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Política

La bancarrota moral de Dionisio Romero

Tras la reveladora confesión del presidente de Credicorp, no solo cayeron el valor de sus acciones empresariales, sino principalmente la imagen pública de uno de los hombres más poderosos del Perú.

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Julio Arbizu

La reciente confesión de Dionisio Romero Paolettiante el Equipo Especial Lava Jato sobre el aporte de US$ 3.650 millones a la campaña electoral 2011 de Keiko Fujimori no solo han generado que las acciones de Credicorp pierdan valor en las bolsas de Lima y Nueva York, sino principalmente han motivado el rechazo prácticamente unánime de la población y de diversos sectores políticos hacia el accionar oculto del presidente de directorio de dicho grupo económico.

Entre los cuestionamientos, destaca el presunto intercambio de favores con el fujimorismo, pues las distintas empresas del Grupo Romero podrían haberse beneficiado del accionar de la bancada naranja desde el Congreso. Las leyes de promoción de la alimentación saludable, de plásticos, de combustibles o las referidas a los rubros de agroexportación así como a banca, AFP y seguros, impactan directamente en los rubros en los que se comprenden las empresas de este grupo económico.

CAPTURA DEL ESTADO

Para el exfiscal de la Nación, Avelino Guillén, la donación de Dionisio Romero Paolettia la campaña electoral de Keiko Fujimori constituye “una grosera intromisión de parte de los empresarios con los políticos con la finalidad de obtener más adelante resultados favorables a sus intereses particulares”.

En declaraciones a la agencia Andina, Guillén indicó que la supuesta preocupación del empresario por la corriente chavista queda desvirtuada ya que en la siguiente campaña Romero volvió a realizar aportes de dinero. “Lo volvió a hacer en el 2011 con Fuerza Popular y también con Peruanos por el Kambio (PPK), entonces su argumento inicial de la amenaza del chavismo se cae por sí solo”, expresó.

Nelson Manrique

ES UN SOBORNO

Por su parte, el sociólogo e historiador Nelson Manrique, consideró que “se están mostrando varias facetas de la corrupción”. “En primer lugar este financiamiento a Keiko Fujimori se realiza con un dinero que no viene gratuitamente, sino que es un adelanto de dinero por beneficios posteriores. Y el otro punto es que se mueve una gran cantidad de dinero de la manera más informal y no pasa nada. Esto tiene que investigarse en la Superintendencia de Banca Seguros y AFPs(SBS)”, indicó.

Manrique manifestó que “el señor Romero tiene tanto derecho de detestar a Hugo Chávez como a Bon Jovi”, pero que ese es un tema suyo y por tanto no tiene derecho a imponer sus preferencias como una política de Estado. “Él pretende gobernar imponiéndonos sus preferencias de acuerdo a sus expectativas. No estoy de acuerdo con Hugo Chávez pero es parte de la democracia que los ciudadanos elijan libremente entre distintas alternativas”, apuntó.

Al ser consultado por el espíritu de la donación a la campaña electoral de Keiko Fujimori, señaló que se trataría de un soborno. “Es un adelanto de dinero a cambio de beneficios y eso está penado con cárcel. Pero, como sabemos, en el Perú si uno se consigue buenos abogados por lo general saldrá bien parado de este problema”, afirmó.

Carlos Monge

ES LA HISTORIA RECIENTE DEL PERÚ

De otro lado, el analista político Carlos Monge advirtió que “esta es una manifestación de la manera histórica de cómo se han financiado las campañas electorales y de cómo el poder del dinero es el que manda”. “Porque ninguna otra campaña basada en los aportes de los simpatizantes o de gente de a pie puede competir con donaciones de casi cuatro millones de dólares”, señaló.

Para Monge, además, lo realizado por Romero representa “exactamente lo mismo que los aportes de Odebrecht”. “Nadie sabe exactamente cómo así han sacado en cash el dinero en efectivo que han sido entregados bajo la mesa de manera clandestina y que no ha sido sujeto de declaración ante la ONPE por parte de Keiko Fujimori. Romero ha confesado que la mayor parte del aporte ha salido de los tres grupos económicos de Credicorp, significa que ahí hay plata de los accionistas y clientes. Sí creo que es un comportamiento criminal”, calificó.

Respecto a los presuntos beneficios para las empresas del Grupo Romero, indicó que “se ha visto la oposición feroz de la bancada fujimorista y aprista respecto a los octógonos para identificar productos dañinos, y el Grupo Romero se perjudicaba directamente por estas políticas contra la comida chatarra porque ellos venden masivamente comida chatarra”. Entonces el juego es financiar la campaña de alguien protegiendo sus intereses empresariales a costa de la salud pública”, concluyó.

FISCALÍA DEBE INVESTIGAR

“Es hora de que la Fiscalía abra también una investigación al señor Romero por este tema, para que explique la fuente, cómo es que ese dinero lo sacó de manera correcta de sus arcas lícitas”, aseveró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Ojo que, si no lo bancariza a Keiko, se está evadiendo el pago de impuesto, por ambos lados. Si es un empresario de bien, que tiene la plata ordenada como todo parece indicar, yo le puedo depositar anualmente una cantidad y no tengo por qué sacar este argumento de que era porque iba a entrar Ollanta Humala. Tres millones no es una cifra poca, es una cifra impresionante”, apuntó.

SERÁ DENUNCIADO

En tanto, el exprocurador anticorrupción y ahora candidato al congreso por Juntos por el Perú, Julio Arbizu, destacó que el hecho, ahora corroborado, de que Keiko Fujimori mintió en sus declaraciones. “Para un imputado está permitido el silencio en tanto supone que una declaración puede afectar su presunción de inocencia, pero no la mentira. Y habiendo mentido, Keiko Fujimori se arriesga a un delito contra la administración de justicia y además se entiende que esa mentira forma parte del peligro procesal en la modalidad de perturbación de la actividad probatoria”. Por ello, consideró que el testimonio de Dionisio Romero Paolettisí debe ser considerado por el Tribunal Constitucional (TC) cuando se evalúe el hábeas corpus de Keiko Fujimori.

Arbizu también reparó en la forma en que el sector privado construye determinadas lealtades con figuras y organizaciones políticas.”En el caso de Romero, puede haber un concurso de delitos, porque no solo habría ocurrido un delito de fraude en la administración de personas jurídicas, sino un delito de cohecho, que no es otra cosa que soborno”, indicó.

Además, recordó que tras el aporte de Romero a Keiko Fujimori, en el 2013 en el Congreso se aprobó la ley de promoción de alimentación saludable, a pesar de la oposición del fujimorismo. “Sin embargo, esa ley fue encarpetada del 2013 al 2017, y se sabe que Alicorp es parte del Grupo Romero, que es aportante de la campaña de Keiko Fujimori”.

Por tanto, consideró como “perfectamente lógico” sostener la posibilidad de un presunto delito de cohecho. “Hablamos de un delito contra la administración pública, que puede tener penas de hasta 6 años de prisión”, advirtió.

También consideró que la SBS tendría que haberse informado sobre estos movimientos. “¿Cómo se explica que los controles de la SBS no hayan funcionado, que nadie se diera cuenta del movimiento de ese dinero en efectivo?. Se espera un pronunciamiento sobre lo que se debió declarar en su momento. Hay una serie de delitos que se podrían haber cometido y es por eso que vamos a presentar una denuncia en las próximas horas”, anunció.

Finalmente, recordó que los Romero han tenido “mucha suerte” a lo largo de su historial de procesos judiciales. Tanto el padre como el hijo han desfilado por el Poder Judicial y han salido bien librados. Sabemos que el poder del dinero se ejerce con mucho rigor”, señaló, cuando fue informado de que el exprocurador José Ugaz ejercerá la defensa legal de Dionisio Romero.

ALGO MÁS

El presidente del directorio del Grupo Gloria, Vito Rodríguez reconoció al Equipo Especial Lava Jato que dio un aporte de US$ 200 mil en efectivo a Keiko Fujimori para la campaña presidencial de 2011, según informó IDL Reporteros.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

Política

Urge claridad y rapidez en el nuevo gabinete

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Urge claridad y rapidez en el nuevo gabinete

Durante la presentación del nuevo gabinete de mi­nistros, el presidente de la República, Martín Vizcarra, refirió que en los próximos días se llevará a cabo la pri­mera reunión del Pacto Perú, para lo cual invocó a la “vo­luntad y desprendimiento de todos”, dada la grave crisis sanitaria y económica que atraviesa el país.

De acuerdo a lo señala­do por Vizcarra, el Ejecutivo propondrá la construcción de un sistema unificado de salud, garantizar la calidad educativa eliminando la brecha entre la educación urbana y rural, y promover el crecimiento económico sos­tenible y las inversiones.

REPLANTEAR LA ESTRATEGIA

Pero mientras el discurso oficial aborda medidas gene­rales, algunos especialistas proponen acciones más espe­cíficas para ponerle un freno a la grave crisis generada por la pandemia.

Para el director del Centro de Salud Ex Fundo Naranjal, Jorge Escobar Chu­quiray, la cifras mostradas por el Ministerio de Salud (Minsa) son tan crudas que es imposible negar que vi­vimos un momento crítico de la pandemia. “Y si no se prevé los protocolos y con­troles, podemos tener un problema con un margen aún mayor. Estamos viendo un incremento con relación a la semana pasada de 20% de asistencia por casos de Covid-19”, advirtió.

El galeno acusó una falta de autocrítica en el Ejecutivo y cuestionó la decisión de iniciar la lucha contra el coronavirus prescindiendo del primer ni­vel de atención. “Fue un error fatal, aunque después se haya justificado esta medida en la falta de Equipos de Protección Personal (EPP), medicinas y pruebas rápidas”, agregó.

“Los países que han podido soportar mejor la pandemia han sido quienes iniciaron ac­tividades en primer nivel de atención y luego trasladaron los casos al plano hospitalario. Acá fue desde el inicio de modo hospitalario, y los hospitales fueron un foco infeccioso”, ma­nifestó, por lo que consideró una medida urgente reforzar el primer nivel de atención y dejar de congestionar los hos­pitales ya colapsados.

SEGUIMIENTO A PACIENTES COVID

Además, cuestionó la nor­ma que dispone la reserva de identidad de los pacientes con Covid-19. “Eso en pandemia no tiene sentido. Nosotros pedimos los nombres de los pacientes para complemen­tar con llamadas telefónicas para monitorear, hacerles seguimiento y realizar la teleconsulta”, apuntó, desta­cando además que este tipo de acciones no requieren de grandes presupuestos, sino solo de decisión política.

Escobar invocó además a la “resiliencia” del personal mé­dico en general. “Estamos en una situación de catás­trofe, y hay que trabajar en las circunstancias que nos tocan para poder cumplir el rol de ayudar a la pobla­ción. La falta de EPP no es motivo para quedarnos de brazos cruzados, hay formas de implementar protocolos de protección con distancia social y cuidando el flujo de los centros de atención”, indicó.

BONOS E INVERSIÓN PÚBLICA

Por su parte, el inves­tigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jorge Manco Zaco­netti, advirtió un escenario sumamente crítico a partir de los actuales indicadores económicos. “En mayo, el INEI daba cuenta de una caída del PBI de 30%, y de seguir así la tendencia de 12.7% a diciembre va a ser mayor”, alertó.

Remarcó también que hay 13 millones de peruanos subempleados, empleados en trabajos informales o que no en­cuentran respuesta en el mercado laboral. En países como Chile o Colombia la situación es menos dra­mática porque se han entregado bonos que fi­nalmente sirvieron para recuperar la economía, porque la gente gasta ese dinero y esa es la forma más segura de reactivar la economía. En nuestro país hubo un bono para 4 meses, y se evidencia que no hay una preocupación central por recuperar la demanda en los sectores populares y el empleo”, sostuvo.

En ese sentido, con­sideró que el Gobierno debería implementar un nuevo bono mensual que reactive la demanda y en consecuencia el em­pleo. Además, destacó la necesidad de programas de inversión pública a fin de generar puestos de tra­bajo, mediante la reacti­vación de las industrias en Pymes y Mypes.

“Lima concentra el 50% del PBI y un 60% de su economía está comprendi­da en servicios, y ahí hay un fuerte desempleo que en la práctica lo vemos en sectores como Gamarra, que puede estar lleno de gente pero pocos son los que compran”, agregó.

 

MEDIOCRIDAD ESPANTOSA

“Lo que está fallando es el diagnóstico del presidente y de su equipo, que ha demostrado una mediocridad espantosa. Y lo peor, teniendo recursos. Una muestra es que no se ha escuchado cómo se va a resolver el problema de los hospitales y la falta de oxígeno, que en dos meses no ha sido resuelto”, cuestionó.
Finalmente, Manco Zaconetti refirió que “una medida de emergencia para romper el cogollo especulativo financiero, es que el Banco de la Nación se levante como un banco público y preste dinero no solo a los empleados del Estado sino a todos los usuarios, es la única forma de bajar la tasa de interés”.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO
Redactor Política

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Política

Más comunidades originarias se suman a la huelga en Espinar

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Más comunidades originarias se suman a la huelga en Espinar

Cada vez más comuni­dades originarias se unen a la huelga indefinida de la provincia de Espinar que hoy cumple 23 días en pleno estado de emergencia por el Covid-19. Esta vez, Bajo Huancané y Antaccollana respaldan la entrega del bono solidario de S/ 1000, así como la reformulación del Convenio Marco, el ac­ceso a la justicia ambiental, la atención inmediata a los afectados y afectadas por me­tales tóxicos y el respeto a los derechos de las comu­nidades originarias.

Estas poblaciones origi­narias se ubican alrededor de la empresa Antapaccay, por lo que padecen los im­pactos de la actividad mi­nera, según el dirigente del Comité de Lucha de Bajo Huancané, José Leónidas Merma Puma. “La minería no es una bendición, la minería es una maldición. Más que traer desarrollo y oportunidades; ha traído la contaminación, pobreza, en­fermedades, los conflictos y criminalización a los territorios de las comunidades origina­rias”, expresó.

Son casi 40 años de convi­vencia con la minería. A parte de los impactos ambientales como afectación al paisaje natural comprometiendo a las especies nativas, contami­nación al aire, tierra y agua, también se ha afectado la salud humana con metales tóxicos. A ello se suma la alta morbili­dad, mortandad y abortos en los animales generándoles grandes pérdidas a las fami­lias campesinas.

Además, los impactos so­ciales como la alta fragmenta­ción social, la conflictividad, la vulneración de los derechos de las comunidades y la crimina­lización de los defensores han sido evidentes, así lo precisó el dirigente. “La empresa minera nos ha dividido, nos hace pe­lear entre nosotros, corrompe a nuestras autoridades y diri­gentes, persigue y criminaliza a los defensores”, manifestó José Leónidas Merma.

La expectativa de desa­rrollo sostenible ha provoca­do frustración colectiva. De acuerdo a Merma, no hay un solo proyecto de gran enverga­dura ejecutado por la empresa minera y/o Convenio Marco. Tampoco las comunidades tienen saneamiento básico, no tienen una buena escuela, una buena posta medica ni una infraestructura de riego.

Tampoco se ha atendido de manera prioritaria y diferencia­da la salud de las comunidades por ser directamente afectadas por la minería. De igual ma­nera, no existiría oportunidad laboral para los jóvenes de las comunidades originarias ni siquiera para que hagan sus prácticas profesionales en la empresa Antapaccay.

GARANTIZAN PAZ SOCIAL

De otro lado, las autorida­des y sociedad civil del distrito de Condorama como el al­calde, regidores, dirigentes acordaron en una reunión garantizar la paz social y tranquilidad en la víspera y durante la visita de la Comisión de Alto Nivel de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para restablecer el diálogo en Espinar.

Como es público, de acuerdo al último comunica­do de la PCM, dicha comitiva arribaría al distrito de Yauri hoy 7 de agosto, aunque tras la negación del voto de con­fianza al jefe del Gabinete Ministerial, Pedro Cateriano, no se ha confirmado si se instalará la mesa de diálogo en la fecha establecida.

También las autoridades y las organizaciones sociales del distrito de Alto Pichigua aceptaron la propuesta de mantener la paz social a par­tir de ayer. En caso la comi­sión no llegue a un acuerdo, se continuará con la medida de fuerza. (Derechos Huma­nos Sin Fronteras)

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Política

Aporte del Congreso para potenciar reforma no va a lo urgente

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Aporte del Congreso para potenciar reforma no va a lo urgente

El aporte que está dando el Congreso para potenciar la reforma universitaria no está yendo a lo urgente, sos­tuvo el exministro Daniel Alfaro, al recordar que en la Comisión de Educación ya se estaban sacando pro­puestas legislativas para in­tervenir las decisiones de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Uni­versitaria (Sunedu).

“Claramente estos indi­cios nos dicen que el aporte que puede estar dando el Congreso para potenciar la reforma no está yendo a lo urgente. No está yendo a lo urgente que se debe­ría discutir, sino más bien seguimos entrampados en la intervención política, en politizar la educación, cuando es justamente lo contrario lo que debería estar sucediendo. Y bueno, estamos en una crisis, pero las crisis también tienen oportunidades”, señaló en el programa No Hay Dere­cho de Ideeleradio.

“No creo que el Congre­so tendría ahora una mejor acción que sentarse con el Minedu (Ministerio de Educa­ción) después de la negación de confianza al gabinete Ca­teriano, limar las asperezas, dejar atrás todo lo anterior y plantear una agenda que coloque a nuestros jóvenes en trabajos dignos y produc­tivos ahora que lo necesitan más”, aseveró.

SINEACE Y LEY DE INSTITUTOS

El exministro consideró que lo que se ve y se percibe con absoluta objetividad es que el esfuerzo de los congresis­tas en el interés público no está donde debería estar la urgencia.

Enfatizó que la reforma debe ser entendida de una manera más holística para dar el siguiente paso. Citó dos temas referidos al Sistema Nacional de Evaluación, Acre­ditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace) y la ley de institutos y escuelas de educación superior.

“Ya cumplimos el licen­ciamiento, ahora estas uni­versidades que demostraron tener las condiciones básicas de calidad deberían dar el siguiente paso, que es el proceso de mejora continua. ¿Quién ve la mejora conti­nua? El Sineace que otorga estas acreditaciones. Y la ley del Sineace está durmiendo el sueño los justos en la Comi­sión de Educación. Sería muy interesante, por ejemplo, que la discusión mirara hacia ese espacio”, explicó.

“Otro espacio productivo es cómo mejoramos la ley de institutos y escuelas de educación superior, teniendo en cuenta que la educación tecnológica dota de caracte­rísticas muy específicas que necesita el mercado laboral y que ahora, en términos de pandemia, van a ser más ne­cesarios”, remarcó.

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