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Entrevista

Exigiremos que el litio beneficie a Puno y la población esté de acuerdo

YESSICA APAZA:

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Exigiremos que el litio beneficie a Puno y la población esté de acuerdo

La congresista electa por Puno Yessica Apaza Quispe, de las filas de Unión Por el Perú, brindó una entrevista a Noticias SER, dando a conocer su postura con relación al proyecto de litio que se explotaría en la provincia de Carabaya y sobre la industria extractiva minera.

—¿Cuáles son sus propuestas con relación a la minería y los impactos que esta actividad genera?

—Lo que pensamos y estamos seguros es que se tienen que cambiar y modificar algunas cosas. Si bien durante los últimos meses el Ejecutivo tuvo la posibilidad de dictar una serie de decretos, el nuevo Congreso tiene que encargarse de revisar y modificar el marco legal para que los beneficios de la minería lleguen a la población.

Además, debe exigirse la licencia social de la ciudadanía e implementarse la consulta previa. Ya han pasado bastantes años y bastantes gobiernos que se han dedicado a tomar decisiones que sólo benefician a las empresas transnacionales.

Es momento de recuperar nuestros recursos y tener una posición firme para defender lo que es de toda la nación. Y en el caso de nuestra región, vamos a exigir que el litio y toda la minería beneficien a Puno y que nuestra población esté de acuerdo.

—¿Cuál es su opinión sobre el proyecto de litio en Carabaya?

—Tenemos varias ideas. En primer lugar, en este caso vamos a pedir que todos los beneficios, las regalías no vayan directamente al gobierno regional o al gobierno nacional.

Como sabemos, los recursos públicos que se obtienen de la minería y otras actividades se han prestado para actos de corrupción, mientras la población que vive alrededor de los proyectos está en abandono, vive bajo condiciones de pobreza y en riesgo de contaminación. Eso tiene que cambiar y por eso el proyecto de litio debe beneficiar a Puno.

Otra propuesta que para nosotros tiene carácter urgente es revisar todos los contratos suscritos con las empresas para exigir que las utilidades se queden en el país.

Hay que modificar el marco económico para que no sólo las empresas extranjeras se beneficien, sino más bien para que las empresas peruanas participen, trabajando de forma asociada para promover la economía de nuestro país y de nuestro departamento. Es momento de recuperar nuestros recursos y dejar de beneficiar a las empresas que vienen lucrando con lo nuestro.

Exigiremos que el litio beneficie a Puno y la población esté de acuerdo

—¿Cuáles son las tareas que deben realizar las autoridades en Puno con respecto a los proyectos mineros como el de litio?

—Las autoridades puneñas tienen que garantizar que los beneficios lleguen a la gente y también que se proteja el medio ambiente. No podemos permitir que nuestros recursos se destinen a otros fines que no sean los de promover el bienestar de nuestros ciudadanos.

—¿Y qué piensa de la eventual explotación de uranio en Carabaya?

—En este momento estoy en la etapa de priorizar algunas acciones referentes a este y otros temas y debo contar con mayor información. De todas maneras mi posición está del lado de la población.

 

EDSON ORTEGA
NOTICIAS SER

Economía

CGTP Convoca a una Jornada Nacional de Lucha para el 19 de marzo

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en

GERÓNIMO LOPEZ SEVILLANO

En entrevista con Diario UNO, el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú, (CGTP) denunció que el Gobierno atropella derechos fundamentales y que el Ministerio de Trabajo, sometido a la CONFIEP y otros grandes grupos de poder, pretende mayor flexibilización de las relaciones sociolaborales, facilitar el despido de trabajadores, sobre todo sindicalistas. Puso como ejemplo los decretos de urgencia 014-2020, 016-2020 que emanan desde el Poder Ejecutivo (carácter extraordinario, materia económica y financiera e interés nacional), atropellando, por ejemplo, los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras de la agro exportación:

–¿Señor Gerónimo López, que evaluación tiene usted como secretario general de la CGTP sobre el Decreto de Urgencia N° 016 – 2020 emitido por el gobierno?

–Efectivamente, el Gobierno del señor Martín Vizcarra, con fecha 23 de enero del 2020, ha expedido ese decreto de urgencia con el objeto, según lo dispone el artículo 1 de la citada norma, de “establecer medidas en materia Recursos Humanos a efectos de regular el ingreso de las servidoras y los servidores a las entidades del Sector Público; y garantizar una correcta gestión y administración de la Planilla Única de Pago del Sector Público”.

–¿Y qué ocurre con esa norma?

–Nuestra central sindical luego de analizar de manera serena y objetiva el referido Decreto de Urgencia ha identificado que, excediendo su declarado objeto, contiene varias disposiciones normativas que contravienen claramente disposiciones constitucionales y convencionales que a continuación precisamos.

–Como cuáles, por ejemplo…

–Impone de manera inconstitucional reglas a los mandatos judiciales que ordenan la reposición, reincorporación o el reconocimiento de vínculo laboral en las entidades del sector público. Como se sabe, cuando un mandato judicial queda firme existe la obligación de las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, de cumplirlos en los términos establecidos en dicho mandato.

–¿Y eso no ocurriría, de acuerdo a esa norma?

–Claro, porque al establecer el artículo 3.1. delcitado D.U.que “ los mandatos judiciales que ordenan la reposición, la reincorporación o el reconocimiento del vínculo laboral en entidades del Sector Público (…) con independencia del régimen laboral al que se refiera la demanda, el motivo de la desvinculación del demandante o la forma en la que esta se haya realizado”, se sujeten a determinadas reglas fijadas de manera unilateral por el obligado, en este caso el Ejecutivo, es abiertamente inconstitucional.

–¿En qué sentido?

–Porque contraviene los artículos 138, 139, numeral 1, numeral 2 y numeral 3 de la Constitución que disponen que la potestad de administrar justicia se ejerce por el Poder Judicial de manera exclusiva, con independencia y sujeción al debido proceso y la tutela jurisdiccional.

–¿Qué otra observación están haciendo a esta norma?

–Para impedir el cumplimiento del mandato judicial de reposición la regla número 1 del numeral 3.1 del artículo 3 establece que la reposición solo puede efectuarse en la entidad demandada. Esta disposición es abiertamente inconstitucional, no sólo por ser contraria a la exclusividad e independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional sino además porque contraviene el artículo 43 de la Constitución que dispone que el Estado es uno e indivisible. En efecto, la referida regla pretende dividir al Estado empleador en compartimientos estancos; es decir, en varios empleadores con el propósito de evitar la reposición en el empleo y desacatar los mandatos judiciales.

–Pero hay más objeciones, ¿verdad?

–La regla número 2 del numeral 3.1., del artículo 3 que establece que la reposición solo procede en una plaza a plazo indeterminado cuando la persona haya ingresado por concurso público en una plaza presupuestada, también es inconstitucional.

–¿Explíquenos por qué?

–Esta regla es claramente abusiva, propia de un Estado arbitrario, al exigir que la reposición solo será viable “cuando la persona haya ingresado por concurso público”, por lo que resulta inconstitucional y agravia los principios fundamentales del derecho del trabajo.

–¿De qué manera lesiona la Constitución?

–Con el propósito de eludir responsabilidades de carácter laboral, el Estado recurre con frecuencia a mecanismos de contratación que encubren una verdadera relación laboral y tampoco convoca a concurso público. Frente a estos casos, el Poder Judicial, recurriendo a los principios del contrato realidad y el de la condición más beneficiosa y sancionando el fraude a la ley ha dispuesto la reposición pues no es responsabilidad de los trabajadores y trabajadoras que el Estado utilice estos mecanismos fraudulentos para la contratación laboral y que no convoque a concurso público para ocuparlas.

–¿Por eso consideran inconstitucional esta parte del decreto de urgencia?

–Claramente esta regla contraviene las normas constitucionales de la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional con sujeción al debido proceso y a la tutela jurisdiccional y el principio de la cosa juzgada prevista en el numeral 13 del artículo 139 de la Constitución. Vulnera también el principio protector en materia laboral reconocido en el artículo 23 de la Constitución que dispone que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador.

–También cuestionan la regla número 3 del numeral 3.1 del artículo 3, ¿por qué?

–Esa regla establece que para el reconocimiento de vínculo laboral dispuesto por sentencia judicial, el demandante debe ser incorporado al régimen laboral vigente que corresponde a la entidad. Eso es inconstitucional porque el cambio de régimen laboral únicamente procede mediante un nuevo concurso público.Mediante esta disposición se pretende dejar sin efecto mandatos judiciales firmes con el propósito de hacer inviable la reposición en los casos de reconocimiento de vínculo laboral.

–¿Se lleva por delante varios mandatos constitucionales?

–Esta regla contraviene las normas constitucionales de la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional con sujeción al debido proceso y a la tutela jurisdiccional y el principio de la cosa juzgada. Vulnera también el principio protector en materia laboral reconocido en el artículo 23 de la Constitución que dispone que ninguna relación laboral puedelimitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. Las mismas reglas inconstitucionales se aplicarán para dictar medidas cautelares.

Marcha protesta de la CGTP

D.U. 016 IMPONE REGLAS
Desconoce mandatos judiciales

–¿De qué manera el D.U., una norma jerárquicamente inferior, impone reglas a los mandatos judiciales?

–En los casos en los que “no sea posible” la aplicación de las reglas inconstitucionales previstas en el numeral 3.1 del artículo 3 se imponen otras reglas también inconstitucionales.

Las reglas 1 y 2 del numeral 3.3. que imponen que, dentro de un proceso judicial en trámite sobre reposición, reincorporación o reconocimiento de vínculo laboral el juez de oficio o a petición de parte dispone la indemnización y no puede solicitarse conjuntamente la reposición, reincorporación o reconocimiento del vínculo laboral y la indemnización son inconstitucionales.

–¿Qué artículos de la Constitución contraviene esta regla?

–Esta regla es abiertamente inconstitucional porque contraviene los artículos 138, 139, numeral 1, numeral 2 y numeral 3 de la Constitución que disponen que la potestad de administrar justicia se ejerce por el Poder Judicial de manera exclusiva, con independencia y sujeción al debido proceso y la tutela jurisdiccional. Es inconstitucional porque ninguna autoridad (en este caso el Poder Ejecutivo) puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni a intervenir en el ejercicio de sus funciones.

–¿Es cierto que este D.U. pretende prorrogar de manera indefinida la vigencia del régimen laboral discriminatorio CAS?

–Sí porque los numerales 4.1. y 4.2. delArtículo 4 pretende de manera inconstitucional impedir el ingreso de trabajadores al régimen laboral del Decreto Legislativo 276 por mandato judicial y de esa manera prorrogar de manera indefinida la vigencia del régimen laboral discriminatorio CAS.

–¿Qué otros artículos son inconstitucionales, según han podido analizar?

–La Cuarta Disposición Complementaria final al disponer que los establecido en los artículos 2,3 y 4 del decreto de urgencia es de aplicación inmediata a todos los procedimientos y procesos en trámite vulnera el artículo 103 de la Constitución que dispone que la ley no tiene fuerza ni efecto retroactivo.

–Señor López, al principio de la entrevista usted también se refirió que esta norma atenta contra convenios internacionales, ¿Cuáles son?

–Los artículos 2, 3 y 4 del decreto de urgencia contravienen convenios internacionales de los que el estado peruano es parte.

–Vaya, eso también es grave…

–Claro que sí, los derechos laborales son un derecho humano fundamental conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los Convenios internacionales ratificados por el Estado peruano. Pero lo dispuesto en los artículos 2, 3 y 4 del DU son contrarios al artículo 5.2 del Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que dispone “No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un país en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, a pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado”.

–Y a otros convenios, ¿verdad?

–También son contrarios al artículo 5.2. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que dispone” no podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado”

–¿Qué le pediría usted, señor López, y la CGTP al Gobierno del presidente Vizcarra?

–Nosotros demandamos al Presidente de la República, proceder con urgencia a las modificaciones pertinentes de los Dercetos de Urgencia Nº 014-2020 Y 016-2020 a fin de corregir las disposiciones inconstitucionales y contrarias a los Convenios Internacionales de la OIT ratificados por el Perú.

Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo

ALGO MÁS

–¿Y en caso de no ser escuchados?

–La CGTP está convocando a todas las trabajadoras y trabajadores de todo el país de los sectores público y privado a tomar las calles y plazas participando en la gran jornada nacional de lucha el próximo 19 de marzo para Enfrentar las políticas explotación por parte del gobierno y su modelo capitalista explotador. Si no hay solución la CGTP convocara a su asamblea nacional de delegados para acordar e implementar el gran Paro Nacional Cívico Popular.

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Entrevista

“De este Congreso no se puede esperar nada”

Publicado

en

Grace Baquerizo

“En el Perú se ha legalizado la compra de políticos”, denuncia y plantea el cambio de Constitución. La miembro fundadora de Nuevo Perú, partido de izquierda que se encuentra en pleno proceso de inscripción, para lo cual está recorriendo distrito por distrito de todo el país, estuvo el domingo último con Verónika Mendoza en la plaza de armas de Huaycán, en Ate.

Al igual que Verónika Mendoza, Grace Baquerizo piensa que hay que exigirle a los nuevos parlamentarios el cumplimiento de una agenda mínima, en la que figuren modificaciones a la ley electoral para que en los próximos comicios no participen únicamente los políticos de siempre. Además, dice que debe plantearse los cambios en las normas laborales que vienen desde épocas de la dictadura de Alberto Fujimori. Denuncia una incapacidad de la ministra de Trabajo y la complicidad del Gobierno con las normas que precarizan el empleo. Su meta es rescatar al Estado de las manos de los corruptos y ponerlo al servicio de los peruanos. “La Corrupción ha secuestrado a nuestras instituciones”, afirma Baquerizo, quien no duda ni un momento al decir que el Perú se encuentra en una crisis profunda. La solución que plantea es el cambio del modelo económico, pues señala que hay malos empresarios –comechados– como ella les llama que solo están viendo qué le quitan al Estado para llenar sus bolsillos. A continuación el diálogo que sostuvo con Diario UNO para que usted mismo analice las propuestas de Nuevo Perú:

Verónika Mendoza y Grace Baquerizo en Nuevo Perú

— ¿Cómo está el ánimo en Nuevo Perú después de conocer los resultados de las elecciones parlamentarias extraordinarias?

— La expectativa que tenemos es culminar con la institucionalización de nuestro partido, Nuevo Perú, porque ese es uno de los objetivos por lo cual nos hemos juntado; aparecer en este escenario político en el cual hay una crisis profunda del país. Creemos que hay una agenda que todavía no está tomada en cuenta. En parte la agenda que hemos levantado en este período electoral ha tenido cierto respaldo, pero ha faltado tiempo para seguir posicionándola; la agenda de los trabajadores, la agenda anticorrupción, la agenda en contra de la violencia contra la mujer, la agenda contra todo tipo de discriminación.

— ¿Bien, pero a qué le atribuye que no haya calado más en estas elecciones…?

— Nosotros hemos participado en una alianza con otras fuerzas, que se denominó Juntos por el Perú, pero lo que nosotros consideramos es que nos ha faltado tiempo para expandir nuestras propuestas y llegar a la mayor cantidad de peruanos y peruanas y decirles aquí está la agrupación, el partido, que sí va a pelear en defensa de los derechos, de los derechos de las mujeres, de los derechos laborales, y tenemos una agenda anticorrupción. Lo que nos ha faltado es tiempo, pero sí hemos tenido respaldo; en Lima hemos tenido buen respaldo.

— ¿Cuál es la propuesta de Nuevo Perú?

— Nuestra propuesta es cambiar el modelo económico neoliberal. Es una gran apuesta que nos diferencia de otras fuerzas políticas, y además tenemos también la agenda de reformas políticas. Consideramos que las actuales reglas siguen perennizando las restricciones a que nuestra política se democratice. Actualmente es imposible que un ciudadano común y corriente pueda participar en igualdad de condiciones que otros que todavía siguen beneficiados por el dinero de las grandes empresas.

— ¿Cómo es eso…?

— Se lo digo claramente con un ejemplo. Actualmente, un solo aportante, del sector empresarial puede donar hasta 500 mil soles a una sola campaña electoral

— ¿Sin pitufeo?

— Si claro, sin pitufeo, y es legal. Por eso hemos denunciado que en la práctica se ha legalizado la compra de políticos. ¿Qué empresario puede dar medio millón de soles para una campaña política sin pedir nada a cambio?.

— Claro, no tiene lógica…

— Entonces, tenemos también esa agenda de reforma política…

— ¿Pero al no estar en el Congreso de qué manera podrían apoyar las reformas?

— Nosotros nos hacemos presentes a través de los movimientos sociales y de los movimientos gremiales.

— ¿Entonces, consideran que no es necesario estar en el Congreso para hacer algo por este país…?

— Nosotros hemos postulado al Congreso porque es un espacio más en el que se disputa el poder político, pero no es el único, eso lo tenemos claro, pues siempre hemos hecho política, con cargos o sin cargos, teniendo congresistas o sin ellos.

Verónika Mendoza y Grace Baquerizo en Nuevo Perú

— ¿Y de qué manera están trabajando por la unidad de la izquierda?

— Nosotros hemos tomado muy en serio la unificación de diversos sectores de izquierda, democráticos, como partidos nacionales y movimientos regionales para conformar un gran bloque social que realmente se la juegue por cambiar las reglas políticas del país, y creemos que muchas de estas reglas están expresadas en la Constitución; por eso estamos formando un gran bloque para cambiar la Constitución del país, que no sea una Constitución producto de una dictadura y hay que decirlo de manera clara.

— ¿Después de la participación en las últimas elecciones, están realizando debates internos…?

— Ya se está procesando, a nivel de la organización, el balance interno con respecto a las elecciones, pero en ese momento estamos concentrados en lo que es la inscripción porque todo el partido se está moviendo en función a eso.

— ¿Qué actividades están realizando con miras a concretar esa inscripción, porque van a tener que contar con por lo menos 24 mil militantes, verdad?

— Este domingo hemos realizado el primer evento en Huaycán, un tour cultural para agradecer a los vecinos que nos apoyaron en la última elección, y de manera similar, cada fin de semana, en Lima vamos a estar organizando estos encuentros vecinales anunciando la afiliación de Nuevo Perú. A nivel nacional también se va a hacer un despliegue similar

— ¿Hace poco usted ha definido a Nuevo Perú como una organización que lucha contra la corrupción, defiende a la mujer y a la comunidad LGTB, se mantienen en esa línea?

— Claro, agregando que en nuestra última participación en elecciones hemos sido bastante incisivos en la lucha contra la precariedad laboral, de la que muy pocos hablan, y sobre las reglas actuales con las cuales se está manejando el derecho de los trabajadores. También hemos sido bastante claros en denunciar a la ministra de Trabajo por su incapacidad y la complicidad del Gobierno con todas estas normas que precarizan el empleo, y además hemos tenido una agenda bien clara frente a todo tipo de discriminación.

— ¿De qué manera apoyarán la gobernabilidad?

— El apoyo a la gobernabilidad está en que nuestro país no caiga, o recaiga, en manos de los corruptos. En la medida en que el Gobierno luche contra la corrupción, nosotros hemos apoyado y seguiremos apoyando. Pero también somos muy firmes en señalar que este Gobierno, de Martín Vizcarra, sigue gobernando con muchas normas que han sido generadas o creadas por un sistema corrupto y eso en el tema laboral es bastante claro.

— ¿Por ejemplo?

— El Gobierno de Vizcarra ha ampliado el régimen de agroexportación creado a pedido del señor José Chlimper, aprovechando su cargo de ministro de Agricultura y Chimper ha sido parte de Fuerza Popular, pero con esa misma norma el señor Vizcarra sigue Gobernando, y podríamos enumerar muchas más, por eso nosotros lo cuestionamos.

— ¿Innecesariamente, además, porque la agoexportación ya despegó y lo reconocen los propios empresarios, verdad?

— Efectivamente, es un sector que ya no necesita de ese tipo de incentivos, pero lamentablemente hay empresarios comechados que siempre andan viendo que le quitan al Estado, qué nos quitan a todos para ellos llevar dinero a sus bolsillos.

— ¿Qué otras propuestas tiene Nuevo Perú, habida cuenta que la Constitución que nos rige es la de 1993, y ustedes quieren cambiar precisamente el modelo económico, tendría que cambiarse toda la Constitución?

— Así es, Nuevo Perú apuesta por el cambio de la Constitución porque consideramos que limita la participación del Estado a efectos de que el sector privado haga y deshaga en nuestro país, sin importar el desarrollo de nuestras ciudades ni de nuestra propia economía. Queremos cambiar ese rol subsidiario del Estado por un rol más promotor, principalmente en las actividades que son imprescindibles, como el tema del agua, de la energía, entre otras.

— ¿Necesitamos construir un nuevo Perú, entonces?

— (José Carlos) Mariátegui ya señalaba eso y nosotros apostamos por refundar nuestra patria porque hay un desorden en el que la corrupción campea, ha secuestrado nuestras instituciones y la ciudadanía ha caído en el tema de buscar su supervivencia dentro de lo que el Estado llama informalidad, pero es sobrevivencia y, entonces, nosotros consideramos que nuestro país debe refundarse. Eso parte de tener una nueva Constitución, nuevas reglas, pero parte también de que todos los peruanos y peruanas nos sintamos comprometidos a participar de esta restructuración del país. No podemos seguir como estamos, porque si dejamos que otros nos gobiernen ya sabemos cómo nos han estado gobernando con reglas corruptas, sometiendo al país a intereses foráneos, que no corresponden ni favorecen a nuestras familias. Espero que, como ciudadanos, participemos más de lo que es la política en nuestro país.

— ¿Qué esperan de este nuevo Congreso?

— Lamentablemente, de este Congreso, tal como se encuentra, un Congreso fragmentado donde las fuerzas que han podido pasar la valla tienen un discurso bastante autoritario, con un llamado al odio en sus discursos, nosotros creemos que nada bueno va a salir de este Congreso y con mayor razón nos reafirmamos en que la tarea es darle un discurso democrático, una salida democrática a la actual crisis que vive el país. Por ahora lo único que hay es parte de la lucha anticorrupción, dos, tres o cuatro fiscales que están dando batalla, pero eso es insuficiente si no sacamos a todos los corruptos de las instituciones.

— Nos habíamos puesto como una suerte de punto de quiebre el bicentenario, pero el año 2021 ya está a 10 meses y no se ha avanzado nada en resolver los principales problemas del país.

— Mire, el año 2021 queremos juramentar a una presidenta honesta. En este caso, nosotros apostamos por Verónica Mendoza, una presidenta que realmente represente a las familias peruanas, que trabaje por el desarrollo de nuestro país, una persona honesta, íntegra y que conoce el Perú. Pero a la par, también, necesitamos políticos, ciudadanos, que le hagan frente a la corrupción, tanto en el sector público como en el sector privado. Necesitamos empresarios que sí estén comprometidos con el desarrollo de la riqueza y su adecuada distribución; ya no queremos empresarios comechados que estén pensando qué llevarse del país. En esta refundación del Perú necesitamos jugar todos porque de lo contrario, sabemos que muchos ya han perdido la esperanza y la política está en manos de unos pocos que no trabajan para nosotros.

— ¿Y desde Nuevo Perú…?

— Desde nuestra institución vamos a seguir luchando y llevando el mensaje de esperanza a los peruanos y peruanas que sí creen que nuestro país puede cambiar.

— ¿Pero por qué solo en épocas de elecciones escuchamos hablar de Verónica Mendoza, o es que los medios no le dan espacio?

— Yo creo que habría que seguir el “Face” de Verónica para darse cuenta de que ella está constantemente acompañando las luchas sociales y sindicales; es una persona que es un referente a nivel nacional, y se ha ganado un espacio justamente porque permanece constantemente al lado de la gente que está luchando.

— ¿Han estado en Huaycán el domingo pasado…?

— Sí el domingo hemos dado inicio a nuestra campaña por la inscripción de Nuevo Perú y hemos escogido Huaycán como el primer punto, para estar presentes la mayoría de excandidatos.

ALGO MÁS

El próximo evento público se realizará este miércoles 12 de febrero con mujeres diversas, integrantes de diferentes organizaciones sociales y gremios sindicales.

 

Por: Luis Miguel Revoredo Iparraguirre

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Economía

Masificación del gas debe incluir también al GLP

Publicado

en

Abel Camasca

Tragedia de Villa El Salvador tiene que ser tomada en cuenta para concertar medidas que eviten se repita tan doloroso suceso que enluta los hogares peruanos.

En entrevista exclusiva con Diario UNO, el gerente general de la Asociación de Plantas Envasadoras de Gas del Perú, Abel Camasca, denuncia que no se hace nada por combatir la informalidad ni se saca lecciones de anteriores accidentes como el de Puente Piedra, donde una explosión de balones de gas también ocasionó muertes. Además, hace un llamado urgente a las autoridades del sector para que se reúnan con las asociaciones del sector para tomar medidas urgentes, pues del desarrollo del gas natural y del GLP depende el futuro del Perú.

— ¿Ingeniero Camasca, en qué condiciones se realiza actualmente la comercialización del GLP en la capital y en el resto del país?

Se realiza en función de dos normas creadas en 1994; o sea, normas de 24 años atrás, que nacieron en la época de la privatización de las empresas estatales, entre ellas Sol Gas.

— ¿Cuáles son esas normas?

— Se dictaron las normas 01-94/EM y el decreto Supremo 027-94/EM. Con esas dos normas se buscaba que solo dos o tres empresas comercializaran el GLP aquí en el Perú.

— ¿Y cuál era la razón para ello?

— Bueno, porque la venta de la empresa Sol Gas al consorcio chileno Lipigas iniciaba la era de la privatización y la era de las corporaciones, y esas empresas venían con la exigencia de barrer con el mercado nacional, y en esa época había 33 empresas. Entonces también se privatizó el cilindro.

— ¿Cómo es eso?

— Pues que el cilindro ya no era del ama de casa sino de la empresa que acuñara un logotipo y, con ello se creaban las barreras burocráticas, situación que fue muy bien definida entre los años 2005 y 2006 por Indecopi, en los articulados de canje. Se hacía propietaria del balón de gas a las empresas corporativas, despojándolo al usuario.

Balones de gas licuado de petróleo accidente de tránsito incendio de auto explosión de camión cisterna

— ¿Últimamente se ha agravado el tema de la informalidad o es una percepción tras la tragedia ocurrida en Villa El Salvador con la explosión de una cisterna de gas?

— Considero que no se ha agravado, sino que lo grave está en la informalidad misma. Nadie ha respondido a todos los llamados que hemos venido haciendo para que este mercado de alto riesgo sea encausado a través de la formalidad.

— ¿Cuantos balones de gas circulan en el país?

— En todo el país, el parque de cilindros está en un promedio de ocho a nueve millones, más o menos, pues no existe un cálculo exacto.

— ¿De esos ocho o nueve millones de cilindros, qué porcentaje se mueve informalmente, hay algún estimado al respecto?

— Yo estimo que más del 50%…

— ¿Y me decía que no se ha agravado la informalidad?

Lo grave está en que es inherente a la situación que atravesamos. De alguna manera, no hemos escuchado muchas veces cuando ha habido accidentes graves como el caso del balón de 45 kilos que explotó en Puente Piedra y que también mató a varias personas, cuando se descargaba un camión repartidor. Y otros casos más que nos han venido avisando de la gravedad de esta situación.

— Hasta que pasó lo de Villa El Salvador.

— Es indudable que lo ocurrido en Villa El Salvador ha creado una conmoción y sería bueno no buscar “cabezas de turco”, sino actuar como actúa cualquier país civilizado, tomando las medidas para que no vuelva ocurrir este tipo de hechos.

— Cuáles serían esas medidas, ingeniero Camasca?

— En primera instancia, los organismos del Estado deben programarse dentro de una cultura de gas, ya que desde 2004 el Perú entró a autoabastecerse, inclusive, con la expectativa del gas natural, pero no se ha trabajado en función de una cultura de gas que debe ser consecuencia de una política energética seria

— ¿Pero que se puede hacer para que lo de Villa El Salvador no se repita?

— Lo mejor que podríamos hacer en este momento es que la autoridad competente, los organismos como las asociaciones que manejamos este producto nos sentemos y saquemos conclusiones que se traduzcan en complementar normas y eliminar la burocracia que existe por haber copiado normas de otras realidades

— ¿Por ejemplo?

— Le pongo un solo caso, ocurrido aquí. Muchas veces la autoridad competente nos administra o fiscaliza como si fuéramos un país del primer mundo, porque en base a la era de las grandes corporaciones nos hacen creer que el Perú está en un franco desarrollo y en camino a ingresar al primer mundo; es más, había toda una gestión para que en 2021, el próximo año, el Perú ingresara a la OCDE.

— Así es…

— Pero cómo se autoriza y se fiscaliza en el primer mundo a una empresa o medio de transporte de mercancías peligrosas, pues a través de las declaraciones juradas, porque en el primer mundo se trata de evitar la burocracia y se cree en el empresario que está cumpliendo con toda rigurosidad las exigencias de la norma. Pero estamos hablando de un primer mundo donde existe cultura de gas.

— Claro, es muy diferente a lo que ocurre aquí…

Aquí no hay cultura de gas y entonces no sabemos si la autoridad competente tomo este modelo en la ola de que nos creemos que estamos ya en vías al primer mundo y no en función de lo que tenemos acá, quizá funcione en las grandes ciudades, pero no en el Perú profundo.

— ¿Cuando habla de la autoridad competente, se refiere al Ministerio de Energía y Minas o al Osinergmin?

— A ambos…

— Bien, entonces a ambos…

— A ambos porque son entidades del sector que, supuestamente, una hace la norma y la otra fiscaliza. A propósito, en una entrevista anterior que me hizo Diario UNO ya he señalado que eso es contraproducente porque la dirección de fiscalización, que desde el año 2000 la tiene el Osinergmin, debe volver al Ministerio de Energía y Minas para que éste corrija los excesos e ineficacias de la norma.

— ¿Por qué…?

— Mire, muchas veces cuando nosotros hemos ido, como asociación, a reclamar que una norma no es coherente con la realidad el organismo fiscalizador nos ha dicho nosotros no hacemos la norma vayan al ministerio a pedir que cambien la norma, y esas circunstancias se deben terminar. Por eso nosotros insistimos en que la Dirección de Fiscalización que está actualmente en Osinergmin debe volver al Ministerio de Energía y Minas, al igual que ha vuelto el FISE. En cambio aquí nos hemos pasado 20 años y la informalidad ha crecido tremendamente.

— Claro, porque Osinergmin no está facultado a fiscalizar la informalidad…

— Así lo han dicho los mismos voceros del Osinergmin.

— Así es…

— Entonces, estamos en un país en que si los órganos encargados de fiscalizar no cumplen, no va a ser pues la Policía nacional o el Concejo Municipal deba encabezar esta acción para luego llamar al Osinergmín. Por el contrario, es Osinergmín el que debe iniciar las acciones y convocar a los organismos de apoyo

— En la tragedia de Villa El Salvador primero se alegó responsabilidad del municipio, pero ahora se ha establecido que también, faltó dispositivos de seguridad en la cisterna y que habría algún grado de responsabilidad del chofer. No obstante el camión estaba certificado por Osinergmín…

— Volvemos a lo mismo. Ese camión ha estado autorizado bajo una declaración jurada y no ha tenido una inspección física. Quizá cumplió con estándares mínimos para la aprobación del análisis virtual. Esto está conllevando a que el problema de riesgo esté latente. Y si continuamos así, sin tomar acción, va a continuar la situació9n de riesgo.

— Mucho se dijo que con la masificación del gas natural se acabarían todos estos problemas.

— Aquí quiero aclarar un tema. Desde el año 2004 en que salió Camisea, tenemos la presencia del gas natural, y ojo que se habló de la era de la masificación del gas, lo cual comprende gas natural y gas licuado de petróleo (GLP), pero ahora comienzan a separar el gas natural y el GLP, diciendo que son cosas distintas.

— ¿Cómo sería, entonces?

— En principio ambos son primos hermanos, porque ambos son hidrocarburos y domésticos, tanto vehicular como industrial. Lo único es que el cas natural se tiene que almacenar o transportar en tuberías que soporten 4,000 o 5,000 PSI, a diferencia del GLP que se transporta en contenedores, tanques o cilindros que están más o menos entre 80 a 120 PSI; esa es la única diferencia.

— ¿Y por qué tratan de diferenciar ambos combustibles?

Bueno, hay voceros del gas natural que, aprovechando una situación de desgracia como la ocurrida en Villa El Salvador, probablemente estén tratando de confundir y ganar dividendos para sus objetivos y que no va desde el 2004 al 2020 de la mano de masificar el gas natural. Me parece que en lo que ellos están más preocupados es en masificar sus ganancias.

— ¿Cómo así…?

— Ellos están pidiendo que el Estado asuma la masificación del gas a como sea, pero desde el año 2004 están con ese cuento de la masificación, pero la masificación del gas natural se va a desarrollar en la medida que existan las condiciones físicas, geográficas, etc., y donde no se tendrá que masificar el GLP.

— ¿No es lo uno o lo otro, entonces?

— Una política seria de Estado no puede decir que se va a masificar el gas natural y paralizar el GLP porque eso sería una miopía muy grande que quizá la originan algunos intereses particulares, pero no sirve para el desarrollo de una nación. Recordemos que el GLP es el segundo combustible más usado en el país, pues se desarrolla con el crecimiento poblacional por tener la facilidad de hacerlo vertical y horizontalmente. Una nueva familia que se forma no va a esperar que le llegue el gas natural a su zona. Tiene su balón en la azotea o en el cerro o donde pueda vivir, y ni hablar del interior del país.

— Tampoco todos los edificios de Lima están preparados para tener gas natural, ¿cierto?

— Así es, por eso yo digo que se está intentando masificar las ganancias de algunas empresas que manejan el rubro del gas natural.

Balones de gas licuado de petróleo

— ¿Entonces, lo que están haciendo es “maximizar” ganancias y no “masificar” el gas?

— Claro maximizar sus ganancias y masificar entre comillas o a como sea el gas natural a costa del Estado. Eso es lo que se está produciendo ahora y que tienen que tener en cuenta muy en cuenta el Ministerio de Energía y Minas y el presidente Martín Vizcarra, porque aquí el GLP es el segundo combustible más usado del país, cuyas bondades se han puesto en tela de juicio por una mala propaganda y opiniones que buscan separar el gas natural del GLP.

— Bien, ese es el problema, entonces…

Sí pero hay otro asunto más grave y es la forma en que se está instalando el gas natural dentro de las casas, con muy pocos niveles de seguridad porque las grandes empresas presionan para que se masifique a como sea y estamos en un país sísmico.

— Qué pasaría en un caso como el que usted sugiere…

— Dios no lo permita, pero el día que suceda un sismo fuerte los daños del terremoto quizá no sean tan contundentes como si se agravan por incendios.

— ¿Así estamos?

— No solo eso, yo le digo cómo están las cosas en este momento. El organismo regulador fiscaliza hasta el medidor en la entrada de la casa, pero de allí la responsabilidad de la instalación dentro del inmueble se la han pasado a los municipios. No todos los municipios están en condiciones de fiscalizar una red de tuberías de plástico dentro de las casas. Estos combustibles subsisten en las grandes ciudades y están bien implementados. Eso es lo que queremos.

— Pero hay otros factores, ¿no?

La infraestructura, por ejemplo. Nuestras carreteras soportan diariamente el transporte de mercaderías peligrosas, no solo de gas. Por eso en otros países se implementa el cabotaje nacional activo, para que desde los puertos se complemente con rutas cortas de penetración, y no tener toda la Panamericana llena de este tipo de mercancías. Eso es política de Estado, es una política de hidrocarburos seria.

— Usted ha planteado una reunión con las autoridades del sector y las asociaciones…

— Mire, en otro país una circunstancia de esta connotación obliga a conformar una comisión de alto nivel, con los representantes del Estado, gobiernos locales y las asociaciones representativas de quienes manejan el producto, para sacar un pronunciamiento serio en un plazo de tres meses.

ALGO MÁS

Abel Camasca, gerente general de la Asociación de Plantas Envasadoras de Gas del Perú, la más grande del país con más de 57 miembros y con plantas envasadoras formales a nivel nacional, denunció que se quiere enfrentar al gas natural con el GLP, cuando ambos están ligados al desarrollo del país. Hizo un llamado al Ministerio de Energía y Minas para analizar esta situación directamente con las personas e instituciones que están en el sector, tras el lamentable incidente de Villa El Salvador que ha ocasionado 17 víctimas.

 

Por: Luis Miguel Revoredo Iparraguirre

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