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Política

Esperemos que el fujimorismo no blinde a congresista Donayre

La fiscal superior Escarleth Laura Escalante ratificó la solicitud de 10 años de prisión para legislador por el caso Gasolinazo.

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Edwin Donayre

El legislador Manuel Dammert dijo al Diario UNO que espera que el fujimorismo no blinde al legislador Edwin Donayre, para quien la fiscal superior Escarleth Laura Escalante ratificó la solicitud de 10 años de prisión por el caso “Gasolinazo”.

“No queremos blindaje fujimorista. Lo que corresponde aquí es seguir el proceso en las instancias judiciales correspondientes. El debido proceso como se dice y de hallarse culpable, que afronte a la justicia por los delitos cometidos. Y así con todos los congresistas que se encuentren en graves faltas con la justicia”, dijo.

“Los delitos que hayan cometido los congresistas no debe ser amparado por el Congreso, la ciudadanía debe saber que todos somos ciudadanos con iguales derechos y que la justicia no es un bien del más fuerte. Esperemos el desenlace del proceso”, manifestó.

La fiscal superior Escarleth Laura Escalante ratificó la solicitud de 10 años de prisión para Donayre por los delitos de peculado doloso y contra la fe pública en el caso del presunto uso indebido de dotación de combustible asignado al Ejército.

La magistrada considera que no solo se produjo la apropiación indebida de la gasolina asignada al instituto militar durante el segundo gobierno de Alan García, sino también se presentó información falsa o fraguada para intentar encubrir los hechos.

La fiscal indica que la sustracción del combustible no era un acto individual y aislado atribuido a Donayre sino que se trataba de una práctica que efectuaban algunos jefes militares, lo que explica por qué, además de Donayre, son acusados 16 oficiales, entre ellos, 5 generales.

Donayre cuando era comandante general de la Región Militar Sur solicitó y recibió gasolina y petróleo mediante “pedidos extraordinarios” con la supuesta finalidad de beneficiarse económicamente, en el año 2006.

La acusación fiscal sostiene: “En el caso de la Región Militar Sur, la Contraloría General (…) determinó que durante el periodo de enero a noviembre de 2006 (gestión de Donayre), se habría incurrido en incrementos en la asignación de combustible, petróleo Diésel D2 y gasolina de 84 octanos por funcionamiento, sin que exista solicitud ni justificación alguna”.

“El comandante general de la Región Militar Sur (Donayre) emitió 11 oficios (9 elaborados por el propio Donayre) al jefe del Servicio de Intendencia del Ejército (Sinte), pese a que no era la oficina competente, y al director de Logística del Ejército. La investigación determinó que dichos oficios no cumplían con las formalidades (carecía de sellos y firmas)”.

ALGO MÁS

El congresista Edwin Donayre rechaza las imputaciones y cree que se trata de una persecución judicial y dijo estar mortificado por una caso que ya tiene 12 años sin que haya ninguna sentencia. “Este caso es similar a los casos de persecución a los oficiales por presuntas violaciones de los derechos humanos que tienen hasta 25 años de proceso. Y yo no pido que me den la razón, lo que quiero es que se sepa la verdad”, dijo al diario La República.

Política

Suspensión de líneas por comunicaciones malintencionadas continuará

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Suspensión de líneas por comunicaciones malintencionadas continuará

La suspensión de líneas fijas o móviles desde donde se realicen comunicaciones malintencionadas a las centrales de emergencias, continuará incluso después de levantarse el aislamiento social obligatorio, con el objetivo de reducir las llamadas falsas que se realizan a estos números cortos.

Así lo informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), tras precisar que para proceder con la suspensión de la línea infractora es necesario que todas las centrales de emergencias, como la línea 105 de la Policía Nacional (PNP), 106 SAMU, 107 de EsSalud, 113 Infosalud Minsa, 115 de INDECI y el 117 de la Central Reguladora de Urgencias y Emergencias (CRUEN) de EsSalud, línea 116 de los bomberos, y otras; reporten al MTC, de acuerdo al Decreto de Urgencia Nº 026-2020.

El cese temporal del servicio, por 30 días hábiles, incluye el tráfico saliente de voz y datos. Para ello, el procedimiento incluye que las centrales reporten al MTC, en un plazo de 24 horas de ocurrida la llamada malintencionada. Seguidamente, el sector informará a las operadoras de telefonía; las mismas que deben aplicar la suspensión en un plazo no mayor a veinticuatro 24 horas de recibida la comunicación del sector.

“Reducir las comunicaciones malintencionadas depende de todos. Por ello exhortamos a las instituciones que tienen a su cargo las diferentes centrales a reportar este tipo de faltas, de lo contrario poco o nada puede hacer el sector y las empresas operadoras”, sostuvo Patricia Díaz, directora general de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones del MTC.

Desde que se publicó el Decreto de Urgencia, el 16 de marzo 2020, se han suspendido 2,226 líneas de telefonía móvil (97%) y fija (3%) por realizar este tipo de comunicaciones que complican la atención oportuna de las líneas de emergencia al haber realizado más de 13,200 llamadas a estas centrales.

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Política

Debe haber registro virtual de hogares para nueva entrega de bonos

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Debe haber registro virtual de hogares para nueva entrega de bonos

Con la finalidad de mi­tigar el impacto económico en los hogares de mayor vul­nerabilidad por efecto de la pandemia, las autoridades nacionales dispusieron -en­tre una serie de medidas excepcionales y tempora­les- la entrega de subsidios monetarios (Bono “Yo me quedo en casa”, Bono In­dependiente, Bono Rural y Bono Familiar Universal) para hogares de diferentes sectores. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo ha podido comprobar que no se ha llegado a toda la pobla­ción vulnerable de manera oportuna y adecuada.

A través del informe Bonos para hogares en el contexto de la emergencia por la Covid-19: Dificultades y alternativas para mejorar su entrega, la institución evidencia que este esfuerzo no se concretó satisfactoria­mente, entre otros aspectos, debido a que los padrones de beneficiarias/os se elabo­raron tomando como referen­cia la información del Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh), la cual se encuentra desactualizada.

Ante esta realidad, la Defensoría del Pueblo ha re­comendado al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), al Ministerio de Tra­bajo y Promoción del Empleo (MTPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), coordinar para dis­poner una segunda apertura de la plataforma virtual del Registro Nacional de Hogares, para que aquellos hogares que no han recibido ningún bono del Estado, puedan inscribirse y acceder a un subsidio mo­netario.

En esa línea, la entidad plantea revisar el cruce de los padrones de los subsidios económicos otorgados con el padrón del Bono Universal, a fin de evitar la exclusión indebida de hogares que no han recibido ningún subsi­dio y se encuentran en situa­ción de pobreza o pobreza extrema, así como atender los casos pendientes de resol­ver, que fueron ingresados por los canales de atención al público implementados con dicha finalidad.

La Defensoría del Pueblo exhorta a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a disponer la difusión de los Padrones de Beneficiarios de los Bonos otorgados por el gobierno nacional, en el marco del estado de emer­gencia, para garantizar la transparencia en la gestión y el uso de los recursos pú­blicos y facilitar la vigilancia y control social.

 

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Política

Cuando la calidad y el tamaño de la vivienda son privilegios

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Cuando la calidad y el tamaño de la vivienda son privilegios

Tras más de tres meses de cuarentena y aislamien­to social, las diferentes es­trategias ejecutadas por el gobierno no han producido los mejores resultados. Se­gún el Ministerio de Salud, se registran más de 300 mil casos positivos y más de 10 mil muertes, por eso el confinamiento –ahora voluntario- y la distancia fí­sica van a continuar siendo las principales estrategias para evitar el aumento del contagio, convirtiéndose la vivienda en nuestro escudo y principal refugio.

Sin embargo, quedarse en casa resulta desafiante cuando la calidad de la vi­vienda y el tamaño reduci­do no ofrecen las condicio­nes para hacerlo. Es así que la consigna de quedarse en casa se convierte en un pri­vilegio, pues no todas las viviendas cuentan con las condiciones de habitabili­dad óptimas; lo que puede producir estragos emocio­nales y económicos para sus habitantes.

Antes de la pandemia, la mayoría de habitantes en Lima desperdiciaban muchas horas al día en movilizarse de la casa al trabajo o centro de estu­dios, incluso a zonas de recreación, debido a la con­centración de actividades en espacios centrales de la ciudad. Por tal motivo, el tiempo en casa era redu­cido, se veían obligados a permanecer más tiempo fuera y la vivienda solo era un lugar de descanso. En este panorama, el sector inmobiliario incrementó la oferta de la vivienda con dimensiones mínimas, justificando que el área reducida se compensaba con las áreas comunes.

Por ello, las viviendas más solicitadas en el mer­cado formal inmobiliario tienen medidas entre 51 y 80 metros cuadrados (ADI Perú, 2019). Mientras tanto, el mercado informal ofrece casas unifamiliares, depar­tamentos acondicionados o subdivididos, así lo que debía ser una vivienda de tres habitaciones se convierte en seis compar­timentos con las dimensiones mínimas, muchas veces sin iluminación y ventilación natural, donde los espacios comunes resultan el baño y la cocina.

En este contexto, ¿cómo es posible la adaptación de es­tas viviendas de dimensiones mínimas para las actividades que el confinamiento nos ha exigido? Los ambientes que antes eran usados solo para dormir y alimentarse, ahora son utilizados para recibir la enseñanza no presencial, realizar el teletrabajo, ejerci­tarse, jugar, entre otros. Las personas se han tenido que adaptar los ambientes de la vivienda en aras de no perju­dicar su desarrollo personal y profesional.

Es decir, el espacio perso­nal, íntimo, se ha reducido aún más, para convertir la mayor cantidad de espacios de la vivienda en espacios multipropósito. El distan­ciamiento social al interior de la vivienda, se torna casi imposible, así si un miembro de la familia se infecta, inevitablemente el resto de la familiar lo hará, porque no hay espacio suficiente para el aislamiento. En este sentido, cumplir con las recomendaciones para evitar el contagio dentro de la vivienda resulta un privilegio reservado para quienes pueden comprar o alquilar viviendas de mayor tamaño.

El Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), documento que norma el diseño y construcción de las viviendas, establece desde el 2006 que se pueden construir unidades de vivienda con un área mínima de 40m2, para albergar entre una a tres personas máximo (familia “tipo”: padre, madre e hijo).

Esta normativa concuerda con el surgimiento del boom inmobiliario del país, por lo que es posible asociarla al fomento de esta industria por el Estado; es decir, se valora más la rentabilidad del sector inmobiliario, que la calidad de la vivienda. Este reglamento establece medidas mínimas distanpara
la vivienda, pero no establece condiciones óptimas de habitabilidad (espacios iluminados y ventilados, espacios que permitan la realización de actividades variadas, separación de zonas íntimas y sociales).

Frente a esta realidad, es necesario entender la vivienda como un motor de desarrollo social, y no solo como un activo financiero. “La vivienda no es solo una cuestión de cobijo sino una manera de recuperar la vida, enriqueciendo y ampliando todas las esferas de las actividades humanas” (Muxí, 2018, p.222). Sobre todo, en este tiempo de crisis, la vivienda es un elemento clave para enfrentar la pandemia y proteger a las familias. Es fundamental exigir que desde el Estado y el sector privado se oferten viviendas de calidad, seguras y accesibles para la población, con programas de vivienda que no solo atiendan a la clase media, sino se piense en todas las familias y sus condiciones.

Si bien el relato de este texto, se ha enfocado en las viviendas que pueden ser adaptadas -aunque con defi­ciencia- a las exigencias del confinamiento, también, es necesario visibilizar qué sucede en los lugares donde el Estado no llega, así como apoyar desde di­ferentes frentes (academia, estado y sector privado) la gestión e interés de las co­munidades vecinales para formular estrategias y al­ternativas que les permitan no solo una vivienda digna, sino también vivir en un ámbito urbano con todos los servicios y equipamiento adecuados. Por último, la nueva normalidad debería romper con la producción de la vivienda como un pri­vilegio y ofrecer calidad y tamaño por encima de la rentabilidad de quién las construye.

* Gianina Saavedra Ba­jonero. Estudiante de Arquitectura y asistente de investigación de Urbes-Lab. | NOTICIAS SER

 

NOTAS:

  • Asociación de Desarrolla­dores Inmobiliarios (2019). Demanda inmobiliaria se inclina por viviendas de 51 a 80 metros cuadrados.
  • Instituto Nacional de Esta­dística e Informática (2017). Datos de la vivienda 2017.
  • Ministerio de Salud. (06 de julio de 2020). Sala situacio­nal COVID-19 Perú.
  • Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2019). Perú promoverá cons­trucción de 212 mil viviendas entre 2019 y 2021.
  • Muxi, Zaida. (2018). Mujeres, Casas y Ciudades. dpr-barcelona
  • Reglamento Nacional de Edificaciones (2006). A. 020 Vivienda. Instituto de la Cons­trucción y Gerencia.

 

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