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Editorial

Justicia incompleta, no es justicia

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Es ridículo, pero también alarmante, como determinados medios de comunicación proclives a ser cómplices de la impunidad en nombre del pragmatismo político y la defensa de sus intereses fenicios, tratan de pasar por agua tibia el caso de los “Narcoindultos”, uno de los más graves y sucios casos de corrupción registrados en el país.

Cada vez con más malsana persistencia insisten en afirmar que los 14 funcionarios juzgados por cohecho y asociación para delinquir, otorgaban indultos en tiempo récord o que el “hombre probo” -como llamó García al cabecilla de esa comisión- dio indultos a más de 800 narcotraficantes.

Lo dicen en titulares y en el generador de caracteres de la televisión, que se repite en forma incesante, como para martillar y consolidar la falsedad proclamada como línea por el viejo partido del exgobernante aprista, de que si hubo narcoindultos, los culpables son los funcionarios que los tramitaron y no el jefe de Estado que los firmó, aunque él haya dicho que es el único responsable y que se desveló estudiando los expedientes, uno por uno, en una declaración ante la Megacomisión que, muy convenientemente, hizo anular después judicialmente.

Felizmente, un tenaz luchador anticorrupción, que, cumplidor de su deber de procurador, impulsó las investigaciones a los casos de posible corrupción del último gobierno aprista, ha puesto las cosas en su sitio, al alertar a la ciudadanía para que no se deje sorprender y recuerde que los acusados en el juicio deben ser castigados, pero que la justicia no será completa si solo ellos fueran condenados.

Su argumentación es contundente, pues si bien la verdadera organización criminal que formaron preparó los indultos y conmutaciones de penas y según la Fiscalía cobró sobornos a los narcotraficantes que compraron así su libertad, quien se las otorgó, quien firmó los decretos que los pusieron otra vez en la calle, destruyendo años de trabajo policial y judicial con un enorme gasto de recursos, fue el gobernante de entonces que otra vez pretende lavarse las manos en este caso, como lo ha hecho ante numerosos casos de corrupción tras su primer y segundo gobierno.

Sería pertinente que el fiscal del proceso pida su inclusión en la causa, de la que hasta ahora es posible su presentación solo como testigo.

El fiscal pidió tras las primeras investigaciones al fiscal de la Nación de entonces que incluyera al exgobernante como investigado, por las abundantes evidencias de su responsabilidad; pero no fue escuchado por su superior, cuyas actitudes le han hecho una imagen de protector del exmandatario. La justicia tiene ahora la palabra.

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Editorial

¿Reactivación a medias?

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Después de que el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, declarara a la prensa que no hay en Palacio de Gobierno una disposición a sentarse a hablar con él sobre el problema del transporte públi­co de pasajeros, generado por la pandemia de Covid-19, por fin el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos Salinas, ha expresado su la disposición del Eje­cutivo de trabajar de manera conjunta con la comuna limeña para hallar una solución a los problemas econó­micos de los concesionarios del Metropolitano y los co­rredores complementarios.

La autoridad edil había alertado que los concesiona­rios estaban pidiendo un alza de pasajes a S/ 7.00 por­que de lo contrario no podrían seguir operando al 50% del aforo de las unidades y costeando, además, todas las medidas de bioseguridad necesarias para impedir conta­gios en los buses que prestan ese servicio de transportes en corredores segregados. “La municipalidad no va a autorizar alzas en los pasa­jes, y menos en las actuales circunstancias que la eco­nomía de la gente ha sido golpeada por el coronavi­rus”, ha dicho el alcalde.

El burgomaestre capi­talino responsabilizó al Ejecutivo de las decisiones que pudieran tomar a par­tir de hoy los concesiona­rios del Metropolitano, con lo cual se verían afectados cientos de miles de usuarios. Por lo menos se abrió el diálogo y ayer por la tarde se reunieron en el municipio de Lima el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada, y el viceministro de Transportes, Carlos Estremadoyro, con el alcalde Jorge Muñoz.

Ojalá, pues, que salga humo blanco, aunque uno de los primeros acuerdos habría sido que la Municipalidad de Lima se comprometa a entregar, a más tardar el lunes próximo, las proyecciones económicas que permitan sustentar una alternativa económica y legal definitiva. Al parecer, la reactivación ha sido hecha a medias sin tomar en cuente estos y otros inconvenientes, como por ejemplo el tema de la demanda. Muchos comerciantes formales del centro de Lima se quejan del cierre de ca­lles, lo que les impide realizar ventas aunque sean mí­nimas. El Gobierno debe efectuar las correcciones nece­sarias porque de lo contrario la reactivación será solo a medias.

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Editorial

El Gobierno debe dejar economía sana

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La convocatoria a elecciones hecha por el pre­sidente Martín Vizcarra, para el 11 de abril de 2021, ratifica su voluntad política y compromi­so con el país, ha dicho el jefe del Gabinete Mi­nisterial, Vicente Zeballos. Por un lado, el mandatario ya había adelantado que cumpliría cabalmente con el mandato constitucional de convocar a elecciones en los plazos que la ley señala; de otro, el panorama político y el económico siguen sin aclararse y todavía no se puede vislumbrar la luz al final del túnel.

En efecto, el mismo jefe del Gabinete ministerial re­cordó que el presidente Vizcarra ha manifestado en rei­teradas oportunidades su decisión de convocar a elec­ciones democráticas en el marco de la Constitución, lo que está cumpliendo al firmar el decreto supremo a través del cual dispuso la convocatoria a comicios gene­rales el próximo año. Además, el anuncio deja sin piso a los opositores que pre­tendían mostrarlo como dictador.

Pero más allá de eso, el proceso electoral se realizará en medio de muy difíciles condiciones, pues la incertidumbre económica y los enfrenta­mientos políticos al pare­cer continuarán durante los siguientes meses. No obstante, el mandatario ha emplazado a los parla­mentarios a trabajar jun­to con el Ejecutivo para concluir la reforma política al igual que la reforma del sistema de justicia. Si hay tiempo para hacerlo, hagá­moslo bien”, ha remarcado, en alusión a los últimos su­cesos protagonizados por los legisladores en respuesta al pedido del Ejecutivo de eliminar la inmunidad par­lamentaria.

Ojalá que todo no quede en palabras, pues a pesar del corto tiempo –algo más de nueve meses– Vizcarra tiene que Gobernar hasta el último día y le espera un gran trabajo para aliviar el difícil momento económi­co que los sectores más vulnerables están pasando. Muchos emprendedores han anunciado su decisión de cerrar sus negocios por no poder pagar los alquileres pendientes. La recaudación reflejará esta desacelera­ción de la economía a consecuencia de la pandemia del Covid-19, y el Ejecutivo tiene que mostrar la luz al final del túnel, dejando una economía sana.

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Editorial

Congresistas deben pensar en el país

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El expresidente del Consejo de Ministros, Pe­dro Cateriano, y los constitucionalistas Cé­sar Landa Arroyo y Javier de Belaunde, han presentado su renuncia al consejo consultivo de la Comisión de Constitución tras expresar su des­acuerdo con la decisión del Congreso referida a la inmunidad parlamentaria y el antejuicio para altas autoridades del Estado. También ha hecho lo propio el expresidente del Tribunal Constitucional (TC) Ós­car Urbiola. En sus cartas, los cuatro expresan las ra­zones de peso que motivan su alejamiento.

Landa, expresidente del TC, advierte que la deci­sión tomada por el Congreso “es una grave involu­ción al fortalecimiento de nuestra democracia repre­sentativa en la lucha contra la corrupción política”. De veras que eso resulta grave para la salud de nues­tro sistema democráti­co, máxime cuando la pandemia del Covid-19 llegó al Perú justo cuan­do se venía librando una lucha sin cuartel contra la corrupción rampante enquistada hasta en las altas esferas de los pode­res del Estado.

Por su parte, el tam­bién expresidente del TC Óscar Urbiola, en carta enviada al presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade, seña­la que en su condición de expresidente del TC y ex magistrado no puede avalar estos hechos con su pre­sencia en el consejo consultivo. Advierte en su carta, además, que la decisión del Congreso altera las bases del sistema democrático que se basa en la división de poderes y el sistema de pesos y contra pesos.

En tanto, el constitucionalista Javier de Belaunde sostiene que la reciente aprobación de esa reforma constitucional contraviene los parámetros básicos de una debida deliberación, y eso supone una grave afectación a los principios constitucionales de demo­cracia, gobernabilidad, balance y control de poderes. Por todas las razones esgrimidas por los constitucio­nalistas al dimitir al consejo consultivo, el Congreso debe dar marcha atrás y dejar sin efecto, en segunda votación, esa reforma constitucional que en verdad no reforma sino deforma nuestra Carta Magna.

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