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Política

La Cantuta es una herida abierta

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La Cantuta es una herida abierta

El 18 de julio de 1992, un profesor y nueve estudiantes de la Universidad Nacional de Educación – Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta, fueron secuestrados y asesinados por integrantes del Grupo Colina, quienes posteriormente enterraron los cuerpos en fosas clandestinas. 27 años después, conversamos con Avelino Guillén, el fiscal que en su momento fue responsable de la investigación y la acusación contra el dictador Alberto Fujimori, que hoy cumple prisión por ese y otros delitos.

Avelino Guillén

—Han pasado 27 años desde del crimen de La Cantuta. ¿Sigue siendo el caso más emblemático de violaciones a derechos humanos en el Perú?

—El solo hecho de haber logrado la extradición y el juzgamiento y condena del exdictador Alberto Fujimori constituye un hecho excepcional en la historia del Perú. Si recordamos, en los años 90, Fujimori parecía un personaje invulnerable al cual la ley no alcanzaba a pesar de cargar diversas denuncias por violaciones a derechos humanos.

En consecuencia, este proceso es un hito en la historia jurídica del país y es el hecho más importante de una condena por un crimen de lesa humanidad ejecutado por orden de las máximas autoridades del régimen fujimorista, encabezadas por Fujimori, Vladimiro Montesinos y el general Nicolás Hermoza Ríos.

—¿Recuerda cómo llegó a este caso?

—Yo integro el equipo de fiscales que iba a participar en el megaproceso, y la ventaja que yo tenía era que conocía bastante sobre el funcionamiento de la organización de la red delictiva que empezó a operar en enero de 1991 en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Esto, en virtud de que participé en diversos procesos contra jefes y líderes de esa organización. Varios integrantes del fujimorismo fueron sometidos a procesos, y del 2001 al 2007 participé de varios juicios orales, por ello pude conocer la red, sus objetivos y estructura.

—¿Cuán complicado fue realizar las investigaciones considerando el enorme poder de los imputados?

—Fue un esfuerzo extraordinario, una labor de equipo muy grande. Un hecho importante fue obtener las declaraciones de algunos integrantes del destacamento Colina, quienes se acogieron a la colaboración eficaz.

Nosotros analizamos cuál era la naturaleza de las funciones de este órgano de ejecución, el destacamento Colina, y el primer gran debate era si existió o no el destacamento Colina y de quién dependía. Fujimori sostenía que era un grupo descarriado que actuaba por cuenta propia; pero nosotros demostramos que era un órgano de ejecución que seguía planes de inteligencia y dependía de los aparatos de inteligencia durante el régimen de Fujimori.

Nosotros logramos demostrar la existencia de un aparato criminal en el SIN y que entró en funcionamiento en enero de 1991. También demostramos que ese aparato de poder tenía una cadena de mando y un órgano directriz con el triunvirato Fujimori, Montesinos y Hermoza Ríos, y que tenía un órgano de ejecución que efectuaba las operaciones de inteligencia de acuerdo a los planes diseñados por ellos. El destacamento estaba integrado por elementos del ejército en actividad y perpetró otras matanzas a nivel nacional.

—¿El hecho de que las víctimas sean acusadas de terroristas, hizo más complicado formular la acusación?

—La estrategia del fujimorismo fue enlodar y mantener la negación de la verdad. Si me pide una definición en una línea, diría que el juicio fue el triunfo de la verdad. La parte final de la sentencia, en el punto 827, señaló que los agraviados de Barrios Altos y La Cantuta no estaban vinculados a las acciones terroristas de Sendero Luminoso ni integraban esa organización criminal. Sin embargo, como estrategia de defensa, el fujimorismo siempre atribuyó de manera absolutamente falsa la condición de supuestos terroristas a las víctimas, lo cual fue descartado por la corte en su sentencia.

El proceso se inició en diciembre de 2007 y terminó en abril de 2009, una gran batalla jurídica donde la verdad se abrió paso sin atenuantes, y se probó de manera irreprochable y ante diversos observadores nacionales e internacionales, la culpabilidad de Alberto Fujimori.

La Cantuta es una herida abierta

—¿La estigmatización de las víctimas impidieron a la población visibilizar los hechos correctamente?

—Cuando mostramos la estructura de la organización del Grupo Colina, Fujimori adoptó la estrategia de decir que estaba en un proceso por 25 personas cuando él había defendido a 25 millones del terrorismo, entonces cuando se señala que las víctimas estarían vinculadas al terrorismo, una parte de la población se pone una venda en los ojos y pareciera negar los hechos y hasta justificarlos. Pero gracias a los medios de prensa el juicio fue transmitido en su integridad en directo y también hubo sectores informados que pudieron contrastar las argumentaciones formarse una mejor opinión.

—En esta historia, ¿qué tan importante ha sido la lucha emprendida por los familiares de las víctimas?

—Ellos han tenido una actividad heroica muy importante, pues con su presencia permanente en todas las actuaciones judiciales, su persistencia y decisión de salir a decir la verdad, a debatir, a expresar su sufrimiento, han hecho que gran parte de la población se haya sensibilizado con estos graves hechos.

A pocos días de la matanza los familiares presentaron un hábeas corpus contra varios jefes militares, y gracias a eso en algún momento esos jefes dieron declaraciones que más adelante fueron útiles durante el juicio, por una serie de contradicciones en que incurrieron.

Entonces, la importancia de los familiares es vital, no se habría avanzado mucho si no fuera por la entrega absoluta y las expresiones de amor de los familiares por sus hermanos e hijos, exigiendo justicia.

—Habría deuda pendiente por parte del Estado considerando que hay implicados que no han sido procesados judicialmente…

—En el destacamento Colina participaron diversos estamentos del Ejército, y el mismo comandante general Hermoza Ríos ordenó se le brinde facilidades a este destacamento militar en La Cantuta. Así como él, varios jefes militares están comprometidos y pendientes de ser juzgados por el Poder Judicial. Igualmente, no se han encontrado los restos de cinco víctimas. Esas son tareas que hay que llevar adelante.

—¿Se configura delito de encubrimiento al no procesar a algunos de los responsables y al no exigir que confiesen dónde están los cuerpos hoy desaparecidos?

—En estos temas pendientes hay responsabilidad del Poder Judicial. Entiendo que hay una sala especializada en esos temas y esperamos que se programen cuanto antes esas diligencias y que el Ministerio Público continúe trabajando para que se logren hallar los restos de los cuerpos de las cinco víctimas que faltan ubicar. No podemos hablar de justicia si tenemos todavía esta herida abierta, si tenemos cinco cuerpos desaparecidos y sigue pendiente el juzgamiento de los responsables que faltan procesar.

—¿Existe un plazo para que esto ocurra?

—Hay un plazo que debe cumplirse, aunque esta es una respuesta que la tiene que dar el Poder Judicial, deben explicar el porqué hasta ahora no se ha culminado con el juzgamiento de todos los responsables de la matanza de La Cantuta. Esto sigue pendiente y es uno de los pasivos del Poder Judicial.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

Política

Tres muertos dejó tragedia en Villa El Salvador

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Incendio explosión de camión cisterna en Villa El Salvador

Tras impactar contra la pista debido a un desnivel, un camión cisterna que transportaba GLP sufrió la fuga de GLP y segundos después se produjo un incendio dejando como lamentable saldo tres muertos, decenas de heridos y al menos 20 viviendas afectadas.

La última víctima fue identificada como una mujer de 18 años, quien pereció a raíz de graves quemaduras. El director del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, Carlos León, indicó que se trataba de una persona que tenía el 95% del cuerpo quemado y que “lamentablemente por la lesión su estado era demasiado inestable y no pudo responder al tratamiento”.

El galeno invocó a la solidaridad de la población y pidió que en los próximos días más personas se acerquen al hospital de Villa El Salvador para que donen sangre y plaquetas, pues son recursos que se necesitarán para el tratamiento que los heridos.

En la nómina de las personas afectadas por el desastre se observa que 39 de ellas son atendidas en hospitales del Minsa y ocho en nosocomios de Essalud. En tanto, 17 de los afectados son menores de edad.

Para el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, el siniestro podría haberse generado a partir de una presunta negligencia de quienes autorizaron a la unidad de transporte. “Lo que se puede ver en las imágenes es que hay situaciones que, según los técnicos, llevan a pensar que el camión no tenía las condiciones para transportar el material. Ya había tenido un siniestro previo”, afirmó.

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Política

Aclaración necesaria

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Juan José Muñico

Diario Uno considera necesario precisar que el candidato por Solidaridad Nacional, Juan José Muñico, no fue condenado por el asesinato del excombatiente del Cenepa Ezequiel Huamaní, cometido en 1998.

Hay que indicar que la acusación en contra de Muñico fue desestimada, lo que equivale a que el acusado fue absuelto, por lo que no cabe afirmar que cometió el crimen ni que es un asesino.

Dentro de la línea de objetividad y rigor periodístico que rigen este diario, y al margen de consideraciones políticas y de futuras investigaciones del caso, hacemos la presente aclaración pública y rectificación por nuestro titular de ayer, que omitió involuntariamente las conclusiones del proceso judicial derivado del hecho denunciado.

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Política

JNJ posterga evaluación de Cuellos Blancos

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Pedro Gonzalo Chávarry

El semanario Hildebrandt en sus trece consignó las declaraciones del director de Comunicaciones de la Junta Nacional de Justicia, Abel Santibañez Collado quien afirmó que el órgano de justicia se abocará primero a resolver los procesos disciplinarios pendientes tras la disolución del Consejo Nacional de la Magistratura, en 2018. Con esto, los casos emblemáticos de corrupción en el sistema de justicia, que precisamente propiciaron la disolución del CNM, serán evaluados después de los 126 casos disciplinarios en mención.

Las afirmaciones del funcionario de la JNJ motivaron la respuesta del exdefensor del Pueblo, Walter Albán, quien señaló que si la JNJ no prioriza la tarea de evaluar los casos emblemáticos como el del fiscal superior Pedro Chávarry y el del presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, implicados en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, “todo el esfuerzo invertido en la renovación del CNM habrá servido de poco”.

Albán también recordó que la ratificación de Chávarry y Lecaros por el CNM tuvieron ribetes de escándalo. “El CNM cambió su reglamento en el 2018 para que los dos puedan acceder a la ‘ratificación automática’ y de esa manera queden exceptuados de pasar por la entrevista personal”, comentó. Incluso, manifestó que Chávarry habría logrado alterar sus notas obtenidas, y que su ratificación fue aprobada en una sesión que duró apenas un minuto y medio.

El referido semanario también recogió las opiniones del abogado Luis Purizaga, para quien las evaluaciones urgentes de la JNJ debe contemplar en primer lugar a los protagonistas de los casos de corrupción más sonados en los últimos años. “La Junta tendría que evaluar cuántos de los jueces y fiscales supremos están implicados en informes fiscales sobre los Cuellos Blancos y comenzar a revisar si su conducta durante estos últimos años ha sido la más idónea para ejercer el cargo”, afirmó.

MENSAJE DE DEBILIDAD

Por su parte, el analista Miguel Jugo consideró que “si lo que va a hacer la JNJ es detenerse a investigar a un juez de paz o a un secretario de juzgado, la verdad es que el mensaje que va a dar ante la población será bastante débil”. “Claramente se entiende que si la cabeza es corrupta obviamente los funcionarios que le siguen entienden que la corrupción es su método de trabajo”, señaló.

Para Jugo, si la JNJ decide atacar a la cabeza de la corrupción, “definitivamente es un mensaje claro y explícito de que no se va a tener ningún temor frente a la corrupción, ya sea grande o chica”.

Además, indicó que los casos de Chávarry y Lecaros tendrían que ser prioritarios a partir de la importancia de los cargos que ejercen. “Lo fundamental del mensaje que debe dar la JNJ es que irán a luchar para devolverle al Poder Judicial y al Ministerio Público la confianza de la gente, pero si van a comenzar a sancionar a funcionarios menores el mensaje será que nuevamente a quien tiene poder no le pasa nada y quien no lo tiene sufre los embates de la ley”, apuntó.

El analista recordó que incluso en el caso Chávarryhay una resolución del Colegio de Abogados de Lima que dispuso la suspensión de su colegiatura. “Las fórmulas e instrumentos los tienen, ni siquiera tienen que hacer una investigación mayor; sería muy lamentable que no se avoquen a esos casos emblemáticos y que nos traten de ir tonteando”, agregó.

En consecuencia, consideró que el presidente de la JNJ, Aldo Vásquez, debería pronunciarse respecto a las exigencias urgentes de la sociedad civil por una efectiva reforma de justicia.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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