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Keiko Fujimori: un intento de dictadura fallido

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Keiko Fujimori

Cuando se está frente a una crisis política y se busca superarla, siempre es conveniente hurgar en cuál o cuáles fueron las causas, motivos o razones que la provocaron. El actual conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo tiene sus claras raíces antes del 28 de julio del 2016, es decir, antes que el actual gobierno se instalara en la Plaza de Armas.

Antes de 28 de julio ya Keiko Fujimori y algunos conspicuos miembros de su partido se referían al Congreso –por ellos controlado– como el “primer poder del Estado”, y el mismo día de Fiestas Patrias del 2016, la lideresa Fujimori anunciaba que iban a gobernar el país desde el Congreso: “vamos a convertir las propuestas de nuestro Plan de Gobierno en leyes”.

En primer lugar, en el Perú no existe un “primer poder del Estado” según la Constitución, por más que los apristas hayan denominado así al Congreso a través de su historia. En efecto, según nuestra Carta Magna, en el Perú rige “el principio de separación de poderes” (art. 43 de la Constitución) como forma clásica de garantizar el equilibrio de poderes: los famosos “pesos y contrapesos” de los Estados democráticos.

En segundo lugar, a quien le corresponde “dirigir la política general del Gobierno”, es decir gobernar, es al Presidente de la República y no al Congreso de la República (art. 118 de la Constitución). La principal función del Congreso es la de “dar leyes y resoluciones legislativas…” (art. 102 de la Constitución).

Pues bien, cuando Keiko Fujimori pretendió gobernar desde el Congreso desde el primer día del actual gobierno, intentó violar la Constitución, ya que la función de gobernar no le correspondía (perdió las elecciones). Esta atribución le corresponde al Poder Ejecutivo, presidido por el Presidente de la República.

Para poder lograr el objetivo de “gobernar” desde el Congreso, Keiko tenía que arrebatarle esta función al Presidente de la República (PPK) y a su Consejo de Ministros: tenía que destruir su poder, obstaculizar su acción de gobierno, es decir someter al Poder Ejecutivo para que ella pueda imponer o “dictar” la política de gobierno. Por eso, sostenemos que la jefa de Fuerza Popular intentó establecer una “dictadura del Congreso” desde el primer día. Los hechos han demostrado con meridiana claridad esta estrategia fallida.

Todos en el Perú presenciamos como desde el día siguiente de la llegada de este gobierno a Palacio, empezó una agresiva política de ataques al presidente y sus ministros, los que adquirieron las formas de censura e interpelaciones a sus ministros, impidiendo que estos puedan implementar sus planes de gobierno. Ello, fue acompañado de una violencia verbal de los congresistas fujimoristas que nunca habíamos visto en nuestra historia congresal.

O ejercía el gobierno el Poder Ejecutivo (Pedro Pablo Kuczynski-PPK) o el Poder Legislativo (Keiko Fujimori): los dos no podían gobernar. Por esta razón es que Keiko F. quiso destruir el poder de PPK, objetivo que lo logró, al presionar para que renuncie a la presidencia de la república.

OBSTRUCCIÓN, PARÁLISIS E INGOBERNABILIDAD

Si bien la jefa fujimorista logró tempranamente su objetivo de destruir políticamente al presidente del Perú, es decir al que debía “dirigir la política general de gobierno”, gobernar al país, el costo que nos hizo pagar a los peruanos fue enorme: inicio de una parálisis del gobierno, creación de un vacío de poder (¿quién ejerce el gobierno?) y por lo tanto, adentrar al país en un estado de inestabilidad y crisis de gobernabilidad, con repercusiones económicas, políticas y sociales.

Si su verdadero objetivo hubiera sido el de investigar y sancionar a PPK por corrupto, Keiko habría logrado un gran apoyo popular. Pero sus iniciales declaraciones y los hechos demostraron que ese no era su objetivo. El suyo fue el de hacerse del poder para gobernar desde el Congreso.

LA CÁRCEL DE KEIKO FUJIMORI

Pasar de ser la mujer más poderosa del Perú a ser apresada sin que “sus miles de seguidores” salgan a las calles a defenderla y pedir su liberación, es una muestra evidente de su fracaso político. El problema no es que ella fracase, la desgracia es que su estrategia política destructiva llevó al Perú a una crisis política, cuyas futuras repercusiones aún son impredecibles.

La debilidad política de Keiko F. se debe, en parte, a no contar con un partido –Fuerza Popular– fuerte y organizado. La realidad es que de los 73 congresistas con que llegó Fuerza Popular (FP) al Congreso, 62 eran independientes, es decir, la gran mayoría.

Con 11 congresistas de su partido, de dudoso nivel político y ético, no pudo constituir un soporte institucional que le garantice gobernar y mantener su impunidad. Este error de cálculo sobre su real poder político, la llevó no solamente a enfrentarse al Poder Ejecutivo, sino también intentó someter al Poder Judicial, al Ministerio Público, al Tribunal Constitucional y hasta a los medios de comunicación.

Es cierto que sus juicios la agobiaban y que los destapes de los audios de la vergüenza y de Odebrecht abrían la posibilidad de su encarcelamiento. Quizá este temor de ir a la cárcel –como sucedió– la llevó a tratar de amedrentar a los poderes mencionados en un intento de evitar que informen sobre sus actos ilícitos o que avancen sus investigaciones legales.

Keiko Fujimori

MALA HIJA, MALA HERMANA

En un país mayoritariamente cristiano, en el que la familia es considerada el núcleo de la sociedad más importante, y el “honrar” a sus padres una virtud consagrada por las iglesias, maltratar públicamente a su padre y a su hermano Kenji Fujimori, debilitó de manera considerable su imagen de lideresa política y su proyecto autoritario.

Bloquear la posibilidad de aprobar el arresto domiciliario para su padre en el Congreso, así como expulsar luego a su hermano por haber logrado la liberación de su padre, constituyeron dos hechos políticos que influenciaron de manera importante al interior de su menguado partido, y generó mayores divisiones y renuncias a Fuerza Popular.

OTRAS CAUSAS DEL FRACASO POLÍTICO DE FUERZA POPULAR

La inviabilidad del proyecto autoritario de Keiko Fujimori y FP de ejercer una “dictadura desde el Congreso”, fracasó, además, por un conjunto de otras razones. Entre ellas, se pueden mencionar las investigaciones judiciales y penales a sus más altos dirigentes en casos de corrupción, como son las investigaciones a la propia Keiko Fujimori, a su hermano, a los Avengers, al otrora Secretario General de FP, Joaquín Ramírez, Héctor Becerril y una larga lista de actuales congresistas fujimoristas.

La actitud y la estrategia política de Keiko Fujimori, así como el trato dispensado a muchos de sus congresistas, generaron diversas olas de renuncias al partido FP, abandonos que debilitaron considerablemente el proyecto dictatorial de Keiko en alianza con el aprismo.

La pública pelea entre los más altos dirigentes apristas, como Jorge del Castillo y Mauricio Mulder, que los llevó al insulto y a litigar ante el Jurado Nacional de Elecciones, debilitó al principal aliado y guía del fujimorismo en el Congreso. El suicidio de su máximo líder, Alan García, para no ser juzgado, aumentó aún más esta mala imagen del Apra.

Al apresamiento de la lideresa fujimorista, se sumó la de sus dos principales asesores y mentores, Pier Figari y Ana Herz. Ello constituyó otro duro golpe al plan autoritario fujimorista. Si bien la lista es larga, no queremos dejar de mencionar la dura derrota del fujimorismo en el referéndum, así como el blindaje a personajes cuestionados moralmente y judicialmente como los fugados juez Hinostroza y el congresista Edwin Donayre, el congresista Mamani y una dilatada lista de otros fujimoristas o aliados de éstos.

FUJIMORISMO Y OPOSICIÓN A LA REFORMA POLÍTICA

Desde el inicio del actual período de gobierno, la congresista por aquél entonces fujimorista, Patricia Donayre, lideró un grupo multipartidario, con la finalidad de discutir y elaborar una propuesta de Ley de Reforma Electoral, o de Código Electoral. Luego de meses de arduo trabajo, el grupo llegó a un consenso y aprobaron la propuesta de Ley de Reforma Electoral.

Sin embargo, su propuesta legislativa no fue tomada en cuenta en la Comisión de Constitución controlada por su propio partido. Este rechazo a una reforma político electoral consensuada, provocó la renuncia de la congresista Patricia Donayre a Fuerza Popular.

Lo que quedó claro desde aquella época, primero, es que el fujimorismo no acepta una reforma política-electoral, ni siquiera hecha o liderada por personas de su propio partido, como fue el caso de Patricia Donayre. Y, segundo, que varios de estos temas ya han sido analizados y debatidos ampliamente, durante meses, por los miembros del actual Congreso.

Estos hechos políticos descritos en este artículo, no solamente nos muestran el fracaso de un proyecto autoritario de dictadura congresal del fujimorismo, sino además, reflejan que la oposición y sabotaje a la reforma política y electoral, no es de ahora, sino que es posible rastrearla, por lo menos, desde el bloqueo al Proyecto de Ley Electoral liderado y presentado por la congresista Patricia Donayre.

Fracasado el intento de Keiko Fujimori y su partido de gobernar desde el Congreso, lo que les queda a los congresistas y a sus socios apristas, es el de evitar todas las reformas que hagan peligrar su impunidad futura, las que pudieran permitir un triste o trágico final, como los sus máximos líderes, Keiko Fujimori y Alan García.

 

CARLOS FERNÁNDEZ FONTENOY
IDEELE REVISTA Nº 286

Política

El virus sigue incrementando su potencial destructivo

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El virus sigue incrementando su potencial destructivo

Cada día, al conocer los reportes oficiales sobre el impacto mortal que el coronavirus viene causando en el mundo, al asombro le sigue la conclusión, ingenua por cierto, de que lo peor ya pasó. Sin embargo, cada día los reportes siguientes muestran un pico todavía más alto. Así, las estadísticas dan cuenta de centenares de muertes y miles de infectados nuevos por día. Ayer, solo en España murieron 832 personas, un nuevo y horroroso récord en el ránking de la pandemia. Más de 8 mil infectados nuevos en las últimas 24 horas nos indican de la terrible facilidad que tiene el virus para propagarse.

En Estados Unidos, los infectados superan ya los 110 mil, y los muertos más de 2 mil. Nueva York se ha convertido en un foco infeccioso con más de 52 mil casos, casi la mitad de los infectados a nivel nacional. Según Rusia Today, en la ciudad de los rascacielos cada 17 minutos muere una persona infectada por coronavirus.

De otro lado, tras superar las 10 mil vidas humanas a causa del covid-19, Italia parece iniciar su tendencia a la baja: ayer el corona­virus solo mató a 889 personas.

CIFRAS REALES SERÍAN MUY SUPERIORES

En Perú, ayer el minis­terio de Salud actualizó las estadísticas oficiales, indicando que a la fecha se cuentan 671 infecta­dos, 16 fallecidos y 10.225 pruebas que han dado ne­gativo. La tendencia de propagación en el caso peruano, si bien es cierto mucho menor a la que se observa en otros países, habría que corroborarla con un número mayor de pruebas realizadas.

De hecho, diversos medios internacionales vienen difundiendo que en España, Italia, Francia, Estados Unidos, México y otros países las muer­tes por causas distintas al covid-19 se han incremen­tado exponencialmente. La razón sería que al no haber sido registradas previamente como po­sibles portadoras del coronavirus, las víctimas no son contabilizadas en las estadísticas de la pan­demia.

En China y en Italia, por ejemplo, se incre­mentaron los muertos por problemas cardiovas­culares, en principio no asociados al covid-19. Sin embargo, las muertes se multiplican, y todo hace suponer que el impacto real del coronavirus es mucho más letal del de­clarado oficialmente.

NEGLIGENCIA EN PERÚ

En tanto, en el Perú, el presidente Martín Vizcarra informó que los detenidos por no respetar el estado de emergencia, solamente el viernes, fueron 2,646 a nivel nacional. Es la ma­yor cifra registrada hasta el momento y supone un caso de extrema negli­gencia, pues el sistema de salud peruano colap­saría rápidamente si nos acercamos a los niveles de propagación del virus que se observan en Europa o en Estados Unidos.

Vizcarra indicó que ha solicitado un informe so­bre el nivel de acatamiento por regiones a los Ministe­rios de Defensa y del Inte­rior, y que a partir de esa información se evaluarán las próximas medidas res­trictivas. Por lo pronto, la policía ya cuenta con una peligrosa ley de protección, que ha sido cuestionada porque podría propiciar una situación de impuni­dad jurídica ante eventua­les casos de violaciones de derechos humanos.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO
Redactor Política

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Política

Restricciones se endurecerán

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Restricciones se endurecerán

El ministro de Defensa, Walter Martos, informó que su sector presentará un paquete de medidas más exigentes y más restrictivas de la libertad de movimientos, en el marco del estado de emergencia nacional por el covid-19.

De acuerdo a la información dada por el ministro, la propuesta debió ser presentada ayer ante los miembros de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel contra el Coronavirus, que se reúne todos los días para evaluar las medidas que se adoptan en el país frente a la pandemia.

“De aprobarse la propuesta, seguramente el señor Presidente (Martín Vizcarra) lo anunciará el día de hoy”, señaló Martos en declaraciones a Canal N.

El titular del Ministerio de Defensa dijo que el planteamiento de su sector responde a que un gran porcentaje de gente no tiene madurez y no es consciente de la situación que vivimos, con lo cual pone en riesgo su salud, la de sus familiares y de toda la comunidad.

“Básicamente, estas personas están en gran cantidad en las regiones del norte como La Libertad, Lambayeque, Piura. También en Loreto, en Iquitos, donde hay gran cantidad de infectados”, señaló.

PROTOCOLO DE DETENCIÓN

Martos dijo también que se establecerá un protocolo de detención preventiva para las perso nas que se resisten a cumplir las disposiciones de la autoridad durante el estado de emergencia.

Precisó que las reglas se definirán el lunes con la participación de representantes del Ministerio Público, el Poder Judicial, así como con los procuradores de los ministerios de Defensa y del Interior, y de los institutos armados.

“Nos vamos a reunir a fin de definir un protocolo que permita que para estas personas que incumplen las normas el juez determine prisión preventiva y en un proceso sumario vayan a la cárcel” , expresó.

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Política

Congreso aprueba ley de protección policial

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Congreso aprueba ley de protección policial

El Congreso de la República promulgó la Ley de Protección Policial, que tiene por objeto otorgar protección legal al personal de la Policía Nacional del Perú que, en ejercicio regular de su función constitucional, hace uso de sus armas o medios de defensa en forma reglamentaria causando lesiones o muerte.

La Ley 31012, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, también tiene por objeto brindar el servicio de asesoría y defensa legal gratuita al personal policial que afronta una investigación fiscal o un proceso penal o civil derivado del cumplimiento de la función policial.

La norma señala que al ejercer el derecho a su legítima defensa y de la sociedad establecido en la ley, el principio de razonabilidad de medios será interpretado a favor del personal policial interviniente, estableciendo mecanismos procesales que eviten menoscabar el principio de autoridad policial.

“La presente ley tiene por finalidad garantizar la eficiencia del servicio que presta el personal policial en el cumplimiento de su función constitucional, cuando hace uso de sus armas o medios de defensa en forma reglamentaria y de esta manera goce de la protección legal del Estado”, señala el artículo 2 de la ley.

El artículo 3 precisa que el policía que hace uso de sus armas o medios de defensa, contraviniendo la Constitución Política del Perú, las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos reconocidas por el Estado peruano y la presente ley, incurrirá en responsabilidad penal y no se aplicarán los beneficios de la presente ley.

La norma es refrendada por el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama; y el primer vicepresidente de la mesa directiva del Parlamento, Luis Valdez.

CRITICAN MEDIDA

La promulgación de la norma ha generado diversas críticas desde diversos sectores políticos. El Frente Amplio emitió un comunicado rechazando la que denominan “ley de gatillo fácil”, la que sería de autoría del excongresista aprista Jorge del Castillo, y que en su momento habría sido respaldada ampliamente por la entonces mayoría fujimorista y sus aliados en el Congreso disuelto.

El Frente Amplio señala que dicha norma convierte a los efectivos policiales en “fiscales, jueces y verdugos”, y que se promueve un marco jurídico para la impunidad y las violaciones sistemáticas de derechos humanos.En esa línea, el comunicado advirtió que los campesinos y agricultores que sostienen diversas luchas en defensa del medio ambiente pueden verse afectados con la consecuente criminalización de la protesta y vulneración de sus derechos.

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