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Política

Esopo, la llamada izquierda y el mal menor

Publicado

en

Marco Arana

Esopo sabía que si recriminaba a los corruptos, hombres muy ricos y de mucho poder, con un discurso indignado, lo habrían lapidado en el acto y sin proceso judicial, como él que incoaran más tarde contra Sócrates a quien condenaron a muerte por haber hecho algo similar, ordenándole beber un vaso de infusión de cicuta, con el cual, sin embargo, él brindó, mirando optimista a la posteridad.

Esopo inventó un procedimiento de crítica disimulado y que podía hacer reír a sus oyentes. Hizo hablar a los animales. Luego otros compilaron sus fábulas y las difundieron. Esopo no se salvó, sin embargo, de su osadía. Las autoridades y la poblada de Delfos lo mataron, desbarrancándolo, cuando decidió devolverle al rey Creso una parte de las ofrendas que le había encargado repartiera entre los habitantes de ese santuario, porque quizás pensó que no las merecían.

Una de las fábulas más comentadas de Esopo es la de la cigarra y la hormiga. Es el relato de una cigarra que pasó el verano cantando, mientras la hormiga se mataba acopiando alimento para el invierno, que en Europa es muy duro, porque la nieve lo cubre todo. Cuando llegó el invierno, y la cigarra le pidió a la hormiga que la ayudara, esta le respondió que si en lugar de cantar hubiese trabajado como ella no hubiera tenido ese problema. Probablemente esa cigarra murió, pero no sus larvas que en el próximo verano se metamorfosearon en cigarras y, por supuesto, se dedicaron también al canto.

La llamada izquierda de nuestro país parece ajustarse a ese patrón de comportamiento.

El congreso de la República podría ser el teatro donde cantan las cigarras, distribuidas en varios coros. Durante el verano legislativo lo pasaron muy bien, divirtiéndose. Afuera sus conmilitantes y émulos se entregaron también al canto y la bohemia. Cuando llegó el momento de las inscripciones de las candidaturas para el próximo período legislativo, el corto que viene, se encontraron con que no tenían partidos inscritos para competir de nuevo.

Otros laboriosos conjuntos de hormigas aventureras habían trabajado juntando firmas para inscribirse.

Y, ya que tratamos de los parlamentarios de la llamada izquierda, se podría preguntarles si hicieron algo por sus comitentes, quienes los eligieron, y en qué se diferenciaron objetivamente de sus colegas fujiapristas y otros similares. Nunca rindieron cuentas de su gestión.

¿Hubo alguna diferencia de importancia entre los veinte parlamentarios elegidos en 2016 en la lista del Frente Amplio formado por el exsacerdote Marcos Arana que hubiera justificado la división por mitades? Lo que se supo es que los diez disidentes querían quitarle deslealmente el partido a aquel. Unos y otros han dejado la impresión, no de que el cargo les quedara grande, porque lo mismo sucedió con los demás parlamentarios, representantes subdesarrollados de un país subdesarrollado, sino que desconocían las necesidades de la población, los graves problemas de los servicios públicos y de la organización del Estado, y ni qué hablar de la economía; y no sólo eso, les fue indiferente la suerte de la población, de los electores que habían votado por ellos.

Marisa Glave

Recuerdo dos experiencias:

Unos meses después de haber sido electo, el representante Justiniano Apaza convocó a una reunión de dirigentes sindicales en uno de los locales del congreso, aconsejado por alguno de sus asesores. Asistieron unos trescientos dirigentes. Quienes tomaron la palabra se quejaron de toda clase de abusos en los centros de trabajo ante ese representante en quien vieron en ese momento una suerte de mesías milagroso que los escuchaba. Tres horas después se acabó la reunión y nunca sucedió nada más. La reunión sólo había tenido como fin darle un baño de popularidad a ese congresista.

En octubre de 2016, tuve que hacerme operar en un hospital público, en vista de que ESSALUD no me atendía con la prontitud que mi caso requería. Como no era del Sistema Integral de Salud corrieron a mi cargo los gastos en material quirúrgico y medicinas. Esta experiencia me hizo pensar. No era justo. ESSALUD, que me hacía descontar todos los meses la cotización del seguro de salud, no pagaba ni un centavo por estos servicios que le costaron al Ministerio de Salud y a mí. Revisé la Constitución y me fijé en el artículo 11º: “El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud”. Estaba claro: los asegurados tenemos derecho a ser atendidos por los servicios de nuestra elección y, por lo tanto, ESSALUD, que nos asegura y descuenta la cotización, está obligado a pagar el costo de la atención.

Entonces, redacté un proyecto de ley en el cual se establecía que el asegurado de ESSALUD tiene derecho de hacerse atender por los centros del Ministerio de Salud y otros, y que ESSALUD se halla obligado a pagar directamente a estos los servicios prestados al costo de los mismos en sus centros asistenciales. Un amigo sindicalista me indicó que el congresista aparente para presentar este proyecto era uno de izquierda cuyos datos me dio. El congresista, de apellido Zevallos, resultó pertenecer al Frente Amplio. Me recibió con cierta curiosidad y me escuchó desganado. Finalmente me dijo que presentaría el proyecto, pero que antes conversase con su asesor.

Este me atendió unos días después. Era un médico aficionado a la política, transeúnte por varios grupos de izquierda. Me escuchó también y, cuando concluí, me derramó un discurso de lugares comunes sobre la salud que me hicieron colegir que mi proyecto se quedaría allí. Y así fue. El congresista nunca lo presentó. Después me informé que era un médico de ESSALUD de Piura que, como muchos de sus colegas, estiman que el dinero de este seguro debe aplicarse exclusivamente a remunerar al personal de esta entidad, sin que importe que cumpla o no el rol por el cual existe.

Los ciudadanos tenemos el derecho de preguntarnos si esta clase de congresistas sirven para algo, y si se justifica que perciban más de 26,000 soles de sueldo mensual, aparte de otras sumas y ventajas.

Luego del desastroso período legislativo que el Presidente Vizcarra tuvo que clausurar, cerrando el Congreso de la República, el panorama de la política nacional aparece como una escenografía de muertos vivientes.

Según los opinólogos al servicio del poder empresarial, este panorama se divide en derecha, centro e izquierda.

A la derecha se arrastran los restos de los partidos políticos tradicionales y los conjuntos de aventureros, desprestigiados y sin programas, a la espera del financiamiento del poder empresarial. Este poder, el único realmente axial en la economía y la política, los observa desde sus reductos privados, calculando cuanto le costara cada uno de ellos para continuar en el control del gobierno.

Si se examina la historia nacional se constata que el poder empresarial nunca tuvo contrariedades de importancia, salvo durante los siete años del gobierno de Velasco Alvarado, cuando, si bien este no lo atacó frontalmente, lo obligó a compartir una parte de la riqueza con los trabajadores y la población. Tampoco ahora, por lo tanto, se siente importunado.

Seguirá con su técnica: del tráfago de la corrupción y la politiquería tradicional y aventurera tomará los personajes que le hagan falta. Lo vemos todos los días en las pantallas de televisión y en los periódicos donde fujimoristas, apristas, acciopopulistas, pepecistas, y aventureros, procesados o libres, reciben sitios sin límites de espacio y tiempo.

En el centro han sido colocados ciertos personajes viejos y nuevos.

Y, a la izquierda, han ubicado a dos grupos: el que categorizan como izquierda presentable, varios con inscripción electoral y dos con sus líderes condenados a prisión, que son, en realidad, opciones de centro, con los que el poder empresarial cuenta para recoger los votos descontentos por la corrupción y la desigualdad cada vez más insoportable; y la izquierda de los réprobos, los que, para felicidad del poder empresarial, están dominados por los genes de la división y el caudillismo, son diminutos, no tienen partidos inscritos y, por lo tanto, no constituyen una amenaza.

Es obvio de que nada va a cambiar en el Perú hasta las elecciones de enero. Tampoco habrá algún cambio de importancia hasta las elecciones del año 2020. El congreso de la República se llenará otra vez de políticos inútiles, algunos nuevos, por el voto de una población electoral alienada por los medios de comunicación.

Ante esta perspectiva, votar por la llamada izquierda (¿cuál?) sería apoyar el mal menor, pero mal al fin de cuentas.

La conclusión que se abre paso es que toda la situación del Perú, su estructura y superestructuras, y sus necesidades requieren un análisis de fondo, ideológico, del que luego partan los proyectos de cambio por sectores e instituciones del Estado. Y eso puede llevar tiempo. Quienes así lo entiendan deberían aplicarse ya a esta tarea fundamental.

 

JORGE RENDÓN VÁSQUEZ

Política

Usurpadores deberán ser investigados

Publicado

en

Pedro Olaechea - Mrcds Aráoz

Excongresistas que tras la disolución del Congreso suspendieron irregularmente al presidente Vizcarra, y nombraron a Mercedes Aráoz como presidenta del Perú, podrían ser acusados por el próximo Parlamento y recibir condenas de hasta 7 años de cárcel.

Tras conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaró infundada la demanda competencial presentada por el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, quedó flotando una duda que hasta ahora no ha sido resuelta. ¿Qué sucederá con los excongresistas acusados de cometer el presunto delito de usurpación de funciones?

Como se recuerda, el 30 de septiembre de 2019, minutos después de que el presidente de la República, Martín Vizcarra, declarara la disolución constitucional del Congreso, la bancada fujimorista y sus aliados políticos “suspendieron” irregularmente a Vizcarra por supuesta incapacidad moral, y en acto seguido nombraron y tomaron juramento a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como “nueva presidenta” del Perú.

Además de generar diversas críticas por la flagrante usurpación de funciones, esto motivó que el excongresista Marco Arana interpusiera una denuncia ante el Ministerio Público por el presunto delito cometido.

En los días posteriores a la disolución del Congreso, el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, presentó al TC la demanda competencial y una solicitud de medida cautelar firmando como “presidente del Congreso de la República”. A raíz de esto, el procurador de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Carlos Cosavalente Chamorro, presentó una denuncia contra Olaechea y quienes resulten responsables por el presunto delito de usurpación de funciones. Ello, debido a que el único cargo que ostentaba y ostenta Olaechea a la fecha es el de presidente de la Comisión Permanente.

DELITOS DEBEN INVESTIGARSE

A criterio de Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), los presuntos delitos cometidos por los excongresistas del fujiaprismo “no se pueden borrar”. “Tras la disolución del Congreso ellos quisieron revertir este acto y terminaron cometiendo un delito. Actuaron de manera dolosa al nombrarla como presidente de la República y tener así un campo político abierto para ellos”, afirmó.

El jurista consideró que los actos posteriores a la disolución del Congreso que pretendieron omitir la disposición del presidente Vizcarra “tienen un contenido penal y deben ser investigados por la Fiscalía y sancionados por el Poder Judicial”.

“Será competencia del próximo Congreso realizar las denuncias constitucionales a estos congresistas de Fuerza Popular, el Apra, Contigo y todos los que avalaron esta pantomima. No puede quedar en borrón y cuenta nueva, el delito se cometió y debe investigarse.”, agregó.

Finalmente, Quispe advirtió que “la ley es igual para todos”, y que se sentaría un mal precedente si una actuación como la producida al cierre del Congreso queda sin investigación ni sanción alguna. “Que una actuación así quede en nada sería una verguenza para el país”.

Hay que indicar que por la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de usurpación de funciones, las penas privativas de la libertad son desde 4 hasta 7 años.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Fiscal de la Nación investigará a Lecaros por 60 días

Publicado

en

José Luis Lecaros

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, dispuso el inicio de una investigación preliminar contra el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, por una presunta “omisión de denuncia”.

Ávalos abrió la investigación por un plazo de 60 días, luego de que se revelara la existencia de diálogos telefónicos del actual jefe del Poder Judicial con dos miembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Según consignó el diario Peru21, son dos las ocasiones en que ex miembros del CNM realizan pedidos ilegales al presidente del Poder Judicial sin que este denunciara el hecho.

En 2017, el exconsejero Julio Gutiérrez Pebe le pidió a Lecaros, entonces presidente de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, que fallara a favor de una casación interpuesta por el exgobernador de Áncash Enrique Vargas.

Meses después, el también exconsejero Iván Noguera llamó a Lecaros para pedirle que en su condición de miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial contratara a una persona que estaba recomendando, pero el magistrado no aceptó su solicitud.

Al sustentar la apertura de la investigación preliminar, Ávalos sostuvo que “los hechos tendrían relevancia penal y podrían subsumirse en el delito de omisión de denuncia”, que contempla hasta 4 años de cárcel, ya que Lecaros no denunció esos pedidos ilícitos.

Por su parte, Lecaros indicó que Ávalos “de repente está mal asesorada” y que la investigación “se archivará en su momento”. También señaló que Noguera no le llegó a dar el nombre del trabajador al que recomendaba.

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Política

EEUU admite que entrega $ 467 millones a golpistas en Venezuela

Publicado

en

Juan Guaidó

De acuerdo con un informe en el portal oficial de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), desde 2017 este organismo ha pagado 467 millones de dólares a los opositores de Venezuela bajo el pretexto de “asistencia humanitaria”.

El documento expresa que tras un acuerdo firmado en octubre de 2019, la USAID ha comprometido 128 millones de dólares para “ayudar” al líder opositor Guaidó y también para la Asamblea Nacional con el objetivo del supuesto “desarrollo de planes para recuperar la economía e implementar servicios sociales durante una transición a la democracia”.

En el texto, publicado en diciembre, la agencia estadounidense revela asignar dinero para “compensación, costos de viaje y otros gastos para algunos asesores técnicos de la Asamblea Nacional y la administración interina de Guaidó a través de fondos de asistencia”.

En otra parte del documento se lee que Estados Unidos está apoyando los esfuerzos de respuesta en 16 países, incluyendo a Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.

Asimismo, el informe remarca que USAID en Venezuela no proporciona fondos directamente a los miembros electos de la AN y a los funcionarios de la Administración de Guaidó, aunque alega que se otorgó fondo de manera competitiva a organizaciones privadas a través de contratos, donaciones o acuerdos de cooperación.

Venezuela sufre en los últimos años una aguda crisis económica, como resultado de un interminable hostigamiento de EE.UU. que ha usado las sanciones económicas para afectar la vida cotidiana del pueblo venezolano, con una escasez grave de alimentos y medicinas.

Además, desde enero de 2019, cuando el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció al golpista Guaidó como presidente interino de Venezuela, Washington ha endurecido su campaña de presión económica e incluso ha llegado a amenazar a la nación sudamericana con una intervención militar.

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