El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima, lanzó una campaña informativa y de sensibilización contra los tramitadores que generan falsas expectativas a la ciudadanía, prometiendo “eliminar” papeletas por infracciones de tránsito a cambio de cobros indebidos.

La actividad, denominada “No a los tramitadores”, se inició hoy con un evento artístico simbólico en la sede central de la entidad recaudadora, ubicada en el Cercado de Lima, desde donde se hizo un llamado a la población a no dejarse sorprender por tramitadores, que incitan a atentar contra la legalidad de los procesos administrativos y la seguridad jurídica.

Portando banderolas y volantes, los orientadores y artistas convocados por el SAT recordaron a la ciudadanía que tienen a su alcance los formatos que requieren para realizar sus trámites por imposición de papeletas, impugnación de multas, así como liberación de vehículos internados en depósitos, entre otros.

De igual forma, se realizó una representación teatral para usuarios y transeúntes, a quienes se les transmitió los siguientes mensajes: “El SAT no trabaja con tramitadores”, “Todas tus consultas son atendidas por nuestros orientadores” y “Si es víctima de estafa, denúncielos. No sea cómplice de algún ilícito penal”.

Se explicó que en las agencias del SAT, así como en el portal web institucional www.sat.gob.pe, se encuentran disponibles, de manera gratuita, los formatos de solicitud de prescripción, solicitud de devolución y/o compensación, solicitud de verificación de datos y devolución de documentos, que tienen carácter de declaración jurada en materia de multas de tránsito y multas de transporte urbano. Cabe precisar que el tiempo de atención se reduce cuando la solicitud es presentada por el interesado directo.

La presentación de estos documentos ante las diversas agencias y depósitos es gratuita, por lo que se recuerda a la ciudadanía que los tramitadores no pertenecen al SAT.

Esta campaña informativa se replicará el próximo jueves 23 en la sede central de la entidad, así como el jueves 31 de enero en la Agencia Argentina (Av. Argentina N°2926 – Cercado de Lima), por lo cual, se invita a la población a presenciar esta gran campaña de sensibilización. La ciudadanía cuenta con diversos canales de atención gratuitos para absolver dudas y consultas, sin necesidad de intermediarios. Pueden llamar al Aló SAT al 3152400, escribir al WhatSAT 999 431 111, o mediante un correo a asuservicio@sat.gob.pe. Para conocer las direcciones de los locales de la entidad, ingrese en el siguiente enlace https://www.sat.gob.pe/websitev9/Contactenos/AgenciasSAT.

Con el objetivo de promover que las personas adultas mayores no tengan dificultades, en especial, las que presenten algún tipo de discapacidad, para cobrar sus pensiones (jubilación, viudez, invalidez u otros) y/o subvenciones como Pensión 65 y otros programas sociales, o la devolución de sus aportes del FONAVI, desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se iniciarán acciones de difusión sobre la opción de contar con personas de apoyo que puedan ayudarlos a realizar estas gestiones.

En el caso que la persona adulta mayor no pueda expresar su voluntad, otra persona de su familia, o quien la tiene bajo su cuidado o la directora del Centro de Atención a Personas Adultas Mayores (CEAPAM) de la localidad donde reside, podrá solicitar vía notarial ser designada como persona de apoyo.

En ese sentido, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables viene realizando la difusión sobre estas y otras normativas vinculadas a la voluntad de contar con personas de apoyo para el cobro de sus beneficios y el uso adecuado que estas les brindan, a través de rendiciones de cuenta, priorizando la atención en salud, vivienda, alimentación, recreación y seguridad de los/as adultos/as mediante mecanismo denominados salvaguardias previsto en el D.S. N° 015-2019-MIMP.

La difusión se realiza a nivel nacional a través de actividades de información con las entidades involucradas como bancos, Centro Integral de Atención al Adulto Mayor – CIAMS, MIDIS, FONAVI, gobiernos locales, etc. Así mismo para brindar mayor información al público sobre este tema, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través de la Dirección de Personas Adultas Mayores DIPAM, pone a disposición el correo: dipamciam@mimp.gob.pe

¿Debe ir a la cárcel una persona que golpea o insulta a un policía durante una intervención? ¿Este hecho es un delito o una falta? Más de 2 mil agresiones a policías se han registrado desde el 2016 generando el reclamo de las autoridades policiales que piden un castigo ejemplar para los autores. Diario UNO conversó con el abogado penalista Iván Torres La Torre quien también es presidente del Instituto Peruano Argentino de Derecho Penal (IPADEP) sobre este polémico tema.

—El defensor de la Policía ha pedido que los jueces se aparten de los acuerdos de un plenario de la Corte Suprema para que las agresiones a los policías puedan considerarse como delitos. ¿Qué dice el Código Penal sobre estos hechos?

—El delito de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones se regula en el artículo 366 del Código Penal con las agravantes contenidas en el artículo 367°.

La intimidación o violencia contra un efectivo policial, prestándole resistencia para impedir o trabar el cumplimiento de un acto propio de sus funciones es considerada como una forma agravada del delito con una pena de 4 a 8 años de prisión según el Código Penal.

Este tipo penal ha sufrido sucesivas reformas con tendencia a la agravación de las penas. Sin embargo, el acuerdo Plenario Extraordinario 1-2016 de la Corte Suprema de Justicia ha sido de la opinión, que el incremento de las penas para este delito ha tenido una tendencia a “sobrecriminalizar” la conducta, generando una “desproporcionalidad” de la pena en razón a las circunstancias concretas y de los hechos.

En este punto, los Magistrados Supremos hacen una diferencia entre las formas severas de agresión y los “actos menores de resistencia”, tales como insultos, gritos, bofetadas o similares que han sido configurados como injurias o faltas contra la persona. En conclusión, la Corte Suprema ha recurrido a la proporcionalidad del ataque para aplicar la pena.

—Recientemente una mujer mordió y golpeó a un policía durante una intervención y quedó libre. ¿Qué dice la ley al respecto?

—El acuerdo Plenario ha interpretado la legislación en función a la relevancia y punibilidad de estas agresiones consideradas como “menores”, determinando que, en estos casos, la pena por este tipo de agresiones no podrá sobrepasar la pena mínima fijada para los delitos de lesiones leves, contemplada en el artículo 122 inciso 3 del Código Penal y que en ningún caso será mayor de tres años de pena privativa de libertad.

—En casos pasados de agresiones verbales y físicas a los policías, los autores han sido procesados en libertad ¿Cree Ud. que con esto se afecta el principio de autoridad?

—En este aspecto específico considero que debe establecerse una diferencia entre la pena a imponerse por el delito cometido y la forma en cómo el acusado enfrentará el proceso.

Es importante recordar que la prisión preventiva es una medida procesal que busca asegurar la presencia del acusado para que no eluda la acción de la justicia y solo resulta aplicable cuando concurren determinados requisitos, entre ellos que el delito cometido esté tipificado en el Código Penal con una pena mayor a cuatro años.

De esta forma, si conforme al Acuerdo Plenario, estas agresiones a policías no pueden sancionarse con penas mayores de tres años, entonces ya no se cumple uno de los requisitos exigidos para la prisión preventiva.

Y algo más, tampoco se debe perder de vista que, por ejemplo, conducir un vehículo en estado de ebriedad configura delito de peligro común, cuya pena puede llegar hasta 8 años de prisión se causa lesiones o muerte de terceras personas.

—¿Qué pueden hacer las autoridades para superar este problema?

—En la práctica, no es que la conducta se haya despenalizado, sino que se ha establecido una diferencia entre agresiones de mayor relevancia y actos de resistencia de menor trascendencia, a criterio de los Magistrados de la Corte Suprema de la República. Sin embargo, considero que el problema no radica en cómo se tipifica el delito sino en el hecho de si con esta medida se mantiene el respeto al principio de autoridad.

—La Policía es mal vista por la población por actos de corrupción que cometen sus integrantes. ¿Esto contribuye a estas agresiones?

—Considero que no sería correcto justificar este tipo de conductas de agresión reprochables desde todo punto de vista, con los actos de corrupción que puedan cometer malos elementos policiales.

El problema es la grave crisis de valores por la que atraviesa la sociedad peruana, que ha generado el deterioro del principio de autoridad y de respeto a la institución policial. Se debe trabajar en recuperar el principio de autoridad y que la Policía Nacional sea respaldada en su lucha diaria contra la delincuencia y a favor de la seguridad ciudadana.

Sin embargo, no debemos dejar de focalizarnos en el verdadero problema que es el acto de violencia o resistencia a las órdenes o requerimientos de una autoridad, sin perjuicio de las lesiones. No se debe solo penalizar la acción física sino el quebrantamiento del respeto a la autoridad.

—Silvana Buscaglia fue condenada a 6 años y 8 meses de prisión por golpear a un policía el 2015 pero fue indultada por el expresidente Ollanta Humala. ¿Procedía el indulto en ese caso?

—En primer lugar, esa conducta fue realizada antes del Acuerdo Plenario y en segundo lugar, el indulto es una prerrogativa presidencial, que si bien es cierto se presta a muchos cuestionamientos por algunas malas prácticas, no puede negarse que es una facultad constitucionalmente concedida al Presidente de la República.

ALEJANDRO ARTEAGA