La Comunidad Andina expresó su solidaridad con el pueblo y el gobierno de Perú tras el derrame de 6,000 barriles de petróleo en el mar de Ventanilla, mediante un comunicado que reconoce la grave afectación ambiental causada por este desastre.

En nombre de los países miembros –Bolivia, Colombia y Ecuador, además de Perú–, el documento de la Comunidad Andina enfatiza que este derrame de crudo ha dañado gravemente los ecosistemas marinos y costeros y a la población en el área impactada.

El grupo andino enfatizó también que este es “uno de los mayores desastres ecológicos y ambientales” sufridos en Perú y toda la región.

En este contexto, la Comunidad Andina hizo un llamado a la comunidad internacional y a los organismos multilaterales para que “brinden la asistencia necesaria a fin de mitigar y superar las consecuencias ambientales, sociales y humanitarias producidas” por este desastre.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que logró el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para atender la grave y lamentable situación ambiental ocurrida en el mar de Ventanilla.

A través de su cuenta oficial de Twitter, indicó que esta cooperación se dará a través del envío de profesionales expertos en derrames de petróleo que apoyarán a mitigar el desastre ecológico

“Organismo financiero multilateral conformará un equipo de trabajo técnico para la revisión y actualización de los protocolos ambientales y sanitarios relacionados con derrames de petróleo y accidentes similares que afecten el mar y su ecosistema”, refiere en otra publicación.

En tanto, la embajada de Estados Unidos en el Perú manifestó a través de su cuenta de Twitter que “agencias estadounidenses están coordinando con el Gobierno peruano para salir de esta crisis ambiental juntos”. “¡Estamos Unidos, Perú!”, agregaron.

El Poder Judicial, presidido por Elvia Barrios, asumirá el liderazgo en la implementación del proyecto de la Unidad de Flagrancia en Lima Centro, iniciativa que congregará en un solo local al Ministerio Público, Policía Nacional, Defensa Pública y Poder Judicial, para combatir la delincuencia común.

Esta decisión fue adoptada por unanimidad durante una reunión virtual de los integrantes de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal, integrada por autoridades de las instituciones antes indicadas.

Tras su designación, Barrios agradeció la confianza expresada hacia su persona para liderar este proyecto e indicó la urgencia de implementar está unidad especializada.

“He podido advertir la eficacia de este modelo, el impacto que tiene en la ciudadanía y, fundamentalmente, la credibilidad que genera este tipo de juzgamientos tan rápidos de los delitos cuando son en flagrancia”, indicó.