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Editorial

Llamado a la reflexión

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La movilización realizada ayer por organizaciones de estudiantes y jóvenes en Lima y diversas ciudades del país, debe ser un llamado de atención a los gobernantes y los legisladores, para escuchar la voz de las nuevas generaciones que expresan claramente que la Ley de empleo juvenil, carece de consenso, siendo ocioso abrir una discusión sobre si quienes cuestionan la ley son o no la mayoría de los jóvenes.

La decisión mostrada por los manifestantes, que contaron con el respaldo de organizaciones sindicales y personalidades diversas, debe llamar a la reflexión a todos y debe ser una advertencia contra la tentación de asumir que hubo menos manifestantes que en las tres marchas previas, lo que supuestamente indicaría que las resistencias a la ley estarían diluyéndose.

También hay que meditar en torno a los disturbios registrados al final de la marcha, en cuyo transcurso previo todo fue tranquilo. Hay que señalar que la violencia la desataron según lo vieron decenas de periodistas –aunque algunos lo quieran soslayar- grupos de militantes de un viejo partido empeñado en usar en forma oportunista cualquier circunstancia, al servicio de sus intereses políticos y sus desenfrenadas ambiciones electorales.

Después de esa calculada provocación, la violencia y el caos se desataron y aprovecharon los grupos extremistas y violentistas que en ocasiones anteriores han afectado las movilizaciones contra la citada legislación.

La experiencia demuestra que, a mayor confrontación, mayor campo para la acción de los radicalismos, lo que puede llevar a situaciones de desestabilización política que, combinada con otros factores son aprovechadas o azuzadas por fuerzas oscuras y enemigas de la democracia.

He ahí otro motivo para dar paso al diálogo y la concertación en torno a una ley que sigue siendo inviable, porque la violencia de grupos aislados no deslegitima ni menos debilita el fuerte movimiento que la cuestiona por considerar que ha llegado el momento de decirle basta a los recortes de los derechos laborales que no cesa desde hace más de 20 años.

En el balance de la jornada, dejamos constancia de nuestra indignada protesta por la violenta agresión policial y la detención de nuestro reportero gráfico Raúl Arriarán, cuando registraba los sucesos de ayer.

El hecho, que se suma a acciones cada vez más frecuentes de ese tipo contra hombres y mujeres de prensa, constituye un condenable atentado contra la libertad de prensa y la democracia y nada puede justificarlo.

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Editorial

La gente quiere empleo

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El Presidente de la República, Martín Vizcarra, ha anun­ciado ayer la extensión del estado de emergencia y la cuarentena sanitaria hasta el próximo 30 de junio, pero al mismo tiempo ha adelantado que se ampliará las ac­tividades en los sectores servicios y comercio, con el fin de facili­tar el día a día a la población peruana. Asimismo, se permitirán actividades deportivas profesionales que no impliquen contac­to físico directo. La inmovilización obligatoria será ahora desde las 21 horas (9 de la noche) hasta las 4 de la mañana, para que la ciudadanía disponga de más tiempo en su día a día.

Al servicio de comercio electrónico aprobado anteriormen­te se le está agregando la venta de vestuario, calzado y electro­domésticos. Además, de útiles escolares y artículos de oficina con fines educativos y laborales. Sin embargo, el mandatario aclaró que no está permitida la apertura de tiendas, pues una librería o una tienda de ropa puede generar aglomeración de personas, por lo que todo será a través del delivery. También se permitirá algunos servicios médicos, como los de odontología, rehabilitación, reproducción humana, veterinaria, entre otros. Adicionalmente, se permiti­rán los servicios técnicos de informática, gasfitería, electri­cidad, lavandería, carpintería, mantenimiento de artefactos, reparación de equipos, pelu­querías y cosmetología.

Al respecto, la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, ha señalado que el Perú posee uno de los planes económicos más ambi­ciosos de la región y que la ex­pectativa es que poco a poco se sienta en los bolsillos de las personas y empresas. Pare co­menzar, no se ha dicho cuántas personas podrían volver a tra­bajar en las actividades que el Gobierno ha autorizado. Se trata, en su mayoría, de actividades comerciales y de servicios que no son intensivas en mano de obra. Nadie garantiza, tampoco, que un técnico que llega a reparar una conexión eléctrica, por ejem­plo, observe escrupulosamente las medidas sanitarias del caso.

Como lo ha hecho notar nuestro columnista Germán Alar­co “Si bien en la opción virtual hay vendedores y trabajadores que se encargan de la logística de distribución de productos, no hay asistentes ni encargados de limpieza, de seguridad y mante­nimiento”. Hay que recordar, además, que entre febrero y abril de 2020 se ha perdido en Lima Metropolitana 1.2 millones de empleos, en comparación con similar período del año anterior. Se esperaba poder revertir esas cifras para fines del segundo semestre, sin embargo, con la extensión de la emergencia y de la cuarentena sanitaria hasta el 30 de junio esas expectativas están lejos de cumplirse. El Gobierno debería buscar solucio­nes más imaginativas para mejorar los niveles de empleo, pues de lo contrario las protestas no se harán esperar porque lo que quiere la gente es empleo.

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Editorial

¿Virus democrático?

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Una contracción de 3.4% en comparación con simi­lar período del año 2019, se ha registrado en el pri­mer trimestre del presente año, después de 42 tri­mestres de crecimiento ininterrumpido y tras las medidas adoptadas para contener el avance del covid-19, se­gún ha dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en su informe técnico Comportamiento de la Economía Peruana. En el período de análisis, se obser­va que la demanda interna decreció 1.8% principalmente por la contracción de los gastos de consumo final privado (-1.7%) después de casi 19 años, y por la reducción de la in­versión privada (-14.9%).

La verdad es que la economía ya venía perdiendo el paso, principalmente por el nulo crecimiento del empleo formal y el aumento del subempleo. Para colmo de males, el país soporta una informalidad de más del 70%. Actual­mente, este fenómeno se agrava con la pérdida de puestos de trabajo formales en diferentes ramas de la actividad pri­vada, incluyendo el hasta hace poco próspero sector de la construcción. El Gobierno, o mejor dicho los gobiernos que se han venido sucedien­do jamás han pensado en que un día no muy lejano el modelo primario-expor­tador que nos vendieron como la panacea iba a dejar de ser la “vedete” para nues­tra economía.

El problema no hubiera pasado a mayores si nuestros gobernantes no se hubieran encargado de debilitar el mercado interno y la industria na­cional, especialmente la manufacturera que es intensiva en mano de obra. La informalidad no es ningún negocio para los empresarios, trabajadores ni para el propio Estado, por­que los primeros tienen que pagar mayores costos por los créditos que requieran como capital de trabajo; los emplea­dos ganan sueldos magros y tienen que trabajar muchas más horas que los formales para llevar algo a sus hogares. Por último, el Estado no recauda lo que debería.

La crisis del Covid-19 ha venido a desnudar todas las mi­serias que padecen los sectores menos favorecidos. Hay mu­cha gente que vive hacinada en pequeños cuartos, y cuyas viviendas han sido levantadas en los cerros, por lo que ni siquiera han sido considerados en los programas de ayuda del Gobierno porque no figuran en la encuesta de hogares. Por eso el nivel de contagio es mayor en los niveles socioeco­nómicos de más bajos ingresos, pues no tienen agua ni des­agüe. Entonces no pueden lavarse las manos cada vez que retornan de la calle. No tienen acceso a las medicinas. No se equivoquen; el Covid-19 no es un virus democrático como se ha dicho, pues golpea más a los pobres.

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Editorial

No hay que confiarse

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La situación de la salud frente al covid-19 en la región Loreto ha mejorado, según el director regional de Salud, Carlos Calampa, quien ha explicado que los índices de contagio y de mor­talidad de pacientes con coronavirus han disminuido en Iquitos. De veras que es una buena noticia, pues ahora los pasillos del Hospital Regional lucen despe­jados por la reducción de contagios y personas en es­tado grave, lo cual según Calampa confirma la reduc­ción de la mortalidad en la zona.

No obstante, aún falta mucho y así lo ha entendido la Dirección Regional de Salud porque ha anunciado que se está preparando para hacerle frente a la enfer­medad en la periferia de Iquitos, donde los funciona­rios del sector estiman que podría haber un aumen­to de positivos entre los familiares que atendieron la primera oleada de pacientes en sus domicilios, en albergues y hasta en los hospitales de la ciudad, por lo que han llamado a la población.

El llamado a la pobla­ción a mantener las me­didas preventivas, como el uso de mascarillas, la distancia social, el lavado de manos y el aislamiento domiciliario, es oportuno, pues como ha dicho el di­rector regional todas las recomendaciones de los expertos deben extremar­se porque “el coronavirus es altamente contagioso y letal”. El Gobierno, por su parte ha adelantado que aún no hay una decisión respecto al levantamiento de la cuarentena, pues no se ha determinado si se reali­zará de manera focalizada.

Sería bueno, en todo caso, que de una forma u otra la población opte por un aislamiento voluntario por unas dos semanas más para no correr el riesgo de lle­varles a sus familias el virus. En todo caso, el Colegio Médico ha aclarado que está recomendando ampliar la emergencia sanitaria, lo cual es muy diferente de la cuarentena obligatoria. Hay un sector de la población que en ningún momento ha cumplido con guardar la cuarentena y todo hace prever que seguirían man­teniendo esa actitud. Pero quienes sí han acatado las disposiciones sanitarias, podrán sacrificarse unos días más por la seguridad de ellos y sus familias.

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