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Política

Fujimorismo ya gobierna de facto

Jorge Bracamonte, secretario general de la Coordinadora Nacional de DDHH, indicó que copamiento de poderes e instituciones del Estado “es un golpe perpetrado desde el Congreso de la República”.

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Pedro Carlos Olaechea Álvarez-Calderón

Ante la inminente toma del Tribunal Constitucional (TC) por parte del fujimorismo, y considerando el antecedente de blindajes y boicot a la reforma de justicia, el secretario general de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Jorge Bracamonte, indicó que el país se encuentra en un golpe de Estado dado por el fujimorismo. “Estamos frente a una suerte de golpe institucional del Congreso frente a otros poderes del Estado, al pretender coparlos y alinearlos a los intereses del fujimorismo. En la práctica es un golpe perpetrado desde el propio Congreso de la República”, afirmó.

“Es claro que la intención de copar los poderes del Estado es para garantizarse impunidad para actos delictivos cometidos por miembros de diferentes fuerzas políticas; está el caso de Alan García con Odebrecht, el financiamiento de Fuerza Popular y las investigaciones a su exsecretario general Joaquín Ramírez. Estamos frente a fuerzas políticas que actúan como bandas criminales”.

BUSCAN UN TC LEAL AL FUJIAPRISMO

Además, cuestionó que sea este Congreso “sin legitimidad y que ha blindado corruptos” el que tenga que nombrar a los miembros del TC para los próximos 7 años. “El TC es fundamental para el sistema de justicia del país, tiene que garantizar los derechos de los ciudadanos, pero pretenden nombrar a un conjunto de miembros que se van a deber más a las lealtades políticas a Fuerza Popular y al Apra antes que a los ciudadanos”, indicó.

Bracamonte calificó de “nueva repartija” el intento del fujimorismo por tomar el TC. “No se puede politizar las instituciones públicas como descaradamente lo hace el fujimorismo y sus aliados. Los ciudadanos tenemos que salir a protestar porque no es posible que el Congreso llegue a tal nivel de cinismo y atente contra una institución que debería estar fuera de toda mancha de estar comprado por los partidos políticos mayoritarios del Congreso”, señaló.

Por otro lado, indicó que “el presidente Martín Vizcarra no puede pretender que el diálogo se abra exclusivamente con el Congreso y su presidente Olaechea”. “Él debe convocar a un diálogo nacional, el país requiere construir consensos para avanzar hacia una transición para fortalecer las instituciones del Estado acechadas por las fuerzas criminales, pero además avanzar en reformas que garanticen bienestar para los ciudadanos”, agregó.

DEFENDER LA DEMOCRACIA

Respecto a las innumerables sugerencias de diversos analistas y actores políticos que piden al Presidente plantear ya la cuestión de confianza, Bracamonte recordó que “desde la Coordinadora Nacional de DDHH hemos dicho que el Presidente debe plantear la cuestión de confianza por la propuesta de adelanto de elecciones, no podemos estar sometidos al chantaje de un Congreso cuya mayoría lo ha conducido al absoluto desprestigio y falta de legitimidad”.

Finalmente, coincidió con el parlamentario Marco Arana respecto a solicitar el pronunciamiento de instancias internacionales. “Será importante contar con las opiniones de la relatoría sobre la independencia de los magistrados y abogados de la ONU, así como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estas resoluciones sí tienen carácter vinculante porque son parte de nuestro ordenamiento constitucional, por los tratados suscritos y ratificados por el Perú”, indicó.

VIZCARRA TIENE RESPONSABILIDAD

Por su parte, el exviceministro de Interculturalidad, Vicente Otta, advirtió que “se ha constituido un poder paralelo por parte del fujimorismo y esto se ha consolidado en gran medida por la vacilación del presidente Vizcarra”. “Toda esta telenovela que se ha hecho alrededor del adelanto de elecciones, desde el comienzo estaba claro que iba a tener la obstrucción de la mayoría fujimorista”, indicó.

Otta consideró que “se han perdido dos meses valiosos, pues con la disolución del Congreso (luego del mensaje presidencial del 28 de julio) ahora ya estaríamos convocando a elecciones”. “Es evidente que la respuesta del fujimorismo ya está definida, van a votar en contra y por eso apuran el cambio del TC”, añadió.

MOVILIZACIÓN ÚNICA SALIDA

“El Presidente confunde sondeos con movilización popular; que haya un 80% de repudio al Congreso no significa que exista un movimiento social combativo y organizado. Lo que le queda a la ciudadanía es salir a las calles, lograr una gran movilización social que obligue a materializar ese pedido de que se vayan todos, el Congreso y el Ejecutivo, que también sirve a transnacionales”, concluyó.

Política

Saluda aprobación de ley de urgencia médica para cáncer infantil

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Saluda aprobación de ley de urgencia médica para cáncer infantil

La Defensoría del Pue­blo saluda la decisión del Congreso de la República de aprobar la ley de urgencia médica para la detección oportuna y atención inte­gral del cáncer infantil. Esta enfermedad afecta grave­mente la salud de muchas personas menores de edad en el país y tiene consecuen­cias graves sobre sus vidas y sus familias.

Según la OPS, se estima que, en el Perú, al menos, 1800 niños, niñas y adoles­centes padecerían de cáncer cada año. Sin embargo, solo 1350 logran ser diagnosti­cados anualmente en los hospitales del Ministerio de Salud (Minsa) y la Seguridad Social (Essalud).

La aprobación de esta ley muestra el compromiso del Estado peruano con la protección de los derechos de los niños, niñas y ado­lescentes, especialmente, de su derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, de acuerdo a la obligación asumi­da al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño.

Sin duda, esta norma con­tribuirá significativamente a superar diversas dificultes ad­vertidas por la Defensoría del Pueblo como la demora en la detección inicial y el diagnósti­co final, la demora en acceder a una cita en consultorios ex­ternos de oncología pediátrica, así como las barreras económi­cas y geográficas en el acceso a los servicios de salud, entre otros problemas.

Esta norma es de gran importancia también, pues permitirá crear un registro único y centralizado nacional de cáncer infantil para conocer con exactitud la dimensión del problema, de cara a las políticas que se adopten para hacerle frente. La información estadística que brinde, además, permitirá focalizar mejor las estrategias de prevención y atención.

Asimismo, permitirá crear un programa especial para la atención del cáncer infantil, como ocurre en otros países de la región, como Chile. Por ese motivo, la creación de este programa, en coordinación con el INEN, en el Minsa, constituirá un paso importante en estandarizar y articular de una mejor manera, la atención efectiva e integral de este grupo poblacional.

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Política

Plantea formar comisión investigadora para Gobierno Regional del Callao

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Plantea formar comisión investigadora para Gobierno Regional del Callao

El parlamentario por Ac­ción Popular, Ricardo Burga, presentó ante el pleno del Congreso de la República una moción de orden del día N°11453, para la formación de una comisión investiga­dora por las presuntas irre­gularidades y posibles actos de corrupción denunciados en el Gobierno Regional del Callao, otorgándole un plazo de 120 días para el desarrollo de sus funciones.

Burga, quien además es miembro titular de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, señaló que se trata de la continuidad de una comisión investigadora que se inició el 27 de junio del 2017 con el congreso disuelto. Reveló que existe un informe preliminar con fecha 8 de noviembre del 2018, en donde detalla los avances de su investigación y solicitando plazo adicio­nal para la presentación del informe.

El legislador, refirió que las irregularidades se habrían producido du­rante las gestiones de los exgobernadores regionales, Rogelio Canches Guzmán (2003- 2006), Alexander Kouri Boumachar (2007- 201O) y Félix Moreno Caballero (2011-2014 y 2015- 2018).

“La investigación se desarrolla en dos fases: la primera, concerniente al acopio de información y toma de las declaraciones de los presuntos involucrados, y la segunda, alusiva al análisis de la información documentada de los hechos materia de investigación, concordada con las declaraciones de los testigos e invitados ante la comisión y las normas que rigen el buen uso de los recursos transferidos por el Ministerio de Economía y Finanzas al Gobierno Regional”, expresó.

Del mismo modo, manifestó que las irregularidades se centran en la revisión de los contratos de concesión del Terminal Marítimo del Callao, otorgados por el Gobierno Central en los años 2006 al 2011. También en la adquisición del hospital itinerante de Ventanilla por el Gobierno Regional del Callao por once millones de soles (S/. 11’000,000).

Asimismo, indicó que la Contraloría General de la República detectó en el Gobierno Regional del Callao perjuicio económico valorizado por S/. 161 millones de soles, en el periodo 2003 al 2017, precisándose que el mayor perjuicio se presenta en el periodo 2015-2017, por un monto de S/. 150’645,881. De la misma manera, acotó que existen pagos indebidos a funcionarios, bajo la modalidad de asesoría que en algunos casos superan el medio millón de soles, sin sustento alguno.

 

ALGO MÁS

Dicha moción fue aprobada ante el pleno con 124 votos, 0 abstenciones, 0 en contra.

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Política

MIMP atendió más de 300 casos de violencia de género

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MIMP atendió más de 300 casos de violencia de género

La atención de primera línea ante la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar llegó hasta las zonas más alejadas del país. A través de la ‘Estrategia Rural’ del Ministerio de la Mujer y Po­blaciones Vulnerables (MIMP), se atendió un total de 349 casos en comunidades nativas y cam­pesinas de 50 distritos rurales a nivel nacional.

En su compromiso por es­tar donde los necesitan, los/as profesionales de la ‘Estrategia Rural’ liderada por el Programa Nacional Aurora- llegaron hasta las comunidades , Awajún, Ki­chua, Kukama-kukamiria, Iña­pari, Asháninka, Bora, Wampis, donde atendieron a 113 víctimas de violencia familiar.

Esther Arrobo Gómez, psicó­loga comunitaria de la ‘Estrate­gia Rural’ Imaza, en Amazonas, relató que, para brindar aten­ción y rescatar a una víctima de violencia física y a sus dos hijos, viajó varias horas hasta el caserío Nueva Huancabamba. Hoy, se encuentran protegidos en un Hogar Refugio Temporal (HRT).

“En el camino de retorno, de Bagua al distrito Imaza, se presentaron muchos obstáculos debido a los derrumbes, luego, en la altura del territorio de la comunidad Wawas encon­tramos una tranquera que nos impidió el paso, y por más que solicitamos permiso, la auto­ridad nativa no nos permitió por miedo al contagio de coro­navirus, así que pernoctamos una noche dentro del carro”, detalló.

Y como parte de las accio­nes preventivas, en alianza con medios locales o radios comu­nitarias, se difunde mensajes o relatos educativos en lenguas andinas y amazónicas, en las cuales se presenta ejemplos de sana convivencia e igualitaria en las familias. Asimismo, las/os especialistas informan sobre las señales para la identificación de la violencia y las formas para denunciar y pedir apoyo.

Es importante señalar que, durante el estado de emergencia por la Covid-19, las/os profesio­nales de la ‘Estrategia Rural’ brindan atención presencial de en 43 distritos rurales, mien­tras que en siete, se realiza de manera remota, y los casos de violencia son atendidos por me­dio de los Equipos Itinerantes de Urgencia (EIU) del MIMP.

La ‘Estrategia Rural’ pro­mueve el trabajo articulado y multisectorial con todas las autoridades, operadores/as de justicia, líderes y lideresas co­munales e indígenas que desa­rrollan mecanismos acordes a las características particulares de la zona rural, reduciendo así las barreras presentes para el acceso a la justicia y a los derechos de la población de la zona rural.

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