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Política

Keiko Fujimori: un intento de dictadura fallido

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Keiko Fujimori

Cuando se está frente a una crisis política y se busca superarla, siempre es conveniente hurgar en cuál o cuáles fueron las causas, motivos o razones que la provocaron. El actual conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo tiene sus claras raíces antes del 28 de julio del 2016, es decir, antes que el actual gobierno se instalara en la Plaza de Armas.

Antes de 28 de julio ya Keiko Fujimori y algunos conspicuos miembros de su partido se referían al Congreso –por ellos controlado– como el “primer poder del Estado”, y el mismo día de Fiestas Patrias del 2016, la lideresa Fujimori anunciaba que iban a gobernar el país desde el Congreso: “vamos a convertir las propuestas de nuestro Plan de Gobierno en leyes”.

En primer lugar, en el Perú no existe un “primer poder del Estado” según la Constitución, por más que los apristas hayan denominado así al Congreso a través de su historia. En efecto, según nuestra Carta Magna, en el Perú rige “el principio de separación de poderes” (art. 43 de la Constitución) como forma clásica de garantizar el equilibrio de poderes: los famosos “pesos y contrapesos” de los Estados democráticos.

En segundo lugar, a quien le corresponde “dirigir la política general del Gobierno”, es decir gobernar, es al Presidente de la República y no al Congreso de la República (art. 118 de la Constitución). La principal función del Congreso es la de “dar leyes y resoluciones legislativas…” (art. 102 de la Constitución).

Pues bien, cuando Keiko Fujimori pretendió gobernar desde el Congreso desde el primer día del actual gobierno, intentó violar la Constitución, ya que la función de gobernar no le correspondía (perdió las elecciones). Esta atribución le corresponde al Poder Ejecutivo, presidido por el Presidente de la República.

Para poder lograr el objetivo de “gobernar” desde el Congreso, Keiko tenía que arrebatarle esta función al Presidente de la República (PPK) y a su Consejo de Ministros: tenía que destruir su poder, obstaculizar su acción de gobierno, es decir someter al Poder Ejecutivo para que ella pueda imponer o “dictar” la política de gobierno. Por eso, sostenemos que la jefa de Fuerza Popular intentó establecer una “dictadura del Congreso” desde el primer día. Los hechos han demostrado con meridiana claridad esta estrategia fallida.

Todos en el Perú presenciamos como desde el día siguiente de la llegada de este gobierno a Palacio, empezó una agresiva política de ataques al presidente y sus ministros, los que adquirieron las formas de censura e interpelaciones a sus ministros, impidiendo que estos puedan implementar sus planes de gobierno. Ello, fue acompañado de una violencia verbal de los congresistas fujimoristas que nunca habíamos visto en nuestra historia congresal.

O ejercía el gobierno el Poder Ejecutivo (Pedro Pablo Kuczynski-PPK) o el Poder Legislativo (Keiko Fujimori): los dos no podían gobernar. Por esta razón es que Keiko F. quiso destruir el poder de PPK, objetivo que lo logró, al presionar para que renuncie a la presidencia de la república.

OBSTRUCCIÓN, PARÁLISIS E INGOBERNABILIDAD

Si bien la jefa fujimorista logró tempranamente su objetivo de destruir políticamente al presidente del Perú, es decir al que debía “dirigir la política general de gobierno”, gobernar al país, el costo que nos hizo pagar a los peruanos fue enorme: inicio de una parálisis del gobierno, creación de un vacío de poder (¿quién ejerce el gobierno?) y por lo tanto, adentrar al país en un estado de inestabilidad y crisis de gobernabilidad, con repercusiones económicas, políticas y sociales.

Si su verdadero objetivo hubiera sido el de investigar y sancionar a PPK por corrupto, Keiko habría logrado un gran apoyo popular. Pero sus iniciales declaraciones y los hechos demostraron que ese no era su objetivo. El suyo fue el de hacerse del poder para gobernar desde el Congreso.

LA CÁRCEL DE KEIKO FUJIMORI

Pasar de ser la mujer más poderosa del Perú a ser apresada sin que “sus miles de seguidores” salgan a las calles a defenderla y pedir su liberación, es una muestra evidente de su fracaso político. El problema no es que ella fracase, la desgracia es que su estrategia política destructiva llevó al Perú a una crisis política, cuyas futuras repercusiones aún son impredecibles.

La debilidad política de Keiko F. se debe, en parte, a no contar con un partido –Fuerza Popular– fuerte y organizado. La realidad es que de los 73 congresistas con que llegó Fuerza Popular (FP) al Congreso, 62 eran independientes, es decir, la gran mayoría.

Con 11 congresistas de su partido, de dudoso nivel político y ético, no pudo constituir un soporte institucional que le garantice gobernar y mantener su impunidad. Este error de cálculo sobre su real poder político, la llevó no solamente a enfrentarse al Poder Ejecutivo, sino también intentó someter al Poder Judicial, al Ministerio Público, al Tribunal Constitucional y hasta a los medios de comunicación.

Es cierto que sus juicios la agobiaban y que los destapes de los audios de la vergüenza y de Odebrecht abrían la posibilidad de su encarcelamiento. Quizá este temor de ir a la cárcel –como sucedió– la llevó a tratar de amedrentar a los poderes mencionados en un intento de evitar que informen sobre sus actos ilícitos o que avancen sus investigaciones legales.

Keiko Fujimori

MALA HIJA, MALA HERMANA

En un país mayoritariamente cristiano, en el que la familia es considerada el núcleo de la sociedad más importante, y el “honrar” a sus padres una virtud consagrada por las iglesias, maltratar públicamente a su padre y a su hermano Kenji Fujimori, debilitó de manera considerable su imagen de lideresa política y su proyecto autoritario.

Bloquear la posibilidad de aprobar el arresto domiciliario para su padre en el Congreso, así como expulsar luego a su hermano por haber logrado la liberación de su padre, constituyeron dos hechos políticos que influenciaron de manera importante al interior de su menguado partido, y generó mayores divisiones y renuncias a Fuerza Popular.

OTRAS CAUSAS DEL FRACASO POLÍTICO DE FUERZA POPULAR

La inviabilidad del proyecto autoritario de Keiko Fujimori y FP de ejercer una “dictadura desde el Congreso”, fracasó, además, por un conjunto de otras razones. Entre ellas, se pueden mencionar las investigaciones judiciales y penales a sus más altos dirigentes en casos de corrupción, como son las investigaciones a la propia Keiko Fujimori, a su hermano, a los Avengers, al otrora Secretario General de FP, Joaquín Ramírez, Héctor Becerril y una larga lista de actuales congresistas fujimoristas.

La actitud y la estrategia política de Keiko Fujimori, así como el trato dispensado a muchos de sus congresistas, generaron diversas olas de renuncias al partido FP, abandonos que debilitaron considerablemente el proyecto dictatorial de Keiko en alianza con el aprismo.

La pública pelea entre los más altos dirigentes apristas, como Jorge del Castillo y Mauricio Mulder, que los llevó al insulto y a litigar ante el Jurado Nacional de Elecciones, debilitó al principal aliado y guía del fujimorismo en el Congreso. El suicidio de su máximo líder, Alan García, para no ser juzgado, aumentó aún más esta mala imagen del Apra.

Al apresamiento de la lideresa fujimorista, se sumó la de sus dos principales asesores y mentores, Pier Figari y Ana Herz. Ello constituyó otro duro golpe al plan autoritario fujimorista. Si bien la lista es larga, no queremos dejar de mencionar la dura derrota del fujimorismo en el referéndum, así como el blindaje a personajes cuestionados moralmente y judicialmente como los fugados juez Hinostroza y el congresista Edwin Donayre, el congresista Mamani y una dilatada lista de otros fujimoristas o aliados de éstos.

FUJIMORISMO Y OPOSICIÓN A LA REFORMA POLÍTICA

Desde el inicio del actual período de gobierno, la congresista por aquél entonces fujimorista, Patricia Donayre, lideró un grupo multipartidario, con la finalidad de discutir y elaborar una propuesta de Ley de Reforma Electoral, o de Código Electoral. Luego de meses de arduo trabajo, el grupo llegó a un consenso y aprobaron la propuesta de Ley de Reforma Electoral.

Sin embargo, su propuesta legislativa no fue tomada en cuenta en la Comisión de Constitución controlada por su propio partido. Este rechazo a una reforma político electoral consensuada, provocó la renuncia de la congresista Patricia Donayre a Fuerza Popular.

Lo que quedó claro desde aquella época, primero, es que el fujimorismo no acepta una reforma política-electoral, ni siquiera hecha o liderada por personas de su propio partido, como fue el caso de Patricia Donayre. Y, segundo, que varios de estos temas ya han sido analizados y debatidos ampliamente, durante meses, por los miembros del actual Congreso.

Estos hechos políticos descritos en este artículo, no solamente nos muestran el fracaso de un proyecto autoritario de dictadura congresal del fujimorismo, sino además, reflejan que la oposición y sabotaje a la reforma política y electoral, no es de ahora, sino que es posible rastrearla, por lo menos, desde el bloqueo al Proyecto de Ley Electoral liderado y presentado por la congresista Patricia Donayre.

Fracasado el intento de Keiko Fujimori y su partido de gobernar desde el Congreso, lo que les queda a los congresistas y a sus socios apristas, es el de evitar todas las reformas que hagan peligrar su impunidad futura, las que pudieran permitir un triste o trágico final, como los sus máximos líderes, Keiko Fujimori y Alan García.

 

CARLOS FERNÁNDEZ FONTENOY
IDEELE REVISTA Nº 286

Política

Presidente convoca a elecciones para 11 de abril de 2021

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Presidente convoca a elecciones para 11 de abril de 2021

El presidente de la Repú­blica, Martín Vizcarra, firmó el decreto supremo a través del cual convoca a elecciones generales para el 11 de abril del próximo año. Vea aquí la galería fotográfica

En un pronunciamiento realizado en Palacio de Gobier­no, junto al pleno del Consejo de Ministros, recordó que des­de que asumió la presidencia tras la renuncia Pedro Pablo Kuczynski, se comprometió a culminar su mandato po­niendo “todo su esfuerzo para hacer un gobierno franco, transparente, honesto y de la mano con el pueblo”.

“Cumpliendo mi compro­miso, porque soy una persona de palabra, muestro aquí al país el decreto supremo que dice: convocan a elecciones generales para el 11 de abril de 2021, para la elección del

presidente de la República, vi­cepresidentes, congresistas y representantes peruanos ante Parlamento Andino”, indicó.

“Hoy, delante de los perua­nos, suscribo esta norma legal y formalizando la convocatoria para elecciones”, subrayó el jefe del Estado.

El mandatario precisó que esta convocatoria está dentro del plazo de ley, pues la norma establece que debe hacerse con un mínimo de 270 días antes del proceso electoral, legislación que dice, además, que tiene que ser el segundo domingo de abril.

“Tenemos poco más de nue­ves meses para un cambio de autoridades y lo que tengamos que corregir hagámoslo, pero hagámoslo bien, una vez más mi compromiso, mi disposición señores congresistas, trabajemos juntos para concluir la reforma política y concluir la reforma del sistema de justicia. Si hay tiempo para hacerlo, hagámoslo bien”, enfatizó.

En ese sentido, Vizcarra explicó que esta reforma debe hacerse pensando no en las próximas elecciones “sino en las próximas generaciones”.

“Esta continuidad demo­crática, con elecciones, no se podría alterar por nada y no lo puede alterar ni los problemas políticos que se solucionarán, ni con la pandemia ni ningún factor externo puede alterar la predictibilidad de las elecciones cada cinco años en nuestro país”, añadió.

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Política

Trabajadores, empleadores y Estado deben aportar a pensiones

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Trabajadores, empleadores y Estado deben aportar a pensiones

El secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), Luis Villanueva Carbajal, propone unir al SNP, SPP y Pensión 65 bajo un modelo mixto dirigido por una autoridad central pública.

El secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), Luis Villanueva Carbajal, propuso un sistema de pensiones unificado y mixto que integre a los sistemas: público y privado y Pensión 65, pero dirigida por una autoridad central pública.

En su propuesta, realizada el pasado 4 de julio, en la Primera Audiencia Pública virtual de la Comisión Especial Multipartidaria del Sistema Pensionario del Congreso de la República, argumentó que este modelo garantizaría una pensión mínima para aquellos que no alcanzaron el número de aportación necesaria.

“El empleador también debe aportar para la pensión de sus trabajadores. El Esta­do financiaría la parte que le hubiera faltado aportar al trabajador y también en parte la pensión no contributiva, es decir, Pensión 65”, afirmó.

Argumentó que este mode­lo, con aportes de trabajadores, empleadores y Estado, se inspi­ra en el sistema pensionario de Suecia que se encuentra implementado en diversos países con gradual éxito; propuesta recogida por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Indicó que uno de los problemas en construcción civil es que, como son trabajadores eventuales, la mayoría no logra acumular los 20 años de aportes necesarios en el sistema público, o logran acumular muy poco en el sistema privado, lo que genera pensiones de hambre.

La media de trabajo formal en construcción es de 4 meses al año. Así, un trabajador promedio debería laborar 60 años para acumular 20 años de aportes, lo cual es imposible. Debemos asegurar que todos los peruanos tengan una pensión”, finalizó.

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Política

Comando Vacuna bajo sospecha

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Comando Vacuna bajo sospecha

Una pandemia de malas decisiones parece haberse instalado en el Ejecutivo. El periodista Marco Sifuentes advirtió que el equipo creado por el gobierno para gestio­nar la adquisición de una próxima vacuna contra el coronavirus, denomina­do Comando Vacuna, en realidad fue una inicia­tiva gestada por empre­sarios vinculados a casos de corrupción contra el Estado y secundada por exfuncionarios durante el gobierno aprista.

Sifuentes recordó que la “cara visible” del Co­mando Vacuna, Carlos Neuhaus Tudela, exor­ganizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y nombrado en noviembre de 2019 como presidente ejecutivo de la Asociación de Centros Comerciales del Perú, señaló en una entrevista a La Repúbli­ca que la idea inicial del grupo de trabajo fue del empresario Raúl Delgado Sayán. En efecto, el 3 de junio, el sitio web que consigna como objetivo “lograr que los peruanos optemos por una econo­mía de libre mercado”, publicó un artículo donde Delgado Sayán anunciaba que las vacunas contra el Covid-19 ya existen y que estarían disponibles en septiembre de 2020.

Sin embargo, Sifuen­tes refirió que represen­tantes de Astrazeneca, la firma farmacéutica alu­dida por Delgado Sayán como posible proveedora de vacunas en septiembre de este año, manifestaron a The Economist que en el mejor de los casos las vacu­nas estarían listas a inicios de 2021.

Además, reveló que entre los promotores del proyecto Comando Vacu­na figuran los exministros apristas Hernán Garrido Lecca y Jorge Del Castillo, quienes impulsaron el tema en redes sociales. De hecho, Del Castillo compartió una entrevista realizada por el diario Perú21 -que dedicó varias portadas a la propues­ta- a Raúl Delgado Sayán, sugiriendo la formación de un equipo para la compra de vacunas. La propuesta también fue difundida en UCI, un canal de noticias en internet dirigido por uno de los hijos de Jorge Del Castillo, de acuerdo a lo señalado por Sifuentes.

INVESTIGADOS EN PALACIO

El periodista recordó que tanto Carlos Neuhaus como Raúl Delgado Sayán están in­volucrados en investigacio­nes por casos de corrupción en perjuicio del Estado, y cuestionó que al parecer de­trás de la conformación del Comando Vacuna habrían conexiones que “no están del todo claras”.

Al respecto, hay que señalar que Raúl Delgado Sayán es presidente de CESEL S.A., una empresa consultora investigada por el caso Lava Jato y que está incluida como tercero civil responsable en el caso de irregularidades y corrup­ción relacionadas al Hospital Antonio Lorena, de Cusco, en el que están implicados la empresa brasileña OAS, los exgobernadores regionales Jorge Acurio y René Concha, además de la exprimera dama Nadine Heredia y otros investigados. Además, supervisó el tramo 3 de la Interoceánica Sur y la Línea 1 del Metro de Lima, obras adjudicadas a consorcios integrados por Odebrecht y Graña y Montero y sobre las cuales se investiga pago de sobornos.

En abril de 2019, la Pri­mera Sala Penal de Ape­laciones Nacional Antico­rrupción confirmó que esta supervisora deberá pagar 214 millones 840 mil soles por reparación civil. Pese a ello, entre el 2019 y 2020, Cesel S.A. facturó al Estado un total de S/ 20’492,583, siendo su principal clien­te el Ministerio de Trans­portes y Comunicaciones, del cual percibió más de S/ 16 millones en el refe­rido periodo. También fue beneficiada por el progra­ma Reactiva Perú, con un préstamo de S/ 10 millones concedido por el Banco de Crédito del Perú, según re­veló Convoca.

En tanto, Carlos Neu­haus también es investiga­do por la Fiscalía por el caso Odebrecht, en relación a los presuntos aportes de la constructora brasileña a las campañas electorales de la exlideresa del PPC, Lourdes Flores, en 2006 y 2011. Se­gún un colaborador eficaz, Neuhaus habría participa­do en las reuniones entre Odebrecht y la excandidata presidencial.

DESCUIDO O COMPLICIDAD

El exparlamentario Yonhy Lescano consideró que todo parece indicar que hay indicios de nego­ciados indebidos con el pretexto del Comando Va­cuna, y que tanto el pre­sidente de la República, Martín Vizcarra, como el primer ministro, Vicen­te Zeballos, deberían to­mar cartas en el asunto atendiendo la presencia de personas investigadas por presuntos delitos de corrupción.

Esto tiene todas las señales de que se estaría utilizando al Estado para fines lucrativos indebidos. Si hay personas cuestiona­das, no se garantiza que se obre legalmente ni de buena fe; además, con el antecedente de estar vinculados a situaciones que están siendo inves­tigados por el caso Lava Jato, el gobierno no debe permitir estas cosas y la Fiscalía debería intervenir e investigar estos hechos”, señaló.

Lescano exigió una ex­plicación e intervención rápida del gobierno, y ad­virtió que “más que un descuido, podría haber hasta complicidad”. “Por eso digo que la Fiscalía debe investigar qué es lo que está pasando. Me da la impresión de que cono­cen todos los hechos pero no hacen nada, entonces hay responsabilidad por omisión, porque dolosa­mente permiten la pre­sencia de estas personas vinculadas a presuntas irregularidades que es­tán siendo investigadas”, cuestionó.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO
Redactor Política

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