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Política

La vacancia, casi un golpe de Estado

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No más corrupción - Congreso congresistas

Ante la advertencia de la campaña para la vacancia presidencial contra el presidente Martín Vizcarra iniciada por el fujimorismo, el congresista del Frente Amplio, Hernando Cevallos, indicó que “buscar una vacancia sin los elementos que la justifiquen es más bien un intento desesperado de Fuerza Popular por cubrirse las espaldas ante las denuncias por un conjunto de ilícitos, que además vienen siendo frenados desde el control que todavía mantienen en distintos sectores de la administración de justicia”.

A criterio del parlamentario, “lo que ha buscado Janet Sánchez, presidenta de la Comisión de Fiscalización y el fujimorismo” con el anuncio de la investigación al mensaje presidencial, es encontrar elementos que permitan una denuncia constitucional y de ese modo poder avanzar hacia la vacancia. “Otro elemento que buscan es presionar a Vizcarra para que no se atreva a pedir la cuestión de confianza, y deslegitimarlo ante la opinión pública”, añadió.

Cevallos advirtió que cualquier proceso de vacancia sin los elementos debidos, “constituirá una decisión al margen de la constitución”. En cuanto a la posibilidad de que el fujimorismo tome por asalto Palacio de Gobierno y coloque a Mercedes Aráoz en la presidencia, indicó que la congresista no defiende abiertamente la vacancia porque sabe que sería la directamente beneficiada, “y no quiere aparecer como parte de este tinglado que trata de armar el fujimorismo”.

Ante el escenario de que prospere la vacancia planificada por Fuerza Popular, Cevallos indicó que “sería no solo una derechización del modelo, sino el triunfo de los sectores corruptos”. “No sería la derrota de Vizcarra, sino de los sectores hastiados de la corrupción y que reclaman nuevas elecciones. Finalmente, lo que está en juego es la voluntad popular para elegir a otro congreso que no aparezca tan deslegitimado ni cercano a la corrupción y arreglos contrarios a los intereses del pueblo”, señaló.

FUJIMORISMO LE TEME A LA POBLACIÓN

Por su parte, el analista Miguel Jugo consideró que la vacancia es “una situación que el fujimorismo y el Apra la van a intentar las veces que necesiten, pero no creo que el país acepte este tipo de situaciones, que bajen al presidente y que se queden los culpables de toda la crisis”.

Jugo recordó que la crisis no se produce por “mal humor” entre los congresistas de Fuerza Popular y el Ejecutivo, sino por el blindaje continuo de la mayoría fujimorista que “en el Congreso ha protegido corruptos”, en referencia a los casos Chávarry e Hinostroza. “Creo que el fujimorismo es consciente de eso y teme la respuesta de la población”, afirmó.

Para el analista, resulta claro que el fujimorismo busca una infracción inconstitucional en las investigaciones al presidente Vizcarra. “Además, han removido el tema Chinchero y lo de Conirsa, están levantando todas las piedras a ver qué es lo que encuentran. Saben perfectamente que esa vacancia no tendrá respaldo popular y por el contrario hará que la población salga a las calles, no a defender al presidente, sino a sancionar a estas fuerzas (el fujimorismo y el Apra) que saben que no volverán a tener ningún tipo de representación por lo menos en 20 años”, afirmó.

EL FIN DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Consultado por el escenario que podría desencadenar una vacancia presidencial, Jugo advirtió que “los primeros afectados serían los fiscales y policías que luchan contra la corrupción”. “La dirección del coronel Colchado, el Equipo Especial Lava Jato, ya no tendrían el apoyo político para continuar con su trabajo. El mérito de Vizcarra es haber dado apoyo político a la lucha contra la corrupción. Sin embargo, es sorprendente que algunos congresistas se hayan quejado por subir el presupuesto al Poder Judicial, cuando es claro que se requiere mejorar para fortalecer el trabajo contra la corrupción”, indicó.

Jugo apuntó que “la población no va a permitir ese escenario”, y que “el pueblo se lo traería abajo como lo hizo con la tercera reelección de Fujimori”. Al respecto, recordó que fue la reacción ciudadana la que impidió que se concrete el fraude del tercer mandato fujimorista.

“La población no va a tolerar que precisamente los corruptos que están involucrados con Odebrecht sean los beneficiados finales de la crisis”, advirtió. Asimismo, recordó que “la población siempre se ha movilizado frente a hechos graves, como la repartija, o el indulto a Fujimori”. Por ello, advirtió que si el fujimorismo pretende impulsar la vacancia, “terminará gatillando una respuesta muy contundente de la población”.

VIZCARRA DEBE ATENDER AL SUR

En cuanto a la fortalezas que debe consolidar el presidente Vizcarra antes de plantear la cuestión de confianza, Jugo indicó que el mandatario Vizcarra debe atender algunos problemas específicos, “como el de Tía María, por ejemplo”. “Hay que tener claro que el sur está resentido por esa situación concreta, y las organizaciones sindicales se resienten ante la no participación del Ejecutivo”. En ese sentido, indicó que Vizcarra debe atender “estos nudos que tiene frente al movimiento social”, y luego exigir que se vote su propuesta para el adelanto de elecciones en el Congreso.

SE NECESITA UN DEBATE CONSTITUCIONAL

El parlamentario Hernando Cevallos manifestó que de mantenerse la demora en la resolución del proyecto de ley, la cuestión de confianza aparece como una opción clara para hacer respetar la decisión de la mayoría. Sin embargo, insistió en que la convocatoria por sí sola no resolverá los problemas del país, sino que se requiere la instalación de una asamblea constituyente. “Necesitamos un debate constitucional, sino iríamos a una elección nueva pero con las limitaciones que marca la actual constitución”, afirmó.

Cevallos indicó que “la gente se da cuenta del entrampamiento, y de que no se puede tocar los resortes básicos de la corrupción”. Por eso, justificó el pedido popular de “que se vayan todos”. “Es claro que tenemos un Estado ajeno, un Estado capturado por grupos corruptos”, concluyó.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

Política

Usurpadores deberán ser investigados

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Pedro Olaechea - Mrcds Aráoz

Excongresistas que tras la disolución del Congreso suspendieron irregularmente al presidente Vizcarra, y nombraron a Mercedes Aráoz como presidenta del Perú, podrían ser acusados por el próximo Parlamento y recibir condenas de hasta 7 años de cárcel.

Tras conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaró infundada la demanda competencial presentada por el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, quedó flotando una duda que hasta ahora no ha sido resuelta. ¿Qué sucederá con los excongresistas acusados de cometer el presunto delito de usurpación de funciones?

Como se recuerda, el 30 de septiembre de 2019, minutos después de que el presidente de la República, Martín Vizcarra, declarara la disolución constitucional del Congreso, la bancada fujimorista y sus aliados políticos “suspendieron” irregularmente a Vizcarra por supuesta incapacidad moral, y en acto seguido nombraron y tomaron juramento a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como “nueva presidenta” del Perú.

Además de generar diversas críticas por la flagrante usurpación de funciones, esto motivó que el excongresista Marco Arana interpusiera una denuncia ante el Ministerio Público por el presunto delito cometido.

En los días posteriores a la disolución del Congreso, el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, presentó al TC la demanda competencial y una solicitud de medida cautelar firmando como “presidente del Congreso de la República”. A raíz de esto, el procurador de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Carlos Cosavalente Chamorro, presentó una denuncia contra Olaechea y quienes resulten responsables por el presunto delito de usurpación de funciones. Ello, debido a que el único cargo que ostentaba y ostenta Olaechea a la fecha es el de presidente de la Comisión Permanente.

DELITOS DEBEN INVESTIGARSE

A criterio de Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), los presuntos delitos cometidos por los excongresistas del fujiaprismo “no se pueden borrar”. “Tras la disolución del Congreso ellos quisieron revertir este acto y terminaron cometiendo un delito. Actuaron de manera dolosa al nombrarla como presidente de la República y tener así un campo político abierto para ellos”, afirmó.

El jurista consideró que los actos posteriores a la disolución del Congreso que pretendieron omitir la disposición del presidente Vizcarra “tienen un contenido penal y deben ser investigados por la Fiscalía y sancionados por el Poder Judicial”.

“Será competencia del próximo Congreso realizar las denuncias constitucionales a estos congresistas de Fuerza Popular, el Apra, Contigo y todos los que avalaron esta pantomima. No puede quedar en borrón y cuenta nueva, el delito se cometió y debe investigarse.”, agregó.

Finalmente, Quispe advirtió que “la ley es igual para todos”, y que se sentaría un mal precedente si una actuación como la producida al cierre del Congreso queda sin investigación ni sanción alguna. “Que una actuación así quede en nada sería una verguenza para el país”.

Hay que indicar que por la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de usurpación de funciones, las penas privativas de la libertad son desde 4 hasta 7 años.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Fiscal de la Nación investigará a Lecaros por 60 días

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José Luis Lecaros

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, dispuso el inicio de una investigación preliminar contra el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, por una presunta “omisión de denuncia”.

Ávalos abrió la investigación por un plazo de 60 días, luego de que se revelara la existencia de diálogos telefónicos del actual jefe del Poder Judicial con dos miembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Según consignó el diario Peru21, son dos las ocasiones en que ex miembros del CNM realizan pedidos ilegales al presidente del Poder Judicial sin que este denunciara el hecho.

En 2017, el exconsejero Julio Gutiérrez Pebe le pidió a Lecaros, entonces presidente de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, que fallara a favor de una casación interpuesta por el exgobernador de Áncash Enrique Vargas.

Meses después, el también exconsejero Iván Noguera llamó a Lecaros para pedirle que en su condición de miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial contratara a una persona que estaba recomendando, pero el magistrado no aceptó su solicitud.

Al sustentar la apertura de la investigación preliminar, Ávalos sostuvo que “los hechos tendrían relevancia penal y podrían subsumirse en el delito de omisión de denuncia”, que contempla hasta 4 años de cárcel, ya que Lecaros no denunció esos pedidos ilícitos.

Por su parte, Lecaros indicó que Ávalos “de repente está mal asesorada” y que la investigación “se archivará en su momento”. También señaló que Noguera no le llegó a dar el nombre del trabajador al que recomendaba.

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Política

EEUU admite que entrega $ 467 millones a golpistas en Venezuela

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Juan Guaidó

De acuerdo con un informe en el portal oficial de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), desde 2017 este organismo ha pagado 467 millones de dólares a los opositores de Venezuela bajo el pretexto de “asistencia humanitaria”.

El documento expresa que tras un acuerdo firmado en octubre de 2019, la USAID ha comprometido 128 millones de dólares para “ayudar” al líder opositor Guaidó y también para la Asamblea Nacional con el objetivo del supuesto “desarrollo de planes para recuperar la economía e implementar servicios sociales durante una transición a la democracia”.

En el texto, publicado en diciembre, la agencia estadounidense revela asignar dinero para “compensación, costos de viaje y otros gastos para algunos asesores técnicos de la Asamblea Nacional y la administración interina de Guaidó a través de fondos de asistencia”.

En otra parte del documento se lee que Estados Unidos está apoyando los esfuerzos de respuesta en 16 países, incluyendo a Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.

Asimismo, el informe remarca que USAID en Venezuela no proporciona fondos directamente a los miembros electos de la AN y a los funcionarios de la Administración de Guaidó, aunque alega que se otorgó fondo de manera competitiva a organizaciones privadas a través de contratos, donaciones o acuerdos de cooperación.

Venezuela sufre en los últimos años una aguda crisis económica, como resultado de un interminable hostigamiento de EE.UU. que ha usado las sanciones económicas para afectar la vida cotidiana del pueblo venezolano, con una escasez grave de alimentos y medicinas.

Además, desde enero de 2019, cuando el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció al golpista Guaidó como presidente interino de Venezuela, Washington ha endurecido su campaña de presión económica e incluso ha llegado a amenazar a la nación sudamericana con una intervención militar.

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