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Política

Fiscal Pérez está bajo amenaza de Chávarry y de Fuerza Popular

La hostilidad del Fiscal de la Nación, defendido a capa y espada por el fujiaprismo en el Congreso, ha sido permanente contra el fiscal Pérez.

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José Domingo Pérez Gómez

Según fuentes del equipo especial Lava Jato, lo sustancial de la demanda del IDL ante la CIDH, de protección al fiscal José Pérez, es la injerencia interna, desde el propio Ministerio Público con grado de obstaculización del trabajo jurisdiccional, mediante “investigaciones disciplinarias, penales, sin fundamentación real”, así como contra de su libertad de expresión.

Como consecuencia de sus investigaciones, en particular por el “Caso Keiko Fujimori”, Pérez está siendo sometido a los siguientes procesos disciplinarios y administrativos dentro de su institución:

Por opinar que Pedro Chávarry Vallejos no es la persona más idónea para ocupar el cargo de Fiscal de la Nación, a los pocos días de que Chávarry fue elegido con su propio voto, tras un empate de dos contra dos en la Junta de Fiscales Supremos.

Por criterios académicos que expresó en un seminario sobre corrupción, realizado en Chihuaha, México, acerca de que los militantes de Sendero Luminoso hicieron “guerrilla” en el país durante el conflicto armado internos 1980- 2000.

Por la supuesta filtración a la prensa de preguntas y respuestas del interrogatorio al que sometió al mismísimo fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, sobre su relación con las bancada congresales de Fuerza Popular, del Apra, con Keiko Fujimori Higushi y con la organización criminal “Los cuellos blancos del puerto”, cuyo cabecilla era nada menos que su amigo el exvocal supremo César Hinostroza, hoy preso en una cárcel de Madrid, mientras se tramita su extradición.

INJERENCIA EXTERNA

La injerencia procede del Congreso. La Comisión de Defensa lo citó a interrogatorio sobre su criterio de los senderistas guerrilleros y no terroristas, pero no asistió debido a que se hallaba inmerso en la maratónica sustentación ante un juez de garantía, de su pedido de 36 meses de prisión preventiva para Keiko Fujimori y sus presuntos cómplices.

Asimismo, las presiones provienen también de integrantes del partido Fuerza Popular, quienes junto a asesores de su lideresa planearon obstaculizar su labor.

RELACIÓN CHÁVARRY-FUJIMORISMO

El fiscal Pérez halló en la investigación del caso indicios de que la “persecución interna” estaría vinculada a la relación entre Fuerza Popular y el fiscal Chávarry, sobre la base de la protección que este grupo político y su aliado el Apra brindan a Chávarry ante cuatro graves denuncias constitucionales en su contra.

Esa relación, que en gran parte es pública, llevó al fiscal Pérez a interrogar judicialmente al propio Chávarry, sacando en claro que el vínculo entre él y Fuerza Popular es el funcionario coordinador entre la Fiscalía de la Nación y el Congreso.

Sobre la situación de Pérez, su jefe Vela Barba dijo antenoche: “No es el mejor clima para enfrentar una investigación de esta envergadura. El fiscal Domingo Pérez tiene que eventualmente responder a la amenaza de cualquier sanción por inconducta funcional que no está justificada”,

FISCAL VELA

Las presiones internas contra el fiscal supervisor del megacaso Lava Jato, Rafael Vela Barba, son de reciente data, desde la audiencia de prisión preventiva del “Caso Keiko Fujimori” y coincidentemente con el enfoque del equipo Lava Jato en el “Caso Alan García”.

Fue entonces que el fiscal superior Alonso Peña Cabrera, jefe de la Unidad de Cooperación Internacional Judicial y Extradición, inició una reyerta epistolar interna contra Vela Barba, acusándolo de filtrar a la prensa información reservada de los casos en investigación.

La réplica de Vela Barba responsabilizó a Peña Cabrera de difundir información llegada de Brasil y de entorpecer los pedidos de interrogatorios de testigos y colaboradores brasileros, para favorecer a determinados políticos investigados.

De eso, y considerando que Peña Cabrera es brazo derecho de Chávarry, varios medios de investigación periodística, entre ellos Diario UNO, dedujeron que la estabilidad del equipo Lava Jato peligraba y que el Fiscal de la Nación podría reemplazarlo en cualquier momento.

LAS FISCALES CHALACAS

Sandra Castro Castillo, fiscal provincial contra el crimen organizado del Callao, y Rocío Sánchez Saavedra, fiscal contra delitos de corrupción de funcionarios, tienen a su cargo la investigación de los casos acumulados “CNM audios – Cuellos blancos del puerto”.

En ese camino, participaron en el procesamiento de cientos de grabaciones que revelaron el segundo caso de gran corrupción de lo que va del siglo en el sistema judicial (CNM, Poder Judicial y Ministerio Público con vinculaciones con la ONPE y la Federación Peruana de Fútbol).

Ellas dirigieron la razia que llevó a la cárcel al expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, y a otros 21 involucrados y presentaron ante el entonces fiscal Supremo, Pablo Sánchez, la lista de 13 magistrados de alto rango y con derecho a antejuicio, a fin de que sean investigados y denunciados constitucionalmente como miembros de la banda “Los cuellos blancos del puerto”.

Y no vacilaron en incluir en esa lista al mismo Fiscal de la Nación, y a los dos fiscales supremos que lo sostienen en el cargo.

Desde entonces, la administración del Ministerio Público no las apoya, el propio Chávarry les da encargos adicionales que les impiden dedicarse a su caso principal y, como ocurre con Pérez Gómez, pende sobre sus cabezas la posibilidad de que, con motivo de un nuevo ejercicio judicial, sean cambiadas, lo que obstruiría el proceso.

Política

Limpieza en el sistema de justicia

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Junta Nacional de Justicia (JNJ), el presidente de dicha entidad, Aldo Vásquez

Tras el anuncio del inicio de procesos disciplinarios e investigaciones preliminares contra siete magistrados por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el presidente de dicha entidad, Aldo Vásquez, aseguró que el organismo actuará con la mayor imparcialidad y cumpliendo los más altos estándares constitucionales y convencionales en los procesos contra dos fiscales supremos y cuatro jueces supremos.

En ese sentido, garantizó que la JNJ respetará “todos los derechos propios del debido proceso a quienes son sometidos a investigación”. Como se dio a conocer, los magistrados sometidos a proceso disciplinario inmediato son los fiscales supremos Pedro Chávarry y Tomás Gálvez, y los jueces supremos Martín Hurtado y Aldo Figueroa. En tanto, para el ex juez supremo Vicente Walde y los jueces supremos César San Martín y Ángel Romero se dispuso el inicio de una investigación preliminar.

En el programa Nada está dicho, de RPP, Vásquez manifestó que dentro de sus atribuciones la JNJ puede requerir a otras instancias del Estado, así como a otras del ámbito privado, “toda la información que sea necesaria para los procesos disciplinarios a su cargo”. Sin embargo, aclaró que la JNJ no tiene competencias sobre materia penal, ya que eso le corresponde al Ministerio Público.

“La responsabilidad de la JNJ es cautelar la independencia de jueces y fiscales. Eso significa también remover todo obstáculo que impida el ejercicio independiente de juez y fiscal de cualquier poder político, económico o del tipo que fuera”.

MEDIDAS CAUTELARES

En entrevista con Canal N, el presidente de la JNJ señaló que podría aplicarse la separación temporal a los magistrados que cuenten con procesos disciplinarios abiertos a modo de una medida cautelar.

“Esa posibilidad está siempre abierta, es una medida cautelar de suspensión que podría adoptarse. No hablo en ningún caso en particular, todos los casos que llevamos en la JNJ tienen carácter de reservados”, indicó, y advirtió que dichas medidas cautelares se imponen cuando se advierten riesgos de obstaculización o ante la existencia de elementos de convicción sobre actos irregulares por parte de los investigados.

AL TORO POR LAS ASTAS

Para el analista político Miguel Jugo ha sido un acierto por parte de la JNJ darle prioridad al caso de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, la piedra angular del problema de justicia en tanto han sido una red organizada. “Lo que ha habido siempre son grupos al interior del Poder Judicial que ejercían acciones corruptas, pero lo que han intentado los Cuellos Blancos es tejer una red en el Poder Judicial, la Fiscalía y el Consejo Nacional de la Magistratura para beneficiarse mutuamente al margen de la ley. Evidentemente esto representa un problema importante y la JNJ ha hecho bien en darle prioridad”, afirmó.

Respecto al fiscal supremo Tomás Gálvez, acusado de pertenecer presuntamente a esta red criminal, Jugo recordó que ya el fiscal anticorrupción Martín Salas ha solicitado que sea apartado del Ministerio Público. “Esto es sumamente grave porque gente de su misma institución lo está señalando. Es muy importante que se logre sancionar porque la mayoría de miembros titulares de la Fiscalía están envueltos en procesos por corrupción, y una institución de esta importancia no puede estar con sus miembros más importantes en situaciones complicadas por presuntos actos fuera de la ley”, anotó.

Sobre las eventuales sanciones que recaerían sobre los magistrados investigados, Jugo indicó que existen diversas posibilidades, en tanto la JNJ tiene facultades administrativas de sanción, pero serán otras instancias las que sancionen penalmente por los delitos en que se les encuentre responsabilidad. En esa línea, advirtió la importancia de que el nuevo Congreso asuma “un compromiso de colaborar con la justicia y avanzar en el levantamiento de la inmunidad para que estas personas con protección constitucional puedan ser llevadas a un proceso judicial”.

ALGO MÁS

Finalmente, el analista consideró que el mensaje de la JNJ hacia la ciudadanía debe ser firme, y que “se va a poner mano dura con todos los actos de corrupción en el Poder Judicial y en la Fiscalía”. “Desde la población, también se debe tomar conciencia de que los ciudadanos pueden participar en los actos de fiscalización mediante sus denuncias, se debe arribar al momento en que la gente vaya esperanzada en poder alcanzar justicia cuando acuda a las instancias de justicia en el país”, manifestó.

 

José Alfredo Madueño

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Política

Destacados profesionales, académicos e intelectuales se suman a Nuevo Perú

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Diego Trelles Paz

Ayer, más de 100 profesionales de diversas disciplinas y de reconocida trayectoria participaron en la reunión de afiliación de Nuevo Perú, quienes manifestaron su identificación por la agenda programática de la organización política, que reivindica la democracia y una economía diversa que genere empleo digno.

Durante el evento de afiliación, la lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, destacó la participación e interés de todos los asistentes a este diálogo abierto y su amor al Perú.

“Estamos aquí porque nos indigna la corrupción y la violencia, porque nos angustia la precariedad y las múltiples discriminaciones, pero también porque amamos a nuestro país y sabemos que más allá de los corruptos y mafiosos que lo tienen secuestrado, hay un país rico y diverso con un pueblo trabajador y creativo. Sí se puede recuperar el Perú”.

“Necesitamos esa fuerza para lograr los cambios que el país necesita. Es el momento histórico para decidir qué país queremos legarle a nuestros hijos e hijas. Nosotros queremos un país con valores, con ciudadanía, con derechos, solidario sin violencia ni corrupción y para ellos queremos construir con ustedes, un Nuevo Perú”, señaló Mendoza.

Entre los profesionales afiliados, podemos destacar Roberto Rodríguez Rabanal, dos veces decano nacional del Colegio de Sociólogos del Perú; Jorge Manco Zaconetti, economista especialista en Hidrocarburos; y Sigfredo Chiroque Chunga, docente y sociólogo, experto en el seguimiento y análisis de las políticas educación, por mencionar a algunos de ellos.

Desde Francia, el reconocido escritor Diego Trelles Paz, anunció también su afiliación a Nuevo Perú. “Las políticas neoliberales son políticas de muerte. Transforman derechos como la educación y la salud en negocios privados. Normalizan la exclusión y la pobreza. No tengo dudas, el Nuevo Perú es la única fuerza progresista con posibilidades electorales que busca un país más justo e igualitario” señaló.

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Política

Accidente que habría causado contaminación en zona de emergencia

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Accidente que habría causado contaminación en zona de emergencia camión chocado en ladera de cerro pista carretera

Al promediar las 3:30 de la tarde del jueves 20 de febrero, un vehículo encapsulado de placa ARB-913, perteneciente a la empresa WARI, que brinda servicios a la compañía minera MMG Las Bambas, sufrió un accidente en el sector CcollpaUma, que forma parte de la comunidad campesina de Urinsaya – Coporaque, zona que actualmente se encuentra en #EstadoDeEmergencia por las protestas en contra de la contaminación extractiva. Los comuneros reportaron, a través de las redes sociales, que a causa del accidente se vienen derramando materiales líquidos en riachuelos que conectan con el río de Urinsaya y el río Apurímac.

Los primeros en llegar a la zona afectada fueron funcionarios de la municipalidad de Espinar. ‘La contaminación es evidente, pudimos constatar la presencia de líquidos extraños que se vertían en los canales que llegan a un bofedal. El accidente fue por la tarde, y no vimos a funcionarios de la fiscalía o de la OEFA’ declaró YenyHuillca, regidora municipal, a través de una entrevista telefónica.

A pesar de que la empresa se ha pronunciado anunciando que ha cumplido con los protocolos pertinentes de mitigación, Isaías K’ana, Presidente Comunal de Urinsaya, a quién también pudimos entrevistar, considera que la situación es preocupante por el contexto de estado de emergencia al que se enfrentan. ‘El agua contaminada es de consumo humano, también la usamos para alimentar a nuestros animales y para la agricultura, con la temporada de lluvias creemos que la contaminación ha sido mayor’ informó K’ana.

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