió, fi­nalmente, que el Poder Legis­lativo no debería rehuir a su responsabilidad de proteger al Perú de cualquier “intentona golpista”.

“Es decir, el Congreso actual, con todo lo que podría tener de controvertido, no debiera rehuir su responsabilidad de proteger al país de cualquier intentona golpista que quisieran hacer militares y civiles”, enfatizó.

 

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Política

Por una ley de monitoreo y vigilancia ambiental comunitaria

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Por una ley de monitoreo y vigilancia ambiental comunitaria

Esta semana el Congreso de la República y el Ejecutivo han iniciado nuevamente un enfren­tamiento político muy “conve­niente” para ambos poderes, centrando la atención pública en las reformas que debieron o no hacerse en años pasados y sobre quiénes son los abanderados de la lucha contra la corrupción.

No decimos que estos temas no sean importantes, pero hacerlo en este contexto de la pandemia, en medio de una crisis sanitaria y económica, sin la claridad sobre cómo se garantizará la atención a la salud en las semanas venide­ras, sin siquiera haber contenido la propagación del virus y con hospitales casi colapsados, fran­camente, es muy irresponsable y le hace mucho daño al país.

En medio de esta situación hay algunos avances de apoyo en el sector agrario, se acaba de aprobar el Decreto de Urgencia Nº 082-2020, publicado en el Dia­rio Oficial El Peruano, que dicta “Medidas complementarias des­tinadas al financiamiento de los pequeños productores agrarios del sector agrario para la reduc­ción del impacto del Covid-19 y otras medidas” y que consiste en otorgar “créditos de manera ex­clusiva para capital de trabajo del agricultor, a efecto de garantizar la campaña agrícola 2020-2021, incidiendo en el abastecimiento de alimentos a nivel nacional”.

El fondo asignado es de 2 mil millones de soles y se va a imple­mentar a través del programa de Garantía del Gobierno Nacional para el Financiamiento Agrario Empresarial (FAE-Agro).

Si bien es importante la apro­bación de este fondo, lo que se estaba pidiendo desde los gremios agrarios es un fondo se salvata­je mayor, así como el subsidio a los pequeños agricultores y, sobre todo, la compra directa de su producción por el Estado en sus diferentes niveles para los programas sociales que impulsan y las canastas que se han estado entregando a las poblaciones. Es una primera acción positiva y vamos a ver como se implementa.

De otro lado, se ha retomado la discusión en el Congreso de la Republica en la Comisión de Pue­blos Andinos, Amazónicos y Afro-Peruanos, Ambiente y Ecología, la propuesta de “Ley Marco sobre Monitoreo y Vigilancia Ambiental Indígena y Ciudadana”. La discusión de la norma lleva un poco más de dos semanas en esta Comisión y hay algunos avances al respecto.

Como era previsible la propues­ta legislativa ha generado diversas posiciones y opiniones, como las del Ministerio de Ambiente, de Energía y Minas, de Agricultura, el Organismo de Evaluación y Fis­calización Ambiental (OEFA), y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), entre otros; a la par la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) también ha seña­lado su oposición a la propuesta de ley.

La principal observación de estos sectores es que actualmente ya se reconoce la participación ciudadana en los procesos de monitoreo ambiental a cargo del OEFA y la ANA y que plan­tear una nueva ley implicaría duplicar esta función, entre otras observaciones.

Desde las organizaciones sociales indígenas, los comités de vigilancia ambiental comu­nitaria, y representantes de la sociedad civil se reconoce y valora la importancia de esta norma, y mucho más en este contexto de la pandemia, ya que las denun­cias de las comunidades andinas y amazónicas sobre impactos ambientales en los territorios y cuencas y de modo particular en las zonas extractivas es cada vez más fuerte y es necesario tomar acciones.

De otro lado, sobre las ob­servaciones de los ministerios y la SNMPE, las organizaciones de la sociedad civil han seña­lado que la propuesta de ley no duplica competencias, por el contrario, los complemen­ta y garantiza una real par­ticipación ciudadana. Desde Red Muqui saludamos que se haya retomado esta discusión y creemos que es urgente la aprobación de esta norma porque garantiza una real participación de las pobla­ciones y comunidades para vigilar y proteger su territorio y medio ambiente.

* Jaime Borda / Secretario Eje­cutivo de la Red Muqui

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