Un jurado de Estados Unidos (EEUU) condenó este miércoles a cinco miembros del grupo ultraderechista Oath Keepers por conspiración sediciosa en el ataque al Capitolio estadounidense, el 6 de enero de 2021.

De acuerdo con el periódico The Huffington Post – citado por Prensa Latina -, entre los condenados se encuentra el líder del grupo ultraderechista, Stewart Rhodes. De igual forma, fue condenado el cabecilla de la delegación en Florida, Kelly Meggs; por asociación paramilitar. Kenneth Harrelson, de 41 años, mano derecha de Meggs; y dos exmiembros del Ejército y la Marina, fueron condenados. Todos fueron declarados responsables de obstrucción de un procedimiento oficial. Watkins además recibió cargos por desorden civil y complicidad, ya que admitió durante el juicio que empujó a agentes de policía durante los disturbios.

Durante el juicio, el Departamento de Justicia alegó que Rhodes, Meggs, Watkins, Harrelson y Caldwell conspiraron para detener por la fuerza la transferencia pacífica del poder del presidente en ese momento, Donald Trump a Biden, y conspiraron para invadir la sede legislativa.

Por esta razón, se presentaron en total diez cargos contra los cinco acusados. Entre estos cargos se encontraban conspiración, obstrucción de la certificación del voto del colegio electoral y manipulación de documentos. Cabe recordar que, la Comisión Investigadora de la Cámara de Representante de Estados Unidos consideró el ataque al Capitolio – que dejó un saldo de cinco fallecidos y más 100 policías heridos – como un golpe de Estado a la democracia estadounidense.

La Asamblea Nacional (AN) de Ecuador, Parlamento unicameral de esa nación suramericana de mayoría opositora al presidente de ese país, el banquero Guillermo Lasso, aprobó un proyecto de ley para derogar la reforma tributaria que decretó el mandatario hace un año.

Durante la sesión, los parlamentarios argumentaron que la ley vigente provoca perjuicios económicos a la clase media y sectores populares; por tanto, la calificaron como «lesiva».

Trascendió, según comunicado el Parlamento ecuatoriano, que durante el debate en la AN intervinieron nueve parlamentarios que señalaron los perjuicios económicos contra la clase media y los sectores populares con la referida ley de Lasso y agregaron que no hay impedimento legal para que el Ejecutivo derogue la norma que calificaron como dañina para la economía y para los contribuyentes.

Con 100 votos a favor y 13 en contra de los 129 presentes en el hemiciclo, el Parlamento procura dejar sin efecto la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia Covid-19″, vigente desde el 29 de noviembre de 2021.

La reforma tributaria entró en vigor por decreto-ley presidencial luego que la AN no logró los votos para desestimarla. El decreto-ley vigente, según informó en octubre de 2021 el Ministerio de Economía y Finanzas, «ha sido elaborado recogiendo las sugerencias de varios sectores y políticos del país» y tiene como objetivo recaudar 1.900 millones de dólares en los dos primeros años de vigencia.

La normativa impulsada por Lasso estableció cambios en los instrumentos de recaudación que, en criterio de la mayoría de los parlamentarios ecuatorianos, iban en detrimento de los menos pudientes. Las modificaciones se realizaron de cara a la deuda adquirida por Ecuador con el Fondo Monetario Internacional por monto de $6.500 millones.

Los cambios vigentes desde el 29 de noviembre de 2021 modificaban los impuestos a la Renta, al patrimonio, a la herencia, al Valor Agregado —eximiendo de este a algunos productos y gravando otros—, a Consumos Especiales; así como la regularización de activos en el exterior.

Por ejemplo, la reforma tributaria modificó los rangos de los impuestos a la renta para las personas y reducía dramáticamente las deducciones en gastos, de $14.000 a $5.000.

La asambleísta Noemí Cabrera, del grupo parlamentario de Unión por la Esperanza (Unes), afín al expresidente Rafael Correa (2007-2017), aseveró que, después de un año de la vigencia de la ley, no se han evidenciado los beneficios para los ciudadanos que, por el contrario, se han visto afectados al tener que pagar más impuestos, reseñó VTV.

El Instituto Brasileño de Investigaciones Espaciales (Inpe por sus siglas en portugués), adscrito al Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación de ese país suramericano, informó este miércoles que la superficie deforestada de la Amazonía brasileña alcanzó los 11.568 kilómetros cuadrados entre agosto de 2021 y julio de 2022.

La superficie de vegetación perdida en la Amazonía brasileña equivale al tamaño de Catar, o a ocho veces la superficie de São Paulo, la ciudad más grande de América del Sur.

El Inpe señaló también que la cifra del más reciente registro significa un descenso del 11,27% en comparación con el período anterior, cuando se perdieron 13.038 kilómetros cuadrados de selva, y que los datos fueron recabados a través del Programa de Vigilancia de la Selva Amazónica Brasileña por Satélite, un sistema de mayor precisión para evaluar anualmente los índices de destrucción.

Tras conocerse los datos divulgados por el Inpe, el Observatorio del Clima celebró las nuevas estadísticas y reconoció que durante el mandato del actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, la pérdida de la selva se incrementó en 59,5%.

“Bolsonaro recibió el país con una tasa de 7.500 kilómetros cuadrados de deforestación en la Amazonía y lo está entregando con 11.500 kilómetros”, precisó el secretario ejecutivo del ente, Marcio Astrini.

Asimismo, el Observatorio del Clima refirió que los datos del Inpe estaban listos desde el pasado 3 de noviembre.

Sin embargo, la administración de Bolsonaro impidió su difusión para evitar críticas durante la Conferencia del Clima de la Organización de Naciones Unidas (COP27), celebrada en Egipto a inicios de mes.