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Política

Keiko Fujimori volvió a prisión

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Keiko Fujimori

El juez Víctor Zúñiga dispuso prisión preventiva por un plazo de 15 meses en contra de Keiko Fujimori. Se estima que en cinco meses habría acusación formal y en dos meses más se iniciaría la etapa de juicio oral.

El Poder Judicial dictó 15 meses adicionales de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi, quien es investigada por presuntamente haber lavado dinero ilícito de la empresa Odebrecht, además de otros delitos que habría cometido en su afán de ocultar el hecho ilícito.

El juez Zúñiga decidió aceptar el pedido de prisión preventiva formulado por el fiscal José Domingo Pérez; sin embargo, estableció un plazo de 15 meses y no de 18 meses y dos días, como había sido el requerimiento fiscal inicial. No obstante, el Ministerio Público manifestó estar conforme con esta medida.

Durante la lectura de la sentencia, el magistrado destacó que “la investigada paga un alquiler de 1600 dólares mensuales (5536 soles), suma con la que por sí misma podría haber generado una vivienda propia como lo hacen los ciudadanos peruanos”. A criterio del juez, ello probaría un limitado arraigo posesorio.

Además, Zúñiga advirtió respecto a la sospecha grave de peligro de fuga de Keiko Fujimori, y rechazó los argumentos de la defensa, la cual había intentado desvirtuar el peligro de fuga indicando que la investigada se presentó a las citaciones de la Fiscalía.

Por otro lado, el juez señaló que existe sospecha grave sobre que Keiko Fujimori coordinó los actos de obstrucción a la justicia, a través del Estudio Oré Guardia, coaccionando a los testigos para que mientan ante la Fiscalía haber aportado al partido Fuerza Popular.

Para el magistrado, resultaron fundamentales los testimonios de Jorge YoshiyamaSasaki, sobrino del exsecretario de Fuerza Popular, Jaime Yoshiyama; del excongresista Daniel Salaverry y del empresario Antonio Camayo, quienes en diferentes circunstancias habrían sido testigos de los intentos de Keiko Fujimori por obstruir la acción de la justicia.

Tuit de Martha Chávez Cossío

REACCIONES VISCERALES

En tanto, tras conocer la decisión judicial, la virtual congresista de Fuerza Popular, Martha Chávez, manifestó que se han cumplido “los vaticinios de la persecución política” contra Keiko Fujimori.

“Se cumplieron los peores vaticinios de la persecución política a Keiko Fujimori. El juez ‘canero’ traído a dedo desde Arequipa por el juez Lecaros perpetra nueva prisión preventiva contra ella. El fiscal Pérez ni siquiera tuvo la hombría de asistir a la audiencia. ¡Cobardes!”, escribió en su cuenta de Twitter.

Chávez alegó con euforia que la sentencia judicial tendría trasfondos políticos para evitar que Keiko Fujimori llegue a la presidencia de la República. “El juez canero perpetra prisión preventiva hasta el 21 de abril del 2021, justo después de las próximas elecciones generales. Ese es el propósito de la persecución política! ¡Miserables! La Vida se encargará de que los perseguidores paguen cada segundo de injust prisión de Keiko!”, expresó.

Por su parte, la investigada Keiko Fujimori manifestó a través de redes sociales que no dejará de “dar la cara” ante las graves acusaciones en su contra. “Le he pedido a mi esposo que presente mi caso a gobiernos extranjeros y organismos internacionales. Como comprenderán no puedo quedarme de brazos cruzados frente a esta segunda prisión preventiva. Pido que se me trate como cualquier ciudadano», indicó.

Fujimori Higuchi dirigió sus críticas al juez Zúñiga por la decisión adoptada, interpretando que el Tribunal Constitucional “descartó” los argumentos de la Fiscalía. “Me mandan a prisión a pesar de que el fiscal no pudo entregar ni un solo elemento nuevo y de que el Tribunal Constitucional ya descartó todos los argumentos del Ministerio Público”, señaló.

Keiko Fujimori

TESTIMONIOS DETERMINANTES

Sin embargo, para el analista político Glatzer Tuesta las argumentaciones de Keiko Fujimori carecen de sustento. “El TC no incorporó ni valoró los testimonios (de los testigos), por tanto no se puede decir que los desestimó, lo que hizo fue pronunciarse sobre lo que ya el Poder Judicial había revisado, y el Poder Judicial no había revisado las declaraciones de Yoshiyama ni los otros elementos”, explicó.

El director del Instituto de Defensa Legal (IDL) consideró que los testimonios presentados por el Ministerio Público han sido “determinantes”, y destacó el hecho de que estos no provengan de opositores ni críticos de Keiko Fujimori, sino de su entorno más cercano. “El razonamiento del juez pone las cosas en su lugar. De tal palo tal astilla: Alberto Fujimori fue indultado de manera ‘trucha’, Keiko Fujimori fue liberada con una sentencia cuestionada del TC y ambas resoluciones fueron revertidas por el Poder Judicial. Definitivamente, ya estamos en otros tiempos”, afirmó.

Tuesta también se refirió a los grupos económicos que financiaron irregularmente al fujimorismo: “Este proceso los deja en su real dimensión, como mercachifles que queriendo doblegar la voluntad popular introducen dinero para favorecer a quienes defiendan sus intereses. Quedan evidenciados en su insano interés de doblegar la voluntad de la gente”.

“Keiko Fujimori acaba de auto disolverse. Esto ha sido la cereza en la torta de la debacle fujimorista luego de estar activo en la política en los últimos 30 años; creo que este es el peor momento del fuijimorismo, Keiko Fujimori no tiene ninguna posibilidad política, y cuando llegue a juicio oral le puede ir peor todavía”, apuntó.

Portada 26 noviembre 2019

Lo adelantamos. En noviembre de 2019 advertimos futuro de Keiko Fujimori.

 

MÁS PRESUPUESTO PARA FISCALES

Por su parte, el fundador de Aprodeh, Francisco Soberón, destacó que el fujimorismo viene en picada, sancionado en los procesos electorales, y hoy con una representación congresal sumamente reducida en comparación a la obtenida en el 2016. “Todavía van a continuar con este proceso de desgaste, pese a que queda un sector que les da algún tipo de respaldo”, señaló.

Soberón saludó la decisión del Poder Judicial, y pidió que se acelere al máximo el trabajo de la Fiscalía para que se pueda cumplir con la acusación formal y pasar al juicio oral dentro del plazo dictado como prisión preventiva.

Por su parte, la virtual congresista Rocío Silva Santisteban, manifestó que desde el Frente Amplio se ha propuesto que no debería haber financiamiento privado de gran escala a los partidos políticos, en referencia a los millones de dólares recibidos irregularmente por Keiko Fujimori. “Todo debe ser financiamiento público, a fin de permitir que partidos en situaciones de campañas más austeras puedan realmente competir en condiciones igualitarias”, comentó.

Finalmente, consideró que será tarea del Congreso fiscalizar por que los equipos de fiscales que vienen luchando contra la corrupción cuenten con el presupuesto acorde a la importancia de sus funciones. “No nos olvidemos de las fiscales mujeres super valientes que han denunciado a los Cuellos Blancos, ellas también deben tener presupuesto para hacer investigaciones eficientes y a la vez estar protegidas”, señaló.

Política

Otra vez a prisión

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Yehude Simon detenido capturado

No se lo esperaba. Por disposición de la jueza María de los Ángeles Álvarez, Yehude Simon, expresidente del Consejo de Ministros, fue detenido de manera preliminar por 10 días a solicitud del fiscal José Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato. Y fue allanada su vivienda en el distrito de Surco.

Asimismo, fue detenido Pablo Enrique Salazar Torres, exgerente general del Proyecto Especial Olmos Tinajones, hombre de confianza del expremier.

Las diligencias del Ministerio Público comprenden el allanamiento, por un plazo de 48 horas, de ocho inmuebles, cinco de los cuales se encontrarían vinculados a Simon.

El Ministerio Público requirió la medida restrictiva contra Simon como parte de las investigaciones por el proyecto Olmos por presuntamente haber recibido dinero de la constructora Odebrecht durante su gestión como gobernador regional de Lambayeque.

Al exfuncionario se le atribuye la calidad de autor por la presunta comisión de los delitos de colusión y lavado de activos agravado en organización. Según la Fiscalía, Simon habría realizado actos de transferencia, conversión y ocultamiento del dinero. La investigación se encuentra etapa preliminar y ha sido declarada compleja por tratarse de organización criminal.

De acuerdo a la tesis fiscal, al exgobernador regional de Lambayeque se le imputa hechos relacionados a la concesión del “Trasvase e Irrigación de Olmos” a favor de Odebrecht y de haber recibido presuntamente dinero de parte de esta misma empresa brasileña para su campaña electoral reelecionista en el 2006.

Además, el Ministerio Público sindica a Simon por haber hecho uso de codinomes (”Gorno” y “Terco”), para la realización de pagos ilícitos que provendrían del departamento de operaciones estructuradas de Odebrecht (la Caja 2).

MÁS IMPLICADOS

En esta historia de presunta corrupción el expremierYehudeSimon no está solo. Pablo Enrique Salazar Torres y Javier Málaga Cochellafueron señalados como los receptores de dinero de Odebrecht destinado a YehudeSimon.

Cuando Simon era gobernador regional de Lambayeque,Pablo Enrique Salazar Torres fue designado gerente del Proyecto Especial Olmos. Bajo su gestión se diola primera concesión de la obra a la Concesionaria Trasvase Olmos SA, de Odebrecht.

En el año 2008, cuando YehudeSimon era primer ministro del gobierno de Alan García, designó a Javier Málaga Cochella, otro hombre de su confianza, como jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Concejo de Ministros.

DELITOS GRAVES

Según el jurista Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal (IDL) “estos actos configuran el delito de colusión agravada, que es cuando el funcionario interviene o intercede con el particular para tener una retribución económica en perjuicio del Estado, y después se va a investigar como un delito de lavado de activos por el desbalance patrimonial que tendría YehudeSimon en el agravante de la organización criminal, bajo estas dos figuras penales, las dos penas sumadas llegarían a los 35 años”.

“No obstante por no tener antecedentes de ese tipo sería acreedor a una rebaja de la pena de 25 años que igual es una pena es alta”, destacó.

Para Quispe: “Simon tiene un desbalance patrimonial bastante importante, porque tiene 5 casas, entonces configuraría el delito de lavado de activos porque no va a tener como sustentar su compra. Porque recordemos que antes de ser presidente del Gobierno Regional de Lambayeque estuvo preso por el delito de terrorismo. Y fue indultado por la Comisión del Padre HubertLanssiers. Entonces, en un balance de sus ingresos, es complicado de que él pueda sostener cómo compró esas casas que hoy tiene”.

Yehude Simon detenido capturado

¿PRISIÓN PREVENTIVA?

“Culminados los diez días de detención preliminar, lo que procede en este caso es formalizar la investigación preparatoria, es decir judicialización del caso, acompañado de un pedido o de comparecencia o de prisión preventiva. En estos casos es usual que el Equipo Lava Jato, luego de tener una detención preliminarpida una prisión preventiva”, explicó el jurista de IDL.

Asimismo, afirmó: “Los delitos por lo que lo están investigando son graves por tanto se estarían cumpliendo los tres requisitos de la prisión preventiva: sospecha grave en el delito, la pena sería superior a cuatro años, porque llegaría hasta 35 años. Y finalmente el peligro de fuga y de obstrucción a la justicia, porque YehudeSimon no podría probar el trabajo que tiene, y la fiscalía le va a probar que tenga arraigo laboral, familiar, domiciliario y que sea urgente la medida”.

ALGO MÁS

“Si la Fiscalía tiene elementos que hay un peligro de fuga y de obstrucción a la justicia de YehudeSimon pedirá la prisión preventiva. Si no lo tiene como ahora lo ha deslizado, no lo va a hacer”, aseveró Quispe.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Promoverán política nacional de memoria por las víctimas

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Promoverán política nacional de memoria por las víctimas campesina

El Ministerio de Justicia está comprometido con implementar una política nacional de memoria, paz y reconciliación que genere aproximación y respeto hacia las víctimas civiles, militares y policiales del periodo de violencia ocurrido entre mayo de 1980 y noviembre del 2000, afirmó el viceministro de Derechos Humanos, Daniel Sánchez.

“Hay una práctica nociva de usar el miedo al terrorismo para difamar y descalificar a personas, lugares o acciones que buscan reflexionar críticamente sobre nuestra historia reciente de violencia”, recordó.

“El terruqueo insulta la memoria de miles de víctimas civiles, policiales y militares y golpea a familiares que siguen sufriendo la indolencia de grupos que usan este término con fines políticos y sin sensibilidad humana. Así, no podemos construir ciudadanía”, añadió el viceministro.

De esta forma, hizo un llamado a colocar en el centro de las intervenciones a quienes resultaron afectados por la violencia, en el marco de la inauguración de la Casa de la Memoria Viva de la Asociación de Vivienda Nueva Amanecer que agrupa a familiares de personas asesinadas o desaparecidas durante dicho periodo.

En marzo de 2019, el pleno de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), integrado por representantes de 11 ministerios, la Asociación de Universidades del Perú, Colegio Nacional de Decanos y Profesionales del Perú y representantes de asociaciones de derechos humanos, aprobó los “Lineamientos para la construcción de una Política Nacional de Memoria, Paz y Reconciliación”.

Dicho documento está alineado a políticas de reconocimiento como el Acuerdo Nacional y la Agenda Bicentenario, y será socializado en las regiones de mayor afectación en el país donde congregará a asociaciones de víctimas civiles, policiales y militares, representantes del Estado, universidades y sociedad civil en un proceso descentralizado y participativo.

Con ello, se generará una política pública para promover, garantizar y gestionar intervenciones y aproximaciones que dirijan al establecimiento de una agenda común orientada a garantizar el respeto a las víctimas del periodo de violencia, el rechazo a la violencia y construcción de una cultura de paz, la revalorización de prácticas y espacios de memoria a nivel nacional.

De igual forma, impulsará el reconocimiento de experiencias diversas en la defensa de la democracia y los derechos humanos, y el establecimiento de pilares y garantías de no repetición con miras al Bicentenario.

Según la información del Registro Único de Víctimas, durante el periodo de violencia hubo alrededor de 228,000 víctimas civiles, policiales y militares; 5,712 comunidades sufrieron arrasamientos y pérdidas, y 146 organizaciones de personas desplazadas.

A su vez, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro consigna a 20,500 personas desaparecidas.

A la par del avance de las políticas de atención a víctimas implementadas desde la Ley N° 28592 del Plan Integral de Reparaciones y la Ley N° 30470 para la Búsqueda humanitaria de personas desaparecidas, el Ministerio de Justicia sostiene que es importante considerar la dimensión y complejidad que la violencia tuvo en el país.

Por ello, subrayó, los procesos de memoria y conmemoración son diversos debido a las características culturales, generacionales, regionales, entre otras; o bien por el papel que tuvieron las víctimas civiles, policiales y militares durante el periodo de violencia.

En ese sentido, existe aún polarización o distancia que no permita aproximarse y abarcar oportunamente estos procesos.

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Política

Se buscará trabajar con Sunedu licenciamiento de programas de educación

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MARTÍN BENAVIDES

El ministro de Educación, Martín Benavides, anunció que se buscará trabajar con la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), el licenciamiento de los programas de educación.

Esto con el objetivo de garantizar que los mejores docentes sean los que lleguen a las aulas. Comentó que en los últimos años se han destinado importantes recursos al sector educación con el objetivo de atender la problemática docente.

Asimismo, dijo que el Minedu viene desarrollando también una reforma muy importante con los institutos pedagógicos.

“La primera dimensión es garantizar que lleguen los mejores docentes al aula, para eso hay que trabajar en la formación inicial. Por ejemplo, queremos coordinar con la Sunedu el inicio del licenciamiento de los programas de educación, de manera que podamos tener mejores programas de educación en las universidades”, explicó Benavides.

“Hay que asegurarnos que los maestros se desempeñen bien en las aulas y para eso son todas las evaluaciones que se han hecho. Este año hay 14. Debo resaltar que para la prueba de ingreso a la carrera docente este año se ha batido el récord histórico de postulantes”, indicó.

ENFOQUE DE GÉNERO

Respecto a la aplicación de enfoque de género, que forma parte del Currículo Nacional, Benavides Abanto sostuvo que el objetivo primordial de esta herramienta pedagógica es “garantizar una mejor ciudadanía de la que tenemos, que las personas crezcan y promuevan la igualdad, la tolerancia, el respeto a la diversidad”.

Explicó que el Currículo Nacional promueve diversos enfoques, entre ellos el de género. Sostuvo que ante las dudas que podrían surgir alrededor de su aplicación estará dispuesto a conversar con quienes sea necesario.

“Asumo que, a su manera, algunos padres y madres entienden la educación de una manera distinta y hay que explicarles que el Estado tiene una responsabilidad: promover la ciudadanía tal como esta se entiende en el contexto actual”, aseguró.

Benavides señaló que los países que más avanzaron en la promoción de ciudadanía son aquellos donde el Ministerio de Educación asumió la responsabilidad de dar los mensajes adecuados en estos temas.

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