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Política

Las bases democráticas otra vez en peligro

Para la abogada Cruz Silva del Carpio, la aprobación del reglamento por parte del Congreso para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional reduce considerablemente la posibilidad de evaluar la real idoneidad de los candidatos al cargo, y por tanto de tener un TC independiente de intereses partidarios.

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JOSÉ ALFREDO MADUEÑO La aprobación del reglamento para la elección de miembros del Tribunal Constitucional (TC), por parte de la comisión especial del Congreso de la República, ha generado preocupación en diversos analistas que sostienen que el proceso tendría que llevarse a cabo el próximo año, por el próximo Congreso elegido. La abogada Cruz Silva del Carpio advirtió que no solo el contenido del texto del reglamento resulta cuestionable, sino también el proceso de deliberación del debate para su aprobación. “Se han observado diversas cosas preocupantes. Primero, llama la atención que se haya negado información al congresista Gino Costa cuando preguntó con quién se había asesorado el presidente de la comisión para hacer aportes al reglamento. Eso no fue respondido, y es inaceptable que no se brinde ese tipo de información hacia un congresista. Otro punto flojo es el manejo del debate: en las dos últimas sesiones se ha advertido un debate engorroso y confuso porque las peticiones de los congresistas al parecer no eran bien entendidas, y al votar los congresistas terminaban preguntando cuál era la pregunta. Entonces hay una mala conducción del debate que no ayuda a la claridad”, señaló. CASI COMO EN EL CNM Además, cuestionó que se haya otorgado 85 puntos a la etapa de evaluación curricular, y solo 15 puntos a la entrevista personal. “La evaluación curricular considera títulos, años y no calidad de experiencia, y las investigaciones realizadas. Es decir, ahí entra cualquiera que pueda pagar un título en algún lugar, porque no es que estén exigiendo que provengan de universidades con cierto reconocimiento. ¿Cómo sabemos si las maravillas que dicen los doctorados y los libros reflejan el conocimiento de los candidatos? Es un sistema similar al del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)”, apuntó. A su criterio, hace falta en el proceso incluir una exposición oral donde los candidatos den respuesta a un caso que exija una reflexión y razonamiento jurídico constitucional. “Según el reglamento aprobado, después de la sumatoria de puntos, se colocan en el cuadro de méritos y se envía al Pleno. Es una sumatoria fría de puntajes y uno se pregunta ¿dónde quedó la evaluación de si el candidato es independiente o imparcial, si tiene conflictos de interés? Podrían decir en la entrevista personal, pero esta etapa solo pesa 15 puntos. Entonces le han dado demasiado peso a la evaluación curricular, de forma peligrosa, y el único espacio limitado que queda es el de las tachas, que en un plazo de diez días los ciudadanos pueden realizar en caso de cuestionamientos a la idoneidad moral o trayectoria”, manifestó. NO SE EVALUARÁN ANTECEDENTES Por otro lado, cuestionó que el reglamento tampoco permita que se cuestionen las sentencias emitidas por los candidatos durante su trayectoria. “¿Entonces, de qué nos vamos a quejar si las sentencias son el principal producto de un juez, qué se va a evaluar si no son las sentencias que hayan emitido los candidatos?”, se preguntó. También se refirió a la idoneidad moral de quienes realizarán la evaluación. “Esto de que el evaluador no puede exigir al evaluado condiciones mínimas que él no cumple, es casi la regla de la experiencia en los concursos de autoridades en el sistema de justicia. Y en caso de no cumplirse va contra los objetivos del concurso. ¿Que postulante capaz va a someterse a un concurso donde su evaluador tenga problemas de idoneidad moral?”, cuestionó. CONFLICTO DE INTERÉS Respecto a un posible conflicto de interés por parte de algunas bancadas congresales, refirió que estos se determinan de acuerdo a cada caso. “Hay escenarios que evidencian un mayor riesgo de interferencia política partidaria en una selección de magistrados jurisdiccionales. Si el congreso que propuso vacar a Vizcarra, sin seguir el debido proceso y no siguió su propio reglamento, no sé qué garantías pueda dar de que si lo cumplirá en la elección de los magistrados del TC. Y va a ser este Congreso el que elija a estos magistrados que por un tema de tiempos podría resolver estos temas de la contienda competencial”, indicó. “Viendo estas características, obviamente hay un conflicto de intereses, porque son las mismas bancadas que han encrespado el escenario político las que van a elegir a los tribunos que pueden definir encima el caso por el que ellos han sido denunciados”, enfatizó. Finalmente, recordó que al Congreso solo le basta cambiar a tres magistrados para tener un TC alineado a cierta tendencia política. Como ejemplo, citó que en el caso de la reciente sentencia favorable a la Sunat, solo los magistrados Ledesma, Espinosa Saldaña y Ramos votaron a favor del Estado. “Este es un caso donde está debatiéndose no solo un reglamento o una elección, sino las propias bases democráticas del país. Se debate si se va a dejar que se nombren magistrados que tengan influencias con partidos políticos interesados. Esto ya es materia de una fiscalización que debería realizar la Defensoría del Pueblo, que ya debería haberse pronunciado. Recordemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido una serie de resoluciones durante la pandemia donde indica que los Estados están obligados a mantener las bases democráticas. La pregunta es: ¿esta elección aporta a las bases democráticas? En ese sentido, la CIDH bien podría expresar con altavoces su preocupación”, concluyó.

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

La aprobación del reglamento para la elección de miembros del Tribunal Constitucional (TC), por parte de la comisión especial del Congreso de la República, ha generado preocupación en diversos analistas que sostienen que el proceso tendría que llevarse a cabo el próximo año, por el próximo Congreso elegido.

La abogada Cruz Silva del Carpio advirtió que no solo el contenido del texto del reglamento resulta cuestionable, sino también el proceso de deliberación del debate para su aprobación. “Se han observado diversas cosas preocupantes. Primero, llama la atención que se haya negado información al congresista Gino Costa cuando preguntó con quién se había asesorado el presidente de la comisión para hacer aportes al reglamento. Eso no fue respondido, y es inaceptable que no se brinde ese tipo de información hacia un congresista.

Otro punto flojo es el manejo del debate: en las dos últimas sesiones se ha advertido un debate engorroso y confuso porque las peticiones de los congresistas al parecer no eran bien entendidas, y al votar los congresistas terminaban preguntando cuál era la pregunta. Entonces hay una mala conducción del debate que no ayuda a la claridad”, señaló.

 CASI COMO EN EL CNM

Además, cuestionó que se haya otorgado 85 puntos a la etapa de evaluación curricular, y solo 15 puntos a la entrevista personal. “La evaluación curricular considera títulos, años y no calidad de experiencia, y las investigaciones realizadas. Es decir, ahí entra cualquiera que pueda pagar un título en algún lugar, porque no es que estén exigiendo que provengan de universidades con cierto reconocimiento. ¿Cómo sabemos si las maravillas que dicen los doctorados y los libros reflejan el conocimiento de los candidatos? Es un sistema similar al del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)”, apuntó.

A su criterio, hace falta en el proceso incluir una exposición oral donde los candidatos den respuesta a un caso que exija una reflexión y razonamiento jurídico constitucional. “Según el reglamento aprobado, después de la sumatoria de puntos, se colocan en el cuadro de méritos y se envía al Pleno. Es una sumatoria fría de puntajes y uno se pregunta ¿dónde quedó la evaluación de si el candidato es independiente o imparcial, si tiene conflictos de interés? Podrían decir en la entrevista personal, pero esta etapa solo pesa 15 puntos. Entonces le han dado demasiado peso a la evaluación curricular, de forma peligrosa, y el único espacio limitado que queda es el de las tachas, que en un plazo de diez días los ciudadanos pueden realizar en caso de cuestionamientos a la idoneidad moral o trayectoria”, manifestó.

 NO SE EVALUARÁN ANTECEDENTES

Por otro lado, cuestionó que el reglamento tampoco permita que se cuestionen las sentencias emitidas por los candidatos durante su trayectoria. “¿Entonces, de qué nos vamos a quejar si las sentencias son el principal producto de un juez, qué se va a evaluar si no son las sentencias que hayan emitido los candidatos?”, se preguntó.

También se refirió a la idoneidad moral de quienes realizarán la evaluación. “Esto de que el evaluador no puede exigir al evaluado condiciones mínimas que él no cumple, es casi la regla de la experiencia en los concursos de autoridades en el sistema de justicia. Y en caso de no cumplirse va contra los objetivos del concurso. ¿Que postulante capaz va a someterse a un concurso donde su evaluador tenga problemas de idoneidad moral?”, cuestionó.

 CONFLICTO DE INTERÉS

Respecto a un posible conflicto de interés por parte de algunas bancadas congresales, refirió que estos se determinan de acuerdo a cada caso. “Hay escenarios que evidencian un mayor riesgo de interferencia política partidaria en una selección de magistrados jurisdiccionales. Si el congreso que propuso vacar a Vizcarra, sin seguir el debido proceso y no siguió su propio reglamento, no sé qué garantías pueda dar de que si lo cumplirá en la elección de los magistrados del TC. Y va a ser este Congreso el que elija a estos magistrados que por un tema de tiempos podría resolver estos temas de la contienda competencial”, indicó.

“Viendo estas características, obviamente hay un conflicto de intereses, porque son las mismas bancadas que han encrespado el escenario político las que van a elegir a los tribunos que pueden definir encima el caso por el que ellos han sido denunciados”, enfatizó.

Finalmente, recordó que al Congreso solo le basta cambiar a tres magistrados para tener un TC alineado a cierta tendencia política. Como ejemplo, citó que en el caso de la reciente sentencia favorable a la Sunat, solo los magistrados Ledesma, Espinosa Saldaña y Ramos votaron a favor del Estado.

“Este es un caso donde está debatiéndose no solo un reglamento o una elección, sino las propias bases democráticas del país. Se debate si se va a dejar que se nombren magistrados que tengan influencias con partidos políticos interesados. Esto ya es materia de una fiscalización que debería realizar la Defensoría del Pueblo, que ya debería haberse pronunciado. Recordemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido una serie de resoluciones durante la pandemia donde indica que los Estados están obligados a mantener las bases democráticas. La pregunta es: ¿esta elección aporta a las bases democráticas? En ese sentido, la CIDH bien podría expresar con altavoces su preocupación”, concluyó.

Política

Quieren vulnerar los derechos de Antauro Humala

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Quieren vulnerar los derechos de Antauro Humala

El parlamentario Javier Mendoza Marquina manifestó su indignación y rechazo frente a las acusaciones que se vienen dando en torno a las visitas que fueron realizadas por él y sus compañeros del partido Unión por el Perú (UPP) al líder del Frente Patriótico Peruano, Antauro Humala Tasso.

“Es realmente vergonzoso escuchar las afirmaciones de la Jefa del INPE, Susana Silva afirmando que hemos realizado visitas con fines netamente políticos. Hechos que se encuentran fuera de la verdad, pues mi visita, por ejemplo, se dio hace tiempo, mucho antes de que salieran a la luz las acusaciones en contra del Presidente Vizcarra y eso es fácil de demostrar. Además, es nuestro deber vigilar que no se vulneren los derechos de nuestro líder, que al parecer serán mermados debido a estas falsas acusaciones que pretenden dejarlo en total aislamiento y eso no lo vamos a permitir”, sostuvo Mendoza.

“La población ha escuchado los audios que han sido filtrado a los medios por personas inescrupulosas que buscan revertir el aumento de los porcentajes de aceptación del pueblo a una posible candidatura presidencial del Sr. Antauro Humala, frente al declive y enorme rechazo que tiene la población, a los hasta ahora, candidatos presidenciales situación que está alterando los nervios de los grandes partidos políticos que van en decadencia, porque la gente está hastiada de los actos de corrupción que no cesan de aparecer, y está a la espera de nuevos liderazgos que traigan un cambio contundente al país”, argumentó el parlamentario ayacuchano.

“Hay muchas cosas que se van a tener que esclarecer desde las acusaciones que ha hecho la Sra. Silva, porque podría caer en perjurio y todas las acusaciones que afirman que detrás de la Moción de Vacancia Presidencial, estaría el Sr. Antauro Humala, están simplemente tratando de tapar el sol con un solo dedo, porque la realidad, señores, no es otra más que el mismo Presidente Vizcarra,  se encuentra día a día hundiéndose más y más en su propio lodo de mentiras y corrupción que lo están terminando de asfixiar”, agregó el parlamentario.

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Niega que se impulse una «vacancia exprés»

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Niega que se impulse una "vacancia exprés"

El presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, descartó que desde el Parlamento se impulse una «vacancia express», al indicar que esta segunda moción presentada por legisladores de Unión por el Perú (UPP) y otros sigue su curso de acuerdo al reglamento interno de ese poder del Estado y la Constitución.

“Quiero descartar las insinuaciones de vacancia exprés; nosotros venimos actuando de acuerdo al reglamento del Congreso de la República y a la Constitución, eso tiene que quedar claramente establecido”, manifestó en conferencia de prensa.

Merino consideró que las imputaciones contra el Presidente de la República «naturalmente preocupan» al Legislativo y por ello el Mandatario debe aclarar estos temas.

Señaló que el Congreso cumple su función de “control político” y garantiza el debido proceso. “Este Congreso no puede ponerse de costado en las circunstancias que estamos viviendo”, agregó.

Asimismo, Merino negó haber mantenido conversaciones con Antauro Humala para coordinar la nueva moción de vacancia presidencial presentada por la bancada de UPP, ligada al etnocacerista.

“Descarto cualquier nivel de coordinación con el señor Humala como se pretende deslizar. Las opiniones o conversaciones del señor Humala son totalmente ajenas a esta presidencia”, dijo.

Respecto a las comunicaciones que entabló Humala Tasso y las visitas que recibió de algunos congresistas, dijo que corresponde a la jefa del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) y a la titular de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neyra, dar explicaciones por la situación de los reos.

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Movistar colabora con elaboración de respiradores artificiales

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Movistar colabora con elaboración de respiradores artificiales

Debido a la necesidad mundial por frenar el avance del Covid-19, existe una escasez de componentes para la fabricación de ventiladores en todo el mundo. Movistar se alió con la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) para elaborar 50 de los 150 respiradores artificiales que han sido entregados al Ministerio de Salud para que sean distribuidos a hospitales públicos.

Estos equipos han sido elaborados gracias desarrollo de la ciencia, innovación e investigación en Perú, y su proceso de certificación abre la puerta para un mayor desarrollo de tecnología médica en el país.

Precisamente, el pasado jueves 8 de octubre se realizó la entrega oficial de los respiradores de la PUCP en el Polideportivo de la universidad. “Es necesario que la academia, la empresa y el estado trabajemos juntos, por el bien del país. Es muy emocionante que ver cómo estas acciones contribuyen a la salud en el Perú. A través de los ventiladores mecánicos elaborados por Pontificia Universidad Católica del Perú y contaron con el soporte de Movistar se salvarán muchas vidas, especialmente las de las personas más vulnerables”, señaló Pedro Cortez, Presidente Ejecutivo de Telefónica del Perú.

En esta entrega estuvieron presentes Martín Vizcarra, Presidente de la República del Perú; Pedro Cortez, Presidente Ejecutivo de Telefónica del Perú; y Mario Coronado, Director de Asuntos Públicos y Sostenibilidad de la empresa, así como autoridades de esta casa de estudios y miembros del proyecto MASI.

Asimismo, Movistar se ha aliado con la Universidad Peruana Cayetano Heredia para la producción de 15 respiradores artificiales de bajo costo liderados por el equipo del Dr. Mirko Zimic. Estos ventiladores también serán entregados al Ministerio de Salud para que los reparta en distintos hospitales del país.

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