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Editorial

Jalados en Urbanidad

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Editorial Diario UNO

Los estudiantes de hoy no saben que, en el siglo pasado, existía un curso de media que se llamaba Urbanidad, en el que se enseñaban valores y las formas de convivencia cordial y solidaria con toda la sociedad. Salir jalado en Urbanidad era todo un problema.

En la actualidad, a los países también los examinan en urbanidad. No lo hace un profesor sino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano del sistema interamericano, que se aboca a señalar y proscribir las conductas políticas censurables y/o, en extremo, las violaciones de las libertades y derechos ciudadanos.

Pues bien, la CIDH nos acaba de poner una nota en rojo en el cuaderno debido a los cavernícolas «actos de hostigamiento contra autoridades electorales y personas que participan en la vida pública en el Perú» y ha expresado su alarma «ante reportes sobre la difusión de discursos estigmatizantes que alientan a la discriminación». De hecho, solo puede atribuirse a antisociales, «barras bravas», el haber planificado, financiado y ejecutado actos de agresión a los hogares de autoridades y periodistas independientes. Así como de hostigamiento digital, conocido como “doxing”, consistente en la divulgación de información personal confidencial con fines intimidatorios o extorsivos.

Este tipo de denuncias solo se registran en países en situación de subdesarrollo político. Peor aún, es que sea púbico y notorio que estos actos hayan sido protagonizados por militantes y afines del partido Fuerza Popular que se autodesigna como «guardián de la democracia».

De otro lado, la CIDH ha quedado horrorizada al conocer informes sobre el resurgimiento de la discriminación social como elemento de la política, dirigida en contra de los «cholos» o «serranos», asignándole la condición de «brutos» o «ignorantes», por el solo hecho de que zonas enteras del Perú profundo han votado masivamente por el profesor Pedro Castillo.

La comisión ha llamado al Estado peruano «a observar sus obligaciones internacionales relacionadas con la prevención, investigación y sanción de tales hechos, ocurridos después de la segunda vuelta.

De taquito, la CIDH ha concluido que el desarrollo del proceso electoral ha sido calificado como positivo por las distintas misiones de observación electoral que la acompañaron Mas claro, ni el agua.

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Editorial

La doble (o triple moral)

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Editorial Diario UNO

El actual descrédito de la política, en general, se debe a su alejamiento de los valores éticos que la inspiraron y acompañaron los siglos XIX y XX. Luego, los intereses económicos la penetraron hasta hacerla casi irreconocible y convertirla hoy en sinónimo de engaño cuando no de corrupción. En el Perú lo vemos todos los días.

El rechazo a la nominación de Guido Bellido Ugarte como presidente del Consejo de Ministros, que ha expresado la mayoría de los medios de comunicación y de las organizaciones políticas, es una muestra palpable de ello; porque ese rechazo (o, ahora también, apoyo) no responde a cuestiones principistas sino a simples conveniencias.

De un lado se dice, que Bellido Ugarte es proterrorista y también que está mencionado en la investigación de «Los Dinámicos del Centro». Las supuestas pruebas de su apología al terrorismo es un comentario en el que expresa su admiración por la terrorista Edith Lagos, pero admirar a alguien no lo hace culpable de sus crímenes. Si no, se tendría que juzgar a los admiradores de Hitler o Stalin, quienes ejecutaron políticas de exterminio masivo, o de Roosevelt que construyó las bombas nucleares que Truman hizo estallar en Japón. Las admiraciones personales no son penalizadas en ninguna parte del mundo. De otro lado, se argumenta que, como Bellido fue mencionado en un audio, es parte de la red criminal de Junín. Pero en el audio no se le escucha participar de ninguna activa ilícita, sino ser requerido para apoyar el pago de la reparación civil de Vladimir Cerrón. Eso tampoco es delito en ninguna parte del mundo. En realidad, lo que se trata es de entorpecer la aplicación de las políticas anunciadas por Pedro Castillo, negándole la confianza al gabinete Bellido, por conveniencia de los opositores que esperan aumentar, de esta manera, su predicamento en la ciudadanía.

Esta no es la única posición frente al gabinete. Otro sector, dizque más inteligente, propone aprobar la confianza, pero no porque crea en la competencia de los ministros o en las bondades de su propuesta, sino porque piensa que la gestión de Bellido será desastrosa y que hundirá al gobierno. También pura conveniencia, pero de otro signo.

En resumen, para unos Bellido es un mal jefe de gabinete por principio, aunque no puedan argumentar sólidamente el porqué, y por eso lo reprueban; mientras que para otros también es malo, pero lo aprueban porque piensan que eso perjudicará a Castillo. Ejemplo de limpieza política.

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Editorial

El primer poder

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Editorial Diario UNO

En 1963, después de que Fernando Belaunde Terry ganara la presidencia de la República y que la coalición APRA-UNO se convirtiera en la bancada parlamentaria mayoritaria, Victor Raul Haya de la Torre lanzó la idea de que el Congreso era “el primer poder” del Estado.

Esta tesis contrariaba el planteo del barón Louis de Montesquieu sobre la división y equilibrio de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; pero sirvió para justificar una oposición tan cerrada al reformismo de Belaunde, que acabaría esterilizando. Un logro que dejaría chiquito el obstruccionismo de Keiko Fujimori a PPK más de medio siglo después.

En verdad, el Congreso no es el primer poder sino en los sistemas de gobierno parlamentarios, como en el Reino Unido, que Haya de la Torre conoció directamente. En esas democracias, el jefe de gobierno es el líder de la bancada mayoritaria y, si cae, es reemplazado por el líder de la bancada de oposición. Es decir, el Congreso elige al Ejecutivo.En el Perú no es así, pues el régimen político al estilo de los EE. UU. es presidencialista, y el Congreso tiene la función de legislar, aprobar el presupuesto y fiscalizar. Nuestro modelo constitucional es tan presidencialista que otorga al jefe de Estado la facultad de disolver el Congreso si censura a dos gabinetes.

La precisión viene a cuenta a propósito del bochornoso incidente del 27 de julio, en el que no se dejó ingresar al presidente Francisco Sagasti al recinto del Congreso, cuando fue a devolver la banda presidencial que recibió de ese colegiado. Una manera poco ortodoxa de ejercer la pretendida primacía del Legislativo.

La decisión fue fruto de una “interpretación auténtica” de la ley, por parte de la administración del Congreso, que no solo violento el ordenamiento legal dejando al país sin gobierno por 48 horas, pero además se alejó de la tradicional cortesía de tener a los expresidentes como invitados en los actos de transmisión del mando. Un yerro solo explicable por el desconocimiento de la nueva titular del Congreso o por algún ánimo de desaire al presidente saliente, o por ambas razones.

Errar es humano, pero insistir en el error es necio. Y esto es lo que hemos sentido al escuchar la pretendida justificación de Maria del Carmen Alva sobre el incidente. Mucho más convincente hubiese sido sancionar con el despido al Oficial Mayor, causante del desaguisado. Porque, de continuar así, el Congreso no va a ser el primer sino el último poder del Estado.

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Editorial

La hora de España

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Editorial Diario UNO

José Luis Dicenta

Las recientes elecciones peruanas han puesto en evidencia que son muchos los que sólo valoran la Democracia cuando esta se ajusta a sus convicciones y/o intereses.

Pero la Democracia no es eso. La Democracia empieza por reconocer los valores, las señas de identidad, la ideología de todos los que no piensan como uno. Le dan el mismo valor y le reconocen la misma legitimidad.

Para que haya una convivencia auténtica es esencial el reconocimiento del Otro. Y en Perú se da la circunstancia, como en otros países, de que hay muchos Otros. Y todos deben tener iguales derechos y obligaciones. El reconocimiento del presidente Castillo no debería hacerse al tiempo que se levanta el hacha de guerra contra él y su política, como acaba de hacer la excandidata Fujimori. La democracia auténtica vive y se desarrolla en los vastos espacios del diálogo, del intercambio de opiniones, de la confrontación ideológica. Pero no en los yermos desiertos de las luchas fratricidas, la sangre y la guerra. Así no se construye, sino que se destruye cualquier país. Los españoles sabemos, por desgracia, algo de eso.

El pueblo peruano ha hablado en libertad y ha elegido su presidente. De nada han servido las voces “autorizadas” que anticipaban la derrota de Castillo y se negaban luego a aceptar su victoria, ni los actos de propaganda antiCastillo en el exterior, ni las señales derrotistas lanzadas a los mercados internacionales. La soberanía del pueblo está por encima de todo eso.

Y ahora, al levantarse el telón, empieza lo verdaderamente difícil: la tarea de gobernar para todos a fin de conseguir que todos los peruanos se sientan parte de la Sociedad y de la Economía peruanas, el ímprobo trabajo de ajustar un programa de gobierno a las reales necesidades de un país con graves deficiencias de integración en todos los órdenes. E iniciar un proceso de eliminación de las desigualdades y las corruptelas.

Es una tarea que difícilmente puede llevar a cabo un país en solitario. Sería deseable que España hiciera acto de presencia en ese despliegue de oportunidades. Porque somos parte de los Otros. Una parte muy especial porque tenemos una importante parte de la culpa y la responsabilidad por los errores cometidos en el pasado de la historia peruana. Y tenemos también la obligación de enderezar los entuertos hablándonos de tú a tú, en la misma lengua.

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