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Editorial

Impostura al desnudo

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La súbita tranquilidad en la que parecen entrar las fuerzas políticas tradicionales que promovieron y consiguieron censurar a la primera ministra Ana Jara y su gabinete, ante la falta de capacidad y de consistencia política y el aislamiento del gobierno de sus aliados naturales y potenciales, no se debe solo a las palabras de distensión y las promesas de cambio de estilo del nuevo primer ministro, ni al hecho de que, conseguido el objetivo de defenestrar a la premier y asestarle su mayor derrota al Ejecutivo, han hecho catarsis y entrado en una etapa de disfrute de su victoria.

El cambio de tono de los representantes de los partidos del crimen y la corrupción es notorio y no se debe solo a los factores citados, que pueden existir, sino también en el cálculo que trasluce el mensaje de uno de los jefes de esas fuerzas, que anuncia que se mantendrá expectante, dejando de lado la rabiosa beligerancia de sus representantes e incondicionales.

Pero, además, se debe a esa especie de llamado al orden de los gremios empresariales y de grandes hombres de negocios, locales y extranjeros, que consideran que sus intereses y sus lucrativas operaciones pueden verse afectadas si la situación política sigue tensándose llegando al extremo de cerrarse todos los caminos de entendimiento y concertación y la situación se descontrolara hasta situaciones como una segunda censura al gabinete ministerial, a lo que podría sobrevenir el cierre del Parlamento y un confrontación de consecuencias impredecibles.

Siendo esos los intereses a los que sirven los citados partidos, estos saben que pueden jugar a la esgrima de la oposición, pero solo hasta el punto de disimular que en las políticas de fondo, las económicas de corte neoliberal, están plenamente de acuerdo con la conducción gubernamental, sin llevar la situación a la exacerbación y el desorden que arruine los negocios.

El problema, como la historia ha demostrado, es que esas reglas sean rotas por las desmedidas ambiciones electorales de quienes encabezan al partido del crimen y la cleptocracia y al de la corrupción y la impunidad, y en nombre de esos apetitos, embistan sin medir las consecuencias si es que consideran que así pueden obtener réditos políticos.

En tal caso, serán inútiles los llamados a facilitar una transición democrática serena y ordenada al nuevo gobierno que el pueblo elegirá el próximo año, y a una convivencia civilizada entre las fuerzas políticas y quedaremos expuestos a los caprichos, la codicia y la irresponsabilidad de quienes tanto daño le han hecho al país cuando lo gobernaron.

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Editorial

¿Tráfico de oxigeno?

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El doctor Elmer Huerta ha expresado su preocu­pación por lo que ha calificado como “tráfico de oxígeno”. Ha dicho que se está traficando con el oxígeno medicinal que es esencial para salvarles la vida a pacientes contagiados por Covid-19 y que se en­cuentran en situación crítica. En efecto, los familiares de pacientes cuya vida depende de ese elemento vital están pasando un verdadero vía crucis para conseguir oxígeno medicinal. El precio del balón y el equipo completo resul­ta inaccesible para las personas de escasos recursos, igual­mente la recarga, por la que se forman largas colas desde la madrugada.

El referido galeno considera que esta situación no debe dejarse pasar porque el oxígeno medicinal no es una droga con la cual lucran los traficantes. Aquí está en juego la vida de muchos pacientes afectados por el coronavirus y las autoridades deberían poner coto a la especulación, al negociado que algunos se permiten a costa de la nece­sidad de gente humilde que no tiene los medios econó­micos para recargar un ba­lón de oxígeno medicinal y mucho menos adquirir los necesarios, pero costosos balones y equipos.

Hasta el momento, el Gobierno no ha dicho esta boca es mía en relación a este tema. Sin embargo, ya es hora que haya un pro­nunciamiento y una solu­ción. No se puede dejar a su suerte a muchas familias que están pasando las de “Caín” para conseguir un balón de oxígeno medicinal con la finalidad de salvarles la vida a sus pacientes. Las autori­dades no deben permitir que unos pocos sigan traficando con la necesidad de las personas más vulnerables. Son de conocimiento público las denuncias periodísticas de que conseguir un balón de oxígeno puede costar entre 5 mil y 6 mil soles.

Este sufrimiento que tienen que soportar diariamente muchas personas se agrava por la falta de camas en los hospitales públicos. Debido a ello muchos pacientes no son recibidos en los nosocomios y si por casualidad se con­sigue una cama, no se cuenta con punto de oxígeno; en ambos casos el enfermo está condenado a ser confinado en su propia casa, donde la familia tiene que pagar a un técnico para que le deje instalado el balón de oxígeno que previamente han tenido que adquirir pagando elevados precios. Estamos en emergencia y el Gobierno no debe permitir la especulación, especialmente cuando la vida de mucha gente pende de un hilo o, mejor dicho, de un balón de oxígeno.

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Editorial

Algunas medidas deben corregirse

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El presidente de la República, Martín Vizcarra, y el titular de la PCM, Vicente Zeballos, encabeza­ron una nueva sesión del Consejo de Ministros, donde se evaluó las medidas adoptadas y accio­nes del Ejecutivo en el marco del Estado de Emergen­cia por el covid-19. Sin embargo, el Gobierno debería escuchar también otras voces. Por ejemplo, un médico que declaró en la televisión que ahora hay 26 niños con coronavirus, y que además ya hay un caso confirmado del síndrome de Kawasaki y otros dos niños en evalua­ción. Los médicos piensan que ese síndrome tiene que ver con el Covid-19.

De otro lado, se sabe por versión de los bomberos que unos 3,000 accidentes de tránsito se han registrado en nuestra capital debido a fallas mecánica. No es raro que ello esté sucediendo por cuanto los vehículos no están pasando revisiones técnicas a raíz de las medidas dispuestas por el Gobierno para contener la pandemia del coronavirus. Los talleres mecánicos no están fun­cionando ni tampoco hay dónde comprar repuestos automotrices. Las plantas de revisiones técnicas no pueden operar todavía.

Por su parte, poblado­res de las partes altas de los cerros están organizan­do ollas comunes porque no reciben las anunciadas canastas que deberían entregar los municipios, tampoco son elegibles para la entrega de los diferentes programas de ayuda económica dispuesta por el Estado. No están empadro­nados y peor aún si se trata de llegar a ellos con bolsas o canastas de víveres, pues al parecer nadie se anima a cargarlas hasta esas zonas. Bastaría echar un vistazo a algún noticiero matutino para darse cuenta de esta realidad.

Una vez hecho ese ejercicio, el Consejo de Ministros podría evaluar si fue acertada o no la disposición de in­centivar que los niños salgan de casa antes de que pase lo peor de la pandemia. También podrían los ministros determinar si ya será hora de permitir que funcionen talleres automotrices, casas de repuestos y plantas de revisiones técnicas. Quizá se dispondría una mejor forma de hacer llegar la ayuda económica y canastas o bolsas con víveres para atender a las poblaciones más vulnerables. Ojalá, pues, el Gobierno y sus asesores se pongan las pilas corrigiendo algunas medidas que al parecer no estarían funcionando y deben corregirse.

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Editorial

Hay que atacar la informalidad

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La exministra de Salud y epidemióloga de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Patricia García, dijo que el incremento del número de contagios por Covid-19 en nuestro país se debe básicamente a que ahora se rea¬liza un mayor número de test para detectar el virus, lo que nos ha convertido en la nación que más muestras realiza en el continente, superando incluso a Brasil, que tiene seis veces más población peruana, pero también el segundo que mayor contagios reporta. Esa apreciación no es del todo exacta, pues si se detecta más casos es porque hay más personas enfermas, de lo contrario los test no darían positivo.

En efecto, pero como reza un antiguo dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. En reiteradas oportunidades nos hemos referido desde esta columna a la informalidad como un mal endémico de nuestro país. Una especie de cán¬cer que no corroe todo y les juega en contra a todos los pe¬ruanos. Esa es la verdad de la milanesa. Los centros de abasto informales son focos de contagio; también lo son las unidades de transporte informal. Las viviendas levantadas por auto¬construcción también pueden ser focos de contagio al carecer de servicios básicos de agua y desagüe; peor si no cuentan con energía eléctrica porque al no poder congelar los ali¬mentos alguien de la familia tendrá que ir todos los días al mercado.

Hay más. Muchos centros de labores han nacido de la informalidad. No olvidemos las muertes ocurridas en la galería Nicolini, de la aveni¬da Argentina, donde jóvenes peruanos laboraban en con¬diciones de esclavitud, ence¬rrados con llave en contenedores sin que la autoridad de Tra¬bajo los fiscalice. Allí, esos infortunados jóvenes regrababan las etiquetas de tubos fluorescentes a cambio de una propina. Otros peruanos se inventan su fuente de trabajo reciclando botellas de plástico que sacan de la basura en horas de la no¬che. Todo eso existe en nuestro país y es allí donde la epidemia sigue avanzando sin que las medidas del Gobierno logren dar los resultados esperados.

Lo que habría evitado un avance tan rápido del contagio por el nuevo coronavirus es una buena distribución de las ca-nastas de víveres a las familias más vulnerables y una efectiva entrega de los bonos de la anunciada ayuda económica del Estado para que esas personas no tengan que salir a buscar el pan de cada día para alimentar a los suyos. Una forma de que esta ayuda del Estado llegue efectivamente a las personas indicadas sería cuentas en entidades bancarias para que el di¬nero pueda ser retirado sin necesidad de hacer interminables colas en los bancos. Hay otras formas, claro, como la billete¬ra electrónica y muchas otras. Ojalá que el Gobierno pueda replantear y corregir esta situación, pues de lo contrario los servicios de salud no podrán atender a todos.

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