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Política

La dictadura de las empresas eléctricas

La gente no sólo teme contagiarse con el Covid-19, también teme ver el recibo de luz, debido a los innumerables casos de cobros excesivos e impagables en plena pandemia y crisis económica, emitidos por las distribuidoras del servicio eléctrico Enel y Luz del Sur.

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La dictadura de las empresas eléctricas

Perú no es el país del libre mercado o de la com­petencia como afirman algunos afiebrados que defienden el modelo Neo­liberal, implantado por la dictadura fujimorista, todo lo contrario, es el país de los monopolios, de los oligopo­lios, de las concertaciones, de los cárteles empresariales como el de la construcción, es el país del mercantilismo en donde el Estado reparte dinero a las corporaciones o si no, les favorece con exone­raciones tributarias. Donde el Estado no existe para la población, pero sí para las grandes empresas.

Por eso, durante la pandemia los usuarios de energía eléctrica han sido uno de los tantos sectores de la población, afectados con los cobros exorbitantes e indebidos que llegan en los recibos de luz, desde distritos como Miraflores, Carabayllo, Ate o La Molina, las quejas son para las empresas dis­tribuidores de este servicio: Enel y Luz del Sur.

Por ejemplo, las media­nas y pequeñas empresas como restaurantes o ne­gocios que dejaron de fun­cionar por tres meses han continuado recibiendo la misma tarifa, como si usasen el mismo nivel de energía que en tiempos normales. Asimismo, a familias de dos o tres personas les han llegado recibos por miles de soles, que en la mayoría de los casos son impagables.

Y a todo esto ¿Dónde está el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Mi­nería (Osinergmin)? ¿Qué ha hecho el ente regulador? Pues repite el comportamiento de organismos similares como el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Tele­comunicaciones (OSIPTEL), que envían al usuario para que llame a un número y haga su reclamo, el cual en la que la mayoría de los casos nadie contesta.

UN DECRETO SUPREMO

El excongresita Yonhy Lescano manifestó a Diario UNO que la culpa de este abuso la tiene el Gobierno porque sacaron el Decreto de Urgencia Nro.- 035-2020 que disponía que los cobros se ha­gan en base a un promedio del consumo.

“Lamentablemente eso ha originado cobros indebidos tanto de inmuebles familiares como de empresas, quienes no estaban realizando el mismo consumo sea porque no fun­cionaba el negocio o porque las personas cuidaban el con­sumo, porque muchos de ellos perdieron el trabajo. Entonces, no se ha estado cobrando en base a la lectura de los medi­dores si no a promedios dis­puestos de manera indebida por un Decreto de Urgencia. Esto es una irregularidad, porque la empresa triplicaba o cuadruplicaba el consumo con la justificación que por la cuarentena se utilizaba más la electricidad”, aseveró.

“Estas empresas han viola­do los derechos de los ciudada­nos y la Constitución, porque los contratos no pueden ser modificados y obligar a pagar promedios. Una salida sería que el mismo Gobierno se rectifi­que mediante un dispositivo dejando sin efecto el Decreto de Urgencia Nro.- 035-2020, lo otro es que los ciudadanos inicien un juicio a la empresa pero eso cuesta tiempo, dinero y en estos momentos de crisis es difícil pedirle que hagan eso”, advirtió Lescano.

El también dirigente de Ac­ción Popular hizo un llamado a las empresas eléctricas para que hagan una rectificación.

DEBEN DEVOLVER LO COBRADO

Para Lescano por estos cobros indebidos ya debería intervenir Osinergmin e in­cluso el mismo Congreso de la República, “en vez de perder el tiempo intentando sacar leyes que ya existen, deberían aprovechar para pedir a los empresarios que devuelvan lo cobrado a los usuarios”.

“Sería el camino más bre­ve y rápido que la Comisión de Defensa del Consumidor o la Comisión de Energía y Minas de inmediato cite a los funcionarios de Osinergmin y a los ejecutivos de Enel y Luz del Sur para ver cómo están devolviendo lo indebidamen­te cobrado. Porque si no lo están haciendo de manera voluntaria, hay que obligar­los a que cumplan su tarea y respeten del derechos de los usuarios”, resaltó.

ES UN ABUSO

Por su parte, el investiga­dor Jorge Manco Zaconetti aseguró a Diario UNO que se usa un método perverso para hacer la medición de la electricidad “porque están aplicando abusivamente el promedio de los seis meses anteriores, hayas consumido la luz o no”.

“Ha fallado la regulación de Osinergmin que debió comunicar públicamente que se va a cobrar con los promedios en el servicio de electricidad. Yo saco la cara por los pequeños negocios, sólo restaurantes son 270 mil y prácticamente el 95% han estado cerrados. Igual han tenido que pagar la ta­rifa promedio de los meses de octubre (2019) a febrero (2020)”, afirmó.

Refirió que lo que es peor, es que si uno quiere reclamar te mandan a llamar a un nú­mero de teléfono que nunca te contesta. “Entonces, este es un abuso de las empresas que están aprovechando a río revuelto porque no quieren perder, para ellos no hay pan­demia, no hay crisis, con ellos no es”.

“En el caso del servicio de electricidad la posibilidad del pago fraccionado es sólo para el menor consumo, es decir, para el rural, cam­pesino, de 50 kilovatios-hora; es decir, dos focos, un frigider, una radio, un televisor y punto. El resto de consumidores somos de más de 100 kilovatios-hora, que es lo que consume una familia promedio de 4 a 5 personas. Entonces no hay transparencia”, agregó.

ENCIMA SUBSIDIADOS

Zaconetti destacó: “Al margen de los casos de co­bros excesivos durante la pandemia, de cada fami­lia regulada por ejemplo el 10% de su tarifa son subsidios a las empresas de generación eléctrica, las eólicas, para Enel, el Fondo de Inclusión So­cial Energético (FISE), el Nodo Energético del Sur, y si eso los sumamos por 7 millones de usuarios. A pesar de esas distorsiones y abusos en la distribución, perversiones en la genera­ción y depravaciones en la transmisión, porque el regulador no regula nada. Prácticamente es un liber­tinaje de mercado”.

El también economista advirtió: “Y los más grave, tú eres consumidor domés­tico, es decir, los 7 millones de usuarios pagamos por 1 megavatio-hora U$ 57, en cambio una rica em­presa minera paga menos de U$ 20 la hora, porque es cliente libre, pacta su energía con la generación. Además hay empresas de generación que entre ellas se compran y se venden en el mercado de corto plazo y ahí la energía vale U$ 10 o U$ 9 la hora”.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL
lacheca@yandex.com

Política

Investigarán a congresista Pérez por insultar a Vizcarra

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Investigarán a congresista Pérez por insultar a Vizcarra

La Comisión de Ética del Congreso de la República ini­ció una investigación contra el legislador Jhosept Arman­do Pérez Mimbela (Alianza para el Progreso), quien insultó al presidente de la República, Martín Vizcarra, durante una sesión del Pleno Parlamentario.

El informe de califica­ción de la secretaría técnica de ese grupo de trabajo, con­sideró oportuno proceder con la investigación, debido a que las disculpas que el legislador ofreció se dieron 25 días después de ocurrido el hecho y solo porque fue descubierto.

La propuesta de la secre­taría técnica recibió 5 votos a favor y solo 2 abstenciones, con lo cual el caso pasará a la siguiente etapa. Ahora el legislador será citado para que brinde sus descargos.

OTRAS INVESTIGACIONES

Ética también inició investigación contra la congresista no agrupada Rosario Paredes Eyzaguirre, quien fue denunciada por supuestamente solicitar a una trabajadora que le de­posite la mitad de su suel­do. En la votación para este caso, los siete integrantes de la comisión mostraron su apoyo a la propuesta.

También se declaró pro­cedente el inicio de investi­gación al congresista César Combina Salvatierra (APP) por presuntamente entregar mascarillas con logo de su partido y nombre. El informe fue aprobado por 6 congre­sistas, mientras que solo 2 se abstuvieron.

El grupo de trabajo también rechazó iniciar una investigación contra el legislador de Podemos Perú, José Luis Luna Morales, por presuntamente no pagar aportes a las AFP y ONP a los trabajadores de una empre­sa de la que es accionistas. Solo 3 congresistas votaron a favor, mientras que 4 se declararon en contra.

También decidieron archivar el pedido de in­vestigación contra el con­gresista Hipólito Chaiña Contreras (Unión por el Perú) por presuntamente violar el estado de emer­gencia. En ese caso solo hubo 1 voto a favor y 6 se expresaron en contra.

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Política

Aprueban subsidio de S/ 13.5 millones para el Metropolitano

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Aprueban subsidio de S/ 13.5 millones para el Metropolitano

El ministro de Transpor­tes y Comunicaciones, Car­los Estremadoyro, anunció que ya está listo el decreto de urgencia que aprueba el otorgamiento de un subsi­dio económico indirecto al servicio de transportes en el Sistema del Metropoli­tano.

Esta medida temporal busca que no suban los pa­sajes ni se perjudiquen las empresas que actualmente operan con limitaciones por la pandemia. El objetivo es garantizar la continuidad del servicio.

El MTC detalló que el monto del subsidio alcanza la suma de S/13 millones y medio que se entregará a la Municipalidad Metropolitana de Lima para que se encargue de su administración y distribución.

“Ya tenemos el Decreto de Urgencia que [a los concesionarios] les permitirá seguir trabajando y vamos a ayudar a que este modelo de transporte que se ha implementado para evitar la expansión de la pandemia pueda continuar sin problema”, indicó el ministro Estremadoyro.

Precisó que a través del subsidio que dará el ETjecutivo para el usuario se pretende cubrir los costos operativos para que las empresas no se perjudiquen y puedan seguir operando sin problemas.
De otro lado, la presidenta de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), María Jara, y el presidente del directorio de Protransporte, Juan Pablo de la Guerra, firmaron las adendas de los contratos de concesión del Metropolitano y los corredores complementarios como parte del proceso de fusión. A partir de ahora Protransporte formará parte de la ATU.

Esta fusión marca un hito en la historia del transporte en Lima y Callao pues por primera vez una sola entidad será la responsable de operar todos los sistemas de transporte de Lima y Callao.

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Política

Plantean que normas sean prepublicadas para tener opinión ciudadana

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Plantean que normas sean prepublicadas para tener opinión ciudadana

El presidente de la Comi­sión Especial Multipartidaria para el Ordenamiento Legislati­vo (Cemol), Diethell Columbus, anunció que el próximo lunes se debatirá en este grupo de trabajo una iniciativa para per­mitir que toda norma que se emita tenga análisis de costo – beneficio y sea prepublicada para recoger la opinión de la ciudadanía.

El proyecto de ley modifica la Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa (Ley N° 26889), la misma que será a puesta a consideración de la Cemol en su sesión or­dinaria.

“Con esta reforma que se plantea lograremos que todos los poderes del Estado, así como los distintos niveles de gobierno, incluyendo regiones y municipios, estén obligados a poner en blanco y negro el análisis costo-beneficio de aquello que quieren aprobar. Con esta reforma deberán to­marse el trabajo de legislar en serio y no seguir improvisando como ocurre en muchos casos”, enfatizó.

Columbus destacó la prepu­blicación de normas con rango de ley porque considera que “la opinión ciudadana no solo debe ser escuchada en época electo­ral, sino que se debe promover que el ciudadano colabore con el trabajo de sus localidades, regiones y del país”.

“Esta reforma ayuda a que nuestros compatriotas aporten sus conocimientos y experien­cias respecto de las normas legales que se quieran aprobar desde el Estado”, agregó.

De aprobarse la propuesta de reforma, será elevada inme­diatamente a la Mesa Directiva para que pueda ser viabilizada conforme al Reglamento del Congreso y se agende en la próxima sesión el Pleno del Congreso.

De otro lado, anunció que también se encuentra en agen­da la discusión de un proyecto de resolución legislativa para evitar que las mociones decla­rativas dejen de sobrecargar las agendas plenarias.

Al comentar esta propues­ta, que modifica el artículo 68° del Reglamento del Con­greso, Columbus, destacó que lamentablemente la agenda del pleno se sobrecarga con mociones declarativas o exhor­tativas que distraen el debate de los temas más urgentes que debe ver el Parlamento.

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