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Política

Keiko Fujimori: un intento de dictadura fallido

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Keiko Fujimori

Cuando se está frente a una crisis política y se busca superarla, siempre es conveniente hurgar en cuál o cuáles fueron las causas, motivos o razones que la provocaron. El actual conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo tiene sus claras raíces antes del 28 de julio del 2016, es decir, antes que el actual gobierno se instalara en la Plaza de Armas.

Antes de 28 de julio ya Keiko Fujimori y algunos conspicuos miembros de su partido se referían al Congreso –por ellos controlado– como el “primer poder del Estado”, y el mismo día de Fiestas Patrias del 2016, la lideresa Fujimori anunciaba que iban a gobernar el país desde el Congreso: “vamos a convertir las propuestas de nuestro Plan de Gobierno en leyes”.

En primer lugar, en el Perú no existe un “primer poder del Estado” según la Constitución, por más que los apristas hayan denominado así al Congreso a través de su historia. En efecto, según nuestra Carta Magna, en el Perú rige “el principio de separación de poderes” (art. 43 de la Constitución) como forma clásica de garantizar el equilibrio de poderes: los famosos “pesos y contrapesos” de los Estados democráticos.

En segundo lugar, a quien le corresponde “dirigir la política general del Gobierno”, es decir gobernar, es al Presidente de la República y no al Congreso de la República (art. 118 de la Constitución). La principal función del Congreso es la de “dar leyes y resoluciones legislativas…” (art. 102 de la Constitución).

Pues bien, cuando Keiko Fujimori pretendió gobernar desde el Congreso desde el primer día del actual gobierno, intentó violar la Constitución, ya que la función de gobernar no le correspondía (perdió las elecciones). Esta atribución le corresponde al Poder Ejecutivo, presidido por el Presidente de la República.

Para poder lograr el objetivo de “gobernar” desde el Congreso, Keiko tenía que arrebatarle esta función al Presidente de la República (PPK) y a su Consejo de Ministros: tenía que destruir su poder, obstaculizar su acción de gobierno, es decir someter al Poder Ejecutivo para que ella pueda imponer o “dictar” la política de gobierno. Por eso, sostenemos que la jefa de Fuerza Popular intentó establecer una “dictadura del Congreso” desde el primer día. Los hechos han demostrado con meridiana claridad esta estrategia fallida.

Todos en el Perú presenciamos como desde el día siguiente de la llegada de este gobierno a Palacio, empezó una agresiva política de ataques al presidente y sus ministros, los que adquirieron las formas de censura e interpelaciones a sus ministros, impidiendo que estos puedan implementar sus planes de gobierno. Ello, fue acompañado de una violencia verbal de los congresistas fujimoristas que nunca habíamos visto en nuestra historia congresal.

O ejercía el gobierno el Poder Ejecutivo (Pedro Pablo Kuczynski-PPK) o el Poder Legislativo (Keiko Fujimori): los dos no podían gobernar. Por esta razón es que Keiko F. quiso destruir el poder de PPK, objetivo que lo logró, al presionar para que renuncie a la presidencia de la república.

OBSTRUCCIÓN, PARÁLISIS E INGOBERNABILIDAD

Si bien la jefa fujimorista logró tempranamente su objetivo de destruir políticamente al presidente del Perú, es decir al que debía “dirigir la política general de gobierno”, gobernar al país, el costo que nos hizo pagar a los peruanos fue enorme: inicio de una parálisis del gobierno, creación de un vacío de poder (¿quién ejerce el gobierno?) y por lo tanto, adentrar al país en un estado de inestabilidad y crisis de gobernabilidad, con repercusiones económicas, políticas y sociales.

Si su verdadero objetivo hubiera sido el de investigar y sancionar a PPK por corrupto, Keiko habría logrado un gran apoyo popular. Pero sus iniciales declaraciones y los hechos demostraron que ese no era su objetivo. El suyo fue el de hacerse del poder para gobernar desde el Congreso.

LA CÁRCEL DE KEIKO FUJIMORI

Pasar de ser la mujer más poderosa del Perú a ser apresada sin que “sus miles de seguidores” salgan a las calles a defenderla y pedir su liberación, es una muestra evidente de su fracaso político. El problema no es que ella fracase, la desgracia es que su estrategia política destructiva llevó al Perú a una crisis política, cuyas futuras repercusiones aún son impredecibles.

La debilidad política de Keiko F. se debe, en parte, a no contar con un partido –Fuerza Popular– fuerte y organizado. La realidad es que de los 73 congresistas con que llegó Fuerza Popular (FP) al Congreso, 62 eran independientes, es decir, la gran mayoría.

Con 11 congresistas de su partido, de dudoso nivel político y ético, no pudo constituir un soporte institucional que le garantice gobernar y mantener su impunidad. Este error de cálculo sobre su real poder político, la llevó no solamente a enfrentarse al Poder Ejecutivo, sino también intentó someter al Poder Judicial, al Ministerio Público, al Tribunal Constitucional y hasta a los medios de comunicación.

Es cierto que sus juicios la agobiaban y que los destapes de los audios de la vergüenza y de Odebrecht abrían la posibilidad de su encarcelamiento. Quizá este temor de ir a la cárcel –como sucedió– la llevó a tratar de amedrentar a los poderes mencionados en un intento de evitar que informen sobre sus actos ilícitos o que avancen sus investigaciones legales.

Keiko Fujimori

MALA HIJA, MALA HERMANA

En un país mayoritariamente cristiano, en el que la familia es considerada el núcleo de la sociedad más importante, y el “honrar” a sus padres una virtud consagrada por las iglesias, maltratar públicamente a su padre y a su hermano Kenji Fujimori, debilitó de manera considerable su imagen de lideresa política y su proyecto autoritario.

Bloquear la posibilidad de aprobar el arresto domiciliario para su padre en el Congreso, así como expulsar luego a su hermano por haber logrado la liberación de su padre, constituyeron dos hechos políticos que influenciaron de manera importante al interior de su menguado partido, y generó mayores divisiones y renuncias a Fuerza Popular.

OTRAS CAUSAS DEL FRACASO POLÍTICO DE FUERZA POPULAR

La inviabilidad del proyecto autoritario de Keiko Fujimori y FP de ejercer una “dictadura desde el Congreso”, fracasó, además, por un conjunto de otras razones. Entre ellas, se pueden mencionar las investigaciones judiciales y penales a sus más altos dirigentes en casos de corrupción, como son las investigaciones a la propia Keiko Fujimori, a su hermano, a los Avengers, al otrora Secretario General de FP, Joaquín Ramírez, Héctor Becerril y una larga lista de actuales congresistas fujimoristas.

La actitud y la estrategia política de Keiko Fujimori, así como el trato dispensado a muchos de sus congresistas, generaron diversas olas de renuncias al partido FP, abandonos que debilitaron considerablemente el proyecto dictatorial de Keiko en alianza con el aprismo.

La pública pelea entre los más altos dirigentes apristas, como Jorge del Castillo y Mauricio Mulder, que los llevó al insulto y a litigar ante el Jurado Nacional de Elecciones, debilitó al principal aliado y guía del fujimorismo en el Congreso. El suicidio de su máximo líder, Alan García, para no ser juzgado, aumentó aún más esta mala imagen del Apra.

Al apresamiento de la lideresa fujimorista, se sumó la de sus dos principales asesores y mentores, Pier Figari y Ana Herz. Ello constituyó otro duro golpe al plan autoritario fujimorista. Si bien la lista es larga, no queremos dejar de mencionar la dura derrota del fujimorismo en el referéndum, así como el blindaje a personajes cuestionados moralmente y judicialmente como los fugados juez Hinostroza y el congresista Edwin Donayre, el congresista Mamani y una dilatada lista de otros fujimoristas o aliados de éstos.

FUJIMORISMO Y OPOSICIÓN A LA REFORMA POLÍTICA

Desde el inicio del actual período de gobierno, la congresista por aquél entonces fujimorista, Patricia Donayre, lideró un grupo multipartidario, con la finalidad de discutir y elaborar una propuesta de Ley de Reforma Electoral, o de Código Electoral. Luego de meses de arduo trabajo, el grupo llegó a un consenso y aprobaron la propuesta de Ley de Reforma Electoral.

Sin embargo, su propuesta legislativa no fue tomada en cuenta en la Comisión de Constitución controlada por su propio partido. Este rechazo a una reforma político electoral consensuada, provocó la renuncia de la congresista Patricia Donayre a Fuerza Popular.

Lo que quedó claro desde aquella época, primero, es que el fujimorismo no acepta una reforma política-electoral, ni siquiera hecha o liderada por personas de su propio partido, como fue el caso de Patricia Donayre. Y, segundo, que varios de estos temas ya han sido analizados y debatidos ampliamente, durante meses, por los miembros del actual Congreso.

Estos hechos políticos descritos en este artículo, no solamente nos muestran el fracaso de un proyecto autoritario de dictadura congresal del fujimorismo, sino además, reflejan que la oposición y sabotaje a la reforma política y electoral, no es de ahora, sino que es posible rastrearla, por lo menos, desde el bloqueo al Proyecto de Ley Electoral liderado y presentado por la congresista Patricia Donayre.

Fracasado el intento de Keiko Fujimori y su partido de gobernar desde el Congreso, lo que les queda a los congresistas y a sus socios apristas, es el de evitar todas las reformas que hagan peligrar su impunidad futura, las que pudieran permitir un triste o trágico final, como los sus máximos líderes, Keiko Fujimori y Alan García.

 

CARLOS FERNÁNDEZ FONTENOY
IDEELE REVISTA Nº 286

Política

Otra vez a prisión

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Yehude Simon detenido capturado

No se lo esperaba. Por disposición de la jueza María de los Ángeles Álvarez, Yehude Simon, expresidente del Consejo de Ministros, fue detenido de manera preliminar por 10 días a solicitud del fiscal José Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato. Y fue allanada su vivienda en el distrito de Surco.

Asimismo, fue detenido Pablo Enrique Salazar Torres, exgerente general del Proyecto Especial Olmos Tinajones, hombre de confianza del expremier.

Las diligencias del Ministerio Público comprenden el allanamiento, por un plazo de 48 horas, de ocho inmuebles, cinco de los cuales se encontrarían vinculados a Simon.

El Ministerio Público requirió la medida restrictiva contra Simon como parte de las investigaciones por el proyecto Olmos por presuntamente haber recibido dinero de la constructora Odebrecht durante su gestión como gobernador regional de Lambayeque.

Al exfuncionario se le atribuye la calidad de autor por la presunta comisión de los delitos de colusión y lavado de activos agravado en organización. Según la Fiscalía, Simon habría realizado actos de transferencia, conversión y ocultamiento del dinero. La investigación se encuentra etapa preliminar y ha sido declarada compleja por tratarse de organización criminal.

De acuerdo a la tesis fiscal, al exgobernador regional de Lambayeque se le imputa hechos relacionados a la concesión del “Trasvase e Irrigación de Olmos” a favor de Odebrecht y de haber recibido presuntamente dinero de parte de esta misma empresa brasileña para su campaña electoral reelecionista en el 2006.

Además, el Ministerio Público sindica a Simon por haber hecho uso de codinomes (”Gorno” y “Terco”), para la realización de pagos ilícitos que provendrían del departamento de operaciones estructuradas de Odebrecht (la Caja 2).

MÁS IMPLICADOS

En esta historia de presunta corrupción el expremierYehudeSimon no está solo. Pablo Enrique Salazar Torres y Javier Málaga Cochellafueron señalados como los receptores de dinero de Odebrecht destinado a YehudeSimon.

Cuando Simon era gobernador regional de Lambayeque,Pablo Enrique Salazar Torres fue designado gerente del Proyecto Especial Olmos. Bajo su gestión se diola primera concesión de la obra a la Concesionaria Trasvase Olmos SA, de Odebrecht.

En el año 2008, cuando YehudeSimon era primer ministro del gobierno de Alan García, designó a Javier Málaga Cochella, otro hombre de su confianza, como jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Concejo de Ministros.

DELITOS GRAVES

Según el jurista Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal (IDL) “estos actos configuran el delito de colusión agravada, que es cuando el funcionario interviene o intercede con el particular para tener una retribución económica en perjuicio del Estado, y después se va a investigar como un delito de lavado de activos por el desbalance patrimonial que tendría YehudeSimon en el agravante de la organización criminal, bajo estas dos figuras penales, las dos penas sumadas llegarían a los 35 años”.

“No obstante por no tener antecedentes de ese tipo sería acreedor a una rebaja de la pena de 25 años que igual es una pena es alta”, destacó.

Para Quispe: “Simon tiene un desbalance patrimonial bastante importante, porque tiene 5 casas, entonces configuraría el delito de lavado de activos porque no va a tener como sustentar su compra. Porque recordemos que antes de ser presidente del Gobierno Regional de Lambayeque estuvo preso por el delito de terrorismo. Y fue indultado por la Comisión del Padre HubertLanssiers. Entonces, en un balance de sus ingresos, es complicado de que él pueda sostener cómo compró esas casas que hoy tiene”.

Yehude Simon detenido capturado

¿PRISIÓN PREVENTIVA?

“Culminados los diez días de detención preliminar, lo que procede en este caso es formalizar la investigación preparatoria, es decir judicialización del caso, acompañado de un pedido o de comparecencia o de prisión preventiva. En estos casos es usual que el Equipo Lava Jato, luego de tener una detención preliminarpida una prisión preventiva”, explicó el jurista de IDL.

Asimismo, afirmó: “Los delitos por lo que lo están investigando son graves por tanto se estarían cumpliendo los tres requisitos de la prisión preventiva: sospecha grave en el delito, la pena sería superior a cuatro años, porque llegaría hasta 35 años. Y finalmente el peligro de fuga y de obstrucción a la justicia, porque YehudeSimon no podría probar el trabajo que tiene, y la fiscalía le va a probar que tenga arraigo laboral, familiar, domiciliario y que sea urgente la medida”.

ALGO MÁS

“Si la Fiscalía tiene elementos que hay un peligro de fuga y de obstrucción a la justicia de YehudeSimon pedirá la prisión preventiva. Si no lo tiene como ahora lo ha deslizado, no lo va a hacer”, aseveró Quispe.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Promoverán política nacional de memoria por las víctimas

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Promoverán política nacional de memoria por las víctimas campesina

El Ministerio de Justicia está comprometido con implementar una política nacional de memoria, paz y reconciliación que genere aproximación y respeto hacia las víctimas civiles, militares y policiales del periodo de violencia ocurrido entre mayo de 1980 y noviembre del 2000, afirmó el viceministro de Derechos Humanos, Daniel Sánchez.

“Hay una práctica nociva de usar el miedo al terrorismo para difamar y descalificar a personas, lugares o acciones que buscan reflexionar críticamente sobre nuestra historia reciente de violencia”, recordó.

“El terruqueo insulta la memoria de miles de víctimas civiles, policiales y militares y golpea a familiares que siguen sufriendo la indolencia de grupos que usan este término con fines políticos y sin sensibilidad humana. Así, no podemos construir ciudadanía”, añadió el viceministro.

De esta forma, hizo un llamado a colocar en el centro de las intervenciones a quienes resultaron afectados por la violencia, en el marco de la inauguración de la Casa de la Memoria Viva de la Asociación de Vivienda Nueva Amanecer que agrupa a familiares de personas asesinadas o desaparecidas durante dicho periodo.

En marzo de 2019, el pleno de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), integrado por representantes de 11 ministerios, la Asociación de Universidades del Perú, Colegio Nacional de Decanos y Profesionales del Perú y representantes de asociaciones de derechos humanos, aprobó los “Lineamientos para la construcción de una Política Nacional de Memoria, Paz y Reconciliación”.

Dicho documento está alineado a políticas de reconocimiento como el Acuerdo Nacional y la Agenda Bicentenario, y será socializado en las regiones de mayor afectación en el país donde congregará a asociaciones de víctimas civiles, policiales y militares, representantes del Estado, universidades y sociedad civil en un proceso descentralizado y participativo.

Con ello, se generará una política pública para promover, garantizar y gestionar intervenciones y aproximaciones que dirijan al establecimiento de una agenda común orientada a garantizar el respeto a las víctimas del periodo de violencia, el rechazo a la violencia y construcción de una cultura de paz, la revalorización de prácticas y espacios de memoria a nivel nacional.

De igual forma, impulsará el reconocimiento de experiencias diversas en la defensa de la democracia y los derechos humanos, y el establecimiento de pilares y garantías de no repetición con miras al Bicentenario.

Según la información del Registro Único de Víctimas, durante el periodo de violencia hubo alrededor de 228,000 víctimas civiles, policiales y militares; 5,712 comunidades sufrieron arrasamientos y pérdidas, y 146 organizaciones de personas desplazadas.

A su vez, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro consigna a 20,500 personas desaparecidas.

A la par del avance de las políticas de atención a víctimas implementadas desde la Ley N° 28592 del Plan Integral de Reparaciones y la Ley N° 30470 para la Búsqueda humanitaria de personas desaparecidas, el Ministerio de Justicia sostiene que es importante considerar la dimensión y complejidad que la violencia tuvo en el país.

Por ello, subrayó, los procesos de memoria y conmemoración son diversos debido a las características culturales, generacionales, regionales, entre otras; o bien por el papel que tuvieron las víctimas civiles, policiales y militares durante el periodo de violencia.

En ese sentido, existe aún polarización o distancia que no permita aproximarse y abarcar oportunamente estos procesos.

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Política

Se buscará trabajar con Sunedu licenciamiento de programas de educación

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MARTÍN BENAVIDES

El ministro de Educación, Martín Benavides, anunció que se buscará trabajar con la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), el licenciamiento de los programas de educación.

Esto con el objetivo de garantizar que los mejores docentes sean los que lleguen a las aulas. Comentó que en los últimos años se han destinado importantes recursos al sector educación con el objetivo de atender la problemática docente.

Asimismo, dijo que el Minedu viene desarrollando también una reforma muy importante con los institutos pedagógicos.

“La primera dimensión es garantizar que lleguen los mejores docentes al aula, para eso hay que trabajar en la formación inicial. Por ejemplo, queremos coordinar con la Sunedu el inicio del licenciamiento de los programas de educación, de manera que podamos tener mejores programas de educación en las universidades”, explicó Benavides.

“Hay que asegurarnos que los maestros se desempeñen bien en las aulas y para eso son todas las evaluaciones que se han hecho. Este año hay 14. Debo resaltar que para la prueba de ingreso a la carrera docente este año se ha batido el récord histórico de postulantes”, indicó.

ENFOQUE DE GÉNERO

Respecto a la aplicación de enfoque de género, que forma parte del Currículo Nacional, Benavides Abanto sostuvo que el objetivo primordial de esta herramienta pedagógica es “garantizar una mejor ciudadanía de la que tenemos, que las personas crezcan y promuevan la igualdad, la tolerancia, el respeto a la diversidad”.

Explicó que el Currículo Nacional promueve diversos enfoques, entre ellos el de género. Sostuvo que ante las dudas que podrían surgir alrededor de su aplicación estará dispuesto a conversar con quienes sea necesario.

“Asumo que, a su manera, algunos padres y madres entienden la educación de una manera distinta y hay que explicarles que el Estado tiene una responsabilidad: promover la ciudadanía tal como esta se entiende en el contexto actual”, aseguró.

Benavides señaló que los países que más avanzaron en la promoción de ciudadanía son aquellos donde el Ministerio de Educación asumió la responsabilidad de dar los mensajes adecuados en estos temas.

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