JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

Al parecer la vacuna se ha convertido en un botín para el sector privado y con la aprobación del Gobierno. Esa es la conclusión que sacan diversos analistas luego que se conociera que el Ministerio de Salud expidió el reglamento de la Ley N° 31091, que permite al sector privado comercializar las vacunas contra el COVID-19. Todo eso, pese a que el Ejecutivo aún no conoce la fecha de la llegada del primer millón de dosis compradas a Sinopharm.

El artículo 6 del reglamento, publicado en El Peruano, señala que el registro sanitario condicional faculta “su fabricación, importación, almacenamiento, distribución, comercialización, dispensación, expendio o uso”.

Asimismo, se indica que podrán solicitar el permiso aquellos que cuenten con la autorización sanitaria como laboratorio de productos farmacéuticos o droguería. Dicho permiso del registro sanitario condicional será por un año, bajo seguimiento de los titulares, quienes deberán presentar informes periódicos de seguridad de sus productos biológicos.

RECHAZO

La medida generó un fuerte rechazo en diversos sectores, que contrastaron la demora del Gobierno en la adquisición de las vacunas con la facilidad con que se ofrece al sector privado la posibilidad de hacer un negocio con ellas.

La candidata presidencial de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, criticó el Decreto Supremo emitido por el presidente Sagasti, a través de su cuenta de Twitter: “Hace un mes el Pdte.Sagasti defendía en la ONU que la vacuna fuera un bien público y ahora su gobierno emite un DS autorizando su comercialización! No permitamos que se imponga una vez más el ‘sálvese quien pueda’, la salud como negocio”.

El médico y candidato al Congreso con Juntos por el Perú, Mario Ríos, cuestionó la decisión gubernamental en tanto el Ejecutivo “no ha comprado vacunas suficientes para vacunar siquiera a nuestra población vulnerable”.

“El millón de vacunas compradas servirá para inmunizar solo a medio millón de personas, como personal de salud, policías y otros. Pero incluso el cálculo que se tiene sobre esta población es que son mucho más quienes requerirían ser vacunados en primera instancia. Y sobre el resto de vacunas, la misma ministra (Pilar) Mazzetti ha declarado que no hay un cronograma específico”, señaló.

Ríos indicó que el Perú es “el único país que está estab leciendo estos criterios inhumanos”. “Este reglamento no solo colisiona con la ley sino con todos los acuerdos sobre derechos humanos, pues están viendo como una oportunidad de negocio algo que debe ser una medida para protegernos a todos”, agregó.

Por otro lado, el médico advirtió que, ante la escasez del producto y la alta demanda, se podría dar el caso de laboratorios que de manera privada se asocien con empresarios locales y así empezar a especular con el negocio de las vacunas.

Para Ríos resulta altamente cuestionable que el Gobierno propicie escenarios donde la cola para la vacunación se determine de acuerdo a la condición económica de las personas.

UNIVERSALIDAD DESVIRTUADA

También remarcó que, al autorizar el comercio de un bien esencial para la supervivencia, como las vacunas, el Gobierno ha terminado por desvirtuar el concepto de universalización de las mismas. “Acá la responsabilidad de garantizar las vacunas de forma universal y gratuita es del Estado, pero si se empiezan a introducir vacunas en función de la capacidad de pago de las personas, este criterio de universalización se va a limitar y solo accederá quien tiene recursos”, alertó.

El candidato congresal consideró que otro mensaje errado del Gobierno de Sagasti al aprobar este reglamento es que los empresarios tienen una mayor capacidad de negociación que el propio Estado.

ESPACIO PARA LA CORRUPCIÓN

Por su parte, la congresista Rocío Silva Santisteban recordó que, en el caso de las pruebas moleculares, ya se ha observado en meses pasados cómo algunos empresarios cobraban precios excesivos por realizarlas, algo que podría repetirse.

“La salud es un derecho, y no puede ser que la gente que tiene dinero para pagar una clínica y salvarse, tenga que resignarse a hacer su cola en los hospitales públicos para finalmente morir de todas maneras. ¿Esto significa que las mejores vacunas van a ser para quienes tienen dinero y las pueden pagar? Me parece terrible”, cuestionó.

Además, advirtió que la autorización para la comercialización de las vacunas abre el espacio para casos de corrupción donde las vacunas adquiridas para su distribución y aplicación gratuita terminen finalmente en manos de privados para su comercialización irregular.

UCIS COLAPSARON 

En tanto, la Defensoría del Pueblo advirtió en un comunicado que, de acuerdo al último reporte de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), en Lima y Callao apenas quedan 6 camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para el tratamiento de pacientes críticos de COVID-19.

INFORMACIÓN CLARA

El parlamentario por el Frente Amplio, Lenin Checco, también alertó por la falta de UCIs en Apurímac y otras regiones y demandó al Ejecutivo dar información clara sobre el costo de las vacunas, así como su fecha de llegada y forma de distribución, y consideró que el dinero invertido durante la pandemia fue mal empleado en hospitales temporales.