Desde que la pandemia del coronavirus se convirtió en el principal enemigo contra la salud pública del Perú, otros temas importantes para el desarrollo del país perdieron su sentido de urgencia y fueron postergados debido a la paralización de actividades y a la lógica prioridad de emprender una lucha contra un virus mortal que ya cobró miles de víctimas.
Entre ellos, la reforma de justicia y los casos emblemáticos en la lucha anticorrupción destacan por su importancia y su urgencia de ser resueltos. Sin embargo, a pesar de que el presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Aldo Vásquez, afirmara a inicios de mayo que la entidad no paralizó sus actividades durante la pandemia, todavía no se conocen los resultados sobre los procesos pendientes heredados del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) ni sobre los procesos sancionadores iniciados en febrero contra los magistrados Pedro Chávarry y Tomás Aladino Gálvez, acusados de pertenecer a la red de Los Cuellos Blancos del Puerto.
Para el abogado del Instituto de Defensa Legal, Juan José Quispe, “llama la atención que la JNJ no informe sobre estos procedimientos, que no indique a qué magistrados se va a sancionar y quiénes seguirán como jueces y fiscales y por tanto administrando justicia en el país”.
CONSECUENCIAS DE LA INACCIÓN
Quispe advirtió que la JNJ tendría que actuar con mayor transparencia, dada la importancia de sus funciones. Como ejemplo de las consecuencias de la aparente inacción del órgano de justicia, refirió que la Corte Superior de Justicia de Amazonas continúa presidida por el magistrado Gonzalo Zabarburu Saavedra, a pesar de que su ratificación fue hecha por el cuestionado CNM. “Amazonas se está convirtiendo en lo que era la Corte Superior de Justicia del Callao. Tiene a un presidente ratificado por el CNM, tiene a un presidente de la Junta Nacional de Fiscales, el señor Hilbert Zapana Mayta, y al fiscal superior José Novoa Vásquez, denunciados ambos ante la JNJ. De acuerdo a las pruebas contra estos señores ya se debió haber resuelto su destitución, y sin embargo siguen administrando justicia”, añadió.
Además, indicó que lo mismo sucede con un caso emblemático como el del exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, que sigue esperando resolución a un proceso sancionador iniciado en febrero. “¿Dónde están los resultados? La ciudadanía espera que la JNJ cumpla con su función. Mientras la JNJ no resuelva, sobre los magistrados cuestionados solo podrán pesar sanciones de máximo 30 días o suspensión de funciones por dos meses. Esto provoca que magistrados sean sancionados pero luego retornen a sus cargos y continúen en sus funciones. Y luego las sentencias que estos emitan se convierten en cosa juzgada, a pesar de que puedan representar actos contrarios a la ley”, cuestionó.
A criterio del jurista, otro ejemplo de mala administración de justicia se produjo cuando el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, firmó una resolución instando a los jueces a que cambiaran la prisión preventiva por otras medidas distintas. “Los más beneficiados fueron los casos de corrupción de funcionarios, porque el presidente del Poder Judicial no excluyó los delitos graves como corrupción. Y los jueces ahora han cambiado una norma que es gravísima, a partir de los casos de variación de detención por arresto domiciliario por enfermedad, en el Perú ya no se necesita el peritaje de medicina legal, sino solo los peritajes de parte. ¿Y quiénes pueden tener acceso a un médico de parte? Solo los procesados con recursos económicos. Todo esto se produce a partir de la resolución de Lecaros”, denunció
JOSÉ ALFREDO MADUEÑO
Redactor Política
