Ricardo Milla Toro

Editor Digital de Diario UNO

A pesar del blindaje típico que realizan entre Ministerio del Interior y la PNP, como se vio en los asesinatos de Inti y Bryan en las marchas contra Merino, el peritaje ha confirmado lo que ya se sabía: un policía asesinó a un trabajador agrario.

El Gobierno de Sagasti suma una víctima mortal más en su haber. El responsable político inmediato, como lo reconoció ante el Congreso, es el ministro del Interior, José Elice Navarro; pero, a pesar de ello, no quiere presentar su renuncia. Evidentemente, el responsable político último es el presidente de la República, el liberal del Partido Morado, Francisco Sagasti.

Ante el asesinato de Reynaldo Reyes Ulloa (27), trabajador que manifestaba en el Paro Agrario en La Libertad el pasado 30 de diciembre, el Ministerio Público determinó una investigación y peritaje.

Así, el peritaje balístico del Ministerio Público ha establecido que el suboficial PNP Víctor Bueno Alva fue quien disparó el proyectil que causó la muerte del obrero.

Según el perito balístico forense, Ernesto López Caycho, de la Gerencia de Peritajes del Ministerio Público, el arma que le fue incautada al suboficial Víctor Bueno es compatible con el proyectil extraído del cuerpo de Reynaldo Reyes Ulloa, quien recibió un balazo en el tórax.

El policía Víctor Bueno Alva fue el mismo que hubo sido captado por el fotógrafo Iván Orbegoso cuando disparaba su arma contra los manifestantes.

Cuando Bueno se retiró del lugar, otros efectivos lo escoltaron para protegerlo de los manifestantes, como muestra del espíritu de cuerpo al que están acostumbrado en la PNP para apañar sus crímenes, como lo hicieron el pasado noviembre ante los asesinatos en las marchas contra Merino.

“La pistola automática de 9 milímetros de marca CZ 83 de fabricación checa, de serie A780211m, se encuentra en normal estado de funcionamiento, y según el estudio microscópico comparativo con el proyectil incriminado extraído al occiso Reynaldo Reyes Ulloa, resultó positivo”, señaló el perito en su reporte.

Aún así, a pesar del característico apañamiento institucional percibido por la población de parte de la PNP, la Dirección de Investigación Criminal ya manejaba la hipótesis de que el suboficial Víctor Bueno era el autor de la muerte de Reynaldo Reyes Ulloa. No era muy difícil de determinar, ya que la tabla de tiempo y el lugar donde ambas víctimas fueron ultimadas.

Fue el coronel PNP Víctor Reboredo Farfán quien dirigió el equipo especial de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri que llegó a esa hipótesis ahora corroborada por le peritaje balístico.

Cuando este equipo especial de la Dirincri llegó a la provincia de Virú, tomaron contacto con el suboficial Víctor Bueno, lo entrevistaron y, como parte de las pesquisas correspondientes, le incautaron su arma. Esta habría sido aquella con la que habría disparado a Reyes Ulloa y que fue capturado en su momento por el reportero gráfico Iván Orbegozo.

Bueno estaba vestido de civil y con chaleco antibalas, pese a la prohibición de usar efectivos policiales sin usar su uniforme distintivo.

El suboficial Bueno negó haber disparado y ser el autor del asesinato de Reyes Ulloa. Peritaje lo desmiente.

Dos muertos más

El otro joven asesinado durante el Paro Agrario en Virú fue Kauner Rodríguez de la Cruz. Sin embargo, no se ha podido determinar el autor del disparo que le dio muerte, debido a que la bala le atravesó el cuerpo y aún esta no ha sido encontrada. De manera que los peritos del Ministerio Público no pudieron efectuar un peritaje balístico para determinar si Víctor Bueno también había sido el autor.

Ciertamente, un caso sin resolver todavía.

Recordemos que ya otro peritaje determinó que el suboficial superior PNP José Hoyos Agip fue quien disparó en la cabeza al joven trabajador Jorge Muñoz Jiménez, de 20 años de edad, el 3 de diciembre, también durante manifestaciones en Virú.

Así, son dos los muertos confirmados a manos de efectivos de la PNP. La pregunta que cae de madura es por qué el ministro Elice sigue al mando de la cartera del Interior.

El gobierno morado debe responder por estas muertes y no dejarlas en la impunidad como ha sucedido con los muertos en Espinar o Conga.