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Política

Las masacres en El Frontón y Lurigancho

El primer gobierno de Alan García Pérez carga en su historial diversas acusaciones de violaciones a derechos humanos. Este es un repaso del tratamiento dado a los motines en las cárceles limeñas, con cientos de muertos como saldo trágico.

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Matanza de El Frontón

El Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), en su capítulo sobre las ejecuciones extrajudiciales en los penales El Frontón y Lurigancho, consigna que el electo presidente Alan García Pérez manifestó en su primer discurso oficial que su gobierno cambiaría la estrategia de lucha contra la subversión y que tendría especial énfasis en el respeto a los derechos humanos de la población. Era el 28 de julio de 1985.

Las actividades subversivas de Sendero Luminoso dentro de los penales se desarrollaban con el conocimiento y tolerancia de las autoridades que eran incapaces de dar un adecuado tratamiento a los internos por terrorismo. Ya en abril de 1985, los presos por terrorismo en el penal San Juan Bautista, conocido como El Frontón, se amotinaron tomando como rehenes a ocho funcionarios penitenciarios, los que fueron liberados luego de un diálogo con las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

El 13 de julio se produjo un motín coordinado entre los penales de Lurigancho, Santa Bárbara – de mujeres-, y El Frontón. Cuatro días después, con la liberación de seis rehenes, la entrega del armamento policial del que se habían apoderado los reclusos, y la firma de un acta con 24 puntos, se puso fin al motín a través del diálogo. Con García en el poder, los siguientes amotinamientos tuvieron desenlaces sangrientos.

En setiembre de ese año, con el fin de asesorar al presidente respecto al tratamiento de los detenidos por terrorismo, la investigación de casos de los desaparecidos y el respeto de los derechos humanos en la lucha antiterrorista, se formó la Comisión de Paz. Pero el 4 de octubre poco o nada pudieron hacer los integrantes de esa comisión para evitar la muerte de 34 internos por terrorismo en el penal San Pedro, en Lurigancho. El diario El País de España consignó que 30 reclusos murieron “tras arder vivos” y otros 4 por disparo de bala. El 31 de octubre se firmó una segunda acta entre autoridades e internos por terrorismo, ratificando los acuerdos de la primera acta suscrita en julio.

El 7 de febrero de 1986, se decretó el toque de queda en Lima y Callao y se declaró el estado de emergencia en la capital y otras 21 provincias del país. Las condiciones precarias en los centros penitenciarios, la lentitud en los procesos judiciales y el maltrato sistemático a los internos seguían conformando un campo propicio para la agitación por parte de Sendero Luminoso. Opiniones recogidas por la CVR dan cuenta de que los detenidos por terrorismo se consideraban “prisioneros de guerra” y que se mantenían en permanente “estado de lucha” para lograr ser reconocidos con tal status.

Alan García Pérez

A las 6:00 a.m. del 18 de junio de 1986, en la víspera del XVII Congreso de la Internacional Socialista desarrollado en Lima, los internos por terrorismo de los penales de San Juan de Lurigancho, del Pabellón Azul de El Frontón, y Santa Bárbara (mujeres), se volvieron a amotinar en forma coordinada, tomando como rehenes a tres periodistas y a los guardias carcelarios. En el pliego de reclamos incluyeron mejoras en las condiciones de vida, aceleración de los juicios, ejecución de los acuerdos firmados en 1985 y la destitución del presidente del INPE, Manuel Aquézolo, a quien acusaban de ser cómplice de las muertes del 4 de octubre en Lurigancho, entre otros. También pidieron la no participación de la Marina de Guerra en El Frontón, a la cual acusaron de “revisiones humillantes a los familiares”.

Una sesión de emergencia se llevó a cabo a las 10:00 a.m., entre el presidente García, el Consejo de Ministros y los mandos militares. Tres horas más tarde, el ministro del Interior Agustín Mantilla anunció que de no haber rendición los penales serían tomados a la fuerza.

A las 16:30, la Comisión de Paz enviada por el gobierno llegó al penal El Frontón pero fracasó en su misión negociadora. Cuarenta y cinco minutos más tarde, el grupo de Fuerzas de Operaciones Especiales (FOES) de la Marina de Guerra del Perú y los miembros de la Guardia Republicana del Perú (GRP) entraron en acción para retomar el control de los penales.

Los hechos fueron consignados por la Iglesia católica peruana en el documento titulado “Masacre de los penales de Lima”, publicado el 19 de junio de 1986: “En la madrugada del 18, los detenidos de los penales de El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara, en Lima, se amotinan y toman rehenes. El Consejo de Ministros y el presidente Alan García deciden encargar al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas la restauración del orden. En Santa Bárbara interviene la GRP. Las rehenes son liberadas. Hay dos reclusas muertas. En Lurigancho intervienen el Ejército y la GRP. Al amanecer del 19 un rehén es liberado. Los ciento veinticuatro reclusos -según el informe oficial- son fusilados después de rendirse. En el Frontón, la operación se encomienda a la Marina, que bombardea el Pabellón Azul durante todo el día. Sobreviven treinta internos, que se rinden. Eran alrededor de doscientos detenidos. En todo el proceso se impide el acceso a las autoridades civiles: jueces, fiscales, directores de penales. Tampoco la prensa”.

Con el transcurrir de los días, algunos medios de comunicación y políticos como Javier Diez Canseco comenzaron a divulgar información sobre las presuntas ejecuciones extrajudiciales contra los internos cuando los penales ya se encontraban en total control de las Fuerzas Armadas.

El 21 de junio de 1986 el gobierno admitió oficialmente la posibilidad de que en el penal de Lurigancho se hubieran cometidos “excesos en el uso de la fuerza” e informó haber dispuesto una investigación en el Fuero Militar. El 27 de junio, García Pérez admitió que existían evidencias de la comisión de crímenes en el penal de Lurigancho por parte de la Guardia Republicana, y anunció el inicio de una investigación destinada a castigar a todos los responsables de la matanza. “O se van todos los responsables, o me voy yo”, dijo entonces.

Pero las investigaciones en el Fuero Militar encontraron responsabilidades solo en el coronel GRP Rolando Cabezas Alarcón, que fue puesto en libertad por la Ley de Amnistía el 6 de junio de 1995, y otros siete miembros de la Guardia Republicana. Respecto a los miembros de la Marina de Guerra que participaron en la operación de El Frontón, el Consejo Supremo de Justicia Militar no halló responsabilidad penal, por lo que el proceso fue sobreseído de manera definitiva el 20 de julio de 1989.

Matanza de El Frontón

Por su parte, el informe en mayoría que la Comisión Investigadora -integrada por miembros del Senado- presentó en diciembre de 1987, atribuyó los “posibles excesos” a conductas exclusivamente individuales de los ejecutores, descartando responsabilidades en autoridades gubernamentales y militares. En un sentido contrario, un informe en minoría presentado por la misma comisión sí apuntaba a evidenciar la imprevisión del gobierno que derivaron en las ejecuciones y en la responsabilidad de este por las órdenes impartidas poniendo en peligro la vida de los internos. Además, dicho informe concluyó que el gobierno difundió información falsa y encubrió los crímenes cometidos.

En la misma sintonía se ubican los testimonios del entonces teniente GRP Jorge Loyola Felipe y el general GRP Máximo Martínez Lira, quienes también hacen referencia a que el resultado del operativo se produjo como consecuencia de órdenes dictadas desde Palacio de Gobierno.

Con estos elementos en la agenda política, en 1990, la Cámara de Diputados nombró una Comisión Especial Dictaminadora para que se pronunciara sobre la procedencia de una acusación constitucional contra el expresidente Alan García Pérez por las ejecuciones extrajudiciales de los penales. El dictamen de la Comisión opinó por la procedencia de la acusación contra el expresidente. Sin embargo, la Cámara de Diputados blindó a García y no procedió la acusación constitucional.

Para la CVR resulta evidente que no se adoptaron mecanismos idóneos de control que garanticen un empleo racional de la fuerza al momento de una intervención militar, por lo que considera existe una grave responsabilidad política, sin descartar infracciones a la ley penal, de quienes participaron en la sesión del Consejo de Ministros del 18 de junio de 1986 y del propio presidente Alan García Pérez.

Sin embargo, las recomendaciones que la CVR realizó al Ministerio Público para la reapertura de las investigaciones por los sucesos en los penales de Lima parecen haber quedado en el olvido, ese destino recurrente para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el Perú. Para ellos nunca habrá justicia.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

Política

Otra vez a prisión

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Yehude Simon detenido capturado

No se lo esperaba. Por disposición de la jueza María de los Ángeles Álvarez, Yehude Simon, expresidente del Consejo de Ministros, fue detenido de manera preliminar por 10 días a solicitud del fiscal José Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato. Y fue allanada su vivienda en el distrito de Surco.

Asimismo, fue detenido Pablo Enrique Salazar Torres, exgerente general del Proyecto Especial Olmos Tinajones, hombre de confianza del expremier.

Las diligencias del Ministerio Público comprenden el allanamiento, por un plazo de 48 horas, de ocho inmuebles, cinco de los cuales se encontrarían vinculados a Simon.

El Ministerio Público requirió la medida restrictiva contra Simon como parte de las investigaciones por el proyecto Olmos por presuntamente haber recibido dinero de la constructora Odebrecht durante su gestión como gobernador regional de Lambayeque.

Al exfuncionario se le atribuye la calidad de autor por la presunta comisión de los delitos de colusión y lavado de activos agravado en organización. Según la Fiscalía, Simon habría realizado actos de transferencia, conversión y ocultamiento del dinero. La investigación se encuentra etapa preliminar y ha sido declarada compleja por tratarse de organización criminal.

De acuerdo a la tesis fiscal, al exgobernador regional de Lambayeque se le imputa hechos relacionados a la concesión del “Trasvase e Irrigación de Olmos” a favor de Odebrecht y de haber recibido presuntamente dinero de parte de esta misma empresa brasileña para su campaña electoral reelecionista en el 2006.

Además, el Ministerio Público sindica a Simon por haber hecho uso de codinomes (”Gorno” y “Terco”), para la realización de pagos ilícitos que provendrían del departamento de operaciones estructuradas de Odebrecht (la Caja 2).

MÁS IMPLICADOS

En esta historia de presunta corrupción el expremierYehudeSimon no está solo. Pablo Enrique Salazar Torres y Javier Málaga Cochellafueron señalados como los receptores de dinero de Odebrecht destinado a YehudeSimon.

Cuando Simon era gobernador regional de Lambayeque,Pablo Enrique Salazar Torres fue designado gerente del Proyecto Especial Olmos. Bajo su gestión se diola primera concesión de la obra a la Concesionaria Trasvase Olmos SA, de Odebrecht.

En el año 2008, cuando YehudeSimon era primer ministro del gobierno de Alan García, designó a Javier Málaga Cochella, otro hombre de su confianza, como jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Concejo de Ministros.

DELITOS GRAVES

Según el jurista Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal (IDL) “estos actos configuran el delito de colusión agravada, que es cuando el funcionario interviene o intercede con el particular para tener una retribución económica en perjuicio del Estado, y después se va a investigar como un delito de lavado de activos por el desbalance patrimonial que tendría YehudeSimon en el agravante de la organización criminal, bajo estas dos figuras penales, las dos penas sumadas llegarían a los 35 años”.

“No obstante por no tener antecedentes de ese tipo sería acreedor a una rebaja de la pena de 25 años que igual es una pena es alta”, destacó.

Para Quispe: “Simon tiene un desbalance patrimonial bastante importante, porque tiene 5 casas, entonces configuraría el delito de lavado de activos porque no va a tener como sustentar su compra. Porque recordemos que antes de ser presidente del Gobierno Regional de Lambayeque estuvo preso por el delito de terrorismo. Y fue indultado por la Comisión del Padre HubertLanssiers. Entonces, en un balance de sus ingresos, es complicado de que él pueda sostener cómo compró esas casas que hoy tiene”.

Yehude Simon detenido capturado

¿PRISIÓN PREVENTIVA?

“Culminados los diez días de detención preliminar, lo que procede en este caso es formalizar la investigación preparatoria, es decir judicialización del caso, acompañado de un pedido o de comparecencia o de prisión preventiva. En estos casos es usual que el Equipo Lava Jato, luego de tener una detención preliminarpida una prisión preventiva”, explicó el jurista de IDL.

Asimismo, afirmó: “Los delitos por lo que lo están investigando son graves por tanto se estarían cumpliendo los tres requisitos de la prisión preventiva: sospecha grave en el delito, la pena sería superior a cuatro años, porque llegaría hasta 35 años. Y finalmente el peligro de fuga y de obstrucción a la justicia, porque YehudeSimon no podría probar el trabajo que tiene, y la fiscalía le va a probar que tenga arraigo laboral, familiar, domiciliario y que sea urgente la medida”.

ALGO MÁS

“Si la Fiscalía tiene elementos que hay un peligro de fuga y de obstrucción a la justicia de YehudeSimon pedirá la prisión preventiva. Si no lo tiene como ahora lo ha deslizado, no lo va a hacer”, aseveró Quispe.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Promoverán política nacional de memoria por las víctimas

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Promoverán política nacional de memoria por las víctimas campesina

El Ministerio de Justicia está comprometido con implementar una política nacional de memoria, paz y reconciliación que genere aproximación y respeto hacia las víctimas civiles, militares y policiales del periodo de violencia ocurrido entre mayo de 1980 y noviembre del 2000, afirmó el viceministro de Derechos Humanos, Daniel Sánchez.

“Hay una práctica nociva de usar el miedo al terrorismo para difamar y descalificar a personas, lugares o acciones que buscan reflexionar críticamente sobre nuestra historia reciente de violencia”, recordó.

“El terruqueo insulta la memoria de miles de víctimas civiles, policiales y militares y golpea a familiares que siguen sufriendo la indolencia de grupos que usan este término con fines políticos y sin sensibilidad humana. Así, no podemos construir ciudadanía”, añadió el viceministro.

De esta forma, hizo un llamado a colocar en el centro de las intervenciones a quienes resultaron afectados por la violencia, en el marco de la inauguración de la Casa de la Memoria Viva de la Asociación de Vivienda Nueva Amanecer que agrupa a familiares de personas asesinadas o desaparecidas durante dicho periodo.

En marzo de 2019, el pleno de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), integrado por representantes de 11 ministerios, la Asociación de Universidades del Perú, Colegio Nacional de Decanos y Profesionales del Perú y representantes de asociaciones de derechos humanos, aprobó los “Lineamientos para la construcción de una Política Nacional de Memoria, Paz y Reconciliación”.

Dicho documento está alineado a políticas de reconocimiento como el Acuerdo Nacional y la Agenda Bicentenario, y será socializado en las regiones de mayor afectación en el país donde congregará a asociaciones de víctimas civiles, policiales y militares, representantes del Estado, universidades y sociedad civil en un proceso descentralizado y participativo.

Con ello, se generará una política pública para promover, garantizar y gestionar intervenciones y aproximaciones que dirijan al establecimiento de una agenda común orientada a garantizar el respeto a las víctimas del periodo de violencia, el rechazo a la violencia y construcción de una cultura de paz, la revalorización de prácticas y espacios de memoria a nivel nacional.

De igual forma, impulsará el reconocimiento de experiencias diversas en la defensa de la democracia y los derechos humanos, y el establecimiento de pilares y garantías de no repetición con miras al Bicentenario.

Según la información del Registro Único de Víctimas, durante el periodo de violencia hubo alrededor de 228,000 víctimas civiles, policiales y militares; 5,712 comunidades sufrieron arrasamientos y pérdidas, y 146 organizaciones de personas desplazadas.

A su vez, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro consigna a 20,500 personas desaparecidas.

A la par del avance de las políticas de atención a víctimas implementadas desde la Ley N° 28592 del Plan Integral de Reparaciones y la Ley N° 30470 para la Búsqueda humanitaria de personas desaparecidas, el Ministerio de Justicia sostiene que es importante considerar la dimensión y complejidad que la violencia tuvo en el país.

Por ello, subrayó, los procesos de memoria y conmemoración son diversos debido a las características culturales, generacionales, regionales, entre otras; o bien por el papel que tuvieron las víctimas civiles, policiales y militares durante el periodo de violencia.

En ese sentido, existe aún polarización o distancia que no permita aproximarse y abarcar oportunamente estos procesos.

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Política

Se buscará trabajar con Sunedu licenciamiento de programas de educación

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MARTÍN BENAVIDES

El ministro de Educación, Martín Benavides, anunció que se buscará trabajar con la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), el licenciamiento de los programas de educación.

Esto con el objetivo de garantizar que los mejores docentes sean los que lleguen a las aulas. Comentó que en los últimos años se han destinado importantes recursos al sector educación con el objetivo de atender la problemática docente.

Asimismo, dijo que el Minedu viene desarrollando también una reforma muy importante con los institutos pedagógicos.

“La primera dimensión es garantizar que lleguen los mejores docentes al aula, para eso hay que trabajar en la formación inicial. Por ejemplo, queremos coordinar con la Sunedu el inicio del licenciamiento de los programas de educación, de manera que podamos tener mejores programas de educación en las universidades”, explicó Benavides.

“Hay que asegurarnos que los maestros se desempeñen bien en las aulas y para eso son todas las evaluaciones que se han hecho. Este año hay 14. Debo resaltar que para la prueba de ingreso a la carrera docente este año se ha batido el récord histórico de postulantes”, indicó.

ENFOQUE DE GÉNERO

Respecto a la aplicación de enfoque de género, que forma parte del Currículo Nacional, Benavides Abanto sostuvo que el objetivo primordial de esta herramienta pedagógica es “garantizar una mejor ciudadanía de la que tenemos, que las personas crezcan y promuevan la igualdad, la tolerancia, el respeto a la diversidad”.

Explicó que el Currículo Nacional promueve diversos enfoques, entre ellos el de género. Sostuvo que ante las dudas que podrían surgir alrededor de su aplicación estará dispuesto a conversar con quienes sea necesario.

“Asumo que, a su manera, algunos padres y madres entienden la educación de una manera distinta y hay que explicarles que el Estado tiene una responsabilidad: promover la ciudadanía tal como esta se entiende en el contexto actual”, aseguró.

Benavides señaló que los países que más avanzaron en la promoción de ciudadanía son aquellos donde el Ministerio de Educación asumió la responsabilidad de dar los mensajes adecuados en estos temas.

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