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Política

Golpe en Bolivia: la barbarie armada, de nuevo

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Conflictos sociales en Bolivia golpe de estado

“Quiero decirles, para que sepa la prensa internacional, a los primeros aymaras, quechuas que aprendieron a leer y escribir, les sacaron los ojos, cortaron las manos para que nunca más aprendan a leer, escribir. Hemos sido sometidos, ahora estamos buscando cómo resolver ese problema histórico, no con venganzas, no somos rencorosos.

Y quiero decirles sobre todo a los hermanos indígenas de América concentrados acá en Bolivia: la campaña de 500 años de resistencia indígena-negro-popular no ha sido en vano; la campaña de 500 años de resistencia indígena popular empezada el año 1988, 1989, no ha sido en vano”.

Evo Morales, 22 de enero de 2006 al asumir por primera vez la presidencia.

El presidente Evo Morales y su vice Álvaro García Linera dieron una lección de conducta y templanza, envuelta en gran oratoria política. Explicaron, pidieron a los golpistas que cesaran con la violencia . No gritaron, no sobreactuaron. Parecía que no querían terminar de hablar, de argumentar, de persuadir aun ese momento extremo, aciago, injusto. El discurso de Evo, como el último del presidente chileno Salvador Allende en septiembre de 1973, deberá reiterarse y honrarse a través del tiempo. También valdrá la pena repasar el que dijera al asumir. Recordado hoy genera congoja y rabia aunque también debe valer para enaltecer al mejor presidente de la historia de Bolivia. Al autodidacta que supo capacitarse, que mejoró todos los indicadores de la economía de su país e implementó políticas sociales y educativas jamás vistas en su país. Los avances producidos por las gestiones de Evo se pueden cuantificar, son apabullantes cotejados con los desempeños de quienes los precedieron en el poder.

El dirigente cocalero y un compañero blanco, educado, académico de primer nivel eran, convengamos, demasiado para la derecha que predomina en el planeta.

Agreguemos otro dato duro, en doble acepción. En pocos años se sucedieron golpes de estado en Paraguay, Brasil y ahora Bolivia. El más reciente llega desnudo de disfraz institucional. No hay juicio político exprés como contra el ex presidente paraguayo Fernando Lugo ni impeachment fundado en delitos inexistentes como contra Dilma Rousseff. Hay violencia pura, ataques armados con protagonismo policial y militar, amenazas de muerte, linchamientos, viviendas quemadas, una alcaldesa vejada a niveles inhumanos.

Conflictos sociales en Bolivia golpe de estado

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La Unión Sudamericana de Naciones (Unasur) consiguió frenar un conato similar en septiembre de 2008. Presidentes de toda América del Sur reunidos de arrebato en Chile, lo hicieron. Predominaban los de izquierda o progresistas de distinto tono pero los había de derecha. Una respuesta rápida puso límites a la barbarie. A esa diplomacia presidencial expeditiva y defensora de la democracia llamaría uno “el mundo”. Los presidentes amigos-aliados-iguales de Brasil y Argentina Jair Bolsonaro y Mauricio Macri desmantelaron Unasur, siguiendo directivas del Departamento de Estado.

Unasur congrega a los países del vecindario, Estados Unidos queda afuera. He ahí una de las causas de su eficacia y de sus diferencias con la Organización de Estados Americanos. La OEA desde hace años es un mamarracho. Tiene su sede en Washington desde siempre. Cuesta abajo en la rodada, puso ahí su corazón, su bolsillo. Su presidente Luis Almagro dejó de lado todo decoro. Actuó como ariete del golpismo desde el mismo día de la elección presidencial boliviana. Propuso (casi intimó a) realizar de nuevo los comicios, injerencia que arrasa con la Constitución de Bolivia. Estados Unidos tercerizó-fundó así un nuevo modo de intervención, una variante siglo XXI de imperialismo.

La OEA no se comportó como mediadora sino como una suerte de referí bombero. Evo accedió a que auditaran el escrutinio provisorio, luego a convocar a nuevas elecciones. Concesiones para salvar al sistema. El dictamen de la OEA, capcioso a carta cabal, echó leña al fuego. Habla de irregularidades, asume a regañadientes que Morales puede haber sacado más votos que Carlos Mesa, termina con un sofisma: hay “alta improbabilidad estadística” de un triunfo por más de diez puntos. No firman que no, hipócritas redomados. Ni se atreven a estampar la palabra “fraude”. Hablan de “probabilidad estadística” cuando media conteo de votos. Instigadores y cómplices del golpe… tal vez no se detengan ahí aunque ya consumaron bastante.

Conflictos sociales en Bolivia golpe de estado

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Los golpeadores responsabilizan a las víctimas por sus propios hechos de violencia. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich a Rafael Nahuel por haber provocado su asesinato por la espalda. El presidente Macri a los votantes opositores por el “fracaso” de su política económica. En la derecha y en los que se alinean en el quimérico “extremo centro” se agitan razones para responsabilizar a Morales. Un patrón de pensamiento, un retrato impecable de la cultura hegemónica en el mundo.

Un golpe de Estado sanguinario divide aguas, no deja margen para gambetas cortas o “terceras posiciones”. Los debates acerca de la pureza del proceso electoral son nimios frente a la barbarie racista, a la usurpación, al uso de la fuerza bruta.

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La Argentina limita con Bolivia, cientos de miles de hermanas y hermanos de esa nacionalidad viven acá. Celebraron en las calles cada victoria electoral de Evo. La gobernabilidad en Bolivia, sostenida con sensato y constante apoyo del kirchnerismo, contribuye a la paz social de sus vecinos.

El Gobierno macrista espera órdenes de la Casa Blanca en vez de retomar la histórica postura de los gobiernos democráticos frente a los golpes de Estado. Los “republicanos” argentinos se sacan la máscara por enésima vez.

Las campanas doblan de nuevo en este Sur. Por los humildes de Bolivia, por el gran Evo, por los avances democráticos en su patria y en toda la región.

 

MARIO WAINFELD
Página | 12

Política

Fiscal de la Nación presentó denuncia constitucional contra Becerril

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Fiscal de la Nación presentó denuncia constitucional contra Becerril

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó ante el Congreso dos denuncias constitucionales contra el excongresista de Fuerza Popular (FP) Héctor Becerril, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y organización criminal.

La primera denuncia está referida a un supuesto aprovechamiento del cargo como parlamentario para la gestión de presupuesto para la municipalidad distrital de Aucallama, a cambio de que la comuna cumpla con el pago de una deuda pendiente a una empresa que estaría vinculada a uno de sus hermanos.

La segunda denuncia es por su presunta vinculación con la organización los Temerarios del Crimen, liderada por el exalcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel.

Se le atribuye al exparlamentario fujimorista haber gestionado la asignación presupuestal, que era captada por la organización criminal, a cambio de beneficios patrimoniales como la compra de porcelanato para su vivienda.

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Política

Decisión sobre caso Mercedes Aráoz es un lavado de manos

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Decisión sobre caso Mercedes Aráoz es un lavado de manos

El líder del Frente Amplio, Marco Arana dijo, en ese senti­do, que será el Frente Amplio quien presente la denuncia constitucional respectiva, porque no se puede avalar a los que intentaron dar un golpe de Estado al país.

Lo resolución de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que archiva la denuncia pre­sentada contra la exvicepresi­denta Mercedes Aráoz, es una especie de lavado de manos al ampararse en la decisión del Tribunal Constitucional y señalar que lo de la jura­mentación como presidenta, ocurrida el 30 de septiembre de 2019, es un hecho de sig­nificación política, aseveró Marco Arana, líder del Frente Amplio.

Fue al cuestionar la deci­sión de la titular del Ministe­rio Público que sostiene que no existen méritos para de­sarrollar una investigación preliminar contra Aráoz Fer­nández y refiere que los actos políticos en los que incurrió la entonces vicepresidenta no tuvieron efecto jurídico alguno.

“Hemos recibido la reso­lución del Ministerio Público. Nosotros habíamos esperado que califique la responsabili­dad penal […], pero la resolu­ción de la fiscal dice, ampa­rándose en la resolución del TC, de que este sería un hecho de significación política”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Arana Zegarra cuestionó que el Ministerio Público no haya valorado que en esa jura­mentación se preparó incluso un Mensaje a la Nación, y que hubo un oficio y una comunica­ción notarial al diario El Peruano sobre lo que había decidido el Parlamento.

“No los ha valorado porque son elementos concomitantes. La resolución de la fiscal de la Nación no los ha querido valorar [los elementos que había en el caso]. En realidad, lo que ha he­cho es una especie de lavado de manos [al no abrir investigación]. El Tribunal Constitucional dijo que es un hecho político y ahí lo han dejado”, señaló.

“[…] Llama la atención que para la fiscal de la Nación tal hecho solo sea una especie de conato político, de mal humor político. No es así. Estuvo en pe­ligro la democracia. Recordemos que ellos [los denunciados] in­tentaron llamar incluso a las fuerzas armadas y policiales”, recordó.

FRENTE AMPLIO PRESENTARÁ DENUNCIA

Arana Zegarra dijo, en ese sentido, que será la bancada del Frente Amplio quien presente la denuncia constitucional respec­tiva en este caso. Mencionó que si la propia resolución de la Fis­calía de la Nación “dice que son hechos de naturaleza eminen­temente política”, la instancia que debe hacer esa valoración es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

“[¿El Frente Amplio presenta­rá una acusación constitucional contra Mercedes Aráoz, Pedro Olaechea y la Mesa Directiva y to­dos los congresistas que avalaron la decisión?] Sí. Efectivamente la decisión política es que hay que defender la democracia y hay que investigar y sancionar aque­llos que creen que con algún tipo de poder pueden generar golpes de Estado en el Perú. Ese es un tema fundamental que el Frente Amplio y otras fuerzas políticas debieran valorar para el presente y futuro del país”, remarcó.

“[…] En ese caso, la acusa­ción en realidad no debiera ser solo contra la Mesa Directiva del Congreso, sino contra todos los congresistas que avalaron esos actos ilegales antidemocráticos que, por lo demás, debiera con­ducir a una sanción, y la sanción debería ser una inhabilitación”, expresó.

LA TAREA DEL CONGRESO

Arana Zegarra refirió, fi­nalmente, que el Poder Legis­lativo no debería rehuir a su responsabilidad de proteger al Perú de cualquier “intentona golpista”.

“Es decir, el Congreso actual, con todo lo que podría tener de controvertido, no debiera rehuir su responsabilidad de proteger al país de cualquier intentona golpista que quisieran hacer militares y civiles”, enfatizó.

 

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Política

Por una ley de monitoreo y vigilancia ambiental comunitaria

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Por una ley de monitoreo y vigilancia ambiental comunitaria

Esta semana el Congreso de la República y el Ejecutivo han iniciado nuevamente un enfren­tamiento político muy “conve­niente” para ambos poderes, centrando la atención pública en las reformas que debieron o no hacerse en años pasados y sobre quiénes son los abanderados de la lucha contra la corrupción.

No decimos que estos temas no sean importantes, pero hacerlo en este contexto de la pandemia, en medio de una crisis sanitaria y económica, sin la claridad sobre cómo se garantizará la atención a la salud en las semanas venide­ras, sin siquiera haber contenido la propagación del virus y con hospitales casi colapsados, fran­camente, es muy irresponsable y le hace mucho daño al país.

En medio de esta situación hay algunos avances de apoyo en el sector agrario, se acaba de aprobar el Decreto de Urgencia Nº 082-2020, publicado en el Dia­rio Oficial El Peruano, que dicta “Medidas complementarias des­tinadas al financiamiento de los pequeños productores agrarios del sector agrario para la reduc­ción del impacto del Covid-19 y otras medidas” y que consiste en otorgar “créditos de manera ex­clusiva para capital de trabajo del agricultor, a efecto de garantizar la campaña agrícola 2020-2021, incidiendo en el abastecimiento de alimentos a nivel nacional”.

El fondo asignado es de 2 mil millones de soles y se va a imple­mentar a través del programa de Garantía del Gobierno Nacional para el Financiamiento Agrario Empresarial (FAE-Agro).

Si bien es importante la apro­bación de este fondo, lo que se estaba pidiendo desde los gremios agrarios es un fondo se salvata­je mayor, así como el subsidio a los pequeños agricultores y, sobre todo, la compra directa de su producción por el Estado en sus diferentes niveles para los programas sociales que impulsan y las canastas que se han estado entregando a las poblaciones. Es una primera acción positiva y vamos a ver como se implementa.

De otro lado, se ha retomado la discusión en el Congreso de la Republica en la Comisión de Pue­blos Andinos, Amazónicos y Afro-Peruanos, Ambiente y Ecología, la propuesta de “Ley Marco sobre Monitoreo y Vigilancia Ambiental Indígena y Ciudadana”. La discusión de la norma lleva un poco más de dos semanas en esta Comisión y hay algunos avances al respecto.

Como era previsible la propues­ta legislativa ha generado diversas posiciones y opiniones, como las del Ministerio de Ambiente, de Energía y Minas, de Agricultura, el Organismo de Evaluación y Fis­calización Ambiental (OEFA), y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), entre otros; a la par la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) también ha seña­lado su oposición a la propuesta de ley.

La principal observación de estos sectores es que actualmente ya se reconoce la participación ciudadana en los procesos de monitoreo ambiental a cargo del OEFA y la ANA y que plan­tear una nueva ley implicaría duplicar esta función, entre otras observaciones.

Desde las organizaciones sociales indígenas, los comités de vigilancia ambiental comu­nitaria, y representantes de la sociedad civil se reconoce y valora la importancia de esta norma, y mucho más en este contexto de la pandemia, ya que las denun­cias de las comunidades andinas y amazónicas sobre impactos ambientales en los territorios y cuencas y de modo particular en las zonas extractivas es cada vez más fuerte y es necesario tomar acciones.

De otro lado, sobre las ob­servaciones de los ministerios y la SNMPE, las organizaciones de la sociedad civil han seña­lado que la propuesta de ley no duplica competencias, por el contrario, los complemen­ta y garantiza una real par­ticipación ciudadana. Desde Red Muqui saludamos que se haya retomado esta discusión y creemos que es urgente la aprobación de esta norma porque garantiza una real participación de las pobla­ciones y comunidades para vigilar y proteger su territorio y medio ambiente.

* Jaime Borda / Secretario Eje­cutivo de la Red Muqui

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