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Editorial

La lucha contra la desigualdad

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Está en lo correcto el presidente Martín Vizcarra, cuando dice que el cierre de brechas en educación y salud constituye un objetivo principal del país. En efecto, el desarrollo como país no será desde ningún punto de vista sostenible si no se atiende el problema de la desigualdad. En ese sentido, el mandatario ha señalado que lo más duro y complejo de afrontar es la diferencia de atención a ciudadanos que somos iguales, pero unos tenemos acceso a buena educación y salud y otros no. «Tenemos que cerrar esa brecha, ese es el principal objetivo», ha remarcado.

Todo eso es muy cierto, lo que ocurre es que la desigualdad en nuestro país no es producto  de la crisis generada por la pandemia del Covid-19.  Tampoco es consecuencia de recientes crisis económicas. Las barreras del acceso a la educación de calidad, la carencia de servicios básicos, así como la inadecuada cobertura de nuestro sistema de salud, son la muestra palpable de que nuestro país continúa dividido por la desigualdad.

No se puede dejar de mencionar lo que desde esta columna venimos advirtiendo hace mucho tiempo: el repunte de la informalidad, la precariedad laboral y los altos índices de pobreza en el país, son algunos de los puntos que debieran ser abordados con urgencia por el Gobierno, mediante políticas públicas si en verdad quiere dejar sentadas las bases para cerrar estas brechas en el acceso a la salud y la educación, tal como lo ha dicho recientemente el presidente Martín Vizcarra, quien ha recordado que su Gobierno está adquiriendo un millón de “tablets” para repartirlas entre los estudiantes para que puedan seguir las clases.

En el campo de la salud, el Jefe de Estado ha mencionado la puesta en marcha del Centro Nacional de Telemedicina, el más moderno de la región, que atenderá entre 90,000 y 100,000 pacientes por mes; es decir, más de un millón por año. Sin embargo, habría que recordar que se necesidad dotar de internet las zonas más remotas de nuestro país para garantizar el funcionamiento tanto de la educación remota como del sistema de telesalud, puesd de lo contrario no pasará de buenas intenciones y nuevamente las grandes ciudades serán beneficiadas, mientras que las zonas rurales seguirán postradas y así no se habrá cumplido con el objetivo de cerrar las brechas que se ha trazado el Gobierno.

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Editorial

El espejo ecuatoriano

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Editorial Diario UNO

Ayer, organizaciones indígenas y sindicatos en Ecuador marchaban para protestar contra la política económica del gobierno y pedir que se congelen los precios del combustible, en el contexto de un incremento progresivo en lo que va del año y la difícil situación económica en el país.

Las carreteras en varias provincias del país del norte fueron cerradas, mientras que la organización indígena Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) dijo que algunas carreteras en la región amazónica del país habían sido cortadas desde la madrugada.

El vocero del gobierno indico que solo eran seis las carreteras cerradas. Pero según CNN, la realidad era muchos más grave por la cual se decretó el estado de excepción en todo el país. Peor aun, la Conaie anunció el inicio de una ”jornada progresiva de resistencia y movilización” desde la madrugada de este martes en distintos puntos del país.

El problema es el alza del combustible, cuyo precio piden el congelamiento en una escala mucho mayor a lo anunciado el viernes por el presidente Guillermo Lasso. Lasso expresó la semana pasada que iba a ”defender a Quito de aquellos que les gusta la violencia”. ”Si tenemos que empuñar con fuerza la Constitución para enfrentar a los golpistas, lo haremos”, dijo. Pero la realidad de las protestas, lo cerca cada vez más. Sobre todo, porque se ha negado a acudir a las citaciones del Congreso que desea preguntarle sobre los Pandora papers.

Como se h visto ayer en Las Bambas, una cosa es lo que pueden pensar los funcionarios y otra muy diferente lo que puede sentir la población. El Buen Gobierno es el arte que una y otra coincidan, para la solución de los problemas.

La correa de la primera ministra para soportar los desplantes de las comunidades ayer, para firmar un acta, en Las Bambas va en ese camino. Pero, la solución verdadera es atender las necesidades de las comunidades. Y ello requiere no solo buena voluntad sino conocimiento del problema local, algo que nadie parece tener.

Por ello, no basta visitar Las Bambas desde fuera. Hay que atender lo que piensan dirigentes y pobladores, valorar el costo de las soluciones y pensar en fórmulas flexibles para atenderlas. Cualquier otra cosa, es solo ilusión.

Por eso no hay que esperar caer en el ejemplo ecuatoriano. Hay que arriesgar y tomar decisiones audaces. Lo otro es apostar por el alza de precios.

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Editorial

Por Dios y por la plata

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Editorial Diario UNO

Hace 21 años, un 26 de julio del año 2000, se instalaba la junta preparatoria del Congreso de la República. Presidía la ceremonia la inflexible Martha Hildebrandt, acompañada de los congresistas Humberto Martínez Morosini y Milagros Huamán. Cada nuevo parlamentario se acercaba respetuosamente al estrado y ante un crucifijo respondía con la fórmula ritual.

«Juráis por Dios y por la patria desempeñar fiel y lealmente el cargo de congresista que el pueblo os ha confiado» repitió la presidenta a Gerardo Saavedra Mesones legislador de Perú Posible. Este, presto, respondió sonoramente «Por Dios y por la plata. ¡Si juro!». Frase que, desde entonces, ha entrado en el diccionario político del país, como la verdadera motivación de algunos representantes que llegan al Parlamento para beneficiarse ellos, antes que a sus electores.

Quienes conocieron en vida a Cucho Saavedra afirmaban que la respuesta no fue un «lapsus linguae», es decir una equivocación que se comete por olvido o equivocación, sino que le salió del alma, fruto de su genuina preocupación por recuperar el dinero generosamente invertido en su campaña y en la de su candidato presidencial Alejandro Toledo.

Pero los memoriosos que creyeron que la frase era un hecho del pasado, ayer Hernando Guerra García revivió a Saavedra, en versión un poco más moderna. Fue en el homenaje póstumo al congresista de Perú Libre Fernando Herrera Mamani. Allí, en medio del salón de los Pasos Perdidos, y sin que nadie se lo solicitara, soltó una queja económica a nombre del fallecido. «Solo, en un sitio modesto, en el que se alojaba para poder transportarse a su ciudad, con pocos recursos porque son pocos los recursos que tiene un congresista para poder hacer un trabajo como el que Fernando quería hacerlo. Ya quisieran muchos congresistas tener el suelo de un ministro o un viceministro, tener movilidad y no tener que transportarse por vía terrestre o en los horarios que se le ocurre a cualquier línea aérea. La política es permanentemente vapuleada en nuestro país y aquellos que son elegidos al Congreso más aún. A la prensa, a las redes sociales, les encanta desprestigiar a los que han sido electos, les encanta decir que (los congresistas) ganan buenos sueldos, que tienen gollerías, pero en su partida Fernando nos ha dado muestra que no es así».

Herrera Mamani vivió y murió luchando por unos ideales, por los que juró ante el pueblo. Guerra García en cambio lo hace por Dios y por la plata.

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Editorial

Camisea, como sea

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Editorial Diario UNO

Ayer la sanisidrina calle Tomás Edison, donde se encuentra la tradicional cafetería La Bombonniere, se vio interrumpida. Una cuadrilla de obreros rompía la pista, mientras que diligentes vigilantes desviaban a los autos letrero en mano. Lo raro de este despliegue era que se realizaba al amparo de un cartel de la empresa Calidda que anunciaba la llegada de gas natural barato para una zona claramente pudiente.

¿Por qué razón el gas no llega primero a los conos y después a San Isidro? Podría preguntarse cualquier viandante, del mismo modo que se lo ha preguntado en la intimidad el presidente Pedro Castillo. Porque nadie lo ha propuesto como política de Estado podría respondérsele a cualquiera de los dos.

Esta cuestión clave es la que está a la base del anuncio de nacionalización del gas que ha realizado ayer el mandatario y frente al cual los fariseos de siempre se rasgan las vestiduras, denunciando la violación de la propiedad privada y olvidando la necesidad cotidiana de combustible barato de la mayoría de los peruanos.

El problema es que la solución no es tan fácil como la pregunta. Especialistas en el tema de energía han explicado que en la cadena de valor se encuentran distintos protagonistas: el consorcio Camisea (Pluspetrol y otras cuatro empresas), en la producción en los lotes 56 y 88; el consorcio TdG, en el transporte: Calidda y otras tres empresas, en la distribución; y el consorcio Perú GNP en la exportación.

Fue durante la gestión de Alejandro Toledo que la lógica de esta cadena, que se suponía era abastecer de gas natural a todo el Perú, se torció, orientándola a la exportación. A partir de ahí se abandonó la construcción de la infraestructura mínima necesaria (y dentro de ella, el gasoducto), para que los peruanos pudieran ver sus domicilios abastecidos con la producción de Camisea.

Pero el lema de combate de Pedro Castillo ha sido «no más pobres, en un país rico», que para el caso del gas de uso doméstico podría también leerse «no más gas caro, en un país que reinyecta el gas natural al subsuelo pues no puede trasladarlo a quienes lo necesitan». Raciocinio cuyo corolario obligado es la masificación del gas natural y el cambio de la matriz energética. De ahí a la necesidad de reorientar a la cadena de valor desde su actor principal, hay un solo paso. Lo que conduce a dos vías: la renegociación o la nacionalización.

Por eso el gobierno, ha asumido el reto de volver al proyecto original de Camisea, y sacarlo «como sea».

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