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Política

La corrupción desborda al país

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Ministerio Público - Fiscalía de la Nación

El expresidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, fue detenido ayer acusado de tráfico de influencias; el Poder Judicial archivó la acusación contra Pedro Chávarry por encubrimiento real; y el Tribunal Constitucional estaría promoviendo una avalancha de pedidos de libertad de acusados por corrupción y hasta integrantes de organizaciones criminales.

Agentes de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac), detuvieron al expresidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, cuando se encontraba al interior de un restaurante en el distrito de Los Olivos. La detención de Villanueva se realizó a partir de una resolución del Juez Supremo Hugo Núñez Julca, quien dispuso prisión preventiva por 7 días por el presunto delito de tráfico de influencias.

Además de Villanueva, los agentes policiales detuvieron al fiscal superior Alberto Rossel Alvarado, al empresario minero José Santisteban Zurita y al fiscal adjunto Ronald Chafloque Chávez.

En agosto, César Villanueva tomó contacto con el fiscal superior de Lima Norte, Alberto Rossel Alvarado, a través de un amigo suyo, el empresario José María Santisteban Zurita. Villanueva habría buscado que Rossel lo patrocine, pero como este era un fiscal en funciones, se decidió involucrar a su hijo, Alberto Rossel Obando, como asesor ficticio de Villanueva. Esto estaría acreditado en una conversación telefónica interceptada por la Fiscalía. “Yo voy a batutear, pero es mi hijo el que va a sacar pecho”, dijo Rossel a un interlocutor el 2 de setiembre.

Tras conocerse la noticia, los fiscales del equipo especial del caso Lava Jato, Rafael Vela y Germán Juárez, separaron al fiscal Alexander Taboada por haber sostenido reuniones con los fiscales vinculados a César Villanueva.

A criterio del abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan José Quispe, luego de los 7 días que se han dictado contra César Villanueva, se podría dar una audiencia para ampliar la prisión preventiva. “Y Villanueva podría ser otro de los funcionarios que termine preso, sobre todo si se tiene en cuenta que las pruebas o interceptaciones telefónicas son bastante concretas”, acotó.

ARCHIVAN ACUSACIÓN CONTRA CHÁVARRY

Por otro lado, respecto a la decisión del Juez Supremo Hugo Núñez, de archivar la acusación contra el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, por el delito de encubrimiento real, Quispe manifestó su disconformidad con los criterios expuestos por el juez Hugo Núñez Julca. “No comparto lo resuelto en el sentido de que los actos de Chávarry no tengan contenido penal, porque todos hemos visto que sí lo tienen. Pero habría que esperar lo que resuelva la sala de apelaciones de la Corte Suprema, a ver si confirma esta resolución”.

En cuanto a la decisión del fiscal Reynaldo Abia de derivar la investigación contra Chávarry por el deslacrado de una oficina en el Ministerio Público a una fiscalía penal, Quispe calificó la acción como “bastante oportuna”, ya que eso permitirá cautelar las pruebas de la investigación y evitar el archivamiento del caso por un tema de competencias, ya que se habría cometido un delito que no está en las atribuciones de la Fiscalía de corrupción de funcionarios. Sin embargo, también indicó que la pena por un delito de deslacrado es mucho menor que en caso de un delito por corrupción de funcionarios.

AVALANCHA DE HÁBEAS CORPUS

Respecto a la controvertida resolución del Tribunal Constitucional que ordenó la liberación de Keiko Fujimori, Quispe advirtió que no solo se avecina una avalancha de hábeas corpus por agravio constitucional, sino también otra avalancha de demandas por cesación de prisión preventiva.

”Esto significa que todas las personas que tienen prisión preventiva, ya sea procesados por corrupción de funcionarios, lavado de activos y hasta organizaciones criminales, van a pedir que se reevalúe los requisitos por los cuales se les dictó la prisión preventiva”, apuntó.

“¿Quiénes serán los beneficiarios? Organizaciones criminales como las de Oropeza, Orellana, los Cuellos Blancos, y otros afincados en gobiernos regionales y locales. Todos ellos serán beneficiados con esta irregular resolución del TC, que se ha convertido en una suerte de última instancia judicial”, comentó.

Finalmente, el jurista consideró que el TC no puede reevaluar los fundamentos por los cuales el Poder Judicial otorga la prisión preventiva. “Sin embargo, lo hizo con Humala y ahora lo vuelve a hacer con Keiko Fujimori, con un argumento bastante endeble de que porque ya se cerró el Congreso, ya no hay peligro de obstrucción”, expresó.

Por tanto, indicó que corresponde que el procurador del Poder Judicial acuda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH) por este caso. “El procurador, en representación del Estado, debe llevar una denuncia ante el sistema de la CIDH contra la resolución emitida por el TC. Hay que ver si los estándares internacionales han sido escrupulosamente cumplidos por el tribunal, o si han favorecido a una de las partes para darle libertad, lo que podría acarrear una sanción para el Estado peruano”, concluyó.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

Política

Usurpadores deberán ser investigados

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en

Pedro Olaechea - Mrcds Aráoz

Excongresistas que tras la disolución del Congreso suspendieron irregularmente al presidente Vizcarra, y nombraron a Mercedes Aráoz como presidenta del Perú, podrían ser acusados por el próximo Parlamento y recibir condenas de hasta 7 años de cárcel.

Tras conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaró infundada la demanda competencial presentada por el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, quedó flotando una duda que hasta ahora no ha sido resuelta. ¿Qué sucederá con los excongresistas acusados de cometer el presunto delito de usurpación de funciones?

Como se recuerda, el 30 de septiembre de 2019, minutos después de que el presidente de la República, Martín Vizcarra, declarara la disolución constitucional del Congreso, la bancada fujimorista y sus aliados políticos “suspendieron” irregularmente a Vizcarra por supuesta incapacidad moral, y en acto seguido nombraron y tomaron juramento a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como “nueva presidenta” del Perú.

Además de generar diversas críticas por la flagrante usurpación de funciones, esto motivó que el excongresista Marco Arana interpusiera una denuncia ante el Ministerio Público por el presunto delito cometido.

En los días posteriores a la disolución del Congreso, el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, presentó al TC la demanda competencial y una solicitud de medida cautelar firmando como “presidente del Congreso de la República”. A raíz de esto, el procurador de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Carlos Cosavalente Chamorro, presentó una denuncia contra Olaechea y quienes resulten responsables por el presunto delito de usurpación de funciones. Ello, debido a que el único cargo que ostentaba y ostenta Olaechea a la fecha es el de presidente de la Comisión Permanente.

DELITOS DEBEN INVESTIGARSE

A criterio de Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), los presuntos delitos cometidos por los excongresistas del fujiaprismo “no se pueden borrar”. “Tras la disolución del Congreso ellos quisieron revertir este acto y terminaron cometiendo un delito. Actuaron de manera dolosa al nombrarla como presidente de la República y tener así un campo político abierto para ellos”, afirmó.

El jurista consideró que los actos posteriores a la disolución del Congreso que pretendieron omitir la disposición del presidente Vizcarra “tienen un contenido penal y deben ser investigados por la Fiscalía y sancionados por el Poder Judicial”.

“Será competencia del próximo Congreso realizar las denuncias constitucionales a estos congresistas de Fuerza Popular, el Apra, Contigo y todos los que avalaron esta pantomima. No puede quedar en borrón y cuenta nueva, el delito se cometió y debe investigarse.”, agregó.

Finalmente, Quispe advirtió que “la ley es igual para todos”, y que se sentaría un mal precedente si una actuación como la producida al cierre del Congreso queda sin investigación ni sanción alguna. “Que una actuación así quede en nada sería una verguenza para el país”.

Hay que indicar que por la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de usurpación de funciones, las penas privativas de la libertad son desde 4 hasta 7 años.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Fiscal de la Nación investigará a Lecaros por 60 días

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José Luis Lecaros

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, dispuso el inicio de una investigación preliminar contra el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, por una presunta “omisión de denuncia”.

Ávalos abrió la investigación por un plazo de 60 días, luego de que se revelara la existencia de diálogos telefónicos del actual jefe del Poder Judicial con dos miembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Según consignó el diario Peru21, son dos las ocasiones en que ex miembros del CNM realizan pedidos ilegales al presidente del Poder Judicial sin que este denunciara el hecho.

En 2017, el exconsejero Julio Gutiérrez Pebe le pidió a Lecaros, entonces presidente de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, que fallara a favor de una casación interpuesta por el exgobernador de Áncash Enrique Vargas.

Meses después, el también exconsejero Iván Noguera llamó a Lecaros para pedirle que en su condición de miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial contratara a una persona que estaba recomendando, pero el magistrado no aceptó su solicitud.

Al sustentar la apertura de la investigación preliminar, Ávalos sostuvo que “los hechos tendrían relevancia penal y podrían subsumirse en el delito de omisión de denuncia”, que contempla hasta 4 años de cárcel, ya que Lecaros no denunció esos pedidos ilícitos.

Por su parte, Lecaros indicó que Ávalos “de repente está mal asesorada” y que la investigación “se archivará en su momento”. También señaló que Noguera no le llegó a dar el nombre del trabajador al que recomendaba.

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Política

EEUU admite que entrega $ 467 millones a golpistas en Venezuela

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Juan Guaidó

De acuerdo con un informe en el portal oficial de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), desde 2017 este organismo ha pagado 467 millones de dólares a los opositores de Venezuela bajo el pretexto de “asistencia humanitaria”.

El documento expresa que tras un acuerdo firmado en octubre de 2019, la USAID ha comprometido 128 millones de dólares para “ayudar” al líder opositor Guaidó y también para la Asamblea Nacional con el objetivo del supuesto “desarrollo de planes para recuperar la economía e implementar servicios sociales durante una transición a la democracia”.

En el texto, publicado en diciembre, la agencia estadounidense revela asignar dinero para “compensación, costos de viaje y otros gastos para algunos asesores técnicos de la Asamblea Nacional y la administración interina de Guaidó a través de fondos de asistencia”.

En otra parte del documento se lee que Estados Unidos está apoyando los esfuerzos de respuesta en 16 países, incluyendo a Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.

Asimismo, el informe remarca que USAID en Venezuela no proporciona fondos directamente a los miembros electos de la AN y a los funcionarios de la Administración de Guaidó, aunque alega que se otorgó fondo de manera competitiva a organizaciones privadas a través de contratos, donaciones o acuerdos de cooperación.

Venezuela sufre en los últimos años una aguda crisis económica, como resultado de un interminable hostigamiento de EE.UU. que ha usado las sanciones económicas para afectar la vida cotidiana del pueblo venezolano, con una escasez grave de alimentos y medicinas.

Además, desde enero de 2019, cuando el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció al golpista Guaidó como presidente interino de Venezuela, Washington ha endurecido su campaña de presión económica e incluso ha llegado a amenazar a la nación sudamericana con una intervención militar.

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