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Editorial

Justicia que tarda no es justicia

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En el Perú ya nada sorprende, pero a pesar de ello no deja de llamar la atención que una familia haya sostenido durante 20 años un proceso judicial contra el Estado reclamando la propiedad de Machu Picchu. Parecería cosa de locos, de no ser porque el asunto es mucho más serio de lo que se pudiera pensar. Sabido es que en el Perú la justicia camina a paso de tortuga y que los litigantes tienen que subir y bajar numerosas veces las escaleras del Palacio de Justicia antes que sus escritos pasen de una ventanilla a otra.

Sin embargo, es increíble que en pleno siglo XXI el Estado tenga que gastar los recursos de todos los peruanos para que el Poder Judicial por fin resuelva lo que es evidente: el patrimonio arqueológico de la nación no puede estar en manos de particulares, le pertenece al Estado; es decir, a todos los peruanos. La resolución no ha salido sino después de 20 largos años de batallas legales, cabría preguntarse, entonces, qué estará pasando con los juicios que están llevando por una u otra razón ciudadanos de escasos recursos.

Se trata, en realidad, de una situación que debería ser resuelta cuanto antes. Sin embargo, no hay hasta el momento una reforma que remueva desde sus cimientos nuestro sistema de justicia. Ofrecimientos y anuncios se ha hecho al por mayor, pero hasta ahora sin resultados a la vista. Ya tenemos el caso del Consejo nacional de la Magistratura que ha sido reemplazado por otro organismo, cuyos resultados están en veremos. Hemos visto cómo operaban los jueces de los “Cuellos blancos del Callao”, pero hasta ahora no vemos ninguna reforma integral de nuestro sistema judicial.

La pregunta es qué estamos esperando. ¿Acaso queremos que se vayan todas las inversiones por falta de garantías para una buena administración de justicia? Claro que no. Pero, entonces, le toca al Gobierno pasar de las palabras a los hechos con las reformas anunciadas, entre ellas la del sistema judicial. Debemos desechar para siempre aquella expresión de “La justicia tarda, pero llega” o mejor cambiarla por otra que diga “justicia que tarda no es justicia”.

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Editorial

Reactivación y Covid-19

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El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cate­riano, debe informar hoy ante el Congreso de la República sobre la estrategia del Gobierno para luchar contra el Covid-19, pues existe el convenci­miento entre los legisladores de que no será posible gene­rar empleo y desarrollar la economía, mientras no se frene el avance del coronavirus en el país. Con algunos matices, en eso coinciden Oto Guíbovich, de Acción Popular; Fran­cisco Zagasti, del Partido Morado; y el congresista José Luna Morales, de Podemos Perú, quien dijo a Diario UNO que su bancada quiere escuchar la estrategia del Gobierno de Mar­tín Vizcarra, frente a la pandemia de Coronavirus.

Hay otros puntos, no menos importantes, pero tam­poco prioritarios, tales como la reactivación de la econo­mía y las elecciones del próximo año. Hablando en buen romance, sin tener bajo control la pandemia no se puede reabrir rápidamente la economía. El Gobierno ha tenido que dar marcha atrás en 15 regiones y volver a las medi­das sanitarias, incluyendo la cuarentena, con lo que más de la mitad del terri­torio nacional seguirá con restricciones. Eso ha signi­ficado un retroceso frente a lo poco que se había avanza­do, pues la tasa de contagios ha crecido más de lo que se esperaba.

En efecto, el gobierno se ha visto obligado a paralizar el transporte terrestre y los vuelos aéreos en esas 25 regiones, lo que en buena cuenta significa una estocada económica a las aerolíneas que tienen costos de mantenimiento muy altos. Lo que el Gobierno debió haber hecho primeramente es sincerar las cifras para determinar si la reapertura de las actividades económicas iba a poder funcionar. En segun­do lugar, debió haber mantenido los controles para estar atento al incremento de los contagios. Sin embargo, las au­toridades prefirieron decir que iban a reabrir el 95% de la economía en la fase 3.

Como corolario, el Ejecutivo ha tenido que dejar en suspenso la llamada Fase 4; es decir, la reapertura de es­parcimiento y el sector turismo. Ahora, el costo económi­co será mayor, como lo ha advertido el economista Gon­zález Izquierdo, quien aclaró que no hay la tan mentada reactivación económica sino un crecimiento de rebote como consecuencia de abrir rápidamente las actividades económicas. En ese contexto desfavorable Cateriano debe presentarse esta mañana muy temprano ante el Congreso para detallar la política general del Gobierno y pedir un voto de confianza, pero antes tendrá que dar muchas ex­plicaciones a la representación nacional.

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Editorial

No por mucho madrugar…

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No por mucho madrugar amanece más tem­prano, dice un viejo refrán harto conocido en nuestro medio, y que bien podría aplicarse a lo que ha ocurrido en varias regiones de nuestro país, después de que se relajaron las medidas de biosegu­ridad y que ahora tienen colapsado su sistema de salud. Según anunció el ministro de Defensa, Walter Martos, en estos momentos, con el incremento de contagios por el coronavirus (covid-19) en diversas partes del país, no es una prioridad la implementación de las actividades de la cuarta fase de reactivación económica, referidas a entre­tenimiento.

Le faltó manejo al Gobierno y quizá no debió dejarse presionar por un sector del empresariado que reclamaba el reinicio de las actividades productivas para evitar el cie­rre de negocios en determinados sectores. También, debió tenerse en cuenta que todo es una cadena y que si se au­toriza, por ejemplo, reabrir talleres de confecciones, és­tos no pueden operar si no funcionan otros servicios, como la venta de los insu­mos que requieren para su producción, el transporte para trasladar sus mercade­rías, entre muchos otros.

Al autorizarse el inicio de los viajes interprovinciales, las empresas formales tu­vieron que implementar una serie de medidas de biosegu­ridad que elevaron los costos, mientras que el transporte informal podía ofrecer precios menores, pero con un alto riesgo para los pasajeros. Finalmente, el control fue más difícil para las autoridades y como la necesidad de trasla­darse a sus lugares de origen era grande, muchos optaron por el servicio menos seguro. Las consecuencias se están viendo ahora y el Gobierno ha tenido que suspender el transporte terrestre y aéreo a diez las regiones donde el número de casos va en aumento y por ello retornaron a la cuarentena.

Se trata de Madre de Dios, Áncash, Moquegua, Tacna, Cusco, Puno, Huancavelica, Cajamarca, Amazonas y Apu­rímac, las mismas que se suman a las que ya estaban en cuarentena: Arequipa, Ica, Junín, Huánuco y San Martín. Hablando en buen romance, todo lo avanzado en el tema del reinicio de las actividades económicas está sufriendo un retroceso. Ojalá que en lo sucesivo el Ejecutivo evalúe con más detenimiento las cosas antes de que se produz­can nuevos aumentos de casos de Covid-19. No hay que olvidar la dramática advertencia de que a fin de año la mitad de la población podría estar infectada.

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Editorial

Las bases del cambio

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Debido al creciente nivel de contagios de coronavirus que se ha presentado en diversas jurisdicciones del país, el Gobierno se ha visto obligado a prorrogar el Estado de Emergencia nacional y a mantener la inmovilización social en 63 provincias de 15 regiones del país, donde el toque de queda será desde las 20:00 horas has­ta las 04:00 horas del día siguiente. Las medidas extremas no habrían sido necesarias si la presión popular no hubiera des­bordado las disposiciones sanitarias que dio inicialmente el Ejecutivo.

Aún tenemos latentes las imágenes transmitidas por la televisión de decenas de personas que pretendían llegar ca­minando hasta sus pueblos en la sierra central o en la selva, ni bien se relajaron en Lima las medidas de la cuarentena. El clamor era unánime: “Ya no tenemos para pagar un alquiler y nos han desalojado de la habitación en que nos encontrá­bamos”, decían algunos, mientras otros argumentaban que ya no tenían dinero para dar de comer a sus hijos y que si iban a morir de hambre no les importaba contagiarse del Covid-19.

Hay que recordar al res­pecto que todo esto sucedió porque el Gobierno fracasó en su intento de distribuir víveres y llegar con un bono de ayuda económica a los sec­tores más vulnerables de la población. Por eso, la cuaren­tena obligatoria no sirvió de mucho. Fueron pocas las per­sonas que acataron la disposi­ción de no salir de sus casas, pues la mayoría de esos ciu­dadanos vive del día a día. La informalidad, en nuestro país, afecta al 72% de la población, pero a ello hay que agregarle el alto grado de desigualdad que obliga a muchos peruanos a vivir hacinados en pequeñas habitaciones, sin ventilación adecuada.

Lamentablemente, esa es la triste realidad de nuestro país. Los Gobiernos se han preocupado solo mantener en azul las cifras macroeconómicas, sin importar el elevado costo social que eso significaba. Sin embargo, la pandemia llegó al Perú para denudar la cruda realidad de lo que pasa en los cinturo­nes de pobreza. Algo así como limpiar nuestra casa y esconder el desorden debajo de la alfombra. Ojalá que el Gobierno del presidente Martín Vizcarra se ponga a trabajar para dejar las bases de un cambio, de una reforma, que desde hace mucho tiempo vienen reclamando todos los peruanos. Mientras que no se acabe con la informalidad y con la desigualdad, nuestra economía estará sujeta a los vaivenes del contexto internacio­nal y lo que es peor a los precios de los minerales.

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