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Editorial

Inseguridad y corrupción

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El Perú es el país con la mayor inseguridad ciudadana de América Latina. Todos los días ocurren asaltos y asesinatos.

Según una encuesta del Barómetro de las Américas del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) realizó un estudio en 28 países de América Latina entre enero del 2013 y febrero del 2014 y desveló la triste realidad, Perú ocupa el primer lugar en inseguridad pues 30.6% de personas aseguraron haber sido víctimas de la delincuencia.

En el segundo lugar está Ecuador con 27.5% y le sigue Argentina con 24.4%. Estos resultados son las más resaltantes en comparativa con experiencias como crímenes, inseguridad, economía y corrupción en la región.

El sondeo señala los tipos de delincuencia más comunes en nuestro país : robo al paso (32%), robo seguido de amenazas (19%), robo a mano armada (18%), robo de viviendas (12%), robo seguido de extorsión (8%). Increíblemente solo el 15% de las denuncias por estos casos son resueltos eficazmente por la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y cabe resaltar que las personas son de alto poder económico, político o mediático.

De esta grave situación son conscientes todos los ciudadanos de a pie, que no tienen el privilegio de contar con seguridad pagada por el Estado como los congresistas y otros funcionarios públicos.

Por eso es que los colectivos ciudadanos han sido los primeros en rechazar con vehemencia la posición de algunos congresistas que cuestionan la norma dictada por el gobierno facultando a la policía a localizar los teléfonos móviles de los delincuentes.

Una vez más a los políticos que están en el Congreso, con contadas excepciones, solo les interesa resolver sus problemas personales y de sus respectivos grupos políticos.

Avalar las medidas del gobierno contra el crimen organizado no significa que estemos al lado del oficialismo. Como medio de prensa criticamos todos los días otras acciones del régimen que afectan los intereses del país y las medidas antilaborales que golpean a millones de trabajadores

Otro problema a resolver en nuestro país, según la misma encuesta, son los desaciertos económicos y los actos de corrupción del Estado pues 9 de cada 10 encuestado afirmó que está generalizado en el aparato burocrático.

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Editorial

Un poco de sentido común

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Los nuevos focos de contagio del Covid-19 han saltado de los mercados de abastos a los para­deros del transporte público, pero el Gobierno al parecer no da una en el clavo, si del servicio urbano de pasajeros se trata. Ocurre que ni bien em­pezó la llamada Fase 3 de la reactivación económica volvimos a ver aglomeración de personas en las esta­ciones del Metropolitano y hasta en todas las esqui­nas donde las combis y todos los buses informales se detienen a recoger pasajeros; es decir, hemos vuelto a la normalidad.

¿Es acaso que todos los expertos, cómodamente instalados alrededor de una amplia mesa de trabajo, no pudieron prever lo que iba a ocurrir ni bien se rei­nicie la mayor parte de las actividades económicas? Vivimos en un país donde más del 70% de los pues­tos de trabajo son informales y, por supuestos, que el transporte público no es ajeno a esa realidad. No era muy difícil, entonces, saber que para que los pasajeros no vayan apiñados, como es costumbre en el Perú, en los buses se requeriría o bien más unidades o disponer de horarios es­calonados.

Representantes de la OMS han advertido que esta situación va en con­tra de la disposición de mantener la distancia social. Para solucionarlo, básicamente, hacen tres re­comendaciones: aumentar el número de unidades, con mayor frecuencia, menos gente y flexibilizar los horarios de trabajo. Si bien es cierto que esto último dependería más de las empresas y del tipo de labor que realicen, también es verdad que el Gobierno po­dría disponer horarios escalonados para las diferentes actividades económicas y hasta educativas. No es no­vedad porque ya se ha hecho hace muchos años con buenos resultados.

No tiene sentido que trabajadores y estudiantes pugnen por subir a las unidades del transporte pú­blico. Hay que recordar que antes los escolares eran dejados en los paraderos simplemente porque a los choferes no se les daba la gana de parar porque los niños no pagaban pasaje completo. Todo eso quedó re­suelto con el escalonamiento de horarios, con mayor razón debería implementarse ahora por el tema de la pandemia del Covid-19. Todo es cuestión de tener un poco de sentido común, lo cual es algo que cada día se ve menos en nuestro país.

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Editorial

Reactivación con precaución

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El presidente Martín Vizcarra ha adelantado que los días lunes 27 y miércoles 29 de julio se­rán declarados laborables en el ámbito nacio­nal y solo el martes 28 de julio, día central de nuestro aniversario patrio, será considerado feriado. La medida es razonable por cuanto la economía se ha visto seriamente afectada por la pandemia de Covid- 19, y en vista que no es posible realizar la Gran Parada y Desfile Militar porque debe evitarse aglomeración de personas. Las normas correspondientes deben estar publicándose en los próximos días.

Esta medida, además, es acorde con el reclamo de empresarios y comerciantes que han venido pidiendo al Gobierno la reapertura de empresas y negocios por­que es difícil seguir sosteniendo no solo las planillas sino también el pago de alquileres de los locales co­merciales. Al respecto, tras advertir que hemos estado mucho tiempo con la economía paralizada, el jefe de Estado ha manifestado que en este mes de julio se va a poner todo el es­fuerzo para generar más trabajo y por eso nece­sitamos aprovecharlo al máximo.

El problema del coro­navirus ha afectado eco­nómicamente a amplios sectores de la población debido a que un 72% la­bora en la informalidad y, partiendo desde ese punto de vista, era necesario comenzar a reactivar la economía. No obstante, como las empresas y el comercio no son islas ni entelequias ha sido casi imposible reabrir por etapas. Una empre­sa necesita de las otras para la adquisición de insumos y para el transporte de las mercaderías. Sin embargo, todo esto se justifica únicamente por la necesidad de preservar los puestos de trabajo.

Ojalá que el Gobierno sepa cumplir también con su obligación de preservar la salud y la vida de las per­sonas. Las autoridades deben mantenerse vigilantes de la evolución de la curva de contagios, habida cuen­ta que nuestro precario sistema de salud está prácti­camente colapsado. Al parecer, vendría registrándose un aumento de nuevos casos desde el 1 de julio y las autoridades deben estar en permanente alerta para corregir lo que sea necesario a fin de que no se incre­mente el número de fallecidos. Reactivación sí, pero con precaución.

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Editorial

La nueva normalidad

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Si hay alguna lección que debería quedarnos de esta terrible pandemia que nos ha tocado vivir a las generaciones actuales, es que el Estado debe en­cargarse de la salud y la educación de todos los pe­ruanos. Hay tareas a las que no debe renunciar; verbigra­cia, ocuparse de mantener la infraestructura hospitalaria convenientemente dispuesta para atender a todos. Si hay alguien que quiere pagar a una clínica privada y tiene los medios para hacerlo, pues bien por él, pero los hospitales del Minsa deben tener los recursos necesarios para no co­lapsar en caso de una emergencia sanitaria o catástrofe.

Lo mismo debería de ocurrir con la educación. Es el Estado el llamado a sostener las escuelas públicas para brindar la enseñanza de calidad, sin que se establezca una diferencia entre la educación estatal y la privada. Los ni­ños que asisten a las escuelas públicas deben tener acceso a una educación tan igual como la que se imparte en los colegios privados. Ya se venía hablando de este tema antes de que llegara el virus del Covid-19. Corresponde al Go­bierno aprobar las políticas necesarias para que el país cuente con una educación de calidad, máxime en es­tos tiempos de cambios.

Los presupuestos tan­to de salud como de educa­ción no deberían ser consi­derados como gastos, sino como una inversión que redundará en beneficio del país. Personas que tienen asistencia médica oportu­na no tendrán que dejar de trabajar por encontrarse postradas en cama, por lo tanto producirán mejor y contribuirán con sus impuestos a la recaudación fiscal. De la misma manera, los ciudadanos mejor instruidos podrán aportar más en sus centros de la­bores; producirán más y nunca les faltará trabajo porque se harán necesarios.

El Estado no tendría que mantener a un ejército de des­ocupados y, por el contrario vería mejorar la recaudación. Sin embargo, nuestros gobiernos se han caracterizado por no invertir en formar mejores personas. Siempre hemos vivido el momento, el boom del guano y el salitre, el boom del caucho, los altos precios de los minerales, etc. Lo peor de todo es que los sucesivos gobiernos han pensado que eso no se iba a acabar nunca y no se han preocupado de mejorar la recaudación para que el Estado pueda atender los sectores estratégicos. A ver si ahora aprendemos algo de toda esta tragedia que está terminando de minar la eco­nomía del país.

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